Sociedad Sucesos
Organizaciones de DDHH repudiaron la muerte de Elías y condenaron la «represión al pueblo mapuche» .

Organizaciones de derechos humanos repudiaron este lunes la «represión contra el pueblo mapuche», condenaron la muerte de Elías Garay y reclamaron que se identifique a los responsables del fallecimiento del joven mapuche, ocurrido ayer en un confuso episodio en las inmediaciones de una comunidad originaria cercana a la ciudad de Bariloche, en la provincia de Río Negro.
En tanto, desde el Instituto de Asuntos Indígenas (INAI), su vicepresidente, Luis Pilquiman, atribuyó «a la policía de Río Negro» que custodiaba el paraje Cuesta del Ternero -donde la comunidad mapuche Quemquemtrew sostiene un asentamiento destinado a recuperar un territorio ancestral- la responsabilidad por el hecho en el que resultó muerto Garay y otro joven mapuche fue herido.
Por otra parte, la secretaria de Seguridad de Río Negro, Betiana Minor, reiteró hoy que la policía de la provincia «no tuvo intervención» en Cuesta del Ternero.
Garay -de 29 años- recibió dos disparos con armas de fuego, mientras Gonzalo Cabrera, de 26, recibió tres disparos en el abdomen y fue operado en el hospital del Bolsón, donde permanece internado en grave estado, aseguró hoy la vocera de la lof Quemquentreu Soraya Maicoño a Tv Pública.
El ataque ocurrió en un paraje cercano a El Bolsón, cuando dos hombres armados, vestidos de civil, ingresaron al predio de Cuesta del Ternero, donde está asentada la comunidad Quemquemtrew.
«Entendemos que es la policía de Río Negro y la provincia la que deben brindar seguridad a los ciudadanos rionegrinos y eso no pasó. Estos individuos pasaron por las narices de los policías y no los vieron; no entendemos qué pasó», detalló el vicepresidente del INAI, Luis Pilquimán.
El hecho que causó la muerte de Garay mereció el fuerte repudio de distintos organismos de derechos humanos y organizaciones gremiales que reclamaron el esclarecimiento del fallecimiento del joven mapuche, ocurrido a cinco días de un nuevo aniversario de la muerte de Rafael Nahuel, a orillas del lago Mascardi, en 2017, y mientras organizaciones indígenas reclaman que se prorrogue la Ley 26.160 de Relevamiento Territorial.
Esa ley habilita la suspensión de desalojos en territorios en conflicto, y permite que las comunidades puedan tramitar ante el Estado su titularidad.
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) expresó su «más enfático repudio al homicidio» de Garay y exigió conocer la identidad de los responsables.
En un comunicado de prensa, la APDH responsabilizó, a la gobernadora Carreras «por el clima que fue instalándose para el ejercicio de la violencia, con su reconocida beligerancia antimapuche y posicionamientos racistas».
En el mismo sentido, el premio Nobel de la Paz y titular del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), Adolfo Pérez Esquivel, repudió la «represión contra el pueblo mapuche», condenó la muerte del joven y también apuntó a la mandataria rionegrina, quien, según dijo, «se niega a dialogar y su opción es la represión».
«Denunciamos la violencia de la policía de Río Negro y las permanentes amenazas contra la comunidad mapuche», remarcó Pérez Esquivel en declaraciones a Télam y enfatizó que el Serpaj, la APDH, pero también la Universidad del Comahue, el obispo de Bariloche y representantes de iglesias evangélicas vienen reclamando «la pronta solución al conflicto en la región Patagonia antes que sea tarde y aumente la violencia».
En ese sentido, planteó la necesidad de que el Congreso de la Nación sancione «una ley territorial de los pueblos originarios» que de respuestas al «problema central que es el reconocimiento de las tierras comunitarias».
La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma de Río Negro se sumó a los repudios y en un comunicado exigió al Gobierno de la provincia que «brinde en forma urgente información oficial» sobre la muerte y «las circunstancias en que fue herido a tiros con munición de plomo otro miembro de la comunidad».
Desde la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), Valeria Mustoni juzgó que «las comunidades mapuches vienen denunciando el hostigamiento permanente por parte de las fuerzas de seguridad represivas desde hace meses».
«Hace tiempo que las fuerzas de seguridad están intentando desalojar esos territorios de diversas maneras. Lo que pasó ayer fue un ataque a la comunidad que tiene que ver con ese operativo. Que actúen vestido de civil no es ningún elemento para deducir que no se trata de la policía», apuntó.
Mustoni reclamó que se «empiece a investigar» la muerte de Garay y denunció un intento por instalar la «versión oficial» de que «se trató de cazadores (los que en habrían agredido al joven mapuche) desvinculando a las fuerzas de seguridad de este hecho».
