La jueza Amanda Díaz del Décimo Primer Juzgado de Civil, quien debía resolver sobre la cautelar solicitada por Franco, el hombre que busca evitar que su ex pareja aborte, fue escueta pero también directa al rechazar el planteo judicial. La jueza atacó por todos lados la presentación.

En la primera parte, la magistrada cuestionó la existencia del derecho invocado por el accionante o la supuesta violación a sus derechos. Al respecto, destacó que ni siquiera se acredita la identidad de la mujer en cuestión, dado que en las copias de uno de los documentos se cita un apellido y en otro aparece uno distinto. También señaló que tanto el acta de matrimonio como la copia de una ecografía nada prueban sobre la supuesta decisión de la accionada de no continuar con el embarazo denunciado.

Desde la dudosa documentación que presentó, la falta de precisión en los fundamentos para cuestionar la ley y hasta la actitud relajada del denunciante para agilizar el proceso. Estos fueron los puntos que criticó la jueza civil Amanda Díaz y por los cuales rechazó y tiró por tierra la medida cautelar que solicitó el sanjuanino para impedir que su ex esposa interrumpa su embarazo.

En cuanto a la nota presentada por el accionante ante la Obra Social Provincia, ésta constituye una expresión unilateral de voluntad del propio peticionante y sin contestación alguna. Por lo que nada prueba con relación a terceros”, indicó la jueza.

En otra parte, además, pone en duda la autenticidad de las capturas de pantalla de un celular sobre una supuesta charla mantenida entre el hombre y la mujer, y que presentó como prueba de la disputa entre ellos sobre el embarazo.

Otro punto que objetó la jueza Díaz fue que “el presentante no cuestionó en forma precisa la constitucionalidad y/o aplicación al caso concreto de la ley nacional Nº 27.610. Por lo que resulta, conforme lo presentado y peticionado, totalmente infundado y ajeno a derecho privar en esta instancia a cualquier persona gestante de la posibilidad de ejercer su derecho conforme la norma antes citada”.

Como si todo eso no fuera suficiente, la jueza también criticó el interés que demostró esta persona y sus abogados.  “Corresponde destacar la pasividad procesal que ha mantenido el actor junto con sus letrados con relación a la medida para mejor resolver, dictada el día que ingresó el expediente a este Juzgado”, indicó.

Es que el 23 del corriente mes ordenó una serie de medidas y pedidos de informe, pero “llamó poderosamente la atención de que ninguno de los profesionales quisiera retirar los respectivos instrumentos para diligenciarlos en las oficinas correspondientes. Máxime cuando se ordenó, tal como ellos lo solicitaran, habilitación de día y hora inhábil”, destacó, a la vez que reflexionó que “no puede pasarse por alto esta conducta relajada del accionante con respecto a la carga de urgir toda medida tendiente a obtener una resolución favorable. Su accionar resulta totalmente contradictorio a la supuesta urgencia e imperiosa necesidad por él mismo alegada, y exigida por el ordenamiento procesal”.

Con esos argumentos y pese a aclarar que en esta etapa no correspondía expedirse sobre el fondo del asuntó, la juez civil rechazó la medida cautelar solicitada por este ciudadano y los abogados Mónica Lobos y Martín Zuleta.

El caso abrió la polémica en la provincia y en el país en los últimos días y volvió a poner en el tapete la disputa de los que están a favor de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, aprobada en diciembre de 2020 y promulgada en enero de este año, y los llamados Pro Vida.

Acá el protagonista fue un sanjuanino que intentó por todos los medios, torcer la voluntad de su ex pareja de querer abortar. Así, hizo un reclamo en la Obra Social Provincia, posteriormente hizo una presentación en la Justicia y salió por los medios de comunicación con la intención de buscar el adeptos a su reclamo.