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Sociedad Sucesos

Río Tercero, Córdoba: trabajo comunitario a los participantes de fiestas clandestinas.

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Río Tercero, Córdoba: trabajo comunitario a los participantes de fiestas clandestinas.

Lo que se pretende es “prevenir y concientizar sobre la necesidad de la responsabilidad social ante un contexto sanitario complicado”, en este caso a través de “medidas ejemplificadoras, disuasivas y de escarmiento”, explicó el intendente Marcos Ferrer.

El municipio de la localidad cordobesa de Río Tercero resolvió imponer la realización de trabajos comunitarios a quienes participen de eventos clandestinos durante la pandemia de coronavirus utilizando para eso el Código de Faltas.

El intendente de Río Tercero, Marcos Ferrer (UCR), dijo que lo que se pretende es “prevenir y concientizar sobre la necesidad de la responsabilidad social ante un contexto sanitario complicado”, en este caso a través de “medidas ejemplificadoras, disuasivas y de escarmiento”.

Río Tercero, ubicado en el departamento Tercero Arriba del valle de Calamuchita, no dictó una norma específica para la pandemia, sino que se aplican multas a las infracciones contempladas en el Código de Faltas Municipal que rige desde 2007.

Esa norma sanciona con multas de entre $40.000 y $200.0000, arresto, trabajos comunitarios y asistencia a cursos educativos a quienes transgreden las disposiciones sanitarias y de seguridad e higiene, entre otras conductas que afecten a la sociedad y a las instituciones, tanto públicas como privadas.

Ferrer detalló que la norma legal establece que la imputabilidad alcanza a los mayores de 16 años, y que en el caso de las infracciones cometidas por los menores de 16 la responsabilidad del cumplimiento de las sanciones recae sobre los padres, tutores y representantes legales.

“No se persigue un fin recaudador, sino la concientización a través del trabajo comunitario porque observamos que a pesar de las multas, hay conductas que se repiten, particularmente en los jóvenes”, aseguró el intendente, al explicar que la iniciativa de extender la norma a las fiestas clandestinas surgió por la sucesión de eventos ilegales que se están registrando.

Los infractores pueden optar por pagar la multa o permutar por trabajos comunitarios, y en ese sentido el funcionario adelantó que siete adolescentes que participaron en un evento reciente ya optaron por las tareas comunitarias, que consiste en trabajos de entre 10 y 15 horas, divididos hasta en siete jornadas, cuyas tareas son asignadas por el Departamento de Recursos Humanos.

“Hay buena aceptación de los padres y de gran parte de la sociedad hasta el momento”, destacó Ferrer, intendente de esa población con alrededor de 50.000 habitantes.

El 8 de abril último el Concejo Deliberante de la ciudad de Villa María aprobó una ordenanza con similares características que sanciona con trabajo comunitario a los organizadores, promotores y participantes de fiestas clandestinas.

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Robó una bicicleta de una quiniela y el dueño del local lo atrapó

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Robó una bicicleta de una quiniela y el dueño del local lo atrapó

El hecho ocurrió en calle Río Bamba, entre Güemes y Esmeralda.

Un sujeto fue aprehendido por el dueño de un quiniela y lo retuvo hasta que llegaron uniformados de la Comisaría 25ta. El hecho ocurrió en calle Río Bamba, entre Güemes y Esmeralda, en Rivadavia.

Según lo que informaron las fuentes, el muchacho identificado como Rodrigo Araya, de 23 años, ingresó a una agencia y sustrajo una bici Top Mega que había en el lugar de una clienta.

Inmediatamente, el propietario del local salió tras el joven delincuente y a los pocos metros lo redujo. Con la ayuda de otras personas, lo retuvieron hasta que llegó la policía. Quedó vinculado a un caso por delito de Hurto simple.

/DC

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Prisión perpetua para el policía que asesinó a un camionero en Valle Fértil

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Prisión perpetua para el policía que asesinó a un camionero en Valle Fértil

La condena a Ricardo Rodríguez desató varias reacciones, luego de conocerse la culpabilidad del integrante de la fuerza de seguridad. Las familias del sentenciado y del riojano Federico Orihuela tuvieron una fuerte discusión al finalizar el juicio.

Momentos de alta tensión se vivieron en los tribunales sanjuaninos tras conocerse la sentencia contra Ricardo Rodríguez, el policía que asesinó a balazos al camionero Federico Orihuela en Valle Fértil. La Justicia lo condenó a prisión perpetua por homicidio doblemente agravado por su condición de miembro de una fuerza de seguridad y por el uso de arma de fuego.

