El Estado argentino podría presentarse como querellante en el juicio que se realizará en Roma por delitos de lesa humanidad contra un represor de la última dictadura cívico-militar, quien se refugió en Italia para eludir a la justicia argentina y cuya extradición fue denegada por esa nación europea.

Según explicó desde Italia a Télam el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, se trata de la causa abierta en ese país contra el exmilitar argentino Carlos Luis Malatto, teniente coronel del RIM 22 -Regimiento 22 de Infantería de Montaña de San Juan-, acusado de la desaparición y muerte de unas 30 personas en esa provincia en la década del `70.

«Es la primera vez que el Estado argentino se está presentando activamente querellando, impulsando y acompañando los juicios que se están llevando adelante en Italia«, destacó Pietragalla Corti.

De hecho, el secretario de DDHH mantuvo en las últimas horas en Roma una reunión con los fiscales italianos Laura Condemi y Francesco Dall’Olio, a cargo de la causa contra Malatto.

«En el encuentro conversamos sobre la posibilidad de que el Estado argentino se presente como parte damnificada en la investigación contra Malatto por delitos cometidos durante la última dictadura, cuando actuó en el Regimiento de Infantería 22 de la provincia de San Juan», expresó el funcionario a través de su cuenta en la red social Twitter.

Además, entre sus actividades de este miércoles en Roma, Pietragalla Corti fue invitado especial de una nueva proyección del episodio «Desaparecidos» en el programa en vivo Spotlive (columna de análisis de la RaiNews24 -Radio y Televisión Italiana-).

Acompañado por Vera Vigevani, integrante de Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora, el secretario asistió a la transmisión del documental enfocado en la historia de Malatto y de José Néstor Troccoli, también represor, pero uruguayo.

Ambos, acusados de desapariciones forzadas y asesinatos cometidos por los gobiernos militares durante la década del ’70 en Argentina y Uruguay, huyeron y se refugiaron en Italia para evadir la justicia de sus respectivos países.

Italia lleva adelante varias investigaciones relacionadas con el Plan Cóndor, la coordinación represiva desarrollada en esos años por las dictaduras militares del Cono Sur.

En sus posteos, Pietragalla Corti recordó que el expediente contra Malatto se inició en Italia luego de que ese país rechazara su extradición en el 2014.

Indicó que la Secretaría de Derechos Humanos «aportó pruebas documentales y testimonios para darle impulso (a la investigación)», con el objetivo de que «se obtenga justicia y reparación para las víctimas y sus familias».

Durante su estadía en Roma, el funcionario se reunió también con Mauro Palma, garante nacional de los Derechos de las Personas Privadas de Libertad Personal de Italia, expresidente del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y excoordinador de la Ejecución Penal en Europa.

«El organismo que preside Palma cumple un rol similar al Comité Nacional contra la tortura en nuestro país. Dialogamos sobre el rol fundamental que tienen estas instituciones en ambos países», escribió Pietragalla en Twitter.

El Estado argentino también podría presentarse como querellante, según explicó Pietragalla Corti a Télam, en la causa italiana que tiene como imputado a Troccoli, por tratarse de un exmilitar uruguayo acusado del crimen del militante peronista José Agustín Potenza, secuestrado en el país vecino en 1977.

Los restos de Potenza -hallados en una fosa común en Paraguay- fueron identificados en el 2016 por Equipo Argentino de Antropología Forense.

Un tercer caso en manos de la justicia italiana es el que involucra al excapellán militar en San Rafael, Mendoza, Franco Reverberi Boschi, acusado de crímenes de lesa humanidad, entre ellos el asesinato del militante político José Guillermo Berón.

El 30 de este mes la Corte de Apelaciones de Bolonia resolverá si concede la extradición de Reverberi Boschi, cuya participación en la represión ilegal de la última dictadura quedó expuesta en el primer juicio de lesa humanidad que se realizó en Mendoza en el 2010.

Estos casos fueron parte de un trabajo periodístico conjunto realizado por Télam y la RaiNews, publicado en marzo del 2021 en vísperas de un nuevo aniversario del 24 de marzo de 1976, que se llamó «Los 600 cuerpos: la identidad cancelada de los desaparecidos».

El documental parte de una investigación sobre las huellas de los dos exoficiales Malatto y Troccoli, que llegaron a Italia escapando de los juicios por las masacres, y en torno a las decenas de miles de desapariciones forzadas ocurridas en el marco del «Plan Cóndor«.

Esa investigación dejó ver también el trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que desde 1984 recuperó más de 1.500 cuerpos de fosas comunes e identificó a 850 a través de cotejos de ADN. Otros 600 cadáveres aún no tienen nombre y entre ellos podrían estar los 65 italianos que desaparecieron en la dictadura cívico militar.

El material periodístico incluyó explicaciones históricas sobre lo que significó la dictadura argentina y el Plan Cóndor, que permitía el traslado clandestino de los presos políticos entre los distintos países del Plan, pero también algunos «escraches» a dos exponentes de dictaduras latinoamericanas acusados de la muerte de varias personas y que todavía viven en libertad en Italia.

Uno de ellos es Malatto, cuyo juicio está en etapa de instrucción, y el otro es Troccoli, quien trabajaba para los servicios secretos de la marina uruguaya, en el contexto del Plan Cóndor y fue condenado a cadena perpetua en Italia, en un fallo que todavía no está firme.