El logro posiciona a San Juan como referente nacional en producción sustentable y de calidad, en un sector en pleno desarrollo

La empresa estatal sanjuanina CanMe recibió la certificación de producción orgánica para cannabis medicinal, convirtiéndose en la primera y única del país en alcanzar este reconocimiento. El logro posiciona a San Juan como referente nacional en producción sustentable y de calidad, en un sector en pleno desarrollo

El proceso llevó más de dos años y medio de planificación estratégica, incluyendo la preparación del suelo, el cultivo bajo prácticas sustentables y una exhaustiva verificación técnica. Esta distinción fue otorgada por una certificadora habilitada por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), y representa un paso clave hacia una producción más segura, saludable y transparente.

¿Qué significa que un producto sea orgánico?

En Argentina, un producto orgánico es aquel que se obtiene bajo un sistema de producción sustentable, sin el uso de agroquímicos de síntesis química ni organismos genéticamente modificados. El objetivo es preservar la fertilidad del suelo, cuidar la biodiversidad y proteger la salud de los consumidores.

La certificación orgánica está regulada por la Ley Nacional 25.127 y solo puede otorgarse si se cumplen estrictamente todas las normativas correspondientes. Es un proceso voluntario, pero se vuelve obligatorio si se desea comercializar el producto con la etiqueta de “orgánico”.

Una certificación clave en la industria

Contar con certificación orgánica aporta valor agregado al producto y abre nuevas oportunidades de comercialización, tanto en el mercado interno como en mercados internacionales con altos estándares de calidad.

En el caso de CanMe, esto se traduce en un aceite medicinal producido de forma respetuosa con el ambiente y con beneficios reales para la salud de quienes lo consumen.

Un hito para la industria del cannabis medicinal

“La certificación orgánica demuestra que es posible producir cannabis medicinal con los más altos estándares, priorizando el cuidado del ambiente y de la salud pública”, señalaron desde el equipo técnico de CanMe. El reconocimiento implica, además, una fuerte apuesta a la innovación y a la construcción de un modelo productivo que combine ciencia, salud y sustentabilidad.

Con este logro, CanMe no solo marca un precedente para la industria del cannabis medicinal en Argentina, sino que también refuerza su compromiso con una producción transparente, controlada y de calidad, desde San Juan al resto del país y el mundo.

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En la sesión ordinaria de la pasada semana, el oficialismo peronista se impuso por 3 a 2 votos y rechazaron un proyecto que buscaba que el jefe comunal hiciera informes trimestrales de su gestión. La iniciativa legislativa era impulsada por el bloque de Cambia San Juan

El concejal Gabriel Alcaraz, dijo el 18 de julio a este medio que «el intendente Rodolfo Jalife, no responde los informes que se le solicitan desde el Concejo Deliberante«, a su vez tiene una malla de protección en el seno del cuerpo deliberativo, porque el justicialismo es mayoría y rechaza todo tipo de planteos que vayan en «favor de la transparencia y lo que necesitan saber los veinticinqueños».  

Es por esto que, ante la falta de respuestas del ejecutivo municipal al Concejo Deliberante, es que el edil Alcaraz, presentó un proyecto de ordenanza, que entre otras cosas buscaba que Rodolfo Jalife y su equipo dieran informes trimestrales de los números de la comuna, estado de las obras que se están realizando, compras, contrataciones, situación de los planes sociales que se están aplicando, entre otros aspectos. 

Esta iniciativa legislativa fue presentada por los dos ediles de Cambia San Juan y en la sesión de la semana pasada fue puesta en consideración y contó con el voto negativo de los tres justicialistas. Quienes rechazaron el proyecto fueron Alberto Plaza, Freddy Villegas y Sandra Rosa Quiroga. En tanto, quienes apoyaron la iniciativa fueron Gabriel Alcaraz, autor del proyecto, y Daniela Berenguer.

Sobre el rechazo de su proyecto, Alcaraz manifestó que «lamentablemente el Concejo Deliberante no acompañó el proyecto de ordenanza que había presentado sobre la presentación periódica de informes por parte del Ejecutivo al Consejo Deliberante».

Al profundizar sobre el tema afirmó que «el edil contó que el oficialismo objetó su proyecto, pues argumentaron que chocaba con la competencia de la ley 430 p ley que hace referencia a la Ley Orgánica Municipal, aduciendo que lo que se proponía ya estaba legislado«, esto hace alusión directa al planteo que el ejecutivo tiene que dar cuentas de sus números. 

