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NacionalPolítica & Economía 

El Senado buscará convertir en ley el proyecto de alivio fiscal el 30 de junio.

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El proyecto de Ley de Alivio Fiscal para beneficiar a trabajadores monotributistas y autónomos, que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados, obtuvo dictamen unánime al finalizar una reunión de la Comisión de Presupuesto del Senado en la que se resolvió que el tema sea llevado al recinto el 30 de junio.

La iniciativa, que en Diputados fue respaldada por los bloques del oficialismo y de la oposición, pretende mejorar la situación de alrededor de 4,5 millones de monotributistas y de más de 140.000 autónomos.

“Queremos darle respuesta lo más rápido posible a este tema”, afirmó el jefe del bloque de senadores del Frente de Todos, José Mayans, durante la reunión de la comisión en la que anticipó que “el próximo 30 de junio le daremos tratamiento en el recinto”.

De ese modo, el titular de la bancada oficialista aseguró que el proyecto, que cuenta con el respaldo de Juntos por el Cambio, aunque en disidencia parcial, sea convertido en ley antes del 1 de julio para poder contemplar los nuevos parámetros de facturación en la recategorización semestral.

Para ello, deberá compararse la facturación total del período comprendido entre julio de 2021 y junio de 2022 respecto de estos nuevos parámetros para resolver si es necesario cambiar de categoría.

El proyecto

La iniciativa, presentada originalmente por el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, busca por un lado actualizar la facturación de los monotributistas para evitar que tengan que cambiar de categoría y pagar mayores cuotas y, por otro, aumentar las deducciones de ganancias que pagan los empleados que revisten en la categoría de autónomos.

Los cambios suman nuevos beneficios para los sectores de menor facturación e incrementan en un 60% el monto tope de las primeras cuatro categorías del Monotributo, mientras que en las dos primeras -A y B- se eliminó el pago del componente impositivo.

Las reformas implementadas al proyecto original contemplan que las categorías más bajas del monotributo -A y B- no paguen el componente impositivo, por lo que la cuota mensual será de $288 y $555 por mes, respectivamente.

Para darle progresividad a la medida, este beneficio será para los monotributistas «puros», es decir para quienes no tienen otros ingresos ya sea por jubilaciones, relación de dependencia, rentas financieras o alquiler de inmuebles.

De acuerdo con el dictamen original, la facturación que podrá alcanzar cada categoría del monotributo será la siguiente: Categoría A $ 748.382; Categoría B $1.112.459; Categoría $1.557.443; Categoría D $1.934.273; Categoría E $ 2.277.684,56; Categoría F $ 2.847.105,70; Categoría G $ 3.416.526,83; Categoría H $ 4.229.985,60; Categoría I $ 4.734.330,03; Categoría J $ 5.425.770,00; y Categoría K $ 6.019.594,89.

De esta manera, según se precisó, no incluirá aumento en las cuotas mensuales a pagar, sino que sólo se busca una actualización de los topes máximos de facturación para que los monotributistas no tengan que saltar hacia una escala mayor, o quedar afuera del Régimen Simplificado.

Los cambios impactarán positivamente en la situación económica de 4.498.419 monotributistas, de los cuales el 39% residente en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) y el 61% restante en el resto del país.

Con respecto a los autónomos, el proyecto prevé de 2 a 2,5 veces la deducción especial para autónomos y en triplicar la de nuevos profesionales.

En la reunión de este miércoles, el presidente de la Comisión de Presupuesto, el oficialista riojano Ricardo Guerra, aseveró que el proyecto servirá para resolver la “desactualización que se sufre por el proceso inflacionario y que no implique al monotributista pagar más impuestos, tener que saltar de escala o quedar fuera del régimen”.

Mayans agregó que el Frente de Todos “apoyará el despacho tal como vino” porque “se necesita celeridad en el tema para aliviar la situación de estos sectores”.

A su turno, el vicepresidente de la comisión, el radical chaqueño Víctor Zimmermann, consideró que el proyecto “es un parche mal hecho”, y enfatizó que Juntos por el Cambio pedirá algunos cambios en el recinto, aunque insistió en que la oposición “votará en general a favor de la iniciativa”.

Finalmente, la cordobesa de PRO, Carmen Álvarez Rivero, dijo que “este proyecto tiene un costo mayoritariamente sobre la seguridad social”, al tiempo que sentenció que «lo que hay que resolver es la inflación».

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Milei firmó los vetos de los proyectos que aumentan jubilaciones y la ley de emergencia en discapacidad

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Saldrán publicados en el Boletín Oficial del lunes. Ahora la oposición debería juntar dos tercios para insistir. Las normas habían sido aprobadas por el Senado a comienzos de julio.

El presidente Javier Milei firmó este sábado los vetos a las leyes votadas en el Congreso sobre aumento a jubilaciones y discapacidad.

Los vetos saldrán publicados en el Boletín Oficial del lunes. Ahora la oposición debería juntar dos tercios para insistir. No lo hará en la sesión del miércoles convocada este viernes.

Aunque las normas habían sido aprobadas por el Senado a comienzos de julio, el Poder Ejecutivo dilató la firma del rechazo con una estrategia política: evitar el pronto regreso del debate a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo teme una derrota si se logra el número necesario para rechazar el veto presidencial.

Los proyectos vetados

Los vetos alcanzan a dos normas. Una es la Ley de Movilidad Jubilatoria. Impulsada por la oposición dialoguista y el peronismo, contemplaba una fórmula que combinaba aumentos por inflación y por mejoras salariales, y establecía un piso de incremento mensual que superaba el esquema de actualizaciones por decreto utilizado actualmente por el Gobierno.

