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San JuanPolítica & Economía 

Por unanimidad, la Sala Acusadora rechazó el juicio político contra tres cortistas

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Definición. Los diputados de la Sala Acusadora rechazaron el pedido de juicio político que había pedido el empresario libertario Sergio Vallejos, a través de una denuncia.

Los miembros de la Sala Acusadora se reunieron ayer a las 18 y rechazaron la denuncia del dirigente libertario Sergio Vallejos quien había pedido el juicio político contra los cortistas Marcelo Lima, Daniel Olivares Yapur y Adriana García Nieto. Según trascendió de fuentes calificadas, la postura fue unánime y estuvo en tono del dictamen que ayer había sacado la Comisión Investigadora, cuyos cinco miembros habían votado a favor del archivo.

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La denuncia apuntaba, en primer lugar, al fallo que sacaron los ministros sobre la expropiación de la exbodega La Superiora.  En segundo término, iba contra la decisión del Tribunal Electoral de despegar, el año pasado, los comicios de gobernador con los de diputados provinciales, cuando la Constitución local establece que deben ser juntos. El desdoblamiento se produjo luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación suspendiera la elección de gobernador y vice para estudiar si habilitaba o no la candidatura de Sergio Uñac, a la que finalmente no avaló.

La causa había provocado revuelo, dado que la embestida la había encarado el empresario textil y dirigente libertario Sergio Vallejos, quien había sido candidato a gobernador dentro de una de las líneas internas del frente que conducía Marcelo Orrego.

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Por eso, la movida generó ruido en la oposición peronista, debido a que los ministros habían sido designados en la gestión uñaquista, por lo que llegaron a preguntarse y consultar si el oficialismo estaba detrás de la maniobra. En el orreguismo lo negaron y enviaron señales al Poder Judicial de que se trataba de una jugada individual de Vallejos, entre otras versiones que circularon.

Incluso, hubo dirigentes que entendían que el que perdía políticamente era el oficialismo si se encaminaba a rechazar la denuncia, dado que se corría el riesgo que se lo equiparara bajo el concepto de “casta” junto al peronismo.

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La Comisión Investigadora está integrada por los orreguistas Carlos Jaime y Marcela Quiroga, los peronistas Pedro Albagli y Sonia Ferreyra y el diputado de La Libertad Avanza – ADN, Fernando Patinella. Este último y Vallejos coinciden en el apoyo al presidente Javier Milei, pero es el único punto en común, ya que el empresario textil está enfrentado con el líder del espacio libertario en San Juan, José Peluc, con el que sí juega el legislador. El dictamen de los integrantes de la Comisión salió por unanimidad, indicaron las fuentes.

Más allá del impacto político, Vallejos había denunciado a Lima, Olivares Yapur y García Nieto, por entonces miembros de la Sala I, por la resolución en la causa de La Superiora. En líneas generales, el libertario cuestionó que los ministros ordenaran que el municipio de Rawson le pagara a los expropiados el valor actual del predio ubicado en Rawson, cuando, según su planteo, la normativa indica que se debe calcular el monto del terreno al momento de la desposesión. Sumado que la Corte dispuso la aplicación de la tasa activa del Banco Nación y no la tasa pasiva.

Por ello, había sostenido que Lima, Olivares Yapur y García Nieto incumplieron con sus deberes, dado que habría fallado en contra de la normativa vigente y porque corrigieron el planteo realizado por los abogados de la empresa expropiada, Cuyo Inversiones, de la familia Pallito, al resolver más allá de lo que habían pedido. Incluso, Vallejos llegó a indicar en la denuncia que los cortistas tuvieron el “indisimulable propósito” de “beneficiar inescrupulosamente a los amigos del poder, en detrimento del erario público”.

La expropiación del terreno de la exbodega La Superiora la encaró en 2012 la gestión municipal de Juan Carlos Gioja. Luego de dos tasaciones, a la comuna de Rawson le quedó por pagar poco más de un millón de pesos. Luego de la disputa judicial, los abogados de Cuyo Inversiones, entre los que se encuentra Martín Turcumán, dirigente político de ADN, partido que fue base de La Libertad Avanza en San Juan, acudieron a la Corte de Justicia, la que en 2023 sacó el fallo de la polémica.

