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La pobreza alcanzó al 30% de los trabajadores en relación de dependencia, con descuento jubilatorio, obra social, aguinaldo y vacaciones pagas; mientras que entre los “asalariados precarios” supera el 70%, según el informe “Pobreza, distribución del ingreso y clases ocupacionales” de Eduardo Chávez Molina y José Rodríguez de la Fuente, del Instituto de Investigaciones Gino Germani (IIGG) de la UBA.

“Uno de los hallazgos más importantes es la creciente presencia de ‘trabajadores pobres’, quienes, a pesar de estar empleados, no logran superar la línea de pobreza”, resalta el informe.

Se calcula que casi 3.000.000 de trabajadores en relación de dependencia se encuentran en situación de pobreza, ya que la totalidad de los trabajadores registrados según la última Encuesta Permanente de Hogares (EPH) es de 6,2 millones y extrapolado a la población total es de 9.943.921. “Esto evidencia que el empleo formal, aunque brinda cierta protección, no es suficiente para mitigar el impacto de la crisis”, resaltaron.

Otros casi 4 millones de personas que pertenecen a los “asalariados precarios” también están bajo la línea de pobreza y no llegan a cubrir la canasta básica.

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Después de la masiva marcha federal universitaria, el Gobierno publicó el veto a la ley de Financiamiento Universitario bajo el argumento de querer “dañar al gobierno políticamente” y al equilibrio fiscal, mediante la ampliación de partidas presupuestarias no previstas. Más temprano, en un comunicado, el Ejecutivo acusó a referentes políticos de la oposición que asistieron a la protesta de conformar “un nuevo frente de izquierda populista”.

Mediante el decreto 879/2024, el presidente Javier Milei avanzó esta noche con el rechazo a la normativa sancionada por el Congreso, que apuntaba a incrementar el presupuesto del sector universitario y los salarios de los trabajadores docentes y no docentes. La medida era respaldada por una buena parte de la sociedad civil.

El texto publicado en el Boletín Oficial señala que “el proyecto de ley en análisis no pretende defender ni garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de las Universidades Nacionales, sino que procura dañar al gobierno políticamente“. Además, denuncia que “es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente, en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento”.

Universidades advirtieron que la situación actual “es más crítica que a comienzos de año”

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que aglutina a las 61 universidades públicas del país, convocante de la marcha de este miércoles, emitió un comunicado tras la movilización en donde señalaron que, pese a haber pasado cinco meses desde la primera marcha, y luego de sucesivas reuniones con el Gobierno, la situación actual “es más crítica que a comienzos de año”.

El ente universitario afirmó que en aquel momento, el objetivo de la movilización era “evitar la grave situación que vivimos hoy”. Sin embargo, pese a la buena voluntad de los rectores y de los gremios, “la reconducción del presupuesto 2023 para el 2024 hizo que las partidas de gastos de funcionamiento quedaran completamente desactualizadas” y las paritarias “profundizaron la pérdida del poder adquisitivo del salario”.

“Como si esto no fuera suficiente, soportamos una campaña injusta, planificada e intencional, que busca, sistemáticamente, desprestigiar lo que sucede en el ámbito científico y universitario para fundamentar la desjerarquización y el ahogo presupuestario”, criticó el CIN. Cabe recordar que en los últimos días, desde el Ministerio de Capital Humano acusaron a las universidades de “inventar alumnos” para ampliar los cargos docentes.

“La situación hoy es más crítica que a comienzos de año, con un capítulo dramático en materia salarial. La pérdida de quienes trabajamos en las universidades públicas es de una gravedad inusitada; con un porcentaje enorme de docentes y no docentes percibiendo un salario por debajo de la línea de la pobreza, cuando no de la indigencia. Esto compromete uno de los núcleos de la universidad pública, pues pone en riesgo la continuidad de los cuadros académicos, de administración y de servicios esenciales para su funcionamiento”, continuó el comunicado.

Asimismo, manifestaron que defender el salario de los trabajadores universitarios “en este angustiante contexto no es defender privilegios sino nuestros derechos”, dado que se trata de reclamar por “condiciones mínimas para la vida digna de quienes tienen la responsabilidad de formar a futuras generaciones de profesionales, de garantizar el funcionamiento de la institución que lo hace posible”.

Sobre el final, le hablaron al Presidente para que no vete la ley. “Tiene al alcance de su mano una ley razonable que resuelve los problemas, cuidando al Estado y a su economía. Las y los estudiantes de toda la argentina le pedimos, en un grito de auxilio para salvar al sistema: ¡promulgue la Ley de Financiamiento universitario!”, cerraron.

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