NacionalPolítica & Economía
“Un año de impunidad”, el mensaje de dirigentes por el aniversario del ataque contra Cristina.

Al recordar el intento de magnicidio contra la Vicepresidenta frente a su domicilio en el barrio porteño de Recoleta, el Presidente, funcionarios, legisladores y dirigentes políticos advirtieron que se cumple «un año de impunidad», y coincidieron en exigirle al Poder Judicial «el total esclarecimiento del ataque».
El presidente Alberto Fernández, funcionarios, legisladores y dirigentes políticos advirtieron que este viernes se cumple «un año de impunidad» al recordar el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner frente a su domicilio en el barrio porteño de Recoleta, y exigieron a la Justicia «el total esclarecimiento del ataque».
Alberto Fernández recordó con un posteo en X (ex Twitter) que “un año atrás atentaron contra la vida de la vicepresidenta Cristina Kirchner» y sostuvo que se trató de «un hecho de enorme trascendencia que generó una gran conmoción social y alteró la convivencia democrática”.
Al respecto, señaló que “la causa judicial avanzó con singular lentitud, dejando de lado pruebas determinantes para la investigación y dilatando toda indagación que permitiera conocer quiénes fueron los instigadores y autores intelectuales del hecho”.
«Parte de esa mejor institucionalidad exige que la Justicia deje de servir a ciertos poderes políticos y fácticos y se limite a hacer lo que debe hacer: impartir justicia”, reclamó.
El ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, también se solidarizó con la expresidenta y pidió que «se haga justicia».
“Mi solidaridad y pedido de justicia de ese hecho para la Vicepresidenta”, dijo el candidato durante un acto en la ciudad entrerriana de Paraná.
Massa remarcó que «el intento de magnicidio» sucedió «en el marco de una crisis que tenía además una corrida financiera, una huida de un ministro y una crisis económica”.
“Ese hecho de alguna manera nos obligó a todos, desde nuestros roles, a navegar esa crisis en un marco de intento de magnicidio”, cerró.
Por su parte, el jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente por Unión por la Patria (UxP), Agustín Rossi, sostuvo que el intento de magnicidio mostró «la cara más extrema de una violenta campaña de persecución judicial y mediática, estigmatización y odio que se propuso, sin éxito, amedrentarla y eliminarla de la escena política”.
En tanto, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, manifestó: “Ese primero de septiembre, una bala que no salió nos hirió a todos y a todas”.
“Se cumple un año del intento de asesinato a @CFKArgentina. Se cumple #UnAñoDeImpunidad», publicó en su cuenta de Twitter el ministro del Interior, Eduardo ‘Wado’ de Pedro, y posteó el documental difundido anoche por la agrupación La Cámpora, con el título «La bala que no salió y el fallo que sí saldrá», que recuerda un titular del diario Clarín.
Ese mismo documental fue retuiteado este viernes por la vicepresidenta, quien lo consideró parte de los «testimonios documentales» del intento de magnicidio.
La dos veces mandataria también compartió el video que publicó el dirigente social Juan Grabois, en el que analizó que «los elementos vinculados» al atentado «se entrelazan con los candidatos de la ultraderecha», Patricia Bullrich y Javier Milei.
El ministro de Justicia, Martín Soria, sostuvo que, “a 1 año del atentado contra la Vicepresidenta, la Justicia Federal solo garantizó impunidad”.
“La Argentina necesita recuperar un Poder Judicial que investigue y condene a quienes atacan a la Democracia”, remarcó el ministro.
La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, escribió en su cuenta de Twitter que se trató del «acto de violencia política más grave desde el retorno de nuestra democracia» y consideró que fue «el emergente más extremo de un proceso de violencia que se venía gestando con anterioridad y que, lamentablemente, no cesó en aquel momento».
«Cristina fue -y sigue siendo- atacada en su carácter de mujer, de madre, de militante, de referente política y social. Esos ataques, sustentados en la naturalización del odio y la deshumanización del adversario político que ciertos sectores decidieron utilizar como instrumentos de poder en el marco de la disputa política, encontraron en el intento de magnicidio su expresión más cabal», definió Moreau.
Uno de los gobernadores que se expresaron fue el bonaerense Axel Kicillof, quien aseguró que “pasó un año de impunidad con un partido judicial que se ha dedicado a encubrir y no investigar este hecho, cuando sobran indicios y elementos para comprender cuál fue el mecanismo detrás de este acto”.
El jefe de senadores del FdT, José Mayans, consideró que «fue un milagro que no hayan matado» a la vicepresidenta y calificó de «gravísima» la falta de investigación del caso, que «fue menoscabado por algunos medios en los que se pretendió demostrar que era un hecho falso».
«Lo primero que hicieron fue impedir la investigación del hecho. Ella me dijo que no se había dado cuenta de que le habían disparado y lo primero que dijeron algunos fue que fue un falso atentado para victimizarla», expresó el senador en diálogo con El Destape Radio.
El Partido Solidario (PSOL) que preside el diputado del FdT Carlos Heller calificó el intento de magnicidio como «el acontecimiento más grave de los 40 años ininterrumpidos de democracia» y «el punto más alto de la violencia política en el país».
En esa línea se expresó el presidente de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), Martín Sabbatella, que repudió el hecho y resaltó que el «pedido de justicia debe ser unánime».
Alicia Kirchner, la gobernadora de Santa Cruz y cuñada de Cristina Fernández, escribió: “A #UnAñoDeImpunidad seguimos reclamando justicia y garantías de seguridad. La violencia política y la arbitrariedad judicial atentan contra ella (Cristina Kirchner), y contra gran parte del pueblo argentino al proscribirla, restringiendo el derecho democrático de tenerla como representante”.
El ministro de Educación, Jaime Perczyk, escribió que en este aniversario “seguimos pidiendo que la justicia profundice la investigación hasta las últimas consecuencias”, mientras que la titular del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina, consideró que “no fue un hecho aislado, fue parte de una violencia política creciente hacia las mujeres con voz pública y participación política. Fue un atentado a la democracia”, apuntó.
Asimismo, el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, reclamó que “se esclarezca el ataque a nuestra Vicepresidenta” al mismo tiempo que el senador porteño Mariano Recalde resaltó que “la misma Justicia que la proscribió, encubre a los que idearon y financiaron el ataque”.
En tanto, la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, afirmó que hace un año se «sufrió uno de los hechos más violentos que vivimos en la historia de la Argentina en democracia» y agregó: «Ante el intento de magnicidio, exigimos que la justicia investigue a fondo los hechos y que los responsables intelectuales y materiales sean juzgados y cumplan su condena».
Germán Martínez, el jefe de la bancada oficialista en Diputados, enfatizó que “se sigue exigiendo celeridad en la justicia para que se esclarezcan los culpables intelectuales y materiales”.
Por su parte, la directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano, exigió «el total esclarecimiento del ataque a la Vicepresidenta y líder de nuestro movimiento» y el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, también se sumó a la etiqueta en redes «#unañodeimpunidad».
Asimismo, la senadora nacional Juliana Di Tullio analizó: «Tres veces elegimos, la enorme mayoría de los argentinos, a esta mujer para que conduzca los destinos de la patria. Intentaron matarla hace un año y la jueza no quiere que la víctima ni el país, sepamos qué pasó».
El dirigente del Movimiento Evita y secretario de la Jefatura de Gabinete, Fernando «Chino» Navarro, sostuvo: “La Justicia nos debe una investigación seria y efectiva. Cuidar el orden democrático poniéndole límite a las expresiones extremas de odio debe ser un compromiso no solo de la sociedad, sino de los tres poderes republicanos”.
@Télam.
/Imagen principal: Archivo/