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Con una nueva tasación, teniendo en cuenta el valor actual del inmueble, lo que le queda por abonar al municipio superó los 373 millones de pesos. Ante ese resultado, la administración de Carlos Munisaga puso el grito en el cielo y, a través de un planteo, lograron que la Sala IV de la Cámara Civil disponga que se haga un nuevo cómputo, luego de una valuación polémica del Tribunal de Tasaciones.

Si bien el tema se manejó con hermetismo, circuló que entre los argumentos de la Comisión Investigadora estaría el hecho de que la causa judicial aún está en trámite, que no está cerrada; que la sentencia de la Corte tuvo sus fundamentos para llegar a esa definición y que, en cualquier caso, sería materia opinable.

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Además, sobre el supuesto beneficio a los expropiados, no habría habido prueba que lo demostrara. Entonces, no encajaría la causal contra los tres ministros por incumplimiento de los deberes a su cargo.

En segundo término, el empresario textil le había apuntado a Olivares Yapur y García Nieto porque en 2023 integraron el Tribunal Electoral, junto al fiscal General Eduardo Quattropani (aunque a este no lo incorporó en la denuncia), el que despegó las elecciones de gobernador y vice de las de los diputados provinciales.

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El caso tuvo su origen cuando la Corte Suprema de Justicia suspendió la contienda de gobernador y vice para analizar si habilitaba o no la candidatura de Uñac, a la que, después, le dio de baja. El organismo electoral acató la decisión del máximo tribunal judicial del país, pero el cuestionamiento se basó en que debía tener en cuenta el artículo 185 de la Constitución, que establece que los comicios de gobernador y vice deben hacerse conjuntamente con los de los diputados.

En su momento, en el Tribunal Electoral explicaron que resolvieron de esa manera porque siguieron la orden de la Corte Suprema, la que sólo se refirió a la elección de gobernador y vice. Incluso, el abogado Marcelo Arancibia presentó un recurso y el máximo tribunal dispuso que había que remitirse a lo que había resuelto.

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Bajo la misma lógica del punto anterior, en la Comisión Investigadora prevaleció el argumento de que la postura del organismo electoral tuvo sus fundamentos y que sería materia opinable, pero no se encuadraría en la causal de juicio político.

Con el dictamen, la Sala Acusadora, presidida por el diputado del Pro, Enzo Cornejo, reunió a sus 18 miembros para tomar la decisión final. Si bien el dictamen de la Comisión Investigadora no es vinculante, los legisladores de la Sala siguieron la misma línea y rechazaron el pedido de juicio político.

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Vallejos había tratado de ampliar su denuncia contra Lima, al cuestionarle que no renunciara como titular del Registro Notarial Nº22 luego de que asumiera como miembro de la Corte de Justicia. Sin embargo, la Sala Acusadora rechazó el planteo, ya que no se trata de aportes que sumen datos o información sobre la denuncia original, sino de un hecho totalmente nuevo. De todas formas, el empresario volvió a presentar hoy una denuncia nueva sobre el mismo tema.

 



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Avanza en Rivadavia el programa de salud ginecológica para trabajadoras municipales

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En el marco de la firma de un importante convenio, el intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky y el director del Sanatorio Argentino, Carlos Buteler, se reunieron para evaluar el impacto y la continuidad del programa de salud preventiva destinado a todas las mujeres que se desempeñan en la Municipalidad.

Acompañaron además, la directora de Acción Social, Natacha Torres; y la responsable del área de Salud del municipio, Laura Barbieri.

Este acuerdo garantiza controles médicos integrales para todas las mujeres que trabajan en el municipio, priorizando la prevención y detección temprana del cáncer de mama y cuello de útero. Cada sábado, entre 20 y 30 mujeres acceden a estudios ginecológicos completos. A lo largo del programa, que se extenderá hasta diciembre de 2027, se alcanzará un total de 900 trabajadoras diagnosticadas.

“Esto no es solo un programa de chequeos. Es una política de cuidado, de cercanía, de compromiso real con la salud y la vida de nuestras trabajadoras”, expresó el intendente Miodowsky.

Gracias a este convenio, ya se han podido detectar a tiempo diversas patologías que, de no haber mediado esta política pública, hubiesen avanzado sin diagnóstico ni tratamiento oportuno.

Durante la reunión se destacó la importancia de continuar fortaleciendo este tipo de acciones, que no serían posibles sin la colaboración entre el Estado municipal y el sector privado.

