Sociedad Sucesos
El Estado podría ser querellante en el juicio en Roma contra el represor Carlos Luis Malatto.
El Estado argentino podría presentarse como querellante en el juicio que se realizará en Roma por delitos de lesa humanidad contra un represor de la última dictadura cívico-militar, quien se refugió en Italia para eludir a la justicia argentina y cuya extradición fue denegada por esa nación europea.
Según explicó desde Italia a Télam el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, se trata de la causa abierta en ese país contra el exmilitar argentino Carlos Luis Malatto, teniente coronel del RIM 22 -Regimiento 22 de Infantería de Montaña de San Juan-, acusado de la desaparición y muerte de unas 30 personas en esa provincia en la década del `70.
«Es la primera vez que el Estado argentino se está presentando activamente querellando, impulsando y acompañando los juicios que se están llevando adelante en Italia«, destacó Pietragalla Corti.
De hecho, el secretario de DDHH mantuvo en las últimas horas en Roma una reunión con los fiscales italianos Laura Condemi y Francesco Dall’Olio, a cargo de la causa contra Malatto.
«En el encuentro conversamos sobre la posibilidad de que el Estado argentino se presente como parte damnificada en la investigación contra Malatto por delitos cometidos durante la última dictadura, cuando actuó en el Regimiento de Infantería 22 de la provincia de San Juan», expresó el funcionario a través de su cuenta en la red social Twitter.
Además, entre sus actividades de este miércoles en Roma, Pietragalla Corti fue invitado especial de una nueva proyección del episodio «Desaparecidos» en el programa en vivo Spotlive (columna de análisis de la RaiNews24 -Radio y Televisión Italiana-).
Acompañado por Vera Vigevani, integrante de Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora, el secretario asistió a la transmisión del documental enfocado en la historia de Malatto y de José Néstor Troccoli, también represor, pero uruguayo.
Ambos, acusados de desapariciones forzadas y asesinatos cometidos por los gobiernos militares durante la década del ’70 en Argentina y Uruguay, huyeron y se refugiaron en Italia para evadir la justicia de sus respectivos países.
Italia lleva adelante varias investigaciones relacionadas con el Plan Cóndor, la coordinación represiva desarrollada en esos años por las dictaduras militares del Cono Sur.
En sus posteos, Pietragalla Corti recordó que el expediente contra Malatto se inició en Italia luego de que ese país rechazara su extradición en el 2014.
Indicó que la Secretaría de Derechos Humanos «aportó pruebas documentales y testimonios para darle impulso (a la investigación)», con el objetivo de que «se obtenga justicia y reparación para las víctimas y sus familias».
Durante su estadía en Roma, el funcionario se reunió también con Mauro Palma, garante nacional de los Derechos de las Personas Privadas de Libertad Personal de Italia, expresidente del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y excoordinador de la Ejecución Penal en Europa.
«El organismo que preside Palma cumple un rol similar al Comité Nacional contra la tortura en nuestro país. Dialogamos sobre el rol fundamental que tienen estas instituciones en ambos países», escribió Pietragalla en Twitter.
El Estado argentino también podría presentarse como querellante, según explicó Pietragalla Corti a Télam, en la causa italiana que tiene como imputado a Troccoli, por tratarse de un exmilitar uruguayo acusado del crimen del militante peronista José Agustín Potenza, secuestrado en el país vecino en 1977.
Los restos de Potenza -hallados en una fosa común en Paraguay- fueron identificados en el 2016 por Equipo Argentino de Antropología Forense.
Un tercer caso en manos de la justicia italiana es el que involucra al excapellán militar en San Rafael, Mendoza, Franco Reverberi Boschi, acusado de crímenes de lesa humanidad, entre ellos el asesinato del militante político José Guillermo Berón.