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El bárbaro posteo de Gordo Dan contra Luis Juez y su hija discapacitada

Tras la sanción del Senado que dejó en pie la Emergencia en Discapacidad, el bárbaro posteo contra el senador del PRO, su familia y su hija discapacitada fue lanzado por Daniel Parisini, conocido como «Gordo Dan» en las redes.
Hasta Guillermo Francos tuvo que salir a repudiarlo: «Lo repudio totalmente, me parece fuera de lugar, repudiable, no puede aceptarse de ninguna manera ni la grosería, ni la forma que se expresa, ni el fondo de la cuestión», sostuvo el jefe de Gabinete tras una consulta periodística, y aseguró que no había podido hablar con Javier Milei sobre el tema porque el Presidente estaba de viaje en Estados Unidos.
Tras las declaraciones del funcionario el referente de Las Fuerzas del Cielo borró su tuit. Pero insistió, con sorna: «Ahí va con más respeto. Luis Juez utiliza la situación de su hija para hacer política barata y justificar la quiebra del estado argentino con el consiguiente empobrecimiento del estado argentino. “Luis Juez le acabó adentro a una mujer que no era su esposa y tuvo una hija. No se hizo cargo de la nena hasta que la justicia lo obligó. Y ahora la usa para hacer política poniéndole palos en la rueda al plan para sacar de la miseria a los argentinos del presidente Milei”.
El repudio, como es lógico, siguió creciendo.
/P12
NacionalPolítica & Economía
El Gobierno de Milei analiza judicializar la Ley de Emergencia en Discapacidad

