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Política & Economía Nacional

Preocupación en el Gobierno por el aumento de resoluciones judiciales que benefician a represores.

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La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación expresó su “preocupación por el aumento de las prisiones domiciliarias y libertades condicionales” concedidas a represores condenados por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar.

Así lo expresó la Secretaria encabezada por Horacio César Pietragalla Corti, luego de que la Justicia en pocos días dejara a las puertas de la libertad a Santiago Riveros y Jorge Tigre Acosta, dos de los genocidas más emblemáticos de la última dictadura, quienes actuaron en los centros clandestinos de detención que funcionaron en Campo de Mayo y en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), respectivamente.

En los últimos tiempos también fueron beneficiados con domiciliarias otros dos represores: Mario Guillermo Ocampo y Luis Firpo, condenados a prisión perpetua en el juicio de la Contraofensiva.

“La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación ve con preocupación el aumento de las prisiones domiciliarias y libertades condicionales dispuestas por la Justicia Federal en casos de personas procesadas y condenadas por crímenes de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado”, indica el comunicado dado a conocer esta tarde.

Y señala que “ante el incremento de estos beneficios se redoblaron los esfuerzos de los equipos de abogados y peritos para analizar cada caso e impedir decisiones arbitrarias por parte del Poder Judicial”.

En ese sentido, el organismo especificó que “los equipos de la Secretaría realizan un seguimiento permanente de cada uno de esos casos en todo el país, participan de manera activa en las causas en las que es querellante, efectúan un estricto control jurídico y exigen rigurosidad al Poder Judicial a la hora de otorgar esos beneficios y de hacerlos cumplir“.

Asimismo, consideró que los crímenes investigados en estas causas representan graves violaciones a los derechos humanos que el Estado argentino tiene la obligación de investigar, juzgar y sancionar, y cuyas penas deben ser cumplidas de manera efectiva y completa como parte de la reparación a las víctimas y a la sociedad“.

Desde la Secretaría de Derechos Humanos recordaron que, en los últimos años, según datos del Ministerio Público Fiscal, se profundizó el otorgamiento de estos beneficios y apenas un tercio de las más de 2200 personas investigadas o condenadas por crímenes de lesa humanidad se encuentra detenida.

Y detalla que una “gran mayoría” de los represores detenidos cumplen sus penas bajo el régimen de prisión domiciliaria (565) y que tan sólo 185 cumplen la pena o la prisión preventiva en un establecimiento penitenciario.

Al respecto, el comunicado subraya que “el seguimiento y control de los pedidos de prisión domiciliaria, libertad condicional o salidas extraordinarias es uno de los objetivos centrales de esta Secretaría, como lo estableció en su Plan Estratégico para el avance del proceso de justicia por los crímenes de lesa humanidad“.

Con ese propósito -recuerda el documento- se creó en agosto del año pasado un cuerpo de peritos que participa en las juntas médicas dispuestas ante pedidos de prisión domiciliaria por motivos de salud o planteos de incapacidad de afrontar el proceso penal”. Este equipo de especialistas -que, desde su conformación, ya participó en 147 juntas médicas- interviene en todos los casos en que la Secretaría es querellante y se encuentra a disposición de las querellas en el resto de las causas.

A partir de lo dispuesto por la Ley de Víctimas, la Secretaría -a través de la Coordinación de Asistencia a Testigos Víctimas- también trasmite a los tribunales la voz de familiares y sobrevivientes del terrorismo de Estado frente a estos pedidos de los represores.

Según se precisó desde el organismo, en el transcurso del 2022 ya fueron notificadas 628 víctimas o familiares para que se manifiesten sobre algún pedido de morigeración de pena.

También ha impulsado en algunos casos, en articulación con otras querellas y el Ministerio Público Fiscal, la realización de audiencias públicas para que sean escuchadas las personas que sufrieron esos crímenes antes de que se resuelva lo pretendido por el imputado o condenado.

La Secretaría, además, realiza gestiones de manera periódica para garantizar que el Servicio Penitenciario Federal “brinde condiciones adecuadas de detención y los servicios médicos y oportunos que estos condenados puedan necesitar”, indica el comunicado.

Y concluye: “Mediante estas acciones, la Secretaría busca que el Poder Judicial tome todos los recaudos posibles y que decida con la mayor rigurosidad antes de otorgar una prisión domiciliaria o una libertad condicional, beneficios que pueden exponer a las víctimas y que podrían comprometer la responsabilidad internacional del Estado argentino”.

Política & Economía Nacional

Advierten que la ley Bases pone en peligro al Banco Nacional de Datos Genéticos

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Un comunicado de la UCR expresa su preocupación por el futuro de la base de datos que colaboró en la construcción de Memoria, Verdad y Justicia tras la dictadura.

Este viernes, el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) se expresó a través de un documento donde “instan a los diputados y diputadas de la Nación a que garanticen la preservación del Banco Nacional de Datos Genéticos“, una herramienta clave para la detección de niños secuestrados en la dictadura. Preocupación por el impacto de ley bases.

A través de un comunicado, el partido centenario señala que “entre los organismos sujetos a potencial disolución por parte del Poder Ejecutivo Nacional se encuentra el BNDG. Así surge del dictamen de mayoría de la Ley Bases, que en su artículo 3 no explicita la situación futura del Banco, poniendo en riesgo su existencia“.

“El BNDG nació en 1987, por ley 23.511 sancionada durante el gobierno del presidente Raúl Alfonsín. Su objetivo es claro y conocido: asistir a la reconstrucción de la identidad y de lazos familiares de niños y niñas arrancados a sus familias en los años de la represión ilegal. Gracias a su trabajo, hoy tenemos muchísimos nietos que pudieron conocer su filiación”, detallan.