Apenas se escuchó el fallo del tribunal, la familia del camionero rompió en llanto y gritos dentro de la sala. “¡Asesino, las va a pagar!”, se escuchó desde el sector donde estaban ubicados los allegados de Orihuela, visiblemente conmocionados por el desenlace del juicio. Varios familiares debieron ser contenidos por personal judicial ante el dolor y la furia que desató la sentencia.

El crimen ocurrió en octubre de 2022, cuando Orihuela había ido a buscar leña a la zona de La Majadita. Según determinó la investigación, el uniformado le disparó por la espalda con su arma reglamentaria.

La defensa del expolicía intentó argumentar que se trató de un caso de exceso en la legítima defensa, pero los jueces rechazaron esa hipótesis por unanimidad. Con este fallo, la causa cierra con la pena máxima para Rodríguez, y una familia que, entre el dolor, pide justicia y memoria.

/TSJ

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El menor que mató a mazazos a una jubilada en Capital sigue con sus padres

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El menor que mató a mazazos a una jubilada en Capital sigue con sus padres

Tras ser declarado inimputable, el adolescente, que asesinó a mazazos a la jubilada Hebe Yolanda Leguiza, recibió el alta de una clínica psiquiátrica en Mendoza y reside nuevamente con sus padres en San Juan. A un año del crimen, el joven sigue en la misma situación

A un año del estremecedor crimen en Capital, en el que un menor de 15 años asesinó a mazazos a una jubilada de 71 años, fuentes del caso confirmaron, que el adolescente sigue conviviendo con sus padres en su casa de Santa Lucía y continúa con un tratamiento psiquiátrico en Mendoza, todo controlado y seguido por el equipo de psicólogos y psiquiatras de la Oficina de Medidas Alternativas (OMA) y la jueza de familia Marisa Valdéz. 

El adolescente de 15 años continúa con un tratamiento ambulatorio tras ser declarado inimputable por el juez de Menores, Jorge Toro. El tratamiento actual contempla evaluaciones mensuales en un centro de salud mendocino que lo atendió, con informes periódicos sobre su evolución. Además, intervienen el gabinete técnico de Familia y el equipo psiquiátrico de la Oficina de Medidas Alternativas (OMA). También se ordenó la designación de una asistente social para acompañamiento permanente y la coordinación entre médicos de Mendoza y profesionales que ya trabajan con los padres del menor.

El abordaje se enmarca en los principios de la Ley Nacional de Salud Mental, que prioriza tratamientos fuera del ámbito hospitalario, el fortalecimiento de los lazos sociales y la intervención interdisciplinaria. Hay varias etapas durante el tratamiento: la de internación, evaluación, socialización, reinserción y educación, aunque no trascendió en qué etapa se encuentra el menor. Lo que sí aseguraron las fuentes es que el joven no está yendo a la escuela. 

El menor estuvo internado en una clínica psiquiátrica en la vecina provincia durante tres meses y después recibió el alta. La internación se ordenó de forma involuntaria con base en lo establecido por la Ley de Salud Mental, debido a que en San Juan no existen instituciones especializadas para menores de edad y adultos. Sin embargo, la normativa establece un límite de 90 días para internaciones de este tipo, por lo que, cumplido ese plazo, el joven regresó a su entorno familiar y actualmente sus padres se hacen cargo de sus terapias y remedios.

La causa penal quedó archivada luego de que el juez Toro declarara la inimputabilidad del adolescente por su edad. Desde entonces, el caso pasó a Familia y quedó bajo la órbita de la jueza Marisa Valdéz, quien dispuso una serie de medidas de seguimiento, según indicaron fuentes consultadas.

La tarde del martes 7 de mayo de 2024, el menor de 15 años atacó con una maza a una jubilada de 71 años, Hebe Yolanda Leguiza, en calle 25 de Mayo entre Aberastain y Caseros. Tres golpes con extrema violencia recibió la mujer que murió al día siguiente a raíz de las graves lesiones. La fiscalía Delitos Especiales, que empezó investigando el homicidio, halló al culpable a través de las cámaras de seguridad de la zona y llegó hasta la casa del menor, en Santa Lucía. A partir de ese momento, como fiscalía era incompetente para llevar el caso, tomó la posta la Justicia de Menores.

/DH

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