Tras el rechazo del veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad por parte del Congreso, el Gobierno de Javier Milei analiza recurrir a la Justicia para frenar su aplicación.
Luego de que el Senado rechazara el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, la Casa Rosada evalúa recurrir a la Justicia para frenar la aplicación de la norma. La medida, que fue impulsada por legisladores de la oposición y recibió amplio respaldo en ambas cámaras, podría abrir un nuevo frente judicial y político para el Gobierno nacional.
Según publicó el diario Clarín, los equipos técnicos de la Secretaría Legal y Técnica y del Ministerio de Justicia ya trabajan en los fundamentos legales para una eventual presentación ante la Justicia, aunque en el propio gabinete de Javier Milei hay dudas sobre la conveniencia de avanzar con esta estrategia, en un contexto adverso para el oficialismo en el Congreso.
“Si aún se diera la circunstancia de que el veto se cae, lo vamos a judicializar”, advirtió el presidente Javier Milei durante un acto en la Bolsa de Comercio. La declaración no hizo más que confirmar lo que ya se discutía en el círculo más cercano del mandatario desde el mismo momento en que el Senado convirtió el proyecto en ley.
El Ejecutivo considera que la ley podría ser inconstitucional o violatoria de ciertas competencias del Poder Ejecutivo, por lo que evalúa judicializar su implementación antes de que entre en vigencia formal.

Una nueva derrota en el Congreso
El rechazo al veto presidencial se produjo este jueves en el Senado, sumando así la vigésima derrota legislativa consecutiva del oficialismo en apenas 40 días. La sesión también dejó otras señales de tensión entre el Gobierno y el Congreso, especialmente por el avance del proyecto de modificación de la ley que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), que obtuvo media sanción.
Desde la Casa Rosada temen que esta modificación limite el margen de maniobra de Milei en la segunda mitad de su mandato, cuando planea intensificar el uso de herramientas ejecutivas para impulsar sus reformas sin necesidad del aval legislativo.
Qué implica la Ley de Emergencia en Discapacidad
La norma en cuestión declara la emergencia en materia de discapacidad y busca garantizar el acceso a prestaciones, servicios y cobertura de tratamientos para personas con discapacidad en todo el país. Fue aprobada con el respaldo de una amplia mayoría parlamentaria y vetada por Milei, quien argumentó motivos fiscales para frenar su aplicación.
Tras el rechazo del veto, la ley quedó firme. Sin embargo, su aplicación podría verse suspendida si prospera una eventual judicialización por parte del Ejecutivo.
/LPSJ
NacionalPolítica & Economía
Nuevo triunfo opositor en el Senado: aprobaron una reforma que limita los DNUs del Presidente

Con 56 votos a favor y 8 en contra, avanzaron con un cambio de la ley de decretos. Representa el 20° triunfo consecutivo de la oposición en la Cámara alta.
Desde el PRO hasta el kirchnerismo, pasando por radicales y provincialistas: nuevamente una amplia mayoría acompañó un proyecto opositor, que impone condicionalidades a los decretos de necesidad y urgencia (DNU) emitidos por el Poder Ejecutivo. El Senado tuvo otra jornada de confrontación contra el Gobierno, tras revertir el veto a la emergencia en discapacidad.
La iniciativa fue aprobada por 56 votos a favor y 8 en contra (dos abstenciones, seis ausentes), pero aún resta la media sanción de Diputados para que la propuesta se convierta en ley. En esa Cámara se acumulan una serie de proyectos para crear comisiones investigadoras (por fentanilo y ANDIS) y quedó pendiente el tratamiento del proyecto -con media sanción del Senado- para modificar el sistema para distribuir el impuesto a los combustibles. En ambos casos, no está clara la mayoría con la que cuenta la oposición.
Luego de esta jornada, se cumplen 20 triunfos consecutivos en las posturas opositoras, incluyendo el rechazo a los candidatos oficialistas para la Corte Suprema, el traspié de Ficha Limpia, el aumento jubilatorio, la distribución de ATN, la aprobación de emergencias por discapacidad y salud pediátrica, la ley de financiamiento universitario y el rechazo a cinco decretos. La particularidad en esta ocasión es que la iniciativa no tiene costo fiscal. ¿Será vetado de igual manera? ¿Bajo qué argumento?
El proyecto reforma la Ley 26.122, que reglamenta los decretos de necesidad y urgencia (DNU) que emite el Poder Ejecutivo. Si se aprueba, ambas cámaras del Congreso cuenten con un plazo de 90 días para ratificar los decretos y no para revocarlos, como es hasta ahora, para lo que además solo se requiere la mayoría en una de las cámaras. De esta forma, se promueve que el Poder Legislativo tome una postura activa al respecto de los decretos y no termine convalidándolos por omisión.
Además, buscan delimitar los criterios de necesidad y urgencia y circunscribir cada DNU a un área técnica en particular, evitando megadecretos como el 70/2023, que modificó en simultáneo el régimen de alquileres, las regalías de las tarjetas de crédito, la decisión de obras sociales, una reforma laboral, una alteración de las sociedades anónimas deportivas y la transformación de la ley de tierras.
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