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Sociedad Sucesos

Villarruel reivindica a un militar que tiene cinco condenas por delitos de lesa humanidad.

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Villarruel reivindica a un militar que tiene cinco condenas por delitos de lesa humanidad.

El integrante de los grupos de tareas que dependían del Destacamento 121 de Inteligencia del Ejército, Juan Daniel Amelong, fue condenado a tres cadenas perpetuas, tiene una sentencia por 10 años, una quinta por la sustracción de los mellizos Gullino y está procesado por la desaparición del militante peronista Miguel Membrive. 

Juan Daniel Amelong, exteniente coronel del Ejército que fue reivindicado este miércoles a la noche por la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza (LLA), Victoria Villarruel, en el debate que mantuvo con el jefe de Gabinete y postulante de Unión por la Patria (UxP) al mismo cargo, Agustín Rossi, es un represor que acumula cinco condenas por delitos de lesa humanidad cometidos en el circuito represivo que funcionó en Rosario durante la última dictadura cívico militar.

Amelong formó parte de los grupos de tareas que dependían del Destacamento 121 de Inteligencia del Ejército, fue condenado a tres cadenas perpetuas, tiene una sentencia por 10 años y una quinta por la sustracción de los mellizos Gullino, y además se encuentra procesado por la desaparición del militante peronista Miguel Membrive.

En uno de los cruces que se dieron durante el debate de los candidatos a vicepresidentes que competirán en el balotaje y que se desarrolló en el canal TN, Rossi le preguntó a Villarruel si estaba de acuerdo con propiciar la liberación de los condenados por delitos de lesa humanidad, en función de las posturas negacionistas que sostiene la postulante de LLA.

La diputada nacional de la fuerza que encabeza Javier Milei se negó a contestar si estaba de acuerdo con sancionar una amnistía para los represores, reiteró que no hubo 30 mil desaparecidos, y sostuvo que «hubo víctimas del terrorismo de Montoneros y el Ejército de Revolucionario del Pueblo (ERP)», durante los años ’70.

Luego, reivindicó la figura de Amelong, al asegurar que «su padre fue asesinado por Montoneros y hoy está preso por delitos de lesa humanidad», sin mencionar las condenas que recibió el represor que fue mencionado por varios sobrevivientes como un activo integrante de las patotas que actuaban bajo el amparo del Destacamento 121.

La mención de la abogada negacionista se produjo horas después de que la Cámara Federal de Casación Penal resolviera que Amelong debe regresar a la cárcel militar U34 ubicada en Campo de Mayo, luego de que le fuera revocado el beneficio de la prisión domiciliaria.

El Tribunal integrado por Gustavo Hornos, Gustavo Carbajo y Mariano Borinsky, declaró «inadmisible» el último recurso presentado por el exmilitar y dispuso que volviera a prisión, algo que, durante el intercambio que mantuvo con Rossi, Villarruel deploró como una violación de los tratados internacionales que en materia de derechos humanos suscribió Argentina.

Repercusiones

Las palabras de Villarruel desataron también la reacción de los familiares de las víctimas de Amelong, en particular de Florencia Garat, hija de Eduardo Garat -abogado, escribano, militante de la JP, secuestrado en abril de 1978– , quien escribió desde su cuenta personal en la plataforma X (ex Twitter): «Amelong y su patota mataron a mi viejo y a otrxs tantxs más».

También el hermano de Florencia, el escritor Santiago Garat, manifestó: «Amelong es parte del circuito represor que me arrebató a mi papá. Es responsable directo del asesinato del papá de mi amigo, hermano y compañero (el diputado nacional) Eduardo Toniolli. Condenado a tres cadenas perpetuas por los delitos aberrantes que cometió… y Villarruel lo reivindica».

Por su parte, Toniolli sostuvo en declaraciones a El Destape Radio que «Victoria Villarruel no pudo responder una pregunta muy simple que le hizo Agustín Rossi, que es si ella sigue con la idea de liberar a los genocidas. No lo pudo responder porque la respuesta todos la conocemos, es sí», remarcó.

Villarruel le respondió al legislador que entendía «el dolor» que sentía como hijo y que era «totalmente válido, pero es importante dar contexto».

«Tu papá era miembro de Montoneros. Terroristas de Montoneros asesinaron al padre de Amelong en democracia. Raúl Amelong era un civil asesinado frente a su hija de 16 años en la vía pública en Rosario. Era padre de 11 hijos que quedaron huérfanos simplemente porque su padre era subgerente en Acindar. Su hijo q es militar fue condenado por lesa humanidad pero no lo veo hace muchísimos años porque lo entrevisté para su papá, pero quiero que estén presos los asesinos de su padre o sea los camaradas del tuyo. Digamos todo», sumó la candidata.

