La jueza Martina Forns hizo lugar a una medida cautelar que ordena a la administración de Javier Milei abstenerse de hacer cambios en el organismo por un plazo de seis meses, incluyendo reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad de personal o supresión de estructuras.

El Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín N°2 hizo lugar este martes a una medida cautelar presentada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y le ordenó al Gobierno de Javier Milei abstenerse de realizar cambios en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) por un período de 6 meses.

El pasado 7 de julio, a través del decreto 462/2025, la administración ultraderechista ordenó una reconfiguración de varios organismos del Estado, entre ellos el INTI, que debía transformarse en una unidad dependiente de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía. 

El decreto también establecía que los ingresos provenientes de aranceles, tasas, rentas, patentes, derechos intelectuales o aportes de terceros que reciba el instituto pasarían a integrar los recursos del Tesoro Nacional. 

Como excusa para el desguace, el Gobierno había señalado que el INTI «posee una estructura sobredimensionada», con áreas administrativas superpuestas

El Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín N°2 hizo lugar este martes a una medida cautelar presentada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y le ordenó al Gobierno de Javier Milei abstenerse de realizar cambios en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) por un período de 6 meses.

El pasado 7 de julio, a través del decreto 462/2025, la administración ultraderechista ordenó una reconfiguración de varios organismos del Estado, entre ellos el INTI, que debía transformarse en una unidad dependiente de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía. 

El decreto también establecía que los ingresos provenientes de aranceles, tasas, rentas, patentes, derechos intelectuales o aportes de terceros que reciba el instituto pasarían a integrar los recursos del Tesoro Nacional. 

Como excusa para el desguace, el Gobierno había señalado que el INTI «posee una estructura sobredimensionada», con áreas administrativas superpuestas y escasa articulación entre funciones estratégicas y las necesidades reales del sector industrial.

Este martes, sin embargo, la magistrada Martina Isabel Forns, del Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín N°2, le puso un freno a la motosierra libertaria.

En el fallo, Forns dijo que «se justifica el dictado de una medida cautelar de no innovar» con el objetivo de «evitar perjuicios irreparables y preservar el statu quo hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo». 

En ese sentido, exigió al Gobierno «que se abstenga de ejecutar cualquier acto administrativo, que derive de la aplicación del decreto N°462/2025, incluyendo reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad de personal o supresión de estructuras vinculadas al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)».

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, celebró la noticia en sus redes sociales. «La Justicia volvió a dar la razón a ATE y frena el cierre del INTI», festejó el sindicalista. 

«Presidente @JMilei, para asegurar el plan colonial que le encargaron, usted se propone aniquilar la industria y la producción, pero no va poder. @fedesturze te digo que son bastante inútiles eh. Ni las facultades delegadas supieron utilizar. Uno por uno vamos a voltear tus decretos truchos. Luchar sirve!! El INTI no se toca!!«, concluyó.

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El diputado del MID aclaró que sí acompañará el veto a la moratoria previsional y que están analizando los artículos de la ley de emergencia por discapacidad antes de tomar una decisión al respecto.

Oscar Zago, diputado nacional del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) por la Ciudad de Buenos Aires, confirmó que su bloque acompañará el veto a la moratoria previsional, pero se opondrá a vetar el aumento de las jubilaciones anunciado por el presidente Javier Milei.

Al ser consultado sobre cómo se iba a comportar el MID respecto a las tres leyes que aprobó el Senado, Zago adelantó: “Vamos a acompañar el veto a las moratorias porque así lo decidimos desde un principio. Creemos que las moratorias en Argentina se tienen que terminar, se tienen que terminar los vivos”.

Al ampliar su postura sobre el tema, el diputado consideró: “Cuando vos sos un buen contribuyente, vivís pagando, no solo el tema jubilatorio. Pagás patente, ABL, multas, un montón de cuestiones, y después llega el momento de la moratoria. Viene alguien en diez minutos, le hacen una quita para ‘una gran monatoria’ y terminamos pagando los que somos buenos contribuyentes. Le pagamos a todos los que nunca lo fueron. Es la viveza argentina”.

