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Sociedad Sucesos

Vinculan la presencia de represores argentinos con los vuelos de la muerte de Sudáfrica.

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Una investigación de una publicación relacionó la presencia de Alfredo Astiz, “El Tigre” Acosta, Rubén Chamorro y Jorge Perren en el país africano, en una época coincidente con las prácticas represivas ejecutadas en la llamada “Guerra de la Frontera”.

Cuatro represores de la última dictadura cívico militar, entre ellos los exmarinos Jorge “Tigre” Acosta y Alfredo Astiz, que cumplen distintas penas de prisión por delitos de lesa humanidad cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), viajaron en secreto a fines de la década del ’70 a Sudáfrica para colaborar con las autoridades de la Armada de ese país, fuerza que en coincidencia con aquellas presencias comenzó a implementar los denominados “vuelos de la muerte” como forma de exterminio de opositores.

Así surgió de una investigación periodística llevada a cabo durante varios años por Miriam Lewin, quien desde 2020 se desempeña al frente de la Defensoría del Público de Argentina, ​y Facundo Fernández Barrio, publicada este miércoles por la revista digital Anfibia, de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam).

“Los días más felices de los represores”, tal es el título de la investigación llevada a cabo por Lewin y Fernández Barrio, destacó que a fines de los años 70 “la Armada Argentina ordenó el traslado de Acosta, Astiz y otros dos represores de la ESMA a Sudáfrica para esconderlos en medio de las denuncias internacionales por sus crímenes” durante la última dictadura argentina.

“Amparados por una alianza militar entre ambos países, los marinos se reciclaron al otro lado del océano hasta que la prensa los descubrió”, resaltó Anfibia.

La investigación rescató, además, una frase pronunciada años después por Astiz: “En Sudáfrica pasé los días más felices de mi vida”, admitió el exmarino, a quien en 2022 la Justicia argentina le negó el beneficio de acceder a la libertad condicional tras aludir a la gravedad de los delitos y las condenas impartidas al represor.

La nota recordó que en aquel momento Sudáfrica era un país gobernado por un régimen de segregación racial que mantenía una relación militar estratégica con la dictadura argentina. 

Los crímenes cometidos contra la población negra aislaron a Sudáfrica en los foros internacionales, por lo que el régimen se acercó a las dictaduras de Sudamérica “en busca de aliados occidentales identificados con la causa anticomunista y sin pruritos sobre los derechos humanos”.

También las Fuerzas Armadas argentinas cortejaron a Sudáfrica, en especial a través de la Armada, impulsora de un proyecto para crear la “Organización del Tratado del Atlántico Sur (OTAS)”, una alianza hemisférica análoga a la OTAN de Estados Unidos y Europa. 

“En Argentina, el almirante Massera es el gran promotor de la OTAS. Hacia 1979, el proyecto promete cooperación, camaradería y negocios por varios años entre la Armada argentina y la sudafricana”, afirmó la investigación.

Según la publicación de Anfibia, entre mayo y junio de 1979 varios decretos confidenciales de la dictadura designaron en distintos puestos afuera del país “a la mayoría de los marinos que operaron en la ESMA”.

La decisión “responde a una decisión política de la Armada, que necesita bajarle el perfil a su mayor centro clandestino. Es probable que (el entonces jefe de la Armada, Emilio Eduardo) Massera sea partícipe de la decisión, y es seguro que la decisión le conviene: preservar a sus hombres más comprometidos es preservarse a sí mismo”, indicó el texto.

Además de Acosta y Astiz, también fueron enviados a Sudáfrica el excontralmirante Rubén Chamorro, director de la ESMA, “oficial muy cercano a Massera, por encima de Acosta en la estructura represiva”, y el exjefe de operaciones del grupo de tareas de la Escuela de Mecánica, Jorge Perren.

Algunos de los nombramientos de estos represores figuraron como traslados a Estados Unidos, Inglaterra y España, pero el destino final será Sudáfrica.

Según la investigación periodística, Chamorro y Astiz viajaron rumbo a Sudáfrica en los primeros días de junio de 1979 y se alojaron en las oficinas que la Armada poseía en Sudáfrica. En ambos casos gozaron “de inmunidad diplomática, ganan mucho dinero, asisten a cócteles y eventos”. 