El 30 de este mes la Corte de Apelaciones de Bolonia resolverá si concede la extradición de Reverberi Boschi, cuya participación en la represión ilegal de la última dictadura quedó expuesta en el primer juicio de lesa humanidad que se realizó en Mendoza en el 2010.
Estos casos fueron parte de un trabajo periodístico conjunto realizado por Télam y la RaiNews, publicado en marzo del 2021 en vísperas de un nuevo aniversario del 24 de marzo de 1976, que se llamó «Los 600 cuerpos: la identidad cancelada de los desaparecidos».
El documental parte de una investigación sobre las huellas de los dos exoficiales Malatto y Troccoli, que llegaron a Italia escapando de los juicios por las masacres, y en torno a las decenas de miles de desapariciones forzadas ocurridas en el marco del «Plan Cóndor«.
Esa investigación dejó ver también el trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que desde 1984 recuperó más de 1.500 cuerpos de fosas comunes e identificó a 850 a través de cotejos de ADN. Otros 600 cadáveres aún no tienen nombre y entre ellos podrían estar los 65 italianos que desaparecieron en la dictadura cívico militar.
El material periodístico incluyó explicaciones históricas sobre lo que significó la dictadura argentina y el Plan Cóndor, que permitía el traslado clandestino de los presos políticos entre los distintos países del Plan, pero también algunos «escraches» a dos exponentes de dictaduras latinoamericanas acusados de la muerte de varias personas y que todavía viven en libertad en Italia.
Uno de ellos es Malatto, cuyo juicio está en etapa de instrucción, y el otro es Troccoli, quien trabajaba para los servicios secretos de la marina uruguaya, en el contexto del Plan Cóndor y fue condenado a cadena perpetua en Italia, en un fallo que todavía no está firme.
San JuanSociedad Sucesos
Un hombre murió durante la madrugada, mientras trabajaba en una calera de Albardón
Sucedió en las primeras horas de este miércoles. El fallecimiento del trabajador de 53 años es investigado como “muerte dudosa en el ámbito laboral”.
Un trágico hecho se registró durante la madrugada de este miércoles en una calera de Albardón. Sucedió después de que un horno fallara y uno de los trabajadores subiera a repararlo, se descompensara y falleciera en el lugar. Las autoridades intervinieron de inmediato y el caso es investigado como “muerte dudosa en el ámbito laboral”.
Según informaron desde la UFI Delitos Especiales, el hecho se registró alrededor de las 2:45 de este miércoles 28 de mayo, en la calera Calindra, ubicada en la localidad albardonera La Laja.
Allí, Dario Fernandez, de 53 años, se dedicaba a tareas de mantenimiento y electricidad en el horno calero identificado como número 3. Fue mientras desarrollaba su tarea que la computadora de la máquina advirtió sobre una falla en el motor.
Debido a que el horno en cuestión se encuentra en el piso numero 11 (último piso), Fernandez y un compañero comenzaron a subir para analizar qué sucedía e intentar reparar la falla.
Sin embargo, cuando habían subido a una altura aproximada de 50 metros, donde se encuentra el motor, y al querer iniciar las tareas de mantenimiento, Fernandez se desplomó y cayó tendido al suelo, muriendo en el acto.
Sus compañeros dieron aviso inmediato al 911 y, como consecuencia, llegó al lugar personal de Delitos Especiales, de Bomberos y de Criminalística. Al analizar el cuerpo no observaron signos de violencia de terceros ni indicios de criminalidad y tampoco notaron señales de este tipo en la escena del hecho.
Por su parte, el médico legista informó que el cuerpo no presentaba lesiones, ni signos de electrocución. Como consecuencia, el cuerpo fue trasladado para su autopsia, con el fin de continuar investigando el caso.
En el hecho, intervinieron los funcionarios judiciales intervinientes Nicolas Schiattino e Ignacio Dominguez.
/SJ8
El proceso por “picadas ilegales” quedó en pausa luego de que la defensa solicitara esperar la resolución de una impugnación sobre una sentencia de sobreseimiento que aún no está firme.
