Sociedad Sucesos
Suspenden a los jueces que absolvieron a los acusados del femicidio de Lucía Pérez.

Dos jueces del Tribunal Oral Criminal 1 de Mar del Plata que absolvieron a los acusados del abuso sexual y femicidio de la adolescente Lucía Pérez (16), cometido en 2016 en esa ciudad, fueron suspendidos provisoriamente en sus funciones para ser sometidos a un jury. La decisión se tomó este martes por voto unánime del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la provincia de Buenos Aires.
Fuentes judiciales informaron que en la audiencia realizada esta mañana, presidida por la magistrada de la Suprema Corte provincial Hilda Kogan, se hizo lugar a la acusación contra los jueces Juan Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas, quienes en noviembre de 2018 absolvieron a Matías Farías (26), Juan Pablo Offidani (45) y Alejandro Maciel (62) de femicidio de Lucía, resolución que el año pasado fue revocada por la Cámara de Casación.
Ahora, con la suspensión provisoria de los magistrados, deberán presentarse las respectivas pruebas para dar inicio al debate público, cuya fecha aún no fue dispuesta, para establecer si se los destituye o no de sus cargos. Además de la suspensión de los magistrados, el Jurado resolvió también que se le embargue el 40 por ciento de los sueldos.
En la acusación de la Comisión Bicameral de Enjuiciamiento a Magistrados, se indicaba que «la queja se relaciona con la resolución de libre absolución que beneficiara en el juicio oral a los autores de los delitos por el gravísimo delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por haber causado la muerte de la ofendida y habiendo sido favorecido por el suministro de estupefacientes».
«Dan cuenta las denuncias de manera concordante que la niña fue drogada, abusada sexualmente y asesinada, por lo que la sentencia dictada lejos de ajustarse a derecho evidencia una clara arbitrariedad, que deja impune el femicidio, de lo que demuestra con supina claridad la incompetencia e incumplimiento a los deberes del cargo de los juzgadores», señalaron los acusadores.
También consideraron que «se advierte que no existió justificación alguna para negar que en el suceso se hubiera producido un abuso sexual respecto de la menor, con los agravantes ya enunciados».
En el informe se cuestionó, además, que el TOC 1 se enfocó en «indagar en la personalidad, actitudes y comportamientos anteriores de la víctima, como su forma de relacionarse con los hombres, su vida social, su carácter y en distinguir la conducta de los imputados y a partir de allí, considerar si Lucía había consentido el acceso carnal».
Además de la Bicameral, los jueces fueron acusados por la Defensoría del Pueblo, los padres de Lucía, legisladores nacionales y el procurador General de la Suprema Corte de Justicia provincial.
Movilización y pedido de justicia.
Previo a la audiencia, los familiares de Lucía Pérez y organizaciones feministas se movilizaron en La Plata para pedir Justicia.
«Para nosotros es importante este jury, queremos que los destituyan a estos jueces para poder las mujeres estar más tranquilas y en paz», dijo Marta Montero, mamá de Lucía, en diálogo con radio Provincia.
Para Montero, luego de la suspensión, vendrá el juicio, lo que remarcó como necesario para que «la justicia empiece a cambiar».
«Esta lucha es de todas las mujeres, invito que nos acompañen para esperar este fallo. En esta audiencia nos dirán que pasará, estemos todas juntas, esto es el bien para todas las mujeres, no solo para Lucia», apuntó.


El hecho ocurrió en calle Río Bamba, entre Güemes y Esmeralda.
Un sujeto fue aprehendido por el dueño de un quiniela y lo retuvo hasta que llegaron uniformados de la Comisaría 25ta. El hecho ocurrió en calle Río Bamba, entre Güemes y Esmeralda, en Rivadavia.
Según lo que informaron las fuentes, el muchacho identificado como Rodrigo Araya, de 23 años, ingresó a una agencia y sustrajo una bici Top Mega que había en el lugar de una clienta.
Inmediatamente, el propietario del local salió tras el joven delincuente y a los pocos metros lo redujo. Con la ayuda de otras personas, lo retuvieron hasta que llegó la policía. Quedó vinculado a un caso por delito de Hurto simple.
/DC