Pero el proyecto también tiene aspectos que no se consideraron como es «informar sobre el estado del avance de obra pública, los problemas sociales, los deportivos, las ejecuciones, las contrataciones y licitaciones«.

/DZ

La decisión de Nación sobre generación y transporte impactará en el bolsillo de los sanjuaninos, pese al esfuerzo del EPRE por mantener el valor del ítem local.

A pesar de los esfuerzos del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) por congelar el componente provincial de la tarifa eléctrica, conocido como Valor Agregado de Distribución (VAD), los sanjuaninos verán un incremento en sus facturas de energía. La razón principal reside en la potestad de la Nación sobre el 60% restante de los ítems que componen la boleta: generación y transporte.

Roberto Ferrero, vicepresidente del EPRE, brindó detalles  sobre la composición de la factura y el impacto de esta medida. “Del total, antes de impuestos, la factura de electricidad aproximadamente un 40% corresponde a los cargos provinciales y 60% a generación y transmisión o transporte, que son cargos nacionales”, explicó. Es decir, de cada $100 que abona un usuario, $40 corresponden a costos provinciales y $60 a costos nacionales.

La buena noticia para los sanjuaninos es que ese 40% correspondiente a costos provinciales permanecerá congelado hasta los consumos de enero de 2026, lo que se reflejará en las facturas que vencerán en febrero o marzo del próximo año. Esta medida, establecida por el EPRE, busca aliviar la carga económica de hogares, comercios, industrias y emprendimientos productivos de San Juan. Además, el EPRE dispuso la renovación por seis meses de los planes de pago a tasa cero, permitiendo a hogares beneficiarios de la Tarifa Social suscribir convenios de hasta 12 cuotas sin interés para facturas adeudadas con vencimientos hasta el 31 de diciembre de 2025.

Sin embargo, el panorama se complejiza con la injerencia de la Nación. Ferrero fue claro al respecto: “Nación puede hacer efectivos aumentos sobre ese 60% e ir adecuando los costos de forma mensual acompañando a la inflación y su política de reducción de los subsidios”. Esta facultad recae exclusivamente en la administración de Javier Milei, y ni el EPRE ni la Provincia tienen potestades para disponer lo contrario. Es por ello que, a pesar del congelamiento del componente provincial, los usuarios experimentarán subas en sus boletas debido a las decisiones del Gobierno nacional sobre los costos de generación y transporte de energía.

Ferrero también se refirió a los impuestos y otros cargos que aparecen en la factura. Explicó que “Ingresos Brutos, Línea de 500 y Fondo Piede entran en parte dentro del congelamiento porque los impuestos son un porcentaje del total de energía”. Precisó que la parte izquierda de la factura (donde se desglosan los costos provinciales y nacionales) es la que se consigna el cargo fijo por tener el servicio y el cargo variable, que corresponde al consumo del mes. En tanto, la parte derecha, en su gran mayoría, son impuestos conformados por un porcentaje de la parte izquierda. “Es decir, si la parte izquierda se mantiene fija, el porcentaje de la parte derecha se mantiene fijo. Obviamente, lo que cambia es el consumo: si se consume el doble, la factura se paga más”, detalló.

En cuanto a los impuestos provinciales, Ferrero destacó que solamente en la boleta como impuesto provincial figura Ingresos Brutos, que representa un 1,1%. Los demás son cargos con ejecución de obra, como la Línea de 500 Kw (para el abastecimiento troncal) y el Fondo Piede (relacionado con la red provincial de abastecimiento en alta tensión y estaciones transformadoras), que en general están por debajo del 7%. El componente impositivo más grande, el 21% de IVA, es un impuesto nacional.

Finalmente, el vicepresidente del EPRE mencionó el Cargo Único Municipal (CUM), asociado al costo de la provisión de energía eléctrica a los sistemas de alumbrado público y edificios propios de los municipios. Aunque este componente de costo está desagregado en la factura, no es un impuesto porque también tiene una función específica.

Convocatoria por el régimen tarifario

Cabe mencionar que el EPRE ya anunció la convocatoria a audiencias públicas durante el segundo semestre de 2025 para definir el nuevo régimen tarifario del quinquenio 2026-2031. En estas instancias se analizarán la estructura de costos e impuestos, las proyecciones de crecimiento de la demanda, las inversiones necesarias para garantizar la calidad del servicio y los regímenes de multas a las distribuidoras.

/DH