Antes de llegar a Sudáfrica, Acosta y Perren viajaron en octubre del ’79 a Madrid para participar en “un supuesto curso de entrenamiento en la Escuela de Guerra Naval española”. Ambos fueron descubiertos por el diario El País, que publicó que oficiales de la Armada argentina, “responsables de centenares de secuestros y asesinatos”, cumplían “misiones de inteligencia y usando como cobertura supuestos cursos navales o cargos en la agregaduría militar”.

Casi en simultáneo, una inspección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), había puesto su foco en al accionar represivo en la ESMA.

Tras su paso por Madrid, Acosta y Perren llegaron a Sudáfrica para participar en un curso de comando naval en la Escuela de Estado Mayor de la Armada de Sudáfrica, conocida por su nombre en inglés South African Naval Staff College, donde marinos sudafricanos recibían instrucción en estrategia y liderazgo para acceder a puestos de mando.

Anfibia recogió para la investigación, entre otros, el testimonio del contralmirante retirado sudafricano André Rudman, que se había desempeñado como director de la SA Naval Staff College en 1980. Allí supervisó y calificó a Acosta y Perren como cursantes en la Escuela, los consideró “muy buenos amigos” y llamó “caballeros”. Rudman también dijo que por aquellos años conoció a Chamorro en Sudáfrica.

La Guerra de la Frontera y los “vuelos de la muerte” sudafricanos

El texto periodístico destacó que con motivo de la llamada “Guerra de la Frontera”, en la que Sudáfrica buscaba “frenar el avance prosoviético en el sur de África, donde países como Angola, Mozambique y Zimbabue acaban de independizarse de las potencias europeas” y eran “gobernados por movimientos negros y socialistas”, las fuerzas armadas sudafricanas implementaron “un nuevo método para eliminar a prisioneros de grupos disidentes: los vuelos de la muerte”, el método de exterminio utilizado por la dictadura militar argentina.

Lo hacía para eliminar a militantes de organizaciones negras revolucionarias que han caído en manos de las tropas del apartheid y que son arrojados a las aguas del Atlántico Sur desde aviones, en vuelos clandestinos que Sudáfrica opera desde las costas de Namibia.

Quien estuvo a cargo del primer vuelo de la muerte, reportado el 12 de julio de 1979, fue el coronel Johan Theron, quien décadas después admitiría en un juicio que “repitió cientos de veces la operación y que a las víctimas les inyectaban una sobredosis de tranquilizante antes de cargarlas en los aviones: una mecánica de aniquilamiento idéntica a la que se había usado en la ESMA“. 

Theron vivía en aquel momento en la ciudad de Pretoria, la misma en la que habitaban Chamorro y Astiz.

“Por ahora no se conocen pruebas documentales o testimoniales de que los oficiales de la ESMA hayan transmitido su expertise en vuelos de la muerte a los militares sudafricanos. Es el tipo de cosa de la que nadie deja registro. En la hipótesis más conservadora, sería apenas una coincidencia de calendario que, en el momento exacto de la llegada del grupo de tareas de la ESMA a Sudáfrica, las fuerzas armadas sudafricanas empezaran a arrojar prisioneros desde aviones“, expresó la investigación de Anfibia.

Astiz, Acosta y Perren abandonaron Sudáfrica a comienzos de 1982 tras ser descubiertos por la prensa local. Sólo Chamorro siguió viviendo en el país africano hasta febrero de 1984. Al arribar a la Argentina, fue detenido por disposición del Consejo Supremo. Se convirtió en el primer militar arrestado por los crímenes de la ESMA, aunque murió dos años después.

@Télam.

/Imagen principal: Archivo/

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La travesura de un niño terminó en un voraz incendio en San Martín.

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Un niño de cuatro años se encontraba jugando con un encendedor cuando el juego se convirtió en catástrofe. El incendio provocó daños irreversibles en la vivienda del Barrio Independencia, en San Martín. Ahora su familia necesita la solidaridad de la población para subsanar el hecho.