Finalmente, recuerdan que “estamos a tiempo de defender el BNDG en el Recinto, honrando nuestros más preciados valores. Apelamos para ello a la responsabilidad histórica de todos los legisladores nacionales. El respeto a los derechos humanos -los de ayer, los de hoy y los de mañana- debe ser un compromiso de todas las fuerzas democráticas”.

Qué es el Banco Nacional de Datos Genéticos

El Banco Nacional de Datos Genéticos es el archivo público y sistemático de material genético y muestras biológicas de familiares de personas secuestradas y desaparecidas durante la dictadura militar argentina.

Sirve para poder identificar vínculos biológicos entre personas que sospechan ser hijos de desaparecidos durante el Terrorismo de Estado y sus familias de origen. Su análisis consiste en el estudio de las secuencias de nucleótidos (unidades que constituyen el ADN) que se encuentran en los cromosomas humanos.

En cuanto a la fiabilidad de sus resultados, las probabilidades de paternidad, hermandad o abuelidad son lo suficientemente altas como para confirmar o descartar prácticamente un vínculo genético.

La genética al servicio de la sociedad: cómo surgió el Índice de Abuelidad

Todavía en dictadura, la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo emprendió la búsqueda de nietos y nietas que habían sido apropiados. Sin embargo, necesitaban encontrar una manera de probar a ciencia cierta el parentesco con sus familiares.

En ese momento, todavía no había pruebas que permitieran analizar el ADN para determinar parentescos y era todavía más difícil cuando, en gran parte de los casos, ambos padres estaban desaparecidos.

Ante este problema, recurrieron a un grupo de investigadores liderados por Mary Claire King en Estados Unidos, y junto al genetista argentino Víctor Penchaszadeh, lograron desarrollar el “Índice de Abuelidad”.

A partir de un trabajo estadístico y matemático, este índice permitió establecer, con el material genético, vínculos entre abuelos y abuelas y nietos y nietas con un 99,99% de eficiencia. Por el alto grado de confiabilidad que aseguraba el análisis, la Justicia lo aceptó como prueba fehaciente.

La recuperación de Paula Eva Logares en 1984 fue el primer caso en el que la Justicia utilizó como prueba de filiación los análisis genéticos.

Tres años más tarde, el Congreso de la Nación impulsó la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos, un archivo público y sistemático de material genético y muestras biológicas de familiares de personas secuestradas y desaparecidas durante la dictadura.

Desde entonces, el Banco colaboró en el esclarecimiento de crímenes de lesa humanidad vinculados con el terrorismo de Estado, y ayudó en la búsqueda e identificación de personas nacidas en cautiverio.

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Política & Economía San Juan

Los empleados públicos tendrán acreditados sus haberes el 30 de abril

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Así lo confirmó el Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda.

El Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda informa la fecha de pago de los haberes de la Administración Pública correspondiente al mes de abril de 2024.

El mismo se encontrará acreditado en cajeros el día 30 de abril del corriente. Los haberes se percibirán con el 11% de incremento.

Cabe destacar que el plus se abonará en planilla complementaria.

@SiSanJuan.

/Imagen principal: SiSanJuan/

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Política & Economía Nacional

Gobierno anunció que bajará los impuestos al sector automotor

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Es con el objeto de mejorar la competitividad e impulsar su crecimiento, anunció el ministro de Economía, Luis Caputo.

El Gobierno anunció este viernes que lanzará una rebaja de aranceles e impuestos para el sector automotor, con el objeto de mejorar la competitividad e impulsar su crecimiento, anunció el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de la red social X.

Actualmente, este sector tiene el 10% de la producción total industrial y genera más de 75 mil empleos.

El ministro dijo además que “se mantendrá la exención de derechos de exportación para las exportaciones incrementales que estaba vigente desde 2021 y se sistematizará y digitalizará el régimen de Reposición de Existencias (Repostock)”.

Estas medidas “permitirán que los proveedores vendan partes a las terminales con una rebaja de aranceles e impuestos y que se genere una caída en el costo de las autopartes nacionales con destino a exportación”.

En este sentido, Caputo señaló que “los aranceles de moldes de metal usados por la industria automotriz pasarán del 35% al 12,6%, mientras que los moldes de inyección plástica pasarán del 24% al 12,6%”.

Y a partir de junio, “también se homologarán los ensayos de Licencias para la Configuración de Modelos (LCM) con Brasil para que no sea necesario duplicar aquellos ensayos que ya están reconocidos por el país vecino y viceversa“, sostuvo el titular de la cartera económica.

Según los últimos datos difundidos por la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa), la producción de vehículos en el país fue de de 43.159 unidades, un 15,1% más respecto de febrero y 29,4 % menos respecto del mismo mes del año pasado.

El sector exportó 23.484 vehículos en el tercer mes del año, con lo cual registró 0,4 % menos en su comparación con febrero, y 27,6 % por debajo del volumen que se contabilizó en marzo de 2023.

En ventas mayoristas, el sector automotor comercializó a la red de concesionarios 30.176 unidades en marzo, 9,2% menos comparado con el mes anterior, y 20,8 % por debajo de marzo del año pasado.

En el acumulado del primer trimestre, el sector produjo un total de 103.293 vehículos, un 23,2% menos respecto de las 134.574 unidades que se produjeron en el mismo período del 2023.

@Ámbito.

/Imagen principal: Archivo/

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