Luego de la publicación, el uñaquista Pablo García Nieto reunió a las cuatro fiscales que trabajan en los estados contables de los municipios.
Viernes en la mañana. El presidente del Tribunal de Cuentas, el uñaquista Pablo García Nieto, convocó a las cuatro fiscales que revisan los estados contables de los 19 municipios. ¿El motivo? La furia de la autoridad del organismo de control del gasto público frente a los datos que publicó 0264 Noticias del ejercicio 2023 de Chimbas, sobre el que pesa la recomendación de la formulación de cargos por unos 212 millones de pesos. De acuerdo a lo que trascendió de fuentes calificadas, el objetivo de la reunión fue tratar de evitar la filtración de información de donde considera que salió a la luz, algo que ha sucedido en otras ocasiones y ha sido difundido por otros medios.
García Nieto desembarcó en el Tribunal el 10 de diciembre de 2023, junto con el giojista Elio Frack como vicepresidente y el uñaquista Juan Flores como vocal permanente. Los tres fueron designados por la Cámara de Diputados el 23 de noviembre de ese año, a propuesta del entonces gobernador Sergio Uñac. Todo se hizo antes de la asunción de Marcelo Orrego en el Ejecutivo, lo que generó duras críticas de lo que era la oposición, hoy oficialismo, por la premura en cubrir los cargos que habían dejado vacante Isaac Abecasis, Graciela Chávez y Aldo Molina.
Los restantes miembros son Enrique Conti, del bloquismo disidente, aliado del orreguismo, y Daniel Pérez Celedón, que tuvo el respaldo del bloquismo orgánico, quienes se desempeñan como vocales transitorios, que duran cuatro años en sus funciones.
En cuanto a García Nieto, fue diputado por Rawson en los períodos 2011 – 2015 y 2015 – 2019, y se desempeñó como presidente del bloque PJ en el final de la gestión giojista y en la primera del uñaquismo. Se candidateó por la Intendencia del departamento, pero perdió en las PASO ante Rubén García y, luego, fue designado como defensor del Pueblo, antes de recalar en el Tribunal.
Es decir, ha ocupado cargos en los que ha ejercido el mando y, ahora, en el organismo de control, trata de disciplinar en donde cree que se ha producido la filtración, indicaron las fuentes.
El desembarco de los últimos peronistas en el Tribunal, sobre todo, de los uñaquistas, no sólo levantó críticas en su momento de referentes del hoy oficialismo, como el vicegobernador Fabián Martín, sino que también ha desatado otras versiones. Ligadas, esencialmente, a que esos actores cumplirían un rol para “presionar” o “ayudar” a exintendentes o actuales jefes comunales del PJ. Es decir, ¿contener o alinear a los díscolos? ¿El control de la información también está dentro de esa función?
Como fuese, una vez que el Tribunal formula los cargos, que es la imputación ante procedimientos administrativos irregulares que deriven en un perjuicio patrimonial para las arcas públicas, las autoridades, ya sean municipales o provinciales, tienen 15 días hábiles, más un extra de un plazo idéntico, para presentar documentación con el fin de salvar y aprobar la cuenta. Si no lo logran, deben devolver el dinero de sus bolsillos.
No obstante, el organismo que hace la ejecución para cobrar ese saldo negativo en las cuentas es Fiscalía de Estado, cuya conducción hoy está en manos del orreguista Sebastián Dávila.
/0264