Este martes 27 de mayo comenzó la audiencia de control de acusación contra Juan Pablo Echegaray, imputado por el delito de pruebas de velocidad no autorizadas, comúnmente conocidas como picadas. Sin embargo, el proceso fue suspendido luego de un planteo realizado por su defensa. El juez Javier Figuerola aceptó postergar el control de acusación hasta que quede firme el sobreseimiento del joven por el homicidio culposo de Lucía Rubiño, con la adhesión tanto de la fiscalía como de la querella.
Con esta decisión, Echegaray no será juzgado por el momento por uno de los delitos que se le atribuyeron desde el inicio de la causa.
El hecho por el cual se lo acusa de realizar picadas ocurrió en la madrugada del 15 de octubre de 2023, pocas horas antes del siniestro que le costó la vida a Lucía Rubiño, en el barrio Profesionales de Rivadavia. Según la investigación, Echegaray habría hecho destrezas peligrosas con su camioneta Toyota Hilux, poniendo en riesgo a terceros.
Para el fiscal Iván Grassi, el delito de conducción temeraria quedó acreditado. Por ello, solicitaria una pena de dos años de prisión en suspenso y cuatro años de inhabilitación para conducir.
Durante la audiencia, la defensa argumentó que avanzar en el proceso sin una resolución definitiva sobre esa impugnación podría vulnerar las garantías procesales del acusado. En ese contexto, se planteó que continuar por vías separadas generaría un perjuicio para el imputado, motivo por el cual se solicitó la suspensión hasta que el tribunal de impugnación emita un fallo definitivo.
Desde la fiscalía adhirieron al planteo de la defensa, bajo el argumento de no hacer declarar dos veces a los mismos testigos (economía procesal), ya que algunos de ellos prestaron testimonio en el caso de Lucia Rubiño. La querella también estuvo de acuerdo.
Finalmente, el juez Figuerola, quien había dispuesto previamente el sobreseimiento de Echegaray a pedido del Ministerio Público, resolvió hacer lugar al planteo defensivo. Por el momento, el futuro del proceso queda supeditado a la decisión del tribunal de impugnación. Solo cuando esa sentencia esté firme se sabrá cuando se retomará la audiencia de control de acusación y la elevación a juicio.
/SJ8
Lo confirmaron fuentes judiciales tras la rueda de reconocimiento. El sospechoso permanecerá detenido.
Este viernes, la Justicia dio un paso clave en el caso de la mujer que fue abusada sexualmente en un callejón, ubicado en Los Sauces entre Calles 13 y14, en Pocito, el sábado 17 de mayo pasado. Es que la víctima reconoció a su agresor.
Cerca de las 13, se llevó adelante la rueda de reconocimiento, donde estaba el sospechoso que fue detenido el martes pasado. Además, había otros hombres con características físicas similares. En este marco, la víctima reconoció de forma fehaciente al sujeto que la atacó sexualmente en aquel callejón el fin de semana pasado.
Con esta prueba clave, el sujeto será imputado por abuso sexual con acceso carnal, amenazas y robo (debido a que se llevó el celular y la bicicleta de la víctima luego de atacarla). En este contexto y con la pena que implica los delitos por los que será investigado, permanecerá en prisión preventiva durante el proceso
Cómo dieron con el sospechoso de la violación
Para dar con el sujeto, hubo dos pistas clave que siguieron los investigadores. Por un lado, las cámaras de seguridad de la zona. Por otro, dieron con el celular de la víctima, que lo tenía un sujeto a quien se lo había vendido el sospechoso.
Estas pruebas fueron clave para poder identificar y ubicar al sujeto señalado como sospechoso. Además, reúne las características físicas denunciadas.
En tanto que la bicicleta de la víctima fue hallada en inmediaciones de Calle 13 y Ruta 40, la cual será peritada para buscar evidencia.
/SJ8
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