Dio lugar a un amparo presentado por el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines que advirtió que el cierre busca «concluir la aniquilación de los organismos estatales».

El Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín N° 2 dio lugar a la medida cautelar que impide el cierre de Vialidad Nacional. El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines había presentado un recurso de amparo ante la Justicia para declarar como inconstitucional el decreto firmado por el presidente Javier Milei que se publicó en el Boletín Oficial el pasado 7 de julio.

La medida del gremio, que contó con el patrocinio de los abogados Eduardo Barcesat y Daniel Valmaggia, busca «la declaración de inconstitucionalidad, por ilegalidad y arbitrariedad manifiesta (art. 43, primer y segundo párrafo, C.N.) del Decreto Delegado 461/25″. El caso quedó a cargo del Juzgado Nacional del Trabajo N°23, a cargo de la jueza Marta Rey.

La medida busca impugnar el decreto 461/2025 por el cual se disolvió esa Dirección Nacional: alegan que viola derechos laborales y que el Ejecutivo no tiene la potestad para tomar la medida. Según el argumento de la presentación, el decreto es considerarlo inconstitucional y “violatorio de derechos laborales y humanos fundamentales”. El objetivo central es preservar el organismo que ostenta más de 93 años de historia y tiene presencia con más de 5 mil empleados en toda la Argentina, octavo país del mundo en extensión territorial.

La presentación del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines ante la Justicia se produjo luego del anuncio de Manuel Adorni sobre el cierre de Vialidad Nacional, que luego fue oficializado en el Boletín Oficial. «Este organismo se inventó para simplificar la corrupción», advirtió el vocero presidencial en una conferencia de prensa en la Casa Rosada el 7 de julio.

En este marco, señaló que «el Gobierno dará la apertura de la licitación de 9.120 kilómetros de ruta, que tras décadas de despilfarro y corrupción, se vieron degradadas como nunca antes en la historia de nuestro país».

Los argumentos

Con el patrocinio de los doctores Eduardo Barcesat y Daniel Valmaggia, el escrito radicado en el Juzgado Nacional del Trabajo Nº23, a cargo de Marta Rey reclama “la declaración de inconstitucionalidad, por ilegalidad y arbitrariedad manifiesta (art. 43, primer y segundo párrafo, C.N.) del Decreto Delegado 461/25”, del que se valió el presidente Javier Milei para “concluir la aniquilación de los organismos estatales, con afectación a la permanencia de la fuente de trabajo, así como la estabilidad de los trabajadores y servidores públicos comprendidos por las áreas de seguridad vial, ciencias y tecnologías aplicadas, y la salud pública”.

En total son 5.245 empleados en la DNV. El amparo reclama que, en caso de sostenerse el cierre del organismo, los trabajadores/as sean absorbidos por otras reparticiones con los mismo derechos, condiciones, antigüedad y beneficios. En tanto, la medida cautelar de no innovar busca que mientras avance el expediente judicial se garantice el cobro de los salarios y la continuidad laboral.

Entre los argumentos, los demandantes aseguran que la ley Bases y las facultades delegadas no le dieron la potestad al Poder Ejecutivo de disolver entes como Vialidad Nacional. Es porque el Artículo 76 de la Constitución Nacional prohíbe la delegación legislativa al Ejecutivo, salvo en algunas excepciones y por un límite determinado de tiempo. De esta manera, afirman que la eliminación de la DNV, que es autárquica y creada por ley, no puede ser vía decreto ni por facultades delegadas.

Romper antes que mantener

El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Gustavo Weiss, cuestionó el cierre de Vialidad Nacional anunciado por el Gobierno, junto a la concesión en manos privadas de 9.120 kilómetros de rutas en todo el país. Aseguró que «se entró en un nuevo mundo desconocido» y puso duda la aplicación de la medida y el futuro del organismo.

“No tenemos idea de cómo van a ser los próximos pasos ni cómo va a funcionar (la medida)», señaló el titular de Camarco a Ámbito, a la vez de resaltar que “en todos los países hay un organismo como Vialidad” aunque en Argentina “está todo concentrado”.

Por su parte, según datos de Cámara Argentina de la Construcción, el mantenimiento anualmente del sistema vial, nacional y provincial, tienen un valor de u$s4.213 millones, pero recuperar una infraestructura deteriorada implica un desembolso de hasta u$s40.773 millones.

/Ed

El Departamento de Justicia estadounidense se presentará ante la Cámara de Apelaciones neoyorquina. Mientras tanto, rige una suspensión momentánea de la decisión que ordenaba entregar el 51% de las acciones de la petrolera.

El gobierno estadounidense de Donald Trump anunció que presentará un amicus en la Justicia para apoyar a la Argentina en la suspensión del fallo que dispuso la entrega del 51% de las acciones de la petrolera estatal YPF.

El respaldo legal del Departamento de Justicia norteamericano será interpuesto ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York buscando suspender la cesión de las acciones ordenada por la jueza Loretta Preska mientras tramita la apelación argentina.

Actualmente rige una suspensión momentánea del fallo, por parte del tribunal superior, hasta que las partes presenten los argumentos de apelación. La intervención del gobierno de Estados Unidos apunta a que la pausa en la medida se extienda durante todo el tiempo que dure el proceso de apelación de fondo.

El antecedente bajo el gobierno de Biden

El Departamento de Justicia bajo el mandato de Joe Biden ya había presentado un amicus pidiendo rechazar la solicitud de los fondos Burford y Eton Capital de quedarse con activos de YPF. En aquella oportunidad, el gobierno norteamericano consideró en el apoyo legal a la Argentina que una medida como la de entregar acciones de YPF “viola las normas de inmunidad soberana de Estados Unidos”.

A pesar del pronunciamiento formal de la Casa Blanca, Preska lo desestimó fallando desfavorablemente sobre Argentina. En este caso, el nuevo respaldo busca poder torcer la decisión y evitar que el país sea obligado a desprenderse de los papeles de la petrolera de forma inmediata.

/P12

Tendrán un plazo de diez días hábiles para hacerlo. De lo contrario, el tribunal determinó que sean ejecutados los bienes de los condenados que sirvan a esos fines.

El Tribunal Oral Federal N.º 2 ordenó este martes la ejecución del decomiso económico en la causa Vialidad, en la que fue condenada Cristina de Kirchner. En total, l os nueve condenados deberán pagar a fines de julio casi $685.000 millones. De no hacerlo, podrían ser ejecutados los bienes a nombre de los afectados.

Además de Cristina de Kirchner, fueron intimados Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti, Mauricio Collareda, Raúl Daruich, Raúl Pavesi, josé Raúl Santibáñez y Juan Carlos Villafañe, todos condenados en la causa Vialidad. El dinero deberá ser depositado en una cuenta judicial abierta en el Banco Nación a nombre del tribunal. El monto reclamado es $684.990.350.139,86.

No queda claro cuánto debería pagar cada persona. El tribunal no determina cómo se reparte el monto del decomiso, solo menciona la suma total que debe ser pagada y las medidas generales para asegurar el cumplimiento de la sentencia. Entre ellos, el decomiso en caso de no abonar en el tiempo determinado.

Vale recordar que las personas afectadas ya tienen bienes embargados por la justicia. El tribunal instó al Ministerio Público Fiscal de que realice las investigaciones necesarias para identificar y localizar bienes para garantizar el cobro. Para acelerar este la investigación se le recuerda que ya tiene las facultades para hacerlo.

/ámbito