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Política & Economía Nacional

Tras el acuerdo con el FMI, el Gobierno definió el cuadro tarifario para 2022 y 2023.

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El Gobierno anunció cómo se moverán las tarifas de los servicios públicos de luz y gas en 2022 y 2023, en función de lo acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El 10 por ciento de los hogares de mayor poder adquisitivo tendrá fuertes aumentos porque dejarán de percibir subsidios, mientras que la población que actualmente recibe tarifa social enfrentará este año un aumento del orden del 21 por cientoEl resto tendrá subas del 42 por ciento. Los incrementos se definen de acuerdo a la aplicación de un porcentaje sobre el coeficiente de variación salarial del año anterior.

Para los Grandes Usuarios de Distribuidor (GUDI) aplicaría la tarifa plena del servicio, lo cual no implica un cambio muy relevante en relación a la situación actual, mientras que para el resto de los usuarios no residenciales, entre los cuales están las pymes y los comercios, “se procederá con una revisión tarifaria según la propuesta definida en la audiencia pública”, indicó el Gobierno.

Apenas antes del envío del proyecto de ley para que el Congreso otorgue el visto bueno al Ejecutivo para avanzar en la concreción de un nuevo crédito con el FMI, que permita repagar el megapréstamo de 2018, la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, dio detalles sobre el futuro de las tarifas, un segmento clave del esquema fiscal, que a su vez es uno de los elementos troncales del acuerdo con el organismo. Luego de la conferencia de la vocera, el Gobierno y el FMI difundieron un comunicado en donde se profundiza en los detalles del acuerdo general.

En el capítulo energético, uno de los puntos del comunicado advierte que el Gobierno se compromete a “asegurar que, con el tiempo, las tarifas energéticas de los consumidores finales residenciales y no residenciales reflejen mejor, y de manera más predecible, los costos mayoristas del gas y la electricidad”. Esto permite entrever que a partir del 2024 podría ampliarse el grupo de usuarios con quitas de subsidios en las tarifas.

“El esfuerzo estatal se concentrará en aquellos usuarios vulnerables y con menor capacidad de pago e incentivando la adopción de medidas que induzcan al uso racional de los servicios”, dijo Cerruti. La funcionaria adelantó que a fines de abril se convocará a una audiencia pública para terminar de validar este sendero tarifario, que correrá para el bienio 2022-2023. Del resultado de ese encuentro saldrá la suba tarifaria final, aunque una parte de ese incremento ya fue aplicado desde marzo, con el alza del 17 al 20 por ciento en las facturas finales a raíz de las actualizaciones autorizadas en transporte y distribución.

Los detalles

La segmentación para el bienio 2022-2023, en función de lo acordado con el FMI, implica que habrá “usuarios que dejarán de ser beneficiarios del subsidio al consumo energético en función de su plena capacidad de pago”. En estos casos, que abarcan al 10 por ciento de los hogares de mayor poder adquisitivo, según lo que dijo el presidente Alberto Fernández, habrá fuertes aumentos en las boletas, dados por el pago pleno del costo de generación eléctrica y del precio del gas en boca de pozo.

Por otro lado, los usuarios beneficiarios de la tarifa social recibirán un incremento total en su factura para cada año calendario que será equivalente al 40 por ciento del coeficiente de variación salarial (CVS) del año anterior. Por ejemplo, el año pasado registró un incremento del CVS del 53,4 por ciento. El 40 por ciento de ese incremento es igual al 21,4 por ciento, que es lo que subirían las tarifas este año para los usuarios beneficiarios de la tarifa social.

Para el resto de los usuarios, es decir, aquellos que no están dentro del grupo de mayor poder adquisitivo, a quienes se les quita el subsidio, pero tampoco entre los beneficiarios de la tarifa social, el incremento total en la factura para cada año calendario será equivalente al 80 por ciento del CVS correspondiente al año anterior. De modo que las subas en las boletas serían del 42,7 por ciento.

“Durante los años 2022 y 2023 no podrán contemplarse otros incrementos por encima de los topes previstos, para las categorías de segmentación de usuarios –es decir aquellos que siguen recibiendo subsidios– si el gobierno realiza una implementación exitosa del esquema de segmentación propuesto”, dijo Cerruti.

La evolución tarifaria conforme al CVS remite al esquema que proponía la ley 27.443, votada en 2018 por la oposición política al Gobierno de aquel momento de Mauricio Macri, en plena etapa de fuertes tarifazos. 

Sin embargo, dicha norma fue vetada por el propio Macri. “Utilizaremos ese mismo indicador, pero estableciendo que la evolución de las tarifas estará claramente por debajo de la evolución de los salarios. Así, alineamos el tema de las tarifas con una política clara para recomponer los ingresos en términos reales”, aseguró el presidente, Alberto Fernández, días atrás en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso.

/Página12

Política & Economía Nacional

Advierten que la ley Bases pone en peligro al Banco Nacional de Datos Genéticos

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Un comunicado de la UCR expresa su preocupación por el futuro de la base de datos que colaboró en la construcción de Memoria, Verdad y Justicia tras la dictadura.

Este viernes, el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) se expresó a través de un documento donde “instan a los diputados y diputadas de la Nación a que garanticen la preservación del Banco Nacional de Datos Genéticos“, una herramienta clave para la detección de niños secuestrados en la dictadura. Preocupación por el impacto de ley bases.

A través de un comunicado, el partido centenario señala que “entre los organismos sujetos a potencial disolución por parte del Poder Ejecutivo Nacional se encuentra el BNDG. Así surge del dictamen de mayoría de la Ley Bases, que en su artículo 3 no explicita la situación futura del Banco, poniendo en riesgo su existencia“.

