Las negociaciones entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI) comenzaron a transitar la recta final mientras los contactos virtuales entre los técnicos de ambas partes se reiteraron hasta última hora de ayer el eje central del acuerdo: El sendero de ajuste fiscal que debería realizar Argentina.

Los últimos detalles de lo que, en este momento, discute el ministro de Economía Martín Guzmán dibujan un sendero que propone, desde la Casa Rosada, un déficit de 2,5% del PBI para este año 2022 y, a partir de allí una secuencia del 2% para 2023, 1% para 2024, 0,5% para 2025 y recién un déficit cero en 2026.

El dato más importante no es solamente la divergencia con respecto al año y plazo en el cual el FMI está pidiendo llegar al déficit cero al país. Lo más relevante es el tamaño del ajuste gradual que pide el Fondo.

Desde el Fondo se le reclama a Martín Guzmán un recorte más importante para este año en curso, para llegar a los 2 puntos de déficit: es decir, le pide 0,5 puntos porcentuales adicionales de recorte, lo que obligaría a mayores sacrificios. Para el 2023, el FMI solicita que el déficit sea el equivalente a 1,4% del PBI. A partir de 2024, el FMI se vuelve más exigente. En lugar de un recorte progresivo de 0,6 puntos porcentuales anual, exige uno de 0,7 y mantiene esta misma exigencia hasta 2025, año en el que quiere llegar al déficit cero.

Mientras el Gobierno argentino quiere un recorte de 0,5 puntos porcentuales entre el 2022 y 2023 que afecte lo menos posible a la disponibilidad de recursos para lo que resta del mandato, ofrece, en cambio, un déficit de 1 punto porcentual del producto en 2024 (año de arranque post-elecciones) y luego adopta la misma secuencia previa de un recorte anual de medio punto porcentual.

Las intensas conversaciones con el Fondo llevadas a cabo ayer fueron supervisadas no solo por el presidente Alberto Fernández sino también por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien se enteró de las últimas novedades en el diálogo bilateral antes de partir a Honduras para la asunción de la presidenta Xiomara Castro. Incluso, desde despachos oficiales aseguran que parte de la demora que tuvo en despegar hacia ese destino tuvo que ver con el cierre de la negociación.

Las negociaciones enfrentan la presión de los vencimientos que obligan al Gobierno a pagar entre este viernes y el martes próximo USD 1.100 millones al Fondo Monetario Internacional, situación que afectaría notoriamente las reservas del Banco Central.

El pago que debe realizarse este viernes por u$s 731 millones aún no ha sido confirmado por el Gobierno. Según trascendió, sólo se estaría dispuesto a hacer ese desembolso si, de máxima, logra que el FMI se acerque lo más posible a la propuesta de Guzmán o, en todo caso, si el Gobierno logra avanzar lo suficiente como para abrir una nueva fase de la negociación con algunas garantías en el haber.

Es decir que la confirmación del pago depende de una sutil percepción: si todo el Gobierno considera que la instancia de negociación ha dado algún fruto (aunque aún no se haya llegado a un acuerdo) entonces se autorizaría el pago con el compromiso de seguir la conversación y respetar lo pactado hasta ese punto.

Por su parte, el presidente Alberto Fernández ha sido partidario en las últimas horas de blindar la negociación y despejar el escenario de cualquier declaración pesimista a diferencia de la vicepresidenta que, desde Honduras, cargó duro contra los organismos multilaterales de crédito. Ahí radicaría el esfuerzo de Guzmán por ganar algo de tiempo, dejando trascender desde anoche que había un acercamiento “en lo fiscal”, uno de los puntos de conflicto con el FMI.

Al menos dos fuentes de Gobierno que participan de las conversaciones con el FMI señalaban ayer que se habían logrado “avances”, lo que remitía a la posibilidad de que la Argentina mantenga la chance de conservar su autonomía para definir qué clase de política fiscal debería aplicar al menos en los próximos dos años, es decir, 2022 y 2023.

«Hace dos días nuestro equipo está revisando punto por punto el acuerdo. Hay puntos en los que hay mejoras y otros en los que no logran ponerse de acuerdo —el problema está en aquellos ítems relacionados al gasto y al déficit— por eso hay que seguir negociando», resaltan cerca del presidente y no aclaran si el viernes se concretará o no el pago del vencimiento por 731 millones de dólares. Una de las posibilidades es no pagar hasta terminar la negociación.

Lo cierto es que el gobierno de Fernández viene pagando los vencimientos anteriores y eso hace muy factible que esta vez también lo haga. 

Por otra parte, cuentan que «estaría en buen camino el tema de los plazos» y que el posible nuevo acuerdo permitiría que el Gobierno tenga tres años de gracia antes de comenzar a pagar. De todos modos, explican, «es un proceso largo y primero, por supuesto, hay que lograr la carta de entendimiento que tiene que pasar por el Congreso».

Sería un acuerdo de «Facilidades Extendidas» sin el compromiso de reformas estructurales en el corto plazo y con una supervisión por parte del FMI.

“Las facilidades extendidas para mí es el horror de tenerlo al Fondo sentado en la Casa Rosada, pero al lado, todo el tiempo preguntando molestando, metiéndose. Como decía Mario Wainfeld, son los grandes manducadores de bife de chorizo“ señaló el periodista Victor Hugo Morales en su editorial publicado en el día de ayer.

«A eso vienen, a comerse la rica carne, a pasarlo bárbaro en grandes hoteles y a decir: “Esto está bien, esto está mal, tienen que hacer tal cosa porque sino no les damos el próximo préstamo…” ¿Con qué derecho el FMI, después de lo que le hizo a la Argentina, puede poner condiciones? No tiene que poner ninguna condición«, criticó duramente Victor Hugo.

Si el acuerdo se llega a cerrar en los próximos días, desde el gobierno nacional adelantan que no piensan hacer «un gran despliegue comunicacional» por este tema porque, indican, «se cierre como se cierre siempre es una mala noticia haber vuelto al FMI y cualquier acuerdo va a implicar que vamos a tener que pagar por muchos años».

«Se hará el mejor acuerdo posible, pero nunca será un buen acuerdo», explican, citando lo que ya dijo en la reunión con los gobernadores el ministro Guzmán.

Con información de Ámbito y Página 12.