Trascendió que el gobierno libertario tomó la decisión de modificar dos impuestos que impactan en los fondos que llegan a las provincias. El sanjuanino minimizó el asunto a la espera de una confirmación.

El gobierno nacional de Javier Milei dejó trascender la aplicación de dos medidas que tienen impacto en impuestos que van a coparticipación de las provincias. Pese a que existe enojo por parte de gobernadores del PRO o espacios aliados al libertario, el mandatario sanjuanino Marcelo Orrego, sostuvo que no está confirmada la medida y destacó la buena relación que tiene con la administración nacional.

Se trata de decisiones desde ARCA. Una de las medidas es la aplicación de un nuevo esquema de los anticipos anuales de Ganancias, eliminando el anticipo del 25% que las empresas pagaban en junio y que luego se completaba en 9 cuotas de 8,33%. Pero ahora, eliminado el anticipo de mitad de año, se dividirá todo en 9 cuotas de 11,11%. Y el otro es un cambio en el esquema de retenciones del IVA a las operaciones aduaneras. La modificación deja de retener el impuesto a las importaciones.

Orrego fue prudente al mencionar que ‘todavía está muy engorroso eso, no ha habido palabra oficial, hubo algunas intervenciones de algunos funcionarios, pero no hay una noticia oficial. Y hablar sobre lo que no es público todavía u oficial, me parece que hay que esperar un poco más’.

El sanjuanino destacó que la relación que tiene con Nación, pero también destacó su rol ante los habitantes de la provincia: ‘Tengo una muy buena relación con el gobierno nacional, porque creo que no solo es deseable, sino es necesario tener, habida cuenta que el 85% de los recursos que recibe o con lo que vive en nuestra provincia son recursos nacionales, pero a los sanjuaninos yo los defiendo a muerte, sea con quién o contra quién, porque en definitiva yo estoy acá por ellos y el único compromiso que tengo es con la gente.

La recaudación, hoy si bien está bajando, pero una cuestión que pasa en todas las provincias. Claramente nosotros vamos a defender los intereses de San Juan, cueste lo que cueste’, concluyó Orrego.

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Se trata de una camioneta Ford F-100 perteneciente a la Municipalidad de Calingasta. El vehículo fue sustraído del predio ubicado en calles San Martín y Proyectada.

En un hecho que genera preocupación en Calingasta y puso en alerta a las autoridades municipales.

El intendente de Calingasta, Sebastián Carvajal, denunció en la Policía, la sustracción de una camioneta municipal ocurrida en la noche el fin de semana en el obrador de Barreal.

El vehículo fue sustraído por tres personas, entre ellas un empleado municipal y un gendarme en actividad, quienes se encontraban consumiendo alcohol en instalaciones del municipio, según contó el intendente en Radio Sarmiento.

Según relató el jefe comunal, el episodio comenzó alrededor de las 22:00, cuando recibió un llamado del encargado del sistema de monitoreo que alertó sobre movimientos inusuales captados por las cámaras de seguridad en el obrador. Al dirigirse al lugar junto al secretario de Gobierno, Andrés Escuela, constataron la ausencia de una camioneta Ford F100 perteneciente al parque automotor municipal.

«Nos enviaron los videos y vimos claramente cómo el sereno, junto a dos personas desconocidas, sacaban la camioneta del lugar. Inmediatamente, dimos aviso a la policía y comenzamos la búsqueda por todo el pueblo», señaló Carvajal.

La búsqueda terminó con la detención de los implicados, quienes se encontraban bajo los efectos del alcohol y ofrecieron resistencia al ser aprehendidos por efectivos de la Seccional 33 de Barreal.

El intendente detalló que en el lugar del hecho se encontraron numerosas cajas y latas de cerveza, y que incluso los involucrados habían hecho una fogata dentro del predio.

«Accedieron a las llaves de los vehículos, que estaban en poder del sereno. Imagínese si además de robar la camioneta les daba por encender otra maquinaria pesada como una motoniveladora, o si provocaban un accidente», advirtió con preocupación.

Entre los detenidos, se identificó a Cristian Maia, empleado contratado como sereno, y a un gendarme en actividad, presuntamente con rango de cabo, que se encontraba de licencia tras regresar de una patrulla. La tercera persona no fue identificada oficialmente por el intendente.

