El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, expuso el jueves en el Centro Cultural Haroldo Conti, dentro del Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA), en el marco de las I Jornadas Internacionales sobre el desafío para los Derechos Humanos del Lawfare en América Latina, donde planteó que “la guerra jurídica” contra “dirigentes progresistas” de América Latina constituye “una estrategia regional, que está articulada” y que se desplegó en el hemisferio “tras años de estrategia” y de “infiltrar a nuestros sistemas judiciales”.

“Esto no es casualidad, que le pase a Cristina (Fernández de Kirchner), a Lula, a Jorge Glas (exvicepresidente ecuatoriano), a Evo Morales, a Dilma (Rousseff), a mí mismo”, remarcó y señaló que la práctica de utilizar los resortes del Poder Judicial para combatir a los gobiernos progresistas se implementó con el objeto de “robarles la libertad a los adversarios políticos, para neutralizarlos”.

De esta manera, implicó “un coste inmenso” para cada uno de esos dirigentes a nivel humano y político. Pero además -puntualizó- la acción del lawfare “no solo roba vidas y personas, también roba la democracia” de los países de la región, al no permitir que algunos de estos referentes puedan participar de los comicios, como ocurrió con el caso de Luiz Inácio Lula Da Silva. “Cuando metieron preso a Lula no solo lo metieron preso a él sino que le robaron la democracia a Brasil”.

En relación a su situación personal, Correa manifestó que “la brutal persecución de los últimos cinco años” que se desplegó contra él y contra otros representantes de la llamada “Revolución ciudadana” (el correísmo, que luego se denominó Alianza País y hace unos meses creó un nuevo partido) también tuvo como motivación “quebrarlos económicamente“, y en su caso contó que “está trabajando solo para pagar abogados”.

“Pero mi situación personal no es nada al lado de la de Jorge Glas, que ya lleva seis años preso“, advirtió. Analizando la ofensiva judicial contra los espacios del progresismo o de la izquierda de América Latina, el ex presidente de Ecuador aseguró que, para lograr sus objetivos, el lawfare se basa en “dos ejes”: “el eje mediático” y “el eje judicial”.

“Con la prensa de América Latina, que debe ser la peor del mundo, lo que hacen es ir por la destrucción de la reputación, ir por la creación de narrativas que aparenten ser verdad, la llamada posverdad; porque lo que buscan no es confirmar si algo es verdad o no, lo que se busca es reafirmar odios“, añadió Correa.

El ex jefe de Estado de Ecuador, que desde hace años reside en Bruselas (Bélgica) e integra el Grupo Puebla, definió a su sucesor Lenin Moreno como un “sociópata” y “traidor“, y lo acusó de hacer un pacto con la constructora brasileña Odebrecht para “quitar a Glas de la vicepresidencia” para lo cual la empresa tenía que involucrar de modo arbitrario al entonces vicepresidente.

En cuanto al actual mandatario de su país, el banquero Guillermo Lasso, se refirió a la investigación conocida como Pandora Papers y el hallazgo de documentos que lo asocian a la práctica de ocultar parte del patrimonio en guaridas fiscales.

“Cada vez que buscan plata mal habida encuentran su plata mal habida. Como decía (Hugo) Chávez, váyanse al carajo, si los ladrones son ellos“, exclamó Correa y no ocultó su emoción cuando le preguntaron por cómo vivió su familia todos estos hechos, donde llegó a tener “47 investigaciones criminales en su contra”.

Correa compartió sus vivencias en el marco de las denominadas “I Jornadas Internacionales. Desafíos en el Campo de los Derechos Humanos. El lawfare en América Latina y su impacto en la vigencia de los derechos humanos” que organizó la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en cuyo panel de apertura participaron el ministro de Justicia, Martín Soria; la directora Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort; el procurador del Tesoro, Carlos Zannini; y el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti.

Definiciones.

“El ‘lawfare’ o ‘guerra jurídica’ se ha constituido en los últimos años en un fenómeno de gran trascendencia, tanto por la generalización de sus métodos como por su significativo impacto en el devenir político, económico, social y cultural en nuestro país en particular, y en América Latina en particular”, señalaron en la convocatoria a este encuentro, en el que se desarrollarán mesas de debate con la participación de funcionarios, legisladores y especialistas.
En este sentido, se indicó que se trata de una práctica que se basa en “la utilización del aparato jurídico y legal de los Estados en función de concretar políticas regresivas en materia de derechos humanos, no es novedad en la región”.

“En el caso de la Argentina, durante la gestión presidencial de Mauricio Macri, entre 2015 y 2019, “la estrategia de ‘guerra jurídica’ se volvió una práctica sistemática”, se subrayó en el texto difundido por la Secretaría de Derechos Humanos.

Primera Jornada.

En julio pasado, Pietragalla Corti había convocado a esta actividad con la expectativa de contar con importante participación internacional, lo que efectivamente se logró con la presencia de referentes de colectivos de juristas como Common Action Forum y Lawfare Institute, de los que forman parte los abogados de Lula, Cristiano Zanin y Valeska Teixeira, ambos cofundadores del Lawfare Institute, quienes en estas jornadas compartirán exposiciones con el constitucionalista Eduardo Barcesat y el jurista Gabriel Chamorro, entre otras personalidades.

Entre los temas que se analizaron en distintas mesas de debate, se contaron: “El Lawfare, medios y periodistas: lógicas de producción y circulación de las fakenews en vinculación con los procesos judiciales”; el “Lawfare y el poder económico”; y la vinculación de esta problemática con “los servicios de Inteligencia” y las “políticas regresivas en materia de DD.HH”.