Respecto a la suba en las jubilaciones, Zago sostuvo que “es muy probable que rechacemos el veto”: “Vamos a acompañar la decisión de aumentarles a los jubilados el 7,2%”, remarcó el diputado.

En ese sentido, recordó que a principios del año pasado el MID presentó un proyecto donde indicaban que había quedado un desfasaje del 7,2% que debían devolverles a los jubilados. Mencionó que desde el PRO también se había presentado un proyecto que mencionaba la posibilidad de pagar esa diferencia en cuotas.

Al ser consultado sobre los dichos del presidente Milei, quien trató de “genocidas de las generaciones futuras” a quienes no acompañen el veto, Zago lanzó irónicamente: “Pasé de héroe a genocida”.

“En alguna oportunidad fui héroe, que nunca me hice cargo de ser héroe. Nadie es héroe por no acompañar una mejora a los jubilados. No me sentí un héroe. Tampoco me siento en genocida en decir que no», agregó.

Y expuso: “Soy una persona que también acompaño el equilibrio fiscal, la reducción de gastos y un montón de cosas que hicimos desde un principio, que fue parte de nuestra campaña. Pero también fue parte de nuestra campaña la mejora a todos los sectores más postergados, en este caso como son los jubilados”.

En cuanto la ley de emergencia por discapacidad, expuso: “Lo estamos analizando artículo por artículo, porque hay artículos que creo que están correctos y hay artículos que no. Así que eso vamos a adelantar nuestra posición un poquito más adelante, seguramente va a ser la semana que viene”.

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Su salida se da tras fuertes tensiones con laboratorios y denuncias por la importación de vacunas.

La silla del Senasa quedó vacía. Pablo Cortese presentó su renuncia como presidente del organismo sanitario en medio de un conflicto interno que escaló desde las oficinas técnicas hasta el despacho presidencial. La gota que rebalsó el vaso fue una pelea con los laboratorios veterinarios por la importación de vacunas antiaftosa, un escándalo que el Gobierno celebra como un triunfo de desregulación, pero que para la industria local representa un golpe al corazón.

La renuncia de Cortese no fue una sorpresa, pero sí el final anunciado de una pelea que venía creciendo. En menos de ocho meses al frente del Senasa, el funcionario quedó en el centro de una fuerte interna con el gobierno, presiones del sector privado y una denuncia que terminó de empujarlo a dar un paso al costado.

Durante su gestión, Cortese habilitó la importación más fácil de productos veterinarios desde el exterior, con la idea de bajar los costos para el campo. Pero la medida molestó a los laboratorios locales, que salieron a marcarle la cancha. El conflicto se encendió cuando Biogénesis Bagó, uno de los más grandes, le mandó una carta documento por un lote de vacunas que habría ingresado sin los controles habituales. La empresa competidora, Tecnovax, fue quien hizo la importación.

“La carta es totalmente improcedente”, respondió Cortese. Pero la polémica ya estaba instalada. A eso se sumaron tensiones con el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, y el apoyo público del presidente Javier Milei y el ministro Federico Sturzenegger a la desregulación del mercado. Cortese quedó solo.

Desde la Cámara de laboratorios (Caprove) denunciaron que no se trata de una apertura del mercado, sino de un negocio para unos pocos. Y advirtieron que estas medidas ponen en riesgo a una industria que da trabajo directo a más de 8.000 personas y exporta por más de 100 millones de dólares al año.

El quiebre fue la Resolución 338/2025, que permite importar productos veterinarios ya aprobados en países “equivalentes”, sin controles locales. Para el Gobierno fue una victoria: “Vamos a tener vacunas a mitad de precio”, dijo Milei en la Expo Rural. “Nos están estafando”, agregó Sturzenegger.

Cortese, técnico de perfil bajo, no pudo sostenerse frente a tanta presión. Renunció y dejó un organismo clave en medio de una guerra política, sanitaria y comercial.

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