Por Ailín Bullentini.

“Hace casi diez años que estoy buscando que se haga Justicia y que se indague a los responsables. Esperemos que la fiscal avance en este sentido.” Quien habla es Jorge Salimei (h), hijo de uno de los tres fundadores de la empresa de alimentos Sasetru, e impulsor de una denuncia que busca que se investigue como crimen de lesa humanidad la quiebra de esa compañía, una de las más importantes del rubro hasta la década de 1970.

“Nos obligaron a pedir concurso de acreedores bajo amenaza de que nos iban a detener, nos obligaron a vender nuestro banco y no nos dieron un centavo, y de todas maneras nos detuvieron”, resumió Salimei, quien atribuyó esos hechos a Alejandro Reynal, vicepresidente del Banco Central de Argentina durante buena parte de la última dictadura cívico militar eclesiástica.

En diciembre pasado, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad recomendó a la titular de la Fiscalía federal n° 10, Paloma Ochoa, a cargo de la causa, tomar una serie de medidas de prueba para determinar si el expediente se encuentra frente a esa clase de hechos imprescriptibles.

Sasetru no existe más. Su último estertor fue a comienzos de la década de 2000, cuando un puñado de sus trabajadores intentaron transformar la planta que tenía en Avellaneda en una fábrica recuperada de fideos. Para entonces, se desangraba por la herida de muerte que había sufrido en 1981 en manos de funcionarios civiles de la última dictadura.

En 2013, Salimei y la Comisión Nacional de Obreros y Empleados de Sasetru impulsaron pedidos para que la Justicia y el Poder Ejecutivo investiguen lo ocurrido con esa compañía durante el terrorismo de Estado, cuando fue impulsada a una quiebra plagada de irregularidades que constituyó un despojo, informó el periodista Leonardo Castillo de la agencia pública Telam.

Hubo una presentación administrativa ante la Secretaría de Derechos Humanos y luego una denuncia ante la Justicia del fuero comercial que, años después, terminó en el fuero criminal y correccional. No bien recibió el expediente, el juez Rodolfo Canicoba Corral lo delegó en la Fiscalía 10, primero a cargo de Miguel Angel Osorio y luego de Paloma Ochoa.

Fue Ochoa la que le dio “un empuje mayor” a la investigación, detalló Salimei. Y la que, antes de continuar avanzando en el expediente, decidió remitirlo a la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad, a cargo de la fiscal Ángeles Ramos, “a fin de definir un curso de acción que preserve la eficacia de la investigación”, postuló la titular de la Fiscalía 10.

A fines de diciembre pasado, Ramos emitió un dictamen en respuesta de aquel pedido. Allí, recomendó a Ochoa la puesta en marcha de una veintena de medidas con el objetivo de recolectar pruebas que le permitieran confirmar si los hechos bajo análisis constituían delitos de lesa humanidad o no. Entre todas las medidas, se destacan la ampliación de testimonios, la convocatoria a testigos nuevos, la solicitud de una gran cantidad de información al Banco Central, Ministerio de Economía y Ministerio de Defensa, y la asistencia de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) así como de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), ambas áreas de la Procuración General, así como la consulta a la Unidad Especial de investigación de delitos de lesa humanidad cometidos con motivación económica, de la Secretaría de Derechos Humanos, sobre antecedentes de los hechos bajo investigación.

Los hechos.

Sasetru fue fundada por Jorge Salimei, Ángel Seitún y Fermín Trucco Aguinaga en 1948. Para 1970, era la compañía de alimentos más grande del país: empleaba a más de 10 mil personas, tenía un holding con más de 140 empresas, contaba con 10 fábricas en Buenos Aires, Mendoza y en Europa, gerenciaba un banco.

“Era un modelo de compañía que no le caía simpático a los planes de la dictadura. Acá hubo una decisión ideológica y política de destruir el grupo”, subrayó Salimei hijo.

Tras el Rodrigazo, reseñó Télam, la compañía comenzó a tener problemas. Luego la dictadura metió sus manos: las denuncias apuntan contra el dictador Jorge Rafael Videla, su ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz y el alfil de ambos en el Banco Central, Alejandro Reynal. Él, que fue vicepresidente del Central entre 1979 y 1981, es el único que está vivo y acumula varias denuncias similares a ésta, por su rol protagónico en los delitos económicos que la última dictadura realizó en usufructo del poder del Estado.

En este caso, los hechos principales a investigar son tres, según resumió Ramos en su dictamen de diciembre. Por un lado, “la firma mediante intimidación de la cesión de todas las acciones del grupo Sasetru, a favor de un fideicomiso comandado por Roberto Bullrich y Alejandro Reynal, que fuera suscripto en contra de la voluntad de los firmantes el día 28 de abril de 1980 a las 16;30 horas, en el Ministerio de Economía”. Luego, “las detenciones ilegales” de unos 14 directivos de la compañía incluido Seitun, uno de los fundadores. Fueron detenidos en el marco de una denuncia penal de Reynal en representación del Banco Central por defraudación, querella que la Justicia tardó décadas en hallar. Por último, “la venta ilegítima del Banco Internacional (BISA, potestad de Sasetru) al Bankamerica International Financial Corporation (Bank of America) por la suma aproximada de 150 Millones de dólares”, enumera el dictamen de la PCCDH.

“No solo nos obligaron a pedir la quiebra de la compañía, sino que en el camino nos obligaron a vender el banco y se quedaron con 150 millones de dólares porque de ese dinero, que fue lo que se pagó por el BISA, nosotros no vimos un peso”, concluyó Salimei, quien insistió en enmarcar lo que sufrieron él, sus hermanos, los socios de su padre y “las 10 mil familias que se quedaron en la calle” en “una matriz ideológica antiindustrial que la dictadura vino a aplicar”. “Fue una tragedia nacional”, definió. 

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