Toniolli replicó por las redes sociales este cometario y le aclaró a la candidata vicepresidencial que no aceptaba su condolencias porque eran «tan falsas como tus supuestas entrevistas ‘académicas’ con los genocidas».

«Vos brindabas con (Jorge Rafael) Videla y con Amelong en sus celdas, celebrando sus crímenes. Ayer como tragedia, hoy como farsa: ellos desaparecían para que Martínez de Hoz pudiera aplicar su plan económico, vos hacés el trabajo sucio para entregarnos al capital financiero internacional, para dejarnos sin moneda nacional, para entregarle las Malvinas a los kelpers, para privatizar la salud y la educación. No lo vamos a permitir», subrayó el legislador.

El 29 de marzo de este año, familiares de Garat declararon por primera vez después de 45 años de la desaparición del abogado en un proceso por delitos de lesa humanidad.

«Más allá de que por esto luchamos toda la vida, para llegar a esta sala tenía que atravesar una antesala que está llena de dolor. Esta es una isla a la que se llega nadando en un mar que llenaron de cadáveres», dijo Florencia, una de las fundadoras de HIJOS Rosario, al declarar frente al Tribunal Oral Federal número 1 en la causa Guerrieri IV.

Respecto de la supresión de identidad de los mellizos Gullino, los hijos de Raquel Negro -desaparecida en la quinta de Funes- y su pareja, Tulio Valenzuela, la fiscalía probó que el Hospital Militar de Paraná funcionó como maternidad clandestina y que allí nacieron los mellizos, entre febrero y marzo de 1978.

La niña es Sabrina Gullino, quien recuperó su identidad en 2008, pero aún se desconoce qué sucedió con su hermano.

Adolfo Villate, fiscal general de la Unidad que investiga delitos de lesa humanidad en Rosario, y que intervino en las causas contra Amelong en Guerreri III y IV , lamentó también las palabras de Villarruel en el debate de candidatos a vicerpesidentes.

«Es muy preocupante que se niegue la verdad jurídica que ya se ha establecido», observó el representantes del Ministerio Público Fiscal en diálogo con Télam.

En particular, sobre la responsabilidad de Amelong en los delitos por los que fue condenado, sostuvo que «lo que hace Villarruel es negar una realidad que fue declarada por sentencias de tribunales argentinos, es decir que han establecido al menos una verdad jurídica».

«Que esto ha pasado, que es cosa juzgada y que se lo ha encontrado culpable. Negar que esos hechos se dieron, con la contundencia de los testimonios y la prueba que se acreditó, me parece preocupante viniendo de alguien que quiere dirigir los destinos del país y a 40 años de recuperada la democracia. No se puede tan livianamente decir que lo que pasó no pasó, y menos personas que quieren tener una responsabilidad tan alta en el gobierno nacional. Definitivamente, me parece muy preocupante», afirmó.

En este punto, el fiscal mencionó que «estos 40 años de democracia se sostienen también por el basamento de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, que es un ejemplo de Argentina hacia el mundo».

Además, Villate desmintió que los juicios puedan ser considerados «ilegales» tal como lo mencionan los libertarios en su discurso sobre los derechos humanos, al resaltar que de hecho «los mismos tribunales que los juzgan, operan también en otras causas y no fueron creados al efecto en particular, juzgan a cualquier persona».

Asimismo señaló que «todos los condenados han tenido gozado del derecho a legítima defensa, cosa que no tuvieron sus víctimas, incluso, en el marco de algunos juicios hubo también personas absueltas».

El fiscal también recordó que los delitos de «lesa humanidad son imprescriptibles» por más que «intenten abrir debates al respecto» así como lo hacen «tratando de volver a instalar la teoría de los dos demonios, algo que quedó demostrado que no fue así y ninguno de estos hechos aberrantes está justificado».

@Télam.

/Imagen principal: Archivo/

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Robó una bicicleta de una quiniela y el dueño del local lo atrapó

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Robó una bicicleta de una quiniela y el dueño del local lo atrapó

El hecho ocurrió en calle Río Bamba, entre Güemes y Esmeralda.

Un sujeto fue aprehendido por el dueño de un quiniela y lo retuvo hasta que llegaron uniformados de la Comisaría 25ta. El hecho ocurrió en calle Río Bamba, entre Güemes y Esmeralda, en Rivadavia.

Según lo que informaron las fuentes, el muchacho identificado como Rodrigo Araya, de 23 años, ingresó a una agencia y sustrajo una bici Top Mega que había en el lugar de una clienta.

Inmediatamente, el propietario del local salió tras el joven delincuente y a los pocos metros lo redujo. Con la ayuda de otras personas, lo retuvieron hasta que llegó la policía. Quedó vinculado a un caso por delito de Hurto simple.

