La Policía trabaja en el lugar para determinar las causas del fatal accidente, que dejó como resultado final, la muerte de un hombre de alrededor de 50 años, que se movilizaba en moto.

Un nuevo accidente de tránsito entre un auto particular y un motociclista, dejo como resultado fatal, el fallecimiento del conductor del rodado de menor porte. El siniestro, donde habría fallecido un hombre de alrededor de 50 años, se produjo alrededor de las 13.00 en avenida Rawson y calle El Salvador, en la zona de Concepción, en Capital.

De acuerdo a los primeros datos, el hombre de aproximadamente unos 50 años se movilizaba en una moto, que iba con ropa de trabajo, impacto violentamente contra un auto, que le provocó la muerte casi de manera instantánea. La policía trataba de determinar qué fue lo que pasó, pero se supo que el motociclista impactó contra un auto que circulaba por la zona.

Tras el choque, llegó al lugar personal policial de la Seccional Segunda, Criminalística de la UFI, además de ambulancia, cuyos profesionales constataron que el hombre ya estaba sin vida. De inmediato se solicitó la presencia del Policía Científica para poder levantar el cuerpo del infortunado trabajador.

En Desarrollo. 

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A través del decreto 426/2025, el Ejecutivo oficializó la eliminación de la agencia que regulaba el cannabis medicinal y el cáñamo industrial, junto a otras dependencias estatales. Las funciones pasarán a manos de ministerios y secretarías.

El Gobierno nacional oficializó una profunda reestructuración del Estado con la publicación del decreto 426/2025, firmado poco antes de que vencieran las facultades delegadas por la Ley Bases. Entre las medidas más destacadas se encontró la disolución de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME).

Según lo detallado en el decreto, la eliminación del organismo respondió a un informe que detectó una estructura jerárquica sobredimensionada, en relación con la cantidad de personal. Además, se argumentó que el esquema vigente no diferenciaba con claridad entre los usos y productos derivados de la planta de cannabis, lo que generaba trabas regulatorias y afectaba la competitividad de la industria.

Con la disolución de la ARICCAME, las tareas vinculadas al cáñamo industrial y la biomasa quedarán bajo la órbita del Ministerio de Economía, mientras que ANMAT asumirá el control de los productos con fines medicinales.

El mismo decreto también suprimió al Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI), cuyas funciones pasarán al Ministerio de Economía, que además ejercerá como autoridad de aplicación de la Ley 27.118. Sólo permanecerán el Registro Nacional de la Agricultura Familiar y algunas tareas básicas de fiscalización.

Otro de los organismos disueltos fue el Instituto Nacional de Semillas (INASE), junto con la Comisión Nacional de Semillas. Sus competencias pasarán a la Secretaría de Agricultura, que ahora contará con un Comité Asesor de carácter honorario para tareas de inspección y control.

En paralelo, el Gobierno decidió transformar el esquema de funcionamiento de otros entes autárquicos. El INTI dejó de operar como organismo descentralizado y pasó a depender directamente de la Secretaría de Industria. En tanto, el INTA y el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) fueron convertidos en entes desconcentrados, con el objetivo de mejorar su articulación y eficiencia.

Estas medidas forman parte del plan de reestructuración estatal impulsado por el presidente Javier Milei, centrado en reducir el gasto público, eliminar organismos considerados ineficientes y redirigir funciones a áreas con mayor poder de ejecución dentro del Gabinete.

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La fiscalía profundiza la pesquisa ante la presunta venta de favores para sorteos de casas, que prometían cupos por sumas que alcanzaban los 400.000 pesos.

La causa por las presuntas estafas en el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) reveló nuevos detalles este martes. La denuncia, interpuesta la semana pasada en la UFI en Delitos Especiales y Estafa, fue presentada formalmente por el abogado Diego Agustín Mercado, jefe de asesores letrados del IPV, a partir de información recibida en el celular de la directora Elina Peralta. Los indicios iniciales, según lo manifestado por el fiscal Nicolás Schiattino en radio Estación Claridad, señalan que las personas sindicadas en la denuncia «serían del Ministerio de Familia y de Acción Social».

Según lo detallado por la titular del IPV, Elina Peralta, se han recabado entre tres y cuatro denuncias, con al menos dos casos documentados con facturas emitidas por 400.000 pesos con el logo de gobierno y la leyenda «Instituto Provincial de la Vivienda». Estas facturas corresponderían a la «venta dirigida del sorteo hacia un barrio específico», ofreciendo la posibilidad de «salir en el sorteo, dirigidos a un barrio». Una de las personas identificadas por los damnificados, quien modificaba su apellido en las facturas vistas por Peralta, sería una mujer de nombre Agustina.

Peralta ha sido enfática en descartar en radio Sarmiento que el personal del IPV esté involucrado en estas maniobras, afirmando que la gente del instituto es «responsable» y trabaja «codo a codo» con la dirección. Además, subrayó la imposibilidad de manipular el sistema de sorteo del IPV, ya que es un «procedimiento muy complejo» que se realiza en conjunto con la Caja de Seguros, lo que hace «inviable la posibilidad de que salga una bolilla dirigida a alguien».

Por su parte, el fiscal Nicolás Schiattino confirmó que la investigación se encuentra en una «etapa que se llama investigación previa a la formalización», lo que significa que aún no hay elementos suficientes para imputar a una persona. Para avanzar, será crucial la citación de la directora del IPV, Elina Peralta, a la UFI de Delitos Especiales para realizar una «copia espejo de los mensajes que le han llegado a su celular». Esto busca determinar la veracidad de los mensajes y si las personas mencionadas en ellos «efectivamente trabajan dentro del Estado o son personas que no trabajan en el Estado y usan los nombres de personas que sí trabajan».

El fiscal también señaló la complejidad del caso, dado que los «presuntas víctimas» que pagaron el dinero podrían no denunciar por haber incurrido ellos mismos en un delito de «cohecho activo». Hasta el momento, el único elemento probatorio en mano del fiscal es un «recibo» o «tipo de factura» con un monto de 400.000 pesos y una firma sin aclaración, sin poder determinar si es de quien pagó o de quien cobró. La investigación, que requerirá analizar cámaras, teléfonos y cuentas, se enfrenta al desafío de la falta de colaboración de los damnificados.

Mientras la justicia avanza en esta compleja investigación, el IPV ha alertado a la población sobre la inexistencia de mecanismos para dirigir el resultado de los sorteos de viviendas, que son un procedimiento transparente y aleatorio.

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