El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, será parte del encuentro de gobernadores que tendrá lugar esta tarde en Ciudad de Buenos Aires y que busca que se abra un espacio de diálogo con funcionarios de Milei para hablar detalles en particular de la Ley Ómnibus.

Un grupo de 16 mandatarios provinciales tienen previsto hacer un encuentro esta tarde, sin lugar confirmado aún, para pedir una reunión con el Gobierno nacional. Se trata de referentes del interior del país entre los que hay integrantes de la UCR, el PRO, el peronismo no K y de otros espacios provinciales. Exigen que la Casa Rosada unifique la interlocución y abra una mesa con los funcionarios de Milei que tienen incidencia en la discusión sobre la Ley Ómnibus, para conversar sobre detalles en particular del texto normativo que ya no incluye el apartado fiscal. Pretenden ser recibidos por Caputo, Nicolás Posse, jefe de Gabinete, o Guillermo Francos, ministro del Interior. En concreto, los jefes provinciales buscan un cónclave formal para darle institucionalidad a la negociación.

Al margen de la discusión mediática, los gobernadores evalúan que sin el paquete fiscal de la ley, que implica no tratar el proyecto de Ley para reinstaurar el Impuesto a las Ganancias, el Poder Ejecutivo no compensará la pérdida de recaudación de las provincias por no percibir ese tributo -que es coparticipable- y exigen alternativas para resarcir la situación.

Una de los focos de discusión por estas horas es en torno al Impuesto PAIS. En la bancada de Hacemos, liderada por el experimentado Miguel Ángel Pichetto, señalan que la vigencia de ese tributo está vencida y que el Gobierno necesitará el aval del Congreso para prorrogarlo. A cambio, proponen exigirle a Milei que coparticipe esos fondos. Es algo que el Jefe de Estado jamás concederá porque conoce que sería una decisión de no retorno.

La pelea detrás del Impuesto PAÍS

Los mandatarios con incidencia en ese bloque son Martín Llaryora, (Córdoba), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Nacho Torres (Chubut), Rolando Figueroa (Neuquén), Gustavo Sáenz (Salta), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Hugo Passalacqua (Misiones). Esa nueva liga híbrida de peronistas no K, espacios provinciales y cercanos al PRO, hizo un encuentro por Zoom el sábado para delinear detalles de esa estrategia. La flamante incorporación a ese entente fue Osvaldo Jaldo (Tucumán), presente en esa reunión, quien armó el bloque Independencia en la Cámara Baja en un gesto de empatía con Milei y de distancia con Juan Manzur, ex gobernador y referente del peronismo tucumano. Raúl Jalil (Catamarca) también orbita ese espectro. Pichetto tuvo protagonismo en la cumbre del sábado y arengó a los líderes provinciales a que vengan hoy a Buenos Aires para reforzar las negociaciones con Balcarce 50. Así será.

Por otra parte, el sábado también se reunieron de forma remota los 10 gobernadores de lo que hasta hace poco tiempo se agrupaba dentro de Juntos por el Cambio: Leandro Zdero (Chaco), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Torres, Jorge Macri (CABA), Frigerio, Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan) y Claudio Poggi (San Luis) fueron de la partida. Según pudo saber este medio, Gustavo Valdés (Corrientes) no pudo participar. Frigerio y Torres trasladaron los puntos centrales del mitin con la otra liga de gobernadores. En varios puntos hay sintonía. Incentivados por Pichetto, los mandatarios de Entre Ríos y Chubut pusieron al tanto a sus colegas de JxC del encuentro convocado para esta tarde en Buenos Aires. Si bien aún no se conoce el lugar de encuentro, no se descarta que puedan confluir en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI), en el barrio de Retiro.

Si se abre la ventana de discutir la coparticipación del Impuesto PAIS, la escalada entre la Casa Rosada y los gobernadores podría dinamitar la sesión en Diputados prevista para el martes. Aunque aún no se formalizó la convocatoria para ese día. Ese tributo fue creado en el alba de la presidencia de Alberto Fernández por la La Ley 27541, de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. Se se sancionó el 23 de diciembre de 2019 y fue reglamentado el 27 de diciembre de ese año por el Decreto 99/2019.

En el Capítulo 6 del Título IV, la Ley instauró el Impuesto PAIS a la compra de billetes y divisas, para lo cual fijó una alícuota del impuesto es del 30%. Ese gravamen alcanza a la adquisición de servicios en el exterior contratados a través de agencias de viajes y turismo del país, cambio de divisas efectuado por las entidades financieras por cuenta y orden de adquirente o prestatario residente en Argentina, y adquisición de servicios de transporte de pasajeros (por cualquier vía) con destino fuera del país.