Desde la Fiscalía de Estado de Río Negro informaron a Télam que «se esperan los resultados del cuerpo de fiscales que están realizando la investigación correspondiente» y que durante estas horas se está trabajando en el retiro del cuerpo del lugar.
En tanto, referentes de la comunidad mapuche pidieron al fiscal Martín Lozada que permita despedir los restos del joven y ordene el retiro de las fuerzas del Cuerpo de Operaciones Especial de Rescate (COER) para que pueda acceder al territorio la familia y allegados de la víctima.
«Lo que estamos exigiendo es que se nos brinde ese derecho humano básico para despedir a nuestro peñi (hermano), que las comunidades podamos acceder al lugar, que se desmilitarice, porque ellos pusieron este retén de seguridad con el COER y este es el resultado», expresó Mauro Millán, vocero de la comunidad.
Además de volver negar la participación de la policía local en el hecho, la secretaria de Seguridad provincial informó que personal del Ministerio Público Fiscal rionegrino, «se encuentra en el lugar desde hoy a la mañana», donde realiza tareas «un equipo de investigación».
Reseñó que en el lugar del hecho rige desde «hace casi 60 días» una medida cautelar del juez Ricardo Calcagno, que «se está cumpliendo de manera deficiente desde el momento que fue ordenada, con una medida de no innovar».
La muerte del joven mapuche tuvo como reacción anoche un corte con protesta en el ingreso de la ciudad del Bolsón para reclamar por el inmediato esclarecimiento del hecho.
Al respecto Minor dijo: «Entiendo que en las últimas horas de anoche, la jueza que está subrogando en la justicia federal dio la orden de descomprimir y levantar el corte de ruta, eso se hizo aproximadamente a las dos de la madrugada».
Confirmó además que en la Comisaría del Bolsón se registraron denuncias de roturas de vidrios de automóviles de algunos turistas, que «fueron elevadas al Ministerio público para dar conocimiento».
Minor dijo además que se solicitó la intervención de la Justicia Federal lo más rápido posible y que también las autoridades provinciales mantuvieron una comunicación con el Ministerio de seguridad de la Nación, «para que se descomprima la situación en la ruta y evitar cualquier tipo de conflicto, pero eso sucedió recién a las dos de la madrugada».
En tanto, el Ministerio de Seguridad de la Nación, que encabeza Aníbal Fernández, emitió una notificación en la que dijo: «Atento al hecho de público conocimiento ocurrido hoy en Cuesta del Ternero (RP 6), Río Negro, destacamos que Gendarmería Nacional no tiene presencia en el lugar, encontrándose en El Bolsón (Escuadrón 35), a aproximadamente 38 km por RN 40.


Le había dicho a los albañiles que quizá los huesos pertenecieron a una tumba de un convento, o llegaron en un camión con tierra contratado por su familia.
Mientras la Fiscalía en lo Criminal y Correccional 12 a cargo de Martín López Perrando intenta avanzar en la investigación sobre la muerte del joven Diego Fernández Lima en el barrio porteño de Coghlan en 1984, otras novedades se van filtrando a medida que pasan los días desde que se supo la identidad de los huesos encontrados el 20 de mayo pasado cuando unos albañiles removían tierra en una obra sobre Avenida Congreso al 3748. Así se desprende de las declaraciones que hizo uno de los obreros involucrados en las tareas de construcción del terreno lindero al chalet en el que aparecieron los restos óseos.
Según este operario, el día en el que fueron hallados los huesos tras un trabajo en la medianera compartida –era una simple ligustrina– se hizo presente uno de los propietarios de la casa contigua, en apariencia movilizado por la rápida repercusión periodística que el hecho estaba alcanzando en los medios de comunicación. Era Cristian Graf, señalado ahora como el principal sospechoso del caso por tratarse de un compañero de Diego Fernández Lima en la entonces Escuela Nacional Técnica 36 de Villa Ortúzar.
Graf era conocido por los obreros y capataces, ya que anteriormente éstos habían tocado un caño maestro y dejaron sin agua a la manzana, lo cual afectó a este chalet vecino. El mismo era habitado por una mujer de edad avanzada que vivía sola, pero bajo el cuidado de su hijo varón –Cristian Graf– que es el mismo que acudió exigiendo la resolución del problema del agua y quien reapareció el 20 de mayo por la noticia del hallazgo de huesos en el área compartida entre las dos casas.
