A las movilizaciones masivas por reclamos salariales se sumaron protestas contra la reforma constitucional impulsada por el gobierno provincial. La respuesta fue represión y criminalización, decenas de personas heridas y detenciones arbitrarias. Carlos Ureta denuncia que «es inadmisible para la Argentina que cumple 40 años de democracia esta escalada de violencia”.

El rápido tratamiento y aprobación de la reforma parcial de la Constitución de Jujuy, entre protestas multitudinarias, implicó en su proceso reiterados hechos de represión, allanamientos controvertidos, el armado de causas y detenciones cuestionadas por colectivos de derechos humanos. La nueva Constitución, aprobada en tiempo récord, restringe el ejercicio de los derechos humanos y busca evitar las reacciones a la expansión del extractivismo de minerales.

Encabezadas por los gremios docentes y estatales, las movilizaciones comenzaron el 5 de junio pasado en demanda de recomposición salarial para ambos sectores, pero casi de inmediato derivaron en rechazos al texto normativo de la nueva Constitución, cuya aprobación motivó el repudio absoluto de diversos sectores de la sociedad.

En un contexto de tensión permanente, los cuestionamientos fueron alcanzando de manera transversal a comunidades indígenas, sindicatos y organismos de derechos humanos, entre ellos Familiares de Detenidos y Desaparecidos, Hijos-Jujuy y Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en DDHH y estudios sociales (Andhes).

«A medida que escalaba el conflicto en Jujuy, el gobernador Gerardo Morales, que es candidato en las PASO con una de las fórmulas de Juntos por el Cambio, fue aumentando la presión ante estos sectores que reclamaban» explica Carlos Ureta.

«Esto llevo a un primer lugar a investir contra la Universidad Nacional de Jujuy, con un resultado que si bien demoró 48 horas en cristalizarse terminó, provocando que todo el arco institucional de las universidades fueran pronunciándose contra esta intromisión» comenta Carlos y explica que «esta intromisión no tiene ninguna justificación legal porque se hizo sin que mediara ninguna Orden Judicial ni pedido alguno de las autoridades de la universidad para irrumpir en una reunión que tenían los gremios de la universidad con las autoridades».

«Esto ya de por si marcó el punto de tensión al que ya se venían sumando la repetición innecesaria de detenciones arbitrarias en vehículos sin identificación policial» advierte Carlos y continúa explicando que «el punto máximo fue cuando detienen al abogado Alberto Nallar defensor de los derechos humanos y las comunidades».

Ante esta situación, diversos funcionarios de Derechos Humanos de distintas provincias del país expresaron su preocupación ante el accionar represivo del gobernador Gerardo Morales en Jujuy y pidieron que «las instancias institucionales competentes actúen para recuperar la paz y el pleno estado de derecho» en la provincia norteña.

«Es inadmisible para la Argentina que cumple 40 años de democracia esta escalada de violencia» denuncia Carlos Ureta.

Carlos Ureta explica que la decisión de restringir derechos por vía constitucional y la de reprimir las protestas son apuestas políticas del gobierno provincial que continúa con una línea de bajada de «mano dura» establecida por los principales representantes de la oposición.

A través de la restricción y de la represión se busca desarticular la oposición a las industrias extractivas, en especial las relacionadas con el litio, que pretenden explotar tierras indígenas. Además, se pretende consolidar el enfoque restrictivo de los derechos de asociación y de reunión orientado a disciplinar con violencia el conflicto social.

La arbitrariedad y la violencia policial caracteriza todos los operativos que se realizan en Jujuy: Policías disparando balas de goma contra manifestantes, camionetas sin identificación que trasladan efectivos con sus caras cubiertas que detienen a las personas en la calle, allanamientos de viviendas y la lista continúa.

En los últimos días, cuando se emitieron órdenes de detención colectivas contra más de 40 personas, quedó en claro que el Estado jujeño pone todos sus recursos y orienta su política criminal a la persecución de referentes de distintas organizaciones. Las medidas fueron pedidas por los fiscales y, a pesar de ser arbitrarias, desproporcionadas y sin fundamentos, no fueron controladas por los juzgados de garantías. 

Todas las personas que cumplen roles en organizaciones sociales y tuvieron alguna participación en las protestas y manifestaciones en contra de la reforma constitucional corren el riesgo  de ser detenidos en cualquier momento, amenazados y hostigados por agentes públicos. Circulan listados y rumores sobre el avance de la justicia penal en contra de más abogadas y abogados, lo que genera un ambiente de intimidación e incertidumbre.

A eso se suma que en Jujuy ya no hay una tutela judicial efectiva para proteger la libertad y la integridad de referentes sindicales, indígenas y de derechos humanos.

Movilización nacional.

Ante la profundización de las políticas autoritarias y la persecución de opositores por parte del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, organizaciones sindicales, sociales y de derechos humanos exigieron el cese de la represión en la provincia y convocaron a una movilización para el próximo 20 de julio para repudiar un accionar que incluye «decenas de allanamientos, detenciones arbitrarias y causas armadas».

La marcha se realizará en el marco de un nuevo aniversario de la Noche del Apagón, la fecha que remite a los secuestros perpetrados en la provincia por la dictadura militar en 1976, con cortes de suministro eléctrico y en complicidad con la dirigencia empresarial local. También coincidirá con el primer mes de la violenta represión a manifestantes que reclamaban contra la reforma constitucional de Morales.

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