Por el incremento del tipo de cambio y por la ampliación de la base imponible con el ingreso del pago a cuenta ejecutado para ciertas importaciones de bienes, el Impuesto PAIS fue el tributo que más creció en su recaudación en el ejercicio 2023. Con un salto de 335,5% respecto del 2022, generó $1,5 billones de ingresos a las arcas del Estado nacional. Junto con el IVA, Ganancias, impuesto al Cheque, Derechos de exportación, lidera el ranking de tributos nacionales que más fondos recaudan.

El punto de fricción es que el artículo 35 de la Ley establece que el Impuesto PAIS “regirá por cinco períodos fiscales a partir del día de entrada en vigencia de la ley”. En ese sentido, el artículo 180 del dictamen de mayoría sobre la Ley Ómnibus, firmado por los diputados el miércoles en el plenario de comisiones, se refiere al tema. “Se aclara que el Impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAÍS) establecido por el artículo 35 de la Ley N° 27.541 se encuentra vigente hasta el 22 de diciembre de 2024, inclusive”. Esa redacción no sugiere una prórroga, aunque en la bancada pichettista sospechan que está “implícita”.

En el Gobierno, que siguen las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación, aseguran que el Impuesto PAIS tiene vigencia hasta el 22 de diciembre de 2024. Un grupo de gobernadores y de diputados dialoguistas, en cambio, advierten que está “vencido” y que exige aval del Congreso. Se amparan en La Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, que establece el ejercicio financiero del sector público nacional inicia el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre de cada año. Sin embargo, se trata de una obligación fiscal cuya vigencia fija la propia ley que creó el impuesto. Un debate jurídico que, de fondo, es una discusión política por caja.

El nuevo texto de la Ley Ómnibus

Durante el domingo, el oficialismo circuló entre los legisladores dialoguistas un nuevo documento con el articulado sin el “capítulo fiscal”. Baja de 664 artículos que tenía la redacción original a 386 del actual. Legalmente, en la sesión del martes -si finalmente se lleva adelante- se debatirá el dictamen de mayoría rubricado en la madrugada del 17 de enero. El texto que deambula ahora en los pasillos legislativos sirve como referencia para unificar criterios entre el Gobierno y sus aliados. La oposición observa, a primera vista, que Milei incorporó buena parte de las modificaciones solicitadas. De todos modos, el artículo sobre el Impuesto PAÍS permanece ya no en el artículo 180, sino en el 89, y con idéntica redacción.

Los gobernadores analizan con presionar al Gobierno para que coparticipe ese impuesto. Actualmente, el 70% de lo recaudado por el Impuesto PAÍS queda para el Estado Nacional, y el 30% restante se destina a las provincias a través de una serie de fondos para incentivar el desarrollo en el interior. La Casa Rosada amenaza con frenar ese reparto.

Además de ese punto, continúa el debate entre los dialoguistas en torno a consentir las facultades delegadas al Poder Ejecutivo. El Gobierno aceptó reducir el plazo de dos años a uno. Sería hasta el 31 de diciembre de 2024 prorrogable a uno más por el Congreso. No obstante, en la oposición hay disidencias sobre el alcance de las materias. El proyecto habilita esos poderes extraordinarios sobre materia económica, financiera, fiscal, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa. El proyecto original tenía 11 materias, ahora quedaría en siete. Un grupo de legisladores pretende acotar ese margen. Otro sector, de la Coalición Cívica, liderados por Juan Manuel López y Maximiliano Ferraro, rechazará in toto el capítulo II sobre las facultades. Se lo hizo saber la propia Elisa Carrió a Pichetto en una comunicación que tuvieron la semana pasada.

También hay reparos de la oposición respecto a aspectos que refieren a las industrias culturales. Y otro punto central: el referido al Régimen Federal de Pesca. Por presión de los gobernadores e intendentes de distritos pesqueros, hay acuerdo en la oposición para retirar todos los artículos sobre ese tema y proponer que se debatan aparte durante el período de sesiones ordinarias, a partir de marzo.

En el PRO hay acuerdo para acompañar el dictamen del Gobierno. Mauricio Macri movió hilos para eso, que desde Cumelén recibió contactos de emisarios del Gobierno respecto a los cambios en la Ley Ómnibus. Lo propio hizo Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, hoy distanciada del ex Presidente. Aún presidenta del PRO, encabezó el sábado un Zoom con los diputados nacionales de esa bancada. Allí, intercambiaron miradas, repasaron la situación actual del debate y acordaron mantener la unidad -pese a algunos matices-. La funcionaria arengó a los legisladores y pidió apoyo a la normativa. Así sucederá. Los 37 escaños de ese bloque darán quórum y acompañarán casi la totalidad del proyecto.

Esta semana inicia la prueba de fuego con la que el Milei puede dar un paso hacia un Gobierno de coalición o, bien, avanzar con la estrategia de sostener un Congreso fragmentado con múltiples frentes de confrontación abiertos. De la pericia política de esa táctica dependerá, a caso, el programa económico y político de La Libertad Avanza.

@Diario de Cuyo, Con información de INFOBAE.- 

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