A pesar de que la zona ya estaba cercada, Graf pudo acercarse a la misma y conversar con algunos de los albañiles que estaban alrededor del área donde fueron vistos los huesos, en espera de las órdenes del jefe de la obra y especialmente de las autoridades policiales que intervinieron en el transcurso de aquel día. Según uno de estos trabajadores, y quizás por haberlos conocido previamente, Cristian Graf se desenvolvió con soltura ante ellos, lo que habilitó incluso a que postulara algunas hipótesis respecto a algo muy poco común: la aparición de una osamenta humana en el patio de una casa, algo expresamente prohibido de acuerdo a una ley que condena la inhumación de restos óseos en viviendas particulares.
De acuerdo lo que le escucharon aquella tarde, Graf habló en principio de un convento que allí funcionaba, lo que en efecto es cierto pero solo a medias: en el siglo XIX estuvo en ese mismo predio una capilla llamada Santa María de los Ángeles. En rigor a la verdad, hasta la aparición de los cementerios, se solía enterrar a los difuntos en patios y jardines de las iglesias, algo en este caso imposible, ya que los estudios del Equipo Argentino de Antropología Forense confirmaron que los huesos fueron sepultados cien años más tarde del siglo XIX.
En segundo orden Graf habló de un camión de tierra que en su momento él y su familia habían contratado para que fuera descargado en ese parque donde ahora se encontraron los restos que pertenecían a Diego Fernández Lima, desaparecido desde el 26 de julio de 1984, cuando tenía 16 años. El argumento era que los huesos quizás estaban en esa camionada y así aparecieron donde fueron encontrados por los albañiles: sesenta centímetros debajo del suelo. El tema es que junto a los restos también aparecieron objetos varios como la suela de un zapato, una corbata, llaves y hasta un reloj.
Se aguarda la citación en sede judicial de Cristian Graf por parte del fiscal López Perrando para que cuente si es cierto que dijo estas teorías que ahora se le atribuyen, o en tal caso que explique cómo es que apareció enterrado en el jardín de su casa familiar alguien que fue su propio compañero de colegio.
/P12

Esta violenta situación ocurrió el pasado miércoles 6 de agosto. La joven debió ser ingresada en el hospital Rawson.
Un nuevo hecho de inseguridad marcado por la violencia se registró en la provincia de San Juan. Las víctimas fueron una madre y su hija, quienes fueron sorprendidas por delincuentes. La más joven se llevó la peor parte ya que no sólo fue agredida, sino también arrastrada.
Todo se dio en el departamento Rawson, cuando Claudia Mercado de 50 años caminaba por la calle Olegario Andrade junto a su hija, Yamila Torres de 33 años. En ese contexto se les acercaron dos desconocidos que se movilizaban en una bicicleta.
Estos sujetos descendieron del rodado y se abalanzaron violentamente sobre ellas. Torres se resistió, pero uno de los malvivientes logró quitarle su cartera luego de arrastrarla por el suelo. Dentro de la misma llevaba $100 mil, estudios médicos, documentación personal y remedios.
Instantes después los cacos se dieron a la fuga. Posteriormente las víctimas se trasladaron hasta la comisaría 25° y radicaron la denuncia. Allí se determinó que la joven necesitaba ser llevada hasta el hospital Rawson, ya que había sufrido la luxación de uno de sus tobillos.
/C13
Sociedad Sucesos
Cómo fue la desaparición del adolescente cuyos restos fueron encontrados 41 años después

Un simple trabajo de albañilería como el que puede ocurrir en cualquier lugar y a cada momento terminó abriendo las puertas hacia uno de los misterios más resonantes del año: la aparición de huesos enterrados a la altura de la medianera en una casa del barrio porteño de Coghlan y cuya identidad acaba de ser confirmada por la justicia. Los restos hallados tres meses atrás ahora se sabe que pertenecieron a Diego Fernández, un joven que era buscado por su familia desde el 26 de julio de 1984, día en el que fue visto por ultima vez a tres cuadras de donde aparecieron sus restos. Ahora falta develar las otras incógnitas del caso: la autoría y el móvil del homicidio.
Todo comenzó el 20 de mayo pasado, cuando unos obreros que estaban removiendo tierra y escombros en una propiedad de Congreso 3748 se encontraron con restos óseos debajo de una pared colindante. El hallazgo alcanzó notoriedad porque la obra en cuestión se estaba realizando en una casa que había sido habitada por el músico Gustavo Cerati. Sin embargo, la osamenta descubierta resultaba estar en el inmueble de al lado.