“El BNDG nació en 1987, por ley 23.511 sancionada durante el gobierno del presidente Raúl Alfonsín. Su objetivo es claro y conocido: asistir a la reconstrucción de la identidad y de lazos familiares de niños y niñas arrancados a sus familias en los años de la represión ilegal. Gracias a su trabajo, hoy tenemos muchísimos nietos que pudieron conocer su filiación”, detallan.

Finalmente, recuerdan que “estamos a tiempo de defender el BNDG en el Recinto, honrando nuestros más preciados valores. Apelamos para ello a la responsabilidad histórica de todos los legisladores nacionales. El respeto a los derechos humanos -los de ayer, los de hoy y los de mañana- debe ser un compromiso de todas las fuerzas democráticas”.

Qué es el Banco Nacional de Datos Genéticos

El Banco Nacional de Datos Genéticos es el archivo público y sistemático de material genético y muestras biológicas de familiares de personas secuestradas y desaparecidas durante la dictadura militar argentina.

Sirve para poder identificar vínculos biológicos entre personas que sospechan ser hijos de desaparecidos durante el Terrorismo de Estado y sus familias de origen. Su análisis consiste en el estudio de las secuencias de nucleótidos (unidades que constituyen el ADN) que se encuentran en los cromosomas humanos.

En cuanto a la fiabilidad de sus resultados, las probabilidades de paternidad, hermandad o abuelidad son lo suficientemente altas como para confirmar o descartar prácticamente un vínculo genético.

La genética al servicio de la sociedad: cómo surgió el Índice de Abuelidad

Todavía en dictadura, la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo emprendió la búsqueda de nietos y nietas que habían sido apropiados. Sin embargo, necesitaban encontrar una manera de probar a ciencia cierta el parentesco con sus familiares.

En ese momento, todavía no había pruebas que permitieran analizar el ADN para determinar parentescos y era todavía más difícil cuando, en gran parte de los casos, ambos padres estaban desaparecidos.

Ante este problema, recurrieron a un grupo de investigadores liderados por Mary Claire King en Estados Unidos, y junto al genetista argentino Víctor Penchaszadeh, lograron desarrollar el “Índice de Abuelidad”.

A partir de un trabajo estadístico y matemático, este índice permitió establecer, con el material genético, vínculos entre abuelos y abuelas y nietos y nietas con un 99,99% de eficiencia. Por el alto grado de confiabilidad que aseguraba el análisis, la Justicia lo aceptó como prueba fehaciente.

La recuperación de Paula Eva Logares en 1984 fue el primer caso en el que la Justicia utilizó como prueba de filiación los análisis genéticos.

Tres años más tarde, el Congreso de la Nación impulsó la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos, un archivo público y sistemático de material genético y muestras biológicas de familiares de personas secuestradas y desaparecidas durante la dictadura.

Desde entonces, el Banco colaboró en el esclarecimiento de crímenes de lesa humanidad vinculados con el terrorismo de Estado, y ayudó en la búsqueda e identificación de personas nacidas en cautiverio.

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Política & Economía San Juan

Los empleados públicos tendrán acreditados sus haberes el 30 de abril

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Así lo confirmó el Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda.

El Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda informa la fecha de pago de los haberes de la Administración Pública correspondiente al mes de abril de 2024.

El mismo se encontrará acreditado en cajeros el día 30 de abril del corriente. Los haberes se percibirán con el 11% de incremento.

Cabe destacar que el plus se abonará en planilla complementaria.

@SiSanJuan.

/Imagen principal: SiSanJuan/

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Política & Economía Nacional

Gobierno anunció que bajará los impuestos al sector automotor

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Es con el objeto de mejorar la competitividad e impulsar su crecimiento, anunció el ministro de Economía, Luis Caputo.

El Gobierno anunció este viernes que lanzará una rebaja de aranceles e impuestos para el sector automotor, con el objeto de mejorar la competitividad e impulsar su crecimiento, anunció el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de la red social X.

Actualmente, este sector tiene el 10% de la producción total industrial y genera más de 75 mil empleos.

El ministro dijo además que “se mantendrá la exención de derechos de exportación para las exportaciones incrementales que estaba vigente desde 2021 y se sistematizará y digitalizará el régimen de Reposición de Existencias (Repostock)”.

Estas medidas “permitirán que los proveedores vendan partes a las terminales con una rebaja de aranceles e impuestos y que se genere una caída en el costo de las autopartes nacionales con destino a exportación”.

En este sentido, Caputo señaló que “los aranceles de moldes de metal usados por la industria automotriz pasarán del 35% al 12,6%, mientras que los moldes de inyección plástica pasarán del 24% al 12,6%”.

Y a partir de junio, “también se homologarán los ensayos de Licencias para la Configuración de Modelos (LCM) con Brasil para que no sea necesario duplicar aquellos ensayos que ya están reconocidos por el país vecino y viceversa“, sostuvo el titular de la cartera económica.

Según los últimos datos difundidos por la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa), la producción de vehículos en el país fue de de 43.159 unidades, un 15,1% más respecto de febrero y 29,4 % menos respecto del mismo mes del año pasado.

El sector exportó 23.484 vehículos en el tercer mes del año, con lo cual registró 0,4 % menos en su comparación con febrero, y 27,6 % por debajo del volumen que se contabilizó en marzo de 2023.

En ventas mayoristas, el sector automotor comercializó a la red de concesionarios 30.176 unidades en marzo, 9,2% menos comparado con el mes anterior, y 20,8 % por debajo de marzo del año pasado.

En el acumulado del primer trimestre, el sector produjo un total de 103.293 vehículos, un 23,2% menos respecto de las 134.574 unidades que se produjeron en el mismo período del 2023.

@Ámbito.

/Imagen principal: Archivo/

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