/DC

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Prisión perpetua para el policía que asesinó a un camionero en Valle Fértil

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Prisión perpetua para el policía que asesinó a un camionero en Valle Fértil

La condena a Ricardo Rodríguez desató varias reacciones, luego de conocerse la culpabilidad del integrante de la fuerza de seguridad. Las familias del sentenciado y del riojano Federico Orihuela tuvieron una fuerte discusión al finalizar el juicio.

Momentos de alta tensión se vivieron en los tribunales sanjuaninos tras conocerse la sentencia contra Ricardo Rodríguez, el policía que asesinó a balazos al camionero Federico Orihuela en Valle Fértil. La Justicia lo condenó a prisión perpetua por homicidio doblemente agravado por su condición de miembro de una fuerza de seguridad y por el uso de arma de fuego.

Apenas se escuchó el fallo del tribunal, la familia del camionero rompió en llanto y gritos dentro de la sala. “¡Asesino, las va a pagar!”, se escuchó desde el sector donde estaban ubicados los allegados de Orihuela, visiblemente conmocionados por el desenlace del juicio. Varios familiares debieron ser contenidos por personal judicial ante el dolor y la furia que desató la sentencia.

El crimen ocurrió en octubre de 2022, cuando Orihuela había ido a buscar leña a la zona de La Majadita. Según determinó la investigación, el uniformado le disparó por la espalda con su arma reglamentaria.

La defensa del expolicía intentó argumentar que se trató de un caso de exceso en la legítima defensa, pero los jueces rechazaron esa hipótesis por unanimidad. Con este fallo, la causa cierra con la pena máxima para Rodríguez, y una familia que, entre el dolor, pide justicia y memoria.

/TSJ

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El menor que mató a mazazos a una jubilada en Capital sigue con sus padres

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El menor que mató a mazazos a una jubilada en Capital sigue con sus padres

Tras ser declarado inimputable, el adolescente, que asesinó a mazazos a la jubilada Hebe Yolanda Leguiza, recibió el alta de una clínica psiquiátrica en Mendoza y reside nuevamente con sus padres en San Juan. A un año del crimen, el joven sigue en la misma situación

A un año del estremecedor crimen en Capital, en el que un menor de 15 años asesinó a mazazos a una jubilada de 71 años, fuentes del caso confirmaron, que el adolescente sigue conviviendo con sus padres en su casa de Santa Lucía y continúa con un tratamiento psiquiátrico en Mendoza, todo controlado y seguido por el equipo de psicólogos y psiquiatras de la Oficina de Medidas Alternativas (OMA) y la jueza de familia Marisa Valdéz. 

El adolescente de 15 años continúa con un tratamiento ambulatorio tras ser declarado inimputable por el juez de Menores, Jorge Toro. El tratamiento actual contempla evaluaciones mensuales en un centro de salud mendocino que lo atendió, con informes periódicos sobre su evolución. Además, intervienen el gabinete técnico de Familia y el equipo psiquiátrico de la Oficina de Medidas Alternativas (OMA). También se ordenó la designación de una asistente social para acompañamiento permanente y la coordinación entre médicos de Mendoza y profesionales que ya trabajan con los padres del menor.

El abordaje se enmarca en los principios de la Ley Nacional de Salud Mental, que prioriza tratamientos fuera del ámbito hospitalario, el fortalecimiento de los lazos sociales y la intervención interdisciplinaria. Hay varias etapas durante el tratamiento: la de internación, evaluación, socialización, reinserción y educación, aunque no trascendió en qué etapa se encuentra el menor. Lo que sí aseguraron las fuentes es que el joven no está yendo a la escuela. 

El menor estuvo internado en una clínica psiquiátrica en la vecina provincia durante tres meses y después recibió el alta. La internación se ordenó de forma involuntaria con base en lo establecido por la Ley de Salud Mental, debido a que en San Juan no existen instituciones especializadas para menores de edad y adultos. Sin embargo, la normativa establece un límite de 90 días para internaciones de este tipo, por lo que, cumplido ese plazo, el joven regresó a su entorno familiar y actualmente sus padres se hacen cargo de sus terapias y remedios.

La causa penal quedó archivada luego de que el juez Toro declarara la inimputabilidad del adolescente por su edad. Desde entonces, el caso pasó a Familia y quedó bajo la órbita de la jueza Marisa Valdéz, quien dispuso una serie de medidas de seguimiento, según indicaron fuentes consultadas.

La tarde del martes 7 de mayo de 2024, el menor de 15 años atacó con una maza a una jubilada de 71 años, Hebe Yolanda Leguiza, en calle 25 de Mayo entre Aberastain y Caseros. Tres golpes con extrema violencia recibió la mujer que murió al día siguiente a raíz de las graves lesiones. La fiscalía Delitos Especiales, que empezó investigando el homicidio, halló al culpable a través de las cámaras de seguridad de la zona y llegó hasta la casa del menor, en Santa Lucía. A partir de ese momento, como fiscalía era incompetente para llevar el caso, tomó la posta la Justicia de Menores.

/DH

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