La condena a Ricardo Rodríguez desató varias reacciones, luego de conocerse la culpabilidad del integrante de la fuerza de seguridad. Las familias del sentenciado y del riojano Federico Orihuela tuvieron una fuerte discusión al finalizar el juicio.
Momentos de alta tensión se vivieron en los tribunales sanjuaninos tras conocerse la sentencia contra Ricardo Rodríguez, el policía que asesinó a balazos al camionero Federico Orihuela en Valle Fértil. La Justicia lo condenó a prisión perpetua por homicidio doblemente agravado por su condición de miembro de una fuerza de seguridad y por el uso de arma de fuego.
Apenas se escuchó el fallo del tribunal, la familia del camionero rompió en llanto y gritos dentro de la sala. “¡Asesino, las va a pagar!”, se escuchó desde el sector donde estaban ubicados los allegados de Orihuela, visiblemente conmocionados por el desenlace del juicio. Varios familiares debieron ser contenidos por personal judicial ante el dolor y la furia que desató la sentencia.
El crimen ocurrió en octubre de 2022, cuando Orihuela había ido a buscar leña a la zona de La Majadita. Según determinó la investigación, el uniformado le disparó por la espalda con su arma reglamentaria.
La defensa del expolicía intentó argumentar que se trató de un caso de exceso en la legítima defensa, pero los jueces rechazaron esa hipótesis por unanimidad. Con este fallo, la causa cierra con la pena máxima para Rodríguez, y una familia que, entre el dolor, pide justicia y memoria.
/TSJ

Tras ser declarado inimputable, el adolescente, que asesinó a mazazos a la jubilada Hebe Yolanda Leguiza, recibió el alta de una clínica psiquiátrica en Mendoza y reside nuevamente con sus padres en San Juan. A un año del crimen, el joven sigue en la misma situación
A un año del estremecedor crimen en Capital, en el que un menor de 15 años asesinó a mazazos a una jubilada de 71 años, fuentes del caso confirmaron, que el adolescente sigue conviviendo con sus padres en su casa de Santa Lucía y continúa con un tratamiento psiquiátrico en Mendoza, todo controlado y seguido por el equipo de psicólogos y psiquiatras de la Oficina de Medidas Alternativas (OMA) y la jueza de familia Marisa Valdéz.
El adolescente de 15 años continúa con un tratamiento ambulatorio tras ser declarado inimputable por el juez de Menores, Jorge Toro. El tratamiento actual contempla evaluaciones mensuales en un centro de salud mendocino que lo atendió, con informes periódicos sobre su evolución. Además, intervienen el gabinete técnico de Familia y el equipo psiquiátrico de la Oficina de Medidas Alternativas (OMA). También se ordenó la designación de una asistente social para acompañamiento permanente y la coordinación entre médicos de Mendoza y profesionales que ya trabajan con los padres del menor.
El abordaje se enmarca en los principios de la Ley Nacional de Salud Mental, que prioriza tratamientos fuera del ámbito hospitalario, el fortalecimiento de los lazos sociales y la intervención interdisciplinaria. Hay varias etapas durante el tratamiento: la de internación, evaluación, socialización, reinserción y educación, aunque no trascendió en qué etapa se encuentra el menor. Lo que sí aseguraron las fuentes es que el joven no está yendo a la escuela.
El menor estuvo internado en una clínica psiquiátrica en la vecina provincia durante tres meses y después recibió el alta. La internación se ordenó de forma involuntaria con base en lo establecido por la Ley de Salud Mental, debido a que en San Juan no existen instituciones especializadas para menores de edad y adultos. Sin embargo, la normativa establece un límite de 90 días para internaciones de este tipo, por lo que, cumplido ese plazo, el joven regresó a su entorno familiar y actualmente sus padres se hacen cargo de sus terapias y remedios.
La causa penal quedó archivada luego de que el juez Toro declarara la inimputabilidad del adolescente por su edad. Desde entonces, el caso pasó a Familia y quedó bajo la órbita de la jueza Marisa Valdéz, quien dispuso una serie de medidas de seguimiento, según indicaron fuentes consultadas.
La tarde del martes 7 de mayo de 2024, el menor de 15 años atacó con una maza a una jubilada de 71 años, Hebe Yolanda Leguiza, en calle 25 de Mayo entre Aberastain y Caseros. Tres golpes con extrema violencia recibió la mujer que murió al día siguiente a raíz de las graves lesiones. La fiscalía Delitos Especiales, que empezó investigando el homicidio, halló al culpable a través de las cámaras de seguridad de la zona y llegó hasta la casa del menor, en Santa Lucía. A partir de ese momento, como fiscalía era incompetente para llevar el caso, tomó la posta la Justicia de Menores.
/DH
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