La otra es la Emergencia en discapacidad. Declaraba la emergencia en el sector por el recorte de fondos y buscaba garantizar prestaciones básicas, transporte y atención integral. Fue impulsada ante los múltiples reclamos de organizaciones del sector por la discontinuidad de pagos y servicios.

Maniobra dilatoria y negociaciones en marcha

La Casa Rosada se encuentra en plena ronda de negociaciones con gobernadores y bloques parlamentarios aliados con el objetivo de sostener el rechazo a las leyes vetadas.

El oficialismo intenta blindar sus votos mediante ofrecimientos que incluyen el reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), así como acuerdos puntuales con miras a las elecciones nacionales del 26 de octubre.

El Ejecutivo argumenta que las leyes vetadas son “fiscalmente inviables” en el marco del plan de ajuste estructural que impulsa la administración de extrema derecha, con el objetivo de alcanzar el déficit cero. En esa línea, el Presidente ya había anticipado públicamente su decisión de rechazar cualquier norma que implique un aumento del gasto público.

/P12

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Justicia interviene luego de que suspendan contratos millonarios entre una obra social y un socio de Martín Menem

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El dueño de la compañía, Sergio Andrés Aguirre, es socio del presidente de la Cámara de Diputados en otra empresa.

Nuevo cauce judicial luego de la intervención del Gobierno a la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (Osprera): se anunció la suspensión de contratos millonarios con la empresa HTECH Innovation, luego de que se detecte que pertenecía a Sergio Andrés Aguirre, socio de Martín Menem en la compañía TR Nutrition. El hecho se conoce luego de que trascendiera que una compañía de la familia Menem se adjudique de una licitación millonaria por prestar servicios de seguridad al Banco Nación.

La obra social de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) fue intervenida por el Ejecutivo en agosto del 2024, quedando designado Marcelo Petroni en medio de las investigaciones por presunto lavado de dinero. Al detectar irregularidades, ahora el propio interventor decidió dar de baja dos contratos por servicios tecnológicos con la compañía de Aguirre, en simultáneo a la puesta en marcha de una investigación judicial y dos auditorías.

Un informe del canal C5N exhibió las primeras facturas que emitió la compañía a Osprera. correspondientes a noviembre del 2024: son las facturas iniciales de HTECH Innovation (0000001 y 0000002) y se concretaron por montos de $40.251.879 y $7.733.119. Luego se renovaron esos valores mensualmente con sumas de entre $16 millones y $20 millones hasta la actual suspensión, superando los $150 millones de facturación. Otra situación irregular es que HTECH Innovation se constituyó seis meses antes, en abril del 2024.

La causa, radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal n.º 4 de Ariel Lijo, fue impulsada por el extitular de la UATRE, José Voytenco, quien además acusa de asociación ilícita y de desvío de fondos de la obra social a otro dirigente libertario: el diputado nacional Pablo Ansaloni, también extitular del gremio de ruralistas.

La obra social OSPRERA se encuentra intervenida por el Gobierno.

La obra social OSPRERA se encuentra intervenida por el Gobierno.

Por su parte, la resolución de Petroni a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) justifica la decisión de la suspensión de contratos “por la difusión a través de distintos medios de comunicación de presuntas irregularidades en la facturación de una empresa de tecnología contratada por la obra social” corresponde “verificar la efectiva regularidad del servicio” prestado por HTECH Innovation.

Empresa de la familia Menem estará a cargo de la seguridad del Banco Nación

La empresa Tech Security SRL, de la familia Menem, fue adjudicataria de una licitación del Banco Nación por casi $4.000 millones para prestar servicios de vigilancia en edificios de la entidad estatal. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, fue socio hasta el 6 de diciembre de 2023, cuando le cedió las acciones a su hermano.

El contrato al que accedió la compañía es para brindar sus servicios en la casa central de la banca pública, ubicada en Bartolomé Mitre al 300, y en otros cuatro establecimientos: el edificio Maipú, la sede donde acuden los funcionarios y la sucursal ubicada en el Aeroparque Jorge Newbery. La información fue publicada el 4 de julio en el Boletín Oficial, donde se indica que es por un monto total de $3.933.026.507.

El contrato de Tech Security con el Banco Nación es por un período de 24 meses. Sin embargo, cuenta con la opción de dos renovaciones de 12 meses cada una, que podrían ampliar la extensión total del convenio a cuatro años, con un nuevo desembolso de dinero por parte de la entidad pública.

La compañía nació en 2005, a partir de la sanción de la Ley de Seguridad Privada en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, no fue sino hasta 2014 que la familia Menem ingresó en la empresa como socios. Semanas previas a la asunción de Javier Milei, el titular de Diputados figuraba como accionista junto a sus dos hermanos, Adrián y Fernando Menem.

/ámbito

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Cristina Kirchner cruzó a Milei por el dólar: «Le echás la culpa a la amiga de Videla, cobarde»

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La dos veces presidenta le cuestionó a Milei argumentar que la disparada del 4% del dólar en un día fue por culpa de Victoria Villarruel y el kirchnerismo.

Tras la fuerte escalada del dólar y su inminente pasaje a precios, la exmandataria Cristina Kirchner cuestionó al presidente Javier Milei y a su ministro de Economía, Luis Caputo, al recriminarles que «lo único que se les ocurre» es participar de una entrevista y «echarle la culpa a la amiga de Videla y a los kukas», en referencia a su Vice, Victoria Villarruel, y al peronismo. 

«¿Y a vos y al Toto Caputo lo único que se les ocurre es ir a un streaming a echarle la culpa a la amiga de Videla (tu vicepresidenta) y a los ‘kukas’? ¡Ves que sos un Presidente muy cobarde!», escribió Cristina Kirchner en su cuenta de X.

https://twitter.com/CFKArgentina/status/1951294195940962613

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