«Es inadmisible. El empleado municipal ya no pertenece más a la planta. Vamos a terminar su contrato de inmediato», aseguró Carvajal, al tiempo que agradeció la rápida intervención de la policía local y expresó su preocupación por el impacto que este hecho genera en el funcionamiento diario del municipio.

«La camioneta, si bien no es nueva, es de uso cotidiano y clave para muchas tareas. Ahora queda fuera de servicio hasta que se resuelva su situación judicial», explicó el jefe comunal.

Finalmente, el intendente reflexionó sobre la gravedad del suceso. «Estamos haciendo un esfuerzo enorme para equipar al municipio. Cada herramienta, cada vehículo que adquirimos tiene un valor enorme para nosotros. Este tipo de irresponsabilidades no se pueden permitir. Afortunadamente no hubo que lamentar daños mayores, pero esto pudo haber terminado en tragedia».

La investigación ahora está en manos de la Justicia, que deberá determinar los cargos y responsabilidades de los involucrados.

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Un nuevo portal inaugurado hace unos días se convirtió en el colmo de la guerra interna que divide al máximo tribunal. Mientras Lorenzetti maneja el CIJ, Rosatti y Rosenkrantz lanzaron «Justicia.ar». Cada facción exhibe en ellos sus rivalidades, sus antipatías y sus disputas por la influencia, que insumen cuantiosos recursos. 

Son tres jueces los que quedaron en la Corte Suprema y, desde hace unos pocos días, tienen dos portales web que exhiben sus intereses y marcos de alianzas. Toda excusa es buena en la cima del Poder Judicial argentino para exhibir sus rivalidades, sus antipatías y sus disputas por la influencia. Mientras una web cuenta con el auspicio de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz; la otra es la marca registrada de Ricardo Lorenzetti, que aprovechó para enrostrarles a sus colegas que tienen el “ilusorio deseo de ocupar espacios de poder interno”. La pelea, que insume cuantiosos recursos, muestra al máximo tribunal encerrado en una lucha de egos y de internas palaciegas.

El 24 de abril pasado, la Corte informó el nacimiento de Justicia.ar, que se presenta como “el portal de la justicia argentina”. En la gacetilla que distribuyeron desde el cuarto piso del Palacio de Justicia, se explicaba que el sitio ofrece información pública sobre el funcionamiento, organización, servicios para la ciudadanía y novedades institucionales de todos los poderes judiciales del país.

La decisión de crear un nuevo portal fue adoptada el año pasado por Rosatti,  Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, cuando todavía integraba el tribunal. Lorenzetti, por el contrario, se opuso con furia: dijo que ya existía para eso el Centro de Información Judicial (CIJ), que se había creado durante su presidencia.

El CIJ se puso online en octubre de 2008 y, desde 2009, funcionaba como una agencia de noticias del Poder Judicial. La creación de ese portal fue impulsada por Lorenzetti en la Conferencia Nacional de Jueces y Juezas que se hizo en Santa Fe en 2006. Al año siguiente, asumió como presidente del tribunal y avanzó con su puesta en marcha.

La pelea por la comunicación de lo que sucede en la Corte es de vieja data. Nunca quedó tan expuesta como después del golpe palaciego del 11 de septiembre de 2018 con el que Rosenkrantz, Rosatti y Elena Highton de Nolasco desplazaron a Lorenzetti como titular del alto tribunal.

La primera batalla que libraron Rosenkrantz y Lorenzetti fue justamente por la comunicación de la Corte y particularmente por el control del CIJ. Fue una discusión con ribetes escandalosos e incluyó cartas públicas y resoluciones de los cortesanos. Lorenzetti acusaba a Rosenkrantz de querer privatizar el CIJ y Rosenkrantz le respondía que le tenían que dar las claves porque el portal dependía de la presidencia del tribunal. Según contó Irina Hauser en su libro Rebelión en la Corte, los supremos casi abandonan el género epistolar y se van a las manos en la previa de una reunión con jueces de otros países que habían venido por la cumbre del G20 convocada por el entonces presidente Mauricio Macri.

Por el momento, conviven Justicia.ar, el CIJ, la web de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la del Consejo de la Magistratura –que también preside Rosatti– y la del Poder Judicial de la Nación (PJN).

