Los tres policías que fueron denunciados a principios de julio por golpear a un albañil, recuperaron la libertad este viernes pero aún no regresarán a trabajar.

Los tres policías de la Comisaría Sexta recuperaron este viernes su libertad, después de que el juez de Impugnación Juan Carlos Caballero Vidal (h) dieran lugar a las impugnaciones presentadas por los abogados defensores.

El oficial subayudante Cristian Aciar, y los agentes Gabriel Mariño y Alejandro González estaban señalados como autores de una violenta golpiza a un albañil, de apellido Morales (36), cometida en el interior de dicha seccional policial.

El hecho ocurrió en la madrugada del 1 de julio y el hombre quedó internado en grave estado: tenía fractura de cráneo y hemorragia interna. A los pocos días los tres efectivos fueron detenidos y ahora recuperaron la libertad.

La calificación que recae sobre ellos es Vejaciones y Apremios Ilegales en concursos ideal con Lesiones Graves agravadas por ser cometidas en rol de funcionario público. En el caso de Mariño es por ser autor mientras que en el caso de Aciar y González es por ser partícipes principales.

Estos delitos conciben atravesar el proceso en libertad, con lo cual el juez de impugnación dispuso que fueran liberados este viernes.

La causa está siendo investigada por la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Especiales, bajo la conducción del fiscal Iván Grassi, y la orden del juez de Garantías, Federico Rodríguez.

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Le había dicho a los albañiles que quizá los huesos pertenecieron a una tumba de un convento, o llegaron en un camión con tierra contratado por su familia.

Mientras la Fiscalía en lo Criminal y Correccional 12 a cargo de Martín López Perrando intenta avanzar en la investigación sobre la muerte del joven Diego Fernández Lima en el barrio porteño de Coghlan en 1984, otras novedades se van filtrando a medida que pasan los días desde que se supo la identidad de los huesos encontrados el 20 de mayo pasado cuando unos albañiles removían tierra en una obra sobre Avenida Congreso al 3748. Así se desprende de las declaraciones que hizo uno de los obreros involucrados en las tareas de construcción del terreno lindero al chalet en el que aparecieron los restos óseos. 

Según este operario, el día en el que fueron hallados los huesos tras un trabajo en la medianera compartida –era una simple ligustrina– se hizo presente uno de los propietarios de la casa contigua, en apariencia movilizado por la rápida repercusión periodística que el hecho estaba alcanzando en los medios de comunicación. Era Cristian Graf, señalado ahora como el principal sospechoso del caso por tratarse de un compañero de Diego Fernández Lima en la entonces Escuela Nacional Técnica 36 de Villa Ortúzar.

Graf era conocido por los obreros y capataces, ya que anteriormente éstos habían tocado un caño maestro y dejaron sin agua a la manzana, lo cual afectó a este chalet vecino. El mismo era habitado por una mujer de edad avanzada que vivía sola, pero bajo el cuidado de su hijo varón –Cristian Graf– que es el mismo que acudió exigiendo la resolución del problema del agua y quien reapareció el 20 de mayo por la noticia del hallazgo de huesos en el área compartida entre las dos casas.

A pesar de que la zona ya estaba cercada, Graf pudo acercarse a la misma y conversar con algunos de los albañiles que estaban alrededor del área donde fueron vistos los huesos, en espera de las órdenes del jefe de la obra y especialmente de las autoridades policiales que intervinieron en el transcurso de aquel día. Según uno de estos trabajadores, y quizás por haberlos conocido previamente, Cristian Graf se desenvolvió con soltura ante ellos, lo que habilitó incluso a que postulara algunas hipótesis respecto a algo muy poco común: la aparición de una osamenta humana en el patio de una casa, algo expresamente prohibido de acuerdo a una ley que condena la inhumación de restos óseos en viviendas particulares.

De acuerdo lo que le escucharon aquella tarde, Graf habló en principio de un convento que allí funcionaba, lo que en efecto es cierto pero solo a medias: en el siglo XIX estuvo en ese mismo predio una capilla llamada Santa María de los Ángeles. En rigor a la verdad, hasta la aparición de los cementerios, se solía enterrar a los difuntos en patios y jardines de las iglesias, algo en este caso imposible, ya que los estudios del Equipo Argentino de Antropología Forense confirmaron que los huesos fueron sepultados cien años más tarde del siglo XIX.

En segundo orden Graf habló de un camión de tierra que en su momento él y su familia habían contratado para que fuera descargado en ese parque donde ahora se encontraron los restos que pertenecían a Diego Fernández Lima, desaparecido desde el 26 de julio de 1984, cuando tenía 16 años. El argumento era que los huesos quizás estaban en esa camionada y así aparecieron donde fueron encontrados por los albañiles: sesenta centímetros debajo del suelo. El tema es que junto a los restos también aparecieron objetos varios como la suela de un zapato, una corbata, llaves y hasta un reloj.

Se aguarda la citación en sede judicial de Cristian Graf por parte del fiscal López Perrando para que cuente si es cierto que dijo estas teorías que ahora se le atribuyen, o en tal caso que explique cómo es que apareció enterrado en el jardín de su casa familiar alguien que fue su propio compañero de colegio.

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El llamado se realizó desde un chip con llamadas limitadas y fue geolocalizado dentro del colegio. La jueza de Menores y equipos técnicos investigan el caso que generó alarma y movilizó a bomberos, policía y emergencias.

La tensión que se vivió este viernes en el barrio Valle Grande, en Rawson, por una amenaza de bomba en la Escuela Valle Grande, sumó en las últimas horas un giro clave en la investigación: la Unidad Fiscal Interviniente confirmó que el autor fue identificado y se trata de un menor de edad.

De acuerdo a los datos aportados por fuentes judiciales, la geolocalización del llamado situó el origen dentro del mismo establecimiento educativo. El número desde el que se realizó no estaba registrado a nombre de ninguna persona y correspondía a un chip que únicamente permite efectuar llamadas de emergencia. 

Tras la activación del protocolo, en el lugar trabajaron Bomberos, personal policial, equipos especializados en explosivos y emergencias, mientras se evacuaba a alumnos, docentes y personal administrativo. No se halló ningún artefacto explosivo, pero el operativo implicó el corte de calles internas y un despliegue coordinado de seguridad.

La jueza de Menores, Julia Camus, tomó intervención en el caso luego de que las pericias tecnológicas apuntaran a la participación de un menor. También se dio intervención a la Dirección de Apoyo Tecnológico para el análisis de las comunicaciones y rastreo del dispositivo utilizado.

Desde la UFI recordaron que, aunque no se trate de un hecho con consecuencias físicas, este tipo de amenazas constituyen un delito grave, generan un importante gasto de recursos públicos y alteran de forma directa la tranquilidad de la comunidad educativa y del barrio. La investigación continúa para esclarecer en detalle las circunstancias del hecho y definir las medidas que correspondan.

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