Sociedad Sucesos
Organizaciones de DDHH repudiaron la muerte de Elías y condenaron la «represión al pueblo mapuche» .

Organizaciones de derechos humanos repudiaron este lunes la «represión contra el pueblo mapuche», condenaron la muerte de Elías Garay y reclamaron que se identifique a los responsables del fallecimiento del joven mapuche, ocurrido ayer en un confuso episodio en las inmediaciones de una comunidad originaria cercana a la ciudad de Bariloche, en la provincia de Río Negro.
En tanto, desde el Instituto de Asuntos Indígenas (INAI), su vicepresidente, Luis Pilquiman, atribuyó «a la policía de Río Negro» que custodiaba el paraje Cuesta del Ternero -donde la comunidad mapuche Quemquemtrew sostiene un asentamiento destinado a recuperar un territorio ancestral- la responsabilidad por el hecho en el que resultó muerto Garay y otro joven mapuche fue herido.
Por otra parte, la secretaria de Seguridad de Río Negro, Betiana Minor, reiteró hoy que la policía de la provincia «no tuvo intervención» en Cuesta del Ternero.
Garay -de 29 años- recibió dos disparos con armas de fuego, mientras Gonzalo Cabrera, de 26, recibió tres disparos en el abdomen y fue operado en el hospital del Bolsón, donde permanece internado en grave estado, aseguró hoy la vocera de la lof Quemquentreu Soraya Maicoño a Tv Pública.
El ataque ocurrió en un paraje cercano a El Bolsón, cuando dos hombres armados, vestidos de civil, ingresaron al predio de Cuesta del Ternero, donde está asentada la comunidad Quemquemtrew.
«Entendemos que es la policía de Río Negro y la provincia la que deben brindar seguridad a los ciudadanos rionegrinos y eso no pasó. Estos individuos pasaron por las narices de los policías y no los vieron; no entendemos qué pasó», detalló el vicepresidente del INAI, Luis Pilquimán.
El hecho que causó la muerte de Garay mereció el fuerte repudio de distintos organismos de derechos humanos y organizaciones gremiales que reclamaron el esclarecimiento del fallecimiento del joven mapuche, ocurrido a cinco días de un nuevo aniversario de la muerte de Rafael Nahuel, a orillas del lago Mascardi, en 2017, y mientras organizaciones indígenas reclaman que se prorrogue la Ley 26.160 de Relevamiento Territorial.
Esa ley habilita la suspensión de desalojos en territorios en conflicto, y permite que las comunidades puedan tramitar ante el Estado su titularidad.
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) expresó su «más enfático repudio al homicidio» de Garay y exigió conocer la identidad de los responsables.
En un comunicado de prensa, la APDH responsabilizó, a la gobernadora Carreras «por el clima que fue instalándose para el ejercicio de la violencia, con su reconocida beligerancia antimapuche y posicionamientos racistas».
En el mismo sentido, el premio Nobel de la Paz y titular del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), Adolfo Pérez Esquivel, repudió la «represión contra el pueblo mapuche», condenó la muerte del joven y también apuntó a la mandataria rionegrina, quien, según dijo, «se niega a dialogar y su opción es la represión».
«Denunciamos la violencia de la policía de Río Negro y las permanentes amenazas contra la comunidad mapuche», remarcó Pérez Esquivel en declaraciones a Télam y enfatizó que el Serpaj, la APDH, pero también la Universidad del Comahue, el obispo de Bariloche y representantes de iglesias evangélicas vienen reclamando «la pronta solución al conflicto en la región Patagonia antes que sea tarde y aumente la violencia».
En ese sentido, planteó la necesidad de que el Congreso de la Nación sancione «una ley territorial de los pueblos originarios» que de respuestas al «problema central que es el reconocimiento de las tierras comunitarias».
La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma de Río Negro se sumó a los repudios y en un comunicado exigió al Gobierno de la provincia que «brinde en forma urgente información oficial» sobre la muerte y «las circunstancias en que fue herido a tiros con munición de plomo otro miembro de la comunidad».
Desde la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), Valeria Mustoni juzgó que «las comunidades mapuches vienen denunciando el hostigamiento permanente por parte de las fuerzas de seguridad represivas desde hace meses».
«Hace tiempo que las fuerzas de seguridad están intentando desalojar esos territorios de diversas maneras. Lo que pasó ayer fue un ataque a la comunidad que tiene que ver con ese operativo. Que actúen vestido de civil no es ningún elemento para deducir que no se trata de la policía», apuntó.
Mustoni reclamó que se «empiece a investigar» la muerte de Garay y denunció un intento por instalar la «versión oficial» de que «se trató de cazadores (los que en habrían agredido al joven mapuche) desvinculando a las fuerzas de seguridad de este hecho».
Desde la Fiscalía de Estado de Río Negro informaron a Télam que «se esperan los resultados del cuerpo de fiscales que están realizando la investigación correspondiente» y que durante estas horas se está trabajando en el retiro del cuerpo del lugar.
