El vocero presidencial, Manuel Adorni, dará a conocer hoy en Casa Rosada las iniciativas para facilitar el uso de divisas no declaradas. El objetivo es flexibilizar controles y fomentar el consumo interno.

El Gobierno anunciará este jueves las medidas destinadas a favorecer el uso de los dólares que están fuera del sistema financiero. Se espera que el vocero, Manuel Adorni, informe los detalles en la Casa Rosada.

Con estas disposiciones, buscan incentivar que los argentinos gasten sus dólares sin temor a posibles controles y penas de los organismos reguladores. 

Según lo que pudo reconstruir un medio nacional, la iniciativa habilitaría a usar dólares sin declarar solo con la presentación de una declaración jurada ante el ARCA y no impondría montos fijos. Además, habría una parte de la reforma que se enviaría al Congreso para modificar la ley penal cambiaria y tributaria.

Originalmente, el anuncio iba a ser el jueves pasado pero decidieron postergarlo. “No vamos a permitir que el kirchnerismo tenga la oportunidad de acusar de electoralista un paquete de medidas trascendentales para todos los ahorristas argentinos», había expresado Adorni, por su proximidad con las elecciones legislativas de CABA.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó durante su participación en AmCham que una parte de esa reforma llegaría por decreto y otra por la vía de un proyecto de ley a debatir en el Congreso.

“Nada tiene que ver con las normas GAFI ni con la UIF. No confundamos los temas. Algunas cosas van a poder ir por regulación, otras, eventualmente, requerirán la aprobación de una ley”

Asimismo, aclaró: “No es un blanqueo. Lo que vamos a hacer es algo mucho más profundo. Es el inicio de un nuevo régimen”.

Mientras que en la Casa Rosada aseguran que la habilitación de dólares sin declarar superará los US$150.000 por persona, en otros sectores de Balcarce 50 mencionan la posibilidad de que no haya un monto límite, sino que el nuevo marco contemple “caso por caso” a través de una declaración jurada del comprador como acreditación de licitud de fondos. “No tiene sentido que el uso de dólares active controles tributarios y antilavado por defecto”, agregan.

La mesa técnica del Ejecutivo busca unificar en el ARCA la presentación de documentación y apunta a replicar el modelo de los Estados Unidos, que parte de la presunción de legalidad de los fondos a menos que haya indicios concretos de lo contrario.

Es por eso que mantendrán la investigación de personas a través de organismos de control contra el lavado de activos como la Unidad de Información Financiera (UIF), que tiene a cargo la realización de informes de inteligencia financiera a raíz de alertas sobre los Reportes de Operaciones (ROS).

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El subsecretario de Trabajo vaticinó que los gremios llevarán su reclamo de huelga a la Justicia.

En medio del paquete de medidas de desregulación del mercado de cabotaje marítimo, el Gobierno nacional incluyó un cambio que generó fuerte rechazo entre los gremios docentes: a través del DNU 340/2025, se declaró a la educación como un servicio esencial, lo que implica la obligación de garantizar al menos el 75% de la prestación educativa, incluso durante conflictos laborales

En la provincia, UDAP ya tildó el DNU de inconstitucional y el subsecretario de Trabajo, Franco Marchese, indicó que, desde ahora, los gremios provinciales deberán garantizar el servicio y presentar un plan de lucha, 24 horas antes. 

“Se incluyó en la nómina de servicios esenciales a la educación. Hasta ayer no lo era y  la verdad, era un problema eso, porque los docentes por ahí cuando llamaban a paro se quedaban sin clase todos los chicos en todos los niveles. Al declararlo esencial, tienen que asegurar una prestación mínima del 75% del servicio y preavisar con la debida anticipación, que son 24 horas, ante la autoridad laboral del lugar, en este caso la Subsecretaría de Trabajo”, dijo el funcionario en declaraciones radiales.

 Marchese vaticinó, cosa que adelantó, en Radio Light, por Patricia Quiroga, de UDAP, que los premios judicializarán la medida nacional. “Lo que no comparto en este caso, es que sea a través de un decreto. Eso para mí tiene que, una opinión personal, pasar por el Congreso o en el caso de San Juan, también una ley en la legislatura. Igual, ustedes saben, decreto de necesidad y urgencia tiene que ser ratificado por el Congreso posteriormente. Yo creo que lo mejor sería esto ya finalmente darle un marco legal como corresponde, sancionar una ley y listo, y se acabe todo tipo de presunción y demás. Por más que, por supuesto, los sindicatos van a discutirlo judicialmente por el tema del derecho constitucional de huelga”, agregó.

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El concejal opositor, integrante del bloque Cambia San Juan, había solicitado un pedido de informe para saber quiénes eran los funcionarios del municipio.

Luego que el intendente de Rawson, Carlos Munisaga, pidiera la renuncia de todos sus funcionarios y tras trascender que de los 76 quedarían unos 38 en cargos políticos, el concejal del bloque Cambia San Juan, Antonio Ruiz, cargó contra el jefe comunal al decir que “el intendente nos está dando la razón en que tenía un gobierno sumamente poblado”.

Ruiz es uno de los concejales que, junto a compañeros de bloque, solicitó un informe sobre los funcionarios rawsinos. Es que para el edil, había sobrepoblación de personas con cargos políticos, según había mencionado con anterioridad.

“Ahora el intendente nos está dando la razón de que tenía un gobierno sumamente poblado. Había funcionarios que lógicamente no tenían ninguna función y eso repercute en servicios, en obras, para la gente”, expresó Ruiz ante Diario 13.

El concejal apuntó contra el intendente que, presuntamente, bajó cargos políticos, aunque oficialmente no hubo confirmación.

“El GPS del intendente le pide recalcular la hoja de ruta, porque no hay un proyecto serio”, sostuvo el concejal, al tiempo que añadió: “Está bueno que haya escuchado a la oposición en la decisión que ha tomado. Es algo que le venimos diciendo desde hace más de un año”.

Desde el Concejo Deliberante aguardarán la comunicación oficial del intendente para solicitar luego un informe acerca de cómo quedó establecido el organigrama municipal y conocer las modificaciones.

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