Este domingo a las 13:30 hora argentina, se conoció una nueva investigación sobre paraísos fiscales: los Pandora Papers, que consiste en la publicación de 11,9 millones de documentos con información de sociedades offshore que llevó adelante el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés). Esta investigación involucró a 600 periodistas de 150 medios de 117 países del mundo.

Pandora Papers es la investigación sucesora de los Panama Papers -liderada por el mismo consorcio de periodistas-, que en abril de 2016 reveló 11,5 millones de documentos provenientes del estudio de abogados panameño Mossack Fonseca, que brindaba servicios a personalidades de todo el mundo -entre las que figuraban políticos y hasta presidentes- de radicación de sociedades offshore en paraísos fiscales, en su mayoría en Panamá, con la finalidad de evadir impuestos. Entre los involucrados figuró el ex presidente Mauricio Macri.

En Pandora Papers figuran los nombres de monarcas, 130 multimillonarios, 35 presidentes y expresidentes, jueces, ministros, alcaldes y jefes de espías. También figuran los nombres de estrellas de la música y el deporte. Los documentos están fechados entre 1996 y 2020, pero incluyen información de compañías creadas desde 1971. 

En la lista figuran Presidentes de América Latina.

Uno de los mandatarios de América Latina que aparece en los Pandora Papers es el chileno, Sebastián Piñera. La investigación hecha por el equipo chileno del ICIJ reveló que el presidente compró junto a su amigo, el empresario Carlos Alberto Délano, la Minera Dominga a través de una estructura offshore en Islas Vírgenes Británicas.

Nueve meses después de que Piñera asumiera su primera presidencia, en diciembre de 2010, el mandatario dejó el negocio en manos de Délano mediante la firma de un acta en Chile por 14 millones de dólares y otra en el paraíso fiscal por 138 millones. El monto debía cumplirse en tres cuotas, pero el último pago estaba sujeto a que no se estableciera un área de protección ambiental sobre la zona de operaciones de la minera.

El gerente de las empresas de la familia Piñera aseguró que el Presidente no maneja sus negocios desde hace 12 años, que no fue informado sobre el proceso de venta de Dominga y que la investigación judicial sobre la operación terminó en sobreseimiento.

Guillermo Lasso, el exbanquero y presidente de Ecuador, figura en los documentos. En 2017, tres meses después que el congreso de Ecuador aprobara una ley que prohibía a los funcionarios tener bienes en paraísos fiscales, Lasso abrió un trust en Dakota del Sur, Estados Unidos.

El ex presidente de Paraguay, Horacio Cartes, era propietario junto a su familia de empresas offshore mientras ocupaba la primera magistratura con una valoración que superaba el millón de dólares. El exmandatario y sus tres hijos eran dueños de una empresa en Panamá llamada Dominicana Acquisition SA que tenía un departamento en Miami y una cuenta bancaria en el Banco Amambay de Paraguay -que ahora se llama Banco BASA- propiedad del Grupo Cartes.

Los argentinos son mencionados 57 mil veces.

Argentina tiene su propio capítulo en los Pandora Papers: aparece mencionado 57.307 veces en los documentos analizados y ocupa el tercer lugar en el ranking de países con mayor cantidad de beneficiarios finales de estructuras offshore detectadas en los documentos (2.521 personas). El primer y segundo puesto están ocupados por Rusia y el Reino Unido, respectivamente.

En los documentos figuran sociedades del asesor del expresidente Mauricio Macri, Jaime Durán Barba, y de Mariano Macri. Asimismo, aparecen los nombres del financista Ernesto Clamens, un “arrepentido” en la causa cuadernos, y el exsecretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz.

También figuraron otros nombres como el del actual intendente de Lanús, Néstor Grindetti; el del CEO del Grupo Clarín, Héctor Magnetto; el empresario farmacéutico, Alejandro Roemmers; y el expresidente de Boca Juniors, Daniel Angelici; entre otros.

En los próximos días, el ICIJ publicará más información sobre otros argentinos que aparecen en el listado, pero que habrían brindado documentación sobre los movimientos financieros que aparecen en los Pandora Papers: Zulemita Menem, Humbertito Grondona, Ángel Di María y Mauricio Pochettino.

Desde el ICIJ señalaron que tener una compañía offshore o abrir una cuenta bancaria en un pasaíso fiscal no es una actividad ilegal en sí misma, sino que conforma una figura penal -como evasión de dinero o lavado- cuando no se declara el dinero u activo a las autoridades tributarias de su país.

«Panamá Papers con esteroides».

Mientras los Panamá Papers se basó en documentos del estudio Mossack Fonseca, los Pandora Papers provienen de otros 14 proveedores del mundo offshore que trabajan con múltiples jurisdicciones, entre los que se encuentran el estudio panameño Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), elegido por la mayoría de los beneficiarios finales argentinos; y Trident Trust Company, elegida por los argentinos para armar fideicomisos vinculados a las Islas Vírgenes Británicas.

Según publicó ICIJ en su web, Alcogal trabajó con figuras involucradas en casos célebres de corrupción: Odebrecht SA (ahora bajo el nombre de Novonor) y el Fifagate.

Gerard Ryle, director de ICIJ, sostuvo que el proyecto “es Panamá Papers con esteroides”, ya que Pandora Papers supera en número de documentos a la célebre filtración de 2016 y “muestra a Estados Unidos por primera vez como un paraíso fiscal”.

La reacción del gobierno de Panamá.

A poco de conocerse esta nueva filtración de información, el gobierno de Panamá ofreció al ICIJ «un diálogo para proporcionar hechos críticos» e información precisa, según trascendió ayer.

En una carta -a la que tuvo acceso la agencia EFE- el gobierno solicitó a la organización que “antes de continuar” con la investigación “sobre finanzas extraterritoriales» se tenga en cuenta “que la cobertura mediática previa iniciada por el ICIJ utilizó un término falso y difamatorio es decir, los ‘Panama Papers’ que causó un gran daño a Panamá”.

La carta agrega que «el Gobierno de Panamá está decidido a actuar para que no se repita esta falsedad por el ICIJ o cualquier otro medio de comunicación«, y que «desde 2015, el Gobierno de Panamá ha hecho de la lucha contra la evasión fiscal y el lavado de activos una prioridad significativa y ha tomado medidas concretas para mostrar ese compromiso«, lo que generó la suspensión de «395,415 de 762,709 corporaciones y fundaciones fuera de su registro» durante el año pasado.

La carta lleva la firma de abogados Benesch, Friedlander, Coplan & Aronoff LLP, con sede en Chicago (EE.UU.) y representante del presidente Laurentino Cortizo.