Los albañiles se comunicaron con la comisaría vecinal 12C que solicitó la tarea de la Policía Científica, que tras cuatro horas de trabajo inicial halló decenas de huesos y objetos personales. El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), en tanto, se acopló para colaborar en la búsqueda de la identidad. Los análisis permitieron aproximar sexo, edad y contextura y esa información llamó la atención de la familia de Diego, para la cual su pariente se encontraba desaparecido desde julio de 1984. Los cotejos de ADN terminaron confirmando la sospecha y dieron fin a una búsqueda de 41 años.
Según la denuncia que habían hecho oportunamente sus padres, Diego tenía entonces 16 años y vestía pantalón de jean, campera azul y botas marrones. Aquella jornada la había comenzado yendo al Escuela Nacional de Educación Técnica 36 del barrio de Saavedra, donde cursaba el secundario. Regresó a la casa familiar de Villa Urquiza a las 14.45 y almorzó con su madre, ya que su papá se encontraba trabajando y sus hermanos estaban estudiando. Luego salió a dar unas vueltas en su moto, volvió y nuevamente salió, aunque sin indicar con precisión su nuevo destino. “De improviso me comunicó que iba a la casa de un amigo y me pidió cambio para el colectivo. ‘Chau, hasta luego’, fueron sos últimas palabras”, contó su mamá en aquel tiempo.
Recién a las 20.30 de aquel 26 de julio comenzó la preocupación por la falta de novedades. “Estábamos acostumbrados a su puntualidad, siempre estaba en casa a la hora de la merienda o a la cena. Todo su tiempo era para el estudio y el fútbol, del que era fanático”, agregó la madre. En ese entonces Diego jugaba en las divisiones inferiores de Excursionistas, club que en la tarde de este martes hizo una publicación en sus redes sociales en solidaridad con la familia por el hallazgo. “Jamás faltó. Si iba a comer a la casa de su abuela que vive en Belgrano, llamaba para decir en el momento en que salía”, aportó el padre.
El primer estupor se produjo esa misma noche: los padres de Diego fueron a la vecina Comisaría 39 y el policía que los atendió intentó disuadirlos. “Dijo que seguro estaba con alguna ‘mina’, que ya iba a volver”, confesó su madre, naturalmente indignada. Por ese motivo, al día siguiente se dirigieron a la división de Búsqueda de Personas Desaparecidas. “Mi esposa estuvo siete días con sus noches parada en el balcón, sin comer, sin dormir, esperándolo. Nuestra vida es un vía crucis”, reveló el padre en su momento. Los dos estaban convencidos de que no se había ido por su cuenta. “Algo le pasó”, insistía su mamá. “Él tenía unos dólares guardados y los dejó en el placard. Es más: salió sin documentos, con la ropa del colegio. Además, si hubiese pensado irse, se hubiese llevado la motito”.
Al ver que las fuerzas oficiales no avanzan en la búsqueda, la familia decidió encargarle a una imprenta una pila de volantes con la descripción física de Diego, una foto de su busto y tres teléfonos de contacto. Así, empapelaron el barrio de Urquiza, donde vivían, y los aledaños. Pero eso generó un efecto inverso: comenzaron a recibir llamadas con pistas falsas. “Una madrugada, a las seis de la mañana, una mujer nos llama para decirnos que había visto a un chico igual al nuestro durmiendo en un auto por Avenida La Plata”, contó la madre. «Salimos corriendo y efectivamente había un chico casi igual al nuestro: se había olvidado las llaves de la casa y estaba esperando que la madre se despertara”.
“También vino una abogada que había estado en el (instituto psiquiátrico) Montes de Oca y decía haberlo visto. Había algo que nos convenció: decía que ese chico repetía constantemente ‘mamá’ y el nombre de mi señora”, agregó el padre. “Fuimos inmediatamente… pero no era nuestro Diego”. La desesperación los llevó hasta lo indecible, desde recorrer morgues hasta consultar a parapsicólogos, un recurso que en ese entonces era más común de lo imaginado (el ejemplo más notable fue en la investigación por la desaparición de la médica Cecilia Giubileo en 1985, donde una vidente le sugirió a los investigadores revisar un tanque de agua)
“No investigaron nunca, ni siquiera fueron al club o al colegio, nunca se interesaron por saber cómo era mi hijo”, le relató el papá de Diego en una entrevista concedida a Esto, revista de la época. “Al técnico de Excursionistas, que se ofreció voluntariamente a ser citado, no lo llamaron. Para ellos es un caso más. La policía dice que tienen tres mil casos iguales”. La causa siempre estuvo caratulada como “Fuga de hogar” hasta que prescribió. Ahora, con este nuevo hallazgo, Martín López Perrando lleva adelante una nueva investigación desde la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correcional 61 con la carátula de “Averiguación de delito” y algunas hipótesis en danza.
/P12
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