Las críticas

Un rato después del anuncio del nacimiento de Justicia.ar, Lorenzetti contraatacó desde su trinchera, el CIJ. Allí se publicó la que había sido su disidencia en la resolución 2512/2024, a través de la cual sus colegas resolvieron crear un nuevo portal. “La Constitución ha conferido a la Corte Suprema la trascendente misión de sostener la independencia del Poder Judicial y proteger los derechos de los ciudadanos. Esa función se desnaturaliza cuando se desciende al ilusorio deseo de ocupar espacios de poder interno”, arrancaba el supremo.

En ese momento, Lorenzetti acusaba al resto de los cortesanos de tomar “decisiones apuradas para crear oficinas, direcciones e ingresos de personal, afectando la eficaz utilización de recursos, como pocas veces se ha visto en este tribunal”. Entonces, les achacaba que se apuraban porque Javier Milei había postulado a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para ocupar un lugar en la Corte. El tema terminó mal: el Presidente los designó en comisión porque no había conseguido el aval de los dos tercios del Senado. La Cámara Alta se puso en marcha, y García Mansilla consiguió la mayoría calificada –pero en contra. Lijo nunca dejó su juzgado en el tercer piso de Comodoro Py.

Lorenzetti, además, les decía a sus colegas que la idea del portal era vieja, que ya se había querido implementar 20 años atrás y que había fracasado por la diferencia de criterios entre la Corte y las justicias provinciales. Sostenía que el CIJ tiene un lugar consolidado: de hecho, allí se puede acceder a sentencias de tribunales orales y cámaras revisoras, y también ver la asignación de distintas denuncias que hace la Cámara Federal de Comodoro Py.

Además, Lorenzetti les reprochaba a los otros cortesanos que se había “reemplazado un sistema institucional de comunicación por uno basado en rumores”. 

En el cuarto piso del Talcahuano 550, si hay algo que no se respira es paz. Al momento de dejar la Corte, García-Mansilla, también afecto al género epistolar, escribió una larga carta en la que decía que el tribunal demoraba la resolución de 90.000 expedientes. 

Una política de olvido

La existencia del portal se difundió dos días después de que se cumplieran los 40 años del Juicio a las Juntas, piedra fundamental de la reconstrucción democrática. Desde la Corte no se conocieron homenajes a quienes participaron de ese proceso que se extendió entre abril y diciembre de 1985.

En Justicia.ar hay apartados dedicados a distintas políticas públicas que impulsa el Poder Judicial: acceso a la justicia, género, transparencia, lenguaje claro, estadísticas, juicios por jurados e inteligencia artificial. Sorprendió que, por ejemplo, no se dedicara un apartado a los procesos por crímenes de lesa humanidad que hicieron de Argentina un ejemplo en el mundo. De hecho, hubo organismos de derechos humanos, como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que le pidieron formalmente a la Corte que facilitara el seguimiento de los expedientes vinculados a los delitos cometidos durante los años del terrorismo de Estado.

En la Corte se registran retrasos en estas causas, lo que incluso derivó en una presentación de los organismos ante la Organización de Naciones Unidas (ONU). La Corte entonces respondió que las causas de lesa humanidad estaban dentro de sus prioridades, pero se esmera en no demostrarlo.

El “olvido” podría enmendarse. Desde el máximo tribunal dijeron que irán sumando “otras funcionalidades”, pero llamó la atención la omisión justo cuando se recordaba el 40º aniversario del juicio a los excomandantes.

El portal depende de la Secretaría de Desarrollo Institucional, que está dentro de la órbita de Rosenkrantz, impulsor del fallo del 2×1 para los represores de la última dictadura –sentencia de la que se cumplieron ocho años el sábado. La Secretaría de Desarrollo Institucional está actualmente a cargo de Juan Pablo Lahitou, que llegó a la Corte de la mano de Rosenkrantz. 

Hasta que lo convocó el supremo, Lahitou se había desempeñado como el número dos de la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN) del gobierno de Cambiemos. Lahitou era la mano derecha de Bernardo Saravia Frías, funcionario que fue investigado como uno de los integrantes de la llamada “mesa judicial” macrista y sobreseído por la jueza María Eugenia Capuchetti, que cerró la causa entre gallos y medianoche. Lahitou tiene un pasado vinculado a los portales judiciales. Había sido cofundador del blog Todo sobre la Corte.

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