El lamentable episodio se produjo en una vivienda del barrio Independencia del departamento San Martín y tuvo como causa el juego de un niño que sin querer terminó provocando un gran incendio que prácticamente los dejó con lo puesto.

Según las fuentes, al parecer el encendedor cayó sobre un colchón que rápidamente tomo combustión. Si bien el fuego provocó muchos daños, el pequeño no sufrió ningún tipo de lesión o quemaduras .

Aunque lamentablemente, a pesar que los Bomberos arribaron rápidamente al lugar y extinguieron las llamas, el fuego terminó con todo lo que había en ese lugar, por lo que los dueños de casa quedaron apenas con lo puesto.

En caso que de que haya gente dispuesta a colaborar con esta familia, con cualquier tipo de elementos pueden comunicarse al 2646049912.

@DiarioElZonda

/Fuente de imagen: Diario El Zonda

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Francisco suspendió su agenda por una “leve gripe”.

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El papa Francisco suspendió la agenda que tenía prevista para este sábado a causa de una “leve gripe”, informó el Vaticano.

“A causa de una leve gripe, y por precaución, el Papa anuló las audiencias previstas para el día de hoy (por este sábado)”, informó la oficina de Prensa de la Santa Sede en un comunicado dado a conocer este sábado.

Francisco, de 87 años, tenía previsto recibir a diáconos de la diócesis de Roma, entre otros eventos.

Por el momento, el tradicional Ángelus dominical del domingo está confirmado, planteó de todos modos el vocero papal Matteo Bruni.

@Télam

/Fuente de imagen:Télam

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Prepagas no podrán cobrarle más a sus afiliados por edad.

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La Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial confirmó la cautelar dictada por el Juzgado Comercial N°9 para que la empresa de medicina prepaga Medicus S.A. de Asistencia Médica y Científica deje sin efecto el aumento del valor de la cuota del grupo familiar dispuesto en razón de la edad de una mujer afiliada, quien había cumplido 70 años.

Al analizar las constancias del caso, la representante del Ministerio Público Fiscal había entendido que, en el caso, se cumplían los requisitos de procedencia de la medida cautelar solicitada y que resultaba necesario “preservar y garantizar la prestación del servicio de salud, lo que sin lugar a dudas implicaría dejar sin efecto los aumentos de cuotas por rango etario, hasta el eventual dictado de una sentencia de fondo en estos autos”.

“Los aumentos injustificados y desproporcionados de la cuota del plan de medicina prepaga, sin dudas pueden devenir en la imposibilidad de cumplimiento de pago de la cuota por parte del afiliado, con su posterior suspensión o resolución del contrato”, había considerado. En tal sentido señaló que mediante la medida cautelar solicitada por las personas afiliadas se neutralizaban “provisoriamente las consecuencias que los mentados aumentos” y evitar un perjuicio en su situación financiera “en medio de un contexto de suma vulnerabilidad e incertidumbre”.

En relación al agravio de la empresa, respecto a que “los aumentos habrían sido consentidos por los actores y que no habrían resultado ilegales, ni abusivos, al encontrarse autorizados por el Decreto 66/2019″, la fiscal general Boquín entendió que ello denotaba “una incorrecta aplicación de la normativa vigente y de los principios generales y específicos del derecho que rigen en materia de consumo”, por cuanto “se omite ponderar la vulnerabilidad de los adultos mayores”.

En esa línea sostuvo que “resulta una realidad incontrastable que el usuario queda atrapado por la necesidad de contar la prestación básica de salud y adhiere a términos y condiciones que muchas veces ni los tiene a la vista, y aunque los tuviera, nada podría hacer para negociarlos“, al tiempo que agregó que “mal podría entenderse que los actores han ‘consentido’ los aumentos previstos contractualmente, ni que la demandada se hubiera encontrado legitimada a realizarlos”.

En el dictamen, la fiscal concluyó que la valoración e interpretación de la normativa, efectuada por Medicus S.A., contrariaba la normativa vigente y vulneraba los derechos humanos tutelados por la Constitución Nacional y los tratados internacionales.

@DiarioElZonda

/Fuente de imagen: Archivo Google

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