El Gobierno anunció cómo se moverán las tarifas de los servicios públicos de luz y gas en 2022 y 2023, en función de lo acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El 10 por ciento de los hogares de mayor poder adquisitivo tendrá fuertes aumentos porque dejarán de percibir subsidios, mientras que la población que actualmente recibe tarifa social enfrentará este año un aumento del orden del 21 por ciento. El resto tendrá subas del 42 por ciento. Los incrementos se definen de acuerdo a la aplicación de un porcentaje sobre el coeficiente de variación salarial del año anterior.

Para los Grandes Usuarios de Distribuidor (GUDI) aplicaría la tarifa plena del servicio, lo cual no implica un cambio muy relevante en relación a la situación actual, mientras que para el resto de los usuarios no residenciales, entre los cuales están las pymes y los comercios, «se procederá con una revisión tarifaria según la propuesta definida en la audiencia pública», indicó el Gobierno.

Apenas antes del envío del proyecto de ley para que el Congreso otorgue el visto bueno al Ejecutivo para avanzar en la concreción de un nuevo crédito con el FMI, que permita repagar el megapréstamo de 2018, la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, dio detalles sobre el futuro de las tarifas, un segmento clave del esquema fiscal, que a su vez es uno de los elementos troncales del acuerdo con el organismo. Luego de la conferencia de la vocera, el Gobierno y el FMI difundieron un comunicado en donde se profundiza en los detalles del acuerdo general.

En el capítulo energético, uno de los puntos del comunicado advierte que el Gobierno se compromete a «asegurar que, con el tiempo, las tarifas energéticas de los consumidores finales residenciales y no residenciales reflejen mejor, y de manera más predecible, los costos mayoristas del gas y la electricidad». Esto permite entrever que a partir del 2024 podría ampliarse el grupo de usuarios con quitas de subsidios en las tarifas.

«El esfuerzo estatal se concentrará en aquellos usuarios vulnerables y con menor capacidad de pago e incentivando la adopción de medidas que induzcan al uso racional de los servicios», dijo Cerruti. La funcionaria adelantó que a fines de abril se convocará a una audiencia pública para terminar de validar este sendero tarifario, que correrá para el bienio 2022-2023. Del resultado de ese encuentro saldrá la suba tarifaria final, aunque una parte de ese incremento ya fue aplicado desde marzo, con el alza del 17 al 20 por ciento en las facturas finales a raíz de las actualizaciones autorizadas en transporte y distribución.

Los detalles

La segmentación para el bienio 2022-2023, en función de lo acordado con el FMI, implica que habrá «usuarios que dejarán de ser beneficiarios del subsidio al consumo energético en función de su plena capacidad de pago». En estos casos, que abarcan al 10 por ciento de los hogares de mayor poder adquisitivo, según lo que dijo el presidente Alberto Fernández, habrá fuertes aumentos en las boletas, dados por el pago pleno del costo de generación eléctrica y del precio del gas en boca de pozo.

Por otro lado, los usuarios beneficiarios de la tarifa social recibirán un incremento total en su factura para cada año calendario que será equivalente al 40 por ciento del coeficiente de variación salarial (CVS) del año anterior. Por ejemplo, el año pasado registró un incremento del CVS del 53,4 por ciento. El 40 por ciento de ese incremento es igual al 21,4 por ciento, que es lo que subirían las tarifas este año para los usuarios beneficiarios de la tarifa social.

Para el resto de los usuarios, es decir, aquellos que no están dentro del grupo de mayor poder adquisitivo, a quienes se les quita el subsidio, pero tampoco entre los beneficiarios de la tarifa social, el incremento total en la factura para cada año calendario será equivalente al 80 por ciento del CVS correspondiente al año anterior. De modo que las subas en las boletas serían del 42,7 por ciento.

«Durante los años 2022 y 2023 no podrán contemplarse otros incrementos por encima de los topes previstos, para las categorías de segmentación de usuarios –es decir aquellos que siguen recibiendo subsidios– si el gobierno realiza una implementación exitosa del esquema de segmentación propuesto», dijo Cerruti.

La evolución tarifaria conforme al CVS remite al esquema que proponía la ley 27.443, votada en 2018 por la oposición política al Gobierno de aquel momento de Mauricio Macri, en plena etapa de fuertes tarifazos. 

Sin embargo, dicha norma fue vetada por el propio Macri. «Utilizaremos ese mismo indicador, pero estableciendo que la evolución de las tarifas estará claramente por debajo de la evolución de los salarios. Así, alineamos el tema de las tarifas con una política clara para recomponer los ingresos en términos reales”, aseguró el presidente, Alberto Fernández, días atrás en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso.

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