/PrensaRivadavia

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En Rivadavia, Orrego y Martín pidieron el voto para “defender los intereses de San Juan” y “no estar atado a ningún lineamiento nacional”

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El Gobernador y el vice dieron el primer mensaje en tono electoral durante una actividad en la tarde de ayer. También habían compartido un acto en la mañana.

El gobernador Marcelo Orrego y el vice Fabián Martín compartieron una actividad por la pavimentación de calles en Villa Flora, Rivadavia, a la que, además, le imprimieron un tono electoral. De hecho, por primera vez se los escuchó pedirles a los vecinos el acompañamiento para las legislativas del 26 de octubre. “Tenemos el deber y la responsabilidad de defender los intereses de San Juan”, resaltó el líder del frente Por San Juan, mientras que su ladero solicitó el apoyo para “robustecer nuestro proyecto político” y que “no estemos atados a ningún lineamiento nacional”.

Los máximos referentes de la alianza oficialista dejaron datos significativos en la jornada de ayer. Primero, lo dicho, el pedido del voto. Segundo, el hecho de que compartieran actividades, dos actividades oficiales. Una en la mañana, en la entrega de viviendas del Barrio Los Nogales, en Capital, y, la segunda, en Rivadavia.

La movida se dio a tan sólo cinco días del vencimiento para la presentación de candidatos y cuando suena con fuerza que Martín puede encabezar la lista. Se trata de una carta fuerte que podría utilizar el Gobernador, dado que su vice es una de las figuras más instaladas del oficialismo, con manejo político entre los dirigentes propios de los departamentos y con la oposición.

Para las legislativas, asoma un escenario de tercios, es decir, con tres fuerzas políticas competitivas: el orreguismo, con el frente Por San Juan; el PJ, con Fuerza San Juan; y La Libertad Avanza. En ese tablero, es posible el reparto de las tres bancas de diputados nacionales entre las tres agrupaciones.

Bajo ese parámetro, la disputa estará centrada en quién sale en primer lugar, por el peso político que implica, sumado a que no pocos en el mundillo político empezarán a avizorar el panorama para posicionarse en la elección provincial de 2027. Si Orrego pone a Martín, todo indica que lo haría para tratar de asegurarse el primer escalón del podio.

También ha circulado el nombre del hermano del Gobernador, el intendente de Santa Lucía, Juan José “Kanky” Orrego. Es la ficha más fuerte del oficialismo. Sucede que, de acuerdo a las encuestas que manejan en el Gobierno, el mandatario provincial es la figura política con mayor nivel de imagen positiva, por encima, incluso, del presidente libertario Javier Milei.

Un tema que analizan en el laboratorio orreguista es el traslado de los votos hacia los candidatos, por lo que la transferencia a la figura del intendente sería con mayor amplitud. De todas formas, es la opción que menos cierra, dado que en el oficialismo apuntarían a evitar el hecho de que el Gobernador termine inclinándose por su hermano.

Hubo antecedentes que impactaron negativamente en el electorado, como cuando Sergio Uñac, inhabilitado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para candidatearse a gobernador en 2023, puso a su hermano Rubén. ¿El resultado? Esa línea peronista salió en tercer lugar, detrás de José Luis Gioja y mucho más lejos del propio Orrego, quien terminó derrotando a ambos.

En el acto en Rivadavia, Orrego cerró los discursos y destacó que “no me puedo olvidar que dentro de poco va a haber elecciones”. En ese contexto, hizo hincapié en defender los intereses de San Juan en el Congreso y señaló que, “la persona que se siente ahí, no tiene que estar subordinada a ninguna otra situación, ni siquiera a una respuesta porque es parte de un partido político. Tiene que estar pensando todos los días en las necesidades que tiene San Juan, los compromisos que tomamos con los sanjuaninos. No tenemos otro compromiso más. Esa es la única bandera que vamos a llevar siempre en el pecho, que es la bandera de San Juan. Así que también pedirles que nos acompañen”.

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Comenzó el proceso para definir la tarifa de luz y las inversiones del próximo quinquenio en San Juan

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Hoy se abrió un proceso de cinco audiencias para definir la tarifa eléctrica 2026/2031: Naturgy busca rentabilidad y el EPRE exige inversiones.

Este martes en San Juan comenzó un proceso que marcará el rumbo del servicio eléctrico provincial durante el próximo quinquenio: se realizó la primera de las cinco audiencias públicas que conforman la Sexta Revisión Tarifaria Ordinaria, instancia que definirá las condiciones de la tarifa, costos y estándares de calidad de la distribución eléctrica en la provincia entre 2026 y 2031.