En tanto, referentes de la comunidad mapuche pidieron al fiscal Martín Lozada que permita despedir los restos del joven y ordene el retiro de las fuerzas del Cuerpo de Operaciones Especial de Rescate (COER) para que pueda acceder al territorio la familia y allegados de la víctima.
«Lo que estamos exigiendo es que se nos brinde ese derecho humano básico para despedir a nuestro peñi (hermano), que las comunidades podamos acceder al lugar, que se desmilitarice, porque ellos pusieron este retén de seguridad con el COER y este es el resultado», expresó Mauro Millán, vocero de la comunidad.
Además de volver negar la participación de la policía local en el hecho, la secretaria de Seguridad provincial informó que personal del Ministerio Público Fiscal rionegrino, «se encuentra en el lugar desde hoy a la mañana», donde realiza tareas «un equipo de investigación».
Reseñó que en el lugar del hecho rige desde «hace casi 60 días» una medida cautelar del juez Ricardo Calcagno, que «se está cumpliendo de manera deficiente desde el momento que fue ordenada, con una medida de no innovar».
La muerte del joven mapuche tuvo como reacción anoche un corte con protesta en el ingreso de la ciudad del Bolsón para reclamar por el inmediato esclarecimiento del hecho.
Al respecto Minor dijo: «Entiendo que en las últimas horas de anoche, la jueza que está subrogando en la justicia federal dio la orden de descomprimir y levantar el corte de ruta, eso se hizo aproximadamente a las dos de la madrugada».
Confirmó además que en la Comisaría del Bolsón se registraron denuncias de roturas de vidrios de automóviles de algunos turistas, que «fueron elevadas al Ministerio público para dar conocimiento».
Minor dijo además que se solicitó la intervención de la Justicia Federal lo más rápido posible y que también las autoridades provinciales mantuvieron una comunicación con el Ministerio de seguridad de la Nación, «para que se descomprima la situación en la ruta y evitar cualquier tipo de conflicto, pero eso sucedió recién a las dos de la madrugada».
En tanto, el Ministerio de Seguridad de la Nación, que encabeza Aníbal Fernández, emitió una notificación en la que dijo: «Atento al hecho de público conocimiento ocurrido hoy en Cuesta del Ternero (RP 6), Río Negro, destacamos que Gendarmería Nacional no tiene presencia en el lugar, encontrándose en El Bolsón (Escuadrón 35), a aproximadamente 38 km por RN 40.


A 11 años de la denuncia sobre el ocultamiento de los maltratos y las muertes de niños en albergues católicos para madres y embarazadas no casadas, Irlanda se prepara para desenterrar a las víctimas.
Este lunes en Irlanda comenzaron los preparativos para exhumar 796 niños y bebés de una fosa común descubierta hace más de 10 años en donde funcionaba un antiguo albergue religioso para madres solteras y embarazadas no casadas cerca de Dublin.
Los desentierros comenzarán a realizarse desde el próximo mes de julio, pero el tema ya tiene más de 10 años en la agenda pública local. Es que en 2014 la historiadora irlandesa Catherine Corless comprobó que muchos niños (desde recién nacidos hasta los 9 años) fallecieron en el albergue religioso Santa María del Buen Socorro de Tuam, en la ciudad de Galway, a 200 kilómetros de la capital del país europeo.
La búsqueda comenzada por Corless certificó que los cuerpos habían sido enterrados en la antigua fosa séptica de la institución. A pesar de la destrucción en 1972 de este espacio que trabajaba con madres embarazadas no casadas, la fosa séptica se mantuvo intacta en las últimas décadas.
Los primeros datos
Luego de la alarma encendida por la historiadora, se encontraron restos de bebés humanos allí entre 2016 y 2017. Por este motivo el gobierno irlandés llamó a la creación de una comisión nacional de investigación que develara los maltratos contra las madres y sus niños causados en estos hogares.
Los resultados de la comisión fueron expuestos en 2021 y destacaron que había niveles «alarmantes» de mortalidad infantil en este tipo de albergues. Estas instituciones existieron en Irlanda desde 1922 a 1998, por ellas pasaron 56 mil mujeres y 57 mil niños y fallecieron 9000 chicos.
Las mujeres embarazadas por fuera del matrimonio eran enviadas a estos hogares por pedido del Estado nacional irlandés y de la Iglesia Católica, que eran los mismos que gestionaban estos espacios. En estos lugares las mujeres daban a luz a sus hijos y luego eran separadas de ellos, quienes finalmente eran dados en adopción.
«Cuando comencé este proyecto nadie me quería escuchar. Suplicaba: saquen a los bebés de estas cañerías, hay que ofrecerles el entierro cristiano digno que se les negó» explicaba Corless, la historiadora irlandesa de 71 años.
La historia del terror irlandés
El lugar sobre el que Catherine Corless encontró los cientos de certificados de defunción era llamado «El Hogar», fue dirigido desde 1926 hasta 1961 por las monjas de la hermandad Bon Secours y pretendía recibir a las madres solteras que necesitaran ayuda.
Sin embargo, la historiadora argumentaba ya en 2014, año en que comenzó a descubrirse esta verdad, que el gobierno de Irlanda ocultaba al menos 4000 certificados de defunción de los bebés que pasaron por este albergue y que fueron enterrados en fosas sin identificar. Si bien se habían descubierto restos humanos en ese lugar en 1975, no fue hasta la denuncia de Corless que se relacionaron ambos hechos.
En los documentos a los que accedió la historiadora ya se advertía que la mayor parte de la mortalidad infantil encontrada había ocurrido por tuberculosis, infecciones, partos prematuros y defectos de nacimiento. Sin embargo, una inspección gubernamental de 1944 ya había destacado la malnutrición en varios de los 271 chicos que habitaban el lugar junto a sus 61 madres solteras.
Además, cabe aclarar que estos no habrían sido los únicos maltratos que tuvieron lugar en estos centros religiosos. Algunas monjas emprendieron un camino de negocios privados, como el de las Lavanderías de la Magdalena, que funcionaron entre 1922 y 1996, donde varias mujeres padecieron un régimen de semiesclavitud y abusos.
Un informe oficial del 2013, año anterior al de los primeros descubrimientos de Corless, indicaba que las principales causas por las que las madres solteras acudían a estos lugares eran el rechazo de padres adoptivos, abusos familiares, deficiencias físicas o psíquicas, actitudes «inmorales», pobreza y orfandad.
Si bien en su momento los líderes religiosos de Galway negaron conocer lo sucedido y se comprometieron a recaudar fondos para homenajear a los 796 bebés fallecidos con un monumento, el único que fue certero en sus dichos había sido el arzobispo de Dublin, Diarmuid Martin.
El responsable de la arquidiócesis de Dublin advirtió que “si no se establece una investigación sobre las cuestiones de gran preocupación que rodean este asunto, será importante que se desarrolle un proyecto de historia social que ofrezca una imagen precisa del papel desempeñado por esas casas de acogida”.
/P12

Un avión de pasajeros se estrelló en una zona residencial cercana al aeropuerto de la ciudad de Ahmedabad en la India, informó el portal de noticias ‘ABP’. De acuerdo con autoridades locales, unos 242 pasajeros estaban a bordo. Según reportes, más de 100 personas se fallecieron.
El Boeing 787 Dreamliner siniestrado llevaba más de 200 personas a bordo, reportó la cadena NDTV. El avión, que supuestamente pertenece a la compañía Air India, realizaba un vuelo de Ahmedabad a Londres, pero se estrelló durante el despegue, detalló.
Según datos preliminares, al menos 133 personas murieron en el accidente aéreo. Hay sobrevivientes del accidente, informa el canal NDTV, publicando videos de las víctimas llegando al hospital.
Ente las víctimas mortales podrían estar más de 20 estudiantes, ya que la aeronave cayó sobre el techo de una residencia para médicos, precisa la agencia de noticias ANI.
«Se cree que más de 20 estudiantes murieron en un accidente aéreo en Ahmedabad. El avión se estrelló contra el edificio de la residencia de la Facultad de Medicina BJ», escribe la publicación.
Las autoridades de aviación indias confirmaron que 242 personas, entre ellas dos pilotos y 10 miembros de la tripulación, se encontraban a bordo. Los pilotos hicieron una llamada de auxilio al control aéreo, poco después del despegue, indicaron.
«Había un total de 242 personas a bordo del avión, incluidos dos pilotos y 10 miembros de la tripulación. El vuelo estaba comandado por el capitán Sumeet Sabharwal y el primer oficial Clive Kundar. El capitán Sumeet Sabharwal es teniente coronel, con 8.200 horas de vuelo. El copiloto tenía 1.100 horas de vuelo», informaron.
Mientras tanto, la empresa Air India confirmó que la aeronave accidentada le pertenece. A bordo del avión viajaban 169 indios, 53 británicos, siete portugueses y un canadiense, detalló la aerolínea.
La señal del avión estrellado desapareció «menos de un minuto» después del despegue, precisa el portal Flightradar24.
/Sputnik
Sociedad Sucesos
Picada mortal de Ruta 40: las cámaras del CISEM muestran la carrera ilegal y cómo pasa en rojo la conductora del auto

La mujer que chocó con el motociclista Máximo Tanten, Natalia Colquer, será investigada por homicidio culposo agravado. Mientras que el otro motorista, Ezequiel Garay, por realizar picadas ilegales con la víctima fatal.
Un vídeo de las cámaras del CISEM confirma lo que los investigadores venían sospechando de la tragedia en calle Mendoza y calle 10 en Pocito. Esta tragedia ocurrió en medio de una picada ilegal. Dos personas quedaron en la mira de la Justicia: Natalia Colquer por el delito de homicidio culposo agravado por pasar en rojo. Mientras que, Ezequiel Garay, por hacer picadas ilegales.
Además de confirmar que se hacía una carrera ilegal, las cámaras también muestran que Colquer (conductora del Honda Fit) pasa el semáforo en rojo, es decir, que paso en un momento que no debía hacerlo.
/SJ8
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