El debate, que se extenderá por los próximos meses, no se limita solo a la definición de la tarifa de los sanjuaninos, sino que también están en juego las exigencias de inversión y modernización que plantea el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) ante el crecimiento que se espera en la provincia, y las modificaciones regulatorias que reclama la distribuidora Naturgy San Juan para asegurar -según sus palabras- la sustentabilidad económica del servicio.

Cinco audiencias: los temas

Oscar Trad, presidente del EPRE, abrió la audiencia recordando que este proceso forma parte de un “semestre de trabajo” que comenzó a principios de año y que involucra no solo las audiencias públicas, sino también una etapa previa de consultas y análisis técnico.

En la jornada inicial el foco estuvo en “el análisis de la demanda y las proyecciones de crecimiento de la estructura tarifaria”, tema que marcará el punto de partida para la discusión sobre inversiones y estructura de costos. Trad detalló que las próximas audiencias abordarán:

  • 16 de septiembre: plan de inversiones, modernización del sistema interconectado, resiliencia y atención a zonas vulnerables.
  • 14 de octubre: calidad del servicio y régimen de suministro.
  • 11 de noviembre: estructura de costos y situación impositiva.
  • Diciembre 2025 / enero 2026: regímenes sancionatorios, costos de redes, operación, mantenimiento y aplicación del nuevo cuadro tarifario.

La mirada del EPRE

Cristian Peluso, en representación del EPRE, enfatizó que el objetivo de la Sexta Revisión Tarifaria Ordinaria “es garantizar la real participación y el contralor que tiene la sociedad sobre un tema de gran impacto, tanto en la economía de los hogares como en el sector industrial y comercial”.

Remarcó que el proceso está amparado en la Resolución 611 del 2025 y que las discusiones no se limitan al ámbito técnico: “Los actos previos son tan importantes como las audiencias. Allí el Consejo Asesor de Acompañamiento ha cumplido un rol clave”, dijo y mencionó que el mismo está integrado por representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo, instituciones de consumidores, organizaciones sociales, consejos profesionales, cámaras empresarias y gremios. Detalló que justamente en ese ámbito se consensuaron dos ejes centrales:

  • Exigir a la distribuidora inversiones proporcionales al crecimiento de la demanda, que se prevé “extratendencial” en los próximos años, para evitar que la infraestructura se convierta en un cuello de botella para el desarrollo económico.
  • Analizar la extensión del sistema de facturas “alisadas” o prorrateadas durante todo el año, pensadas no solo para el sector comercial, sino también para otros rubros, de forma de dar previsibilidad y estabilidad en los pagos a los sectores productivos.

La postura de Naturgy: rentabilidad

Por su parte, Marcelo Merenda, vocero de Naturgy San Juan, definió esta revisión como una “oportunidad para resolver definitivamente los problemas que aún presenta la concesión del servicio eléctrico”.

Según explicó, la empresa necesita que el nuevo marco tarifario le permita “operar de forma prudente y eficiente, asegurar la sustentabilidad del servicio y garantizar a los accionistas una retribución justa y razonable”. Naturgy presentó una serie de propuestas que serán evaluadas en el transcurso de las audiencias:

  1. Modificar el régimen sancionatorio vigente y el tratamiento de artefactos dañados, con el objetivo de “permitir una operación sustentable” y evitar costos desproporcionados.
  2. Revisar la indexación de la base regulatoria durante el período de emergencia estadística.
  3. Ajustar el cálculo de amortización regulatoria en línea con lo definido en el acuerdo final de 2006.
  4. Incluir en la tarifa una compensación por administración y gestión de activos.
  5. Actualizar los parámetros de incobrables y pérdidas de energía para que reflejen la realidad actual.

Lo que viene

El proceso que acaba de iniciar no solo se centrará en lo que pagarán los usuarios, sino también en cómo se financiarán las obras necesarias para sostener el crecimiento económico de San Juan y qué garantías tendrá la ciudadanía sobre la calidad y continuidad del servicio.

El EPRE anticipó que apunta a reforzar el control social y asegurar que la distribuidora invierta lo necesario, mientras que Naturgy busca modificar reglas y obtener un marco tarifario que le garantice rentabilidad y previsibilidad.

/TSJ

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