Sociedad Sucesos
Ofrecían clases de yoga, y reducían a sus miembros a la servidumbre y a la explotación sexual.

Explotación sexual, incesto y promesas de reencarnación: así operó durante décadas la secta que fue desarticulada en Argentina.
Les ofrecían un tratamiento espiritual que culminaría con la reencarnación. Eran «los elegidos».
Para ello, los separaban de sus familias, los drogaban, les exigían donaciones y lavaban ese dinero. Desde los años 80 comenzaron a acumular millones de dólares, lo que les permitió operar en EE.UU. y en Argentina. Consolidaron una poderosa y misteriosa secta.
La organización fue desarticulada gracias a 50 allanamientos realizados en Buenos Aires y en los que se logró la captura de 19 personas. Conforme pasan los días, la conmoción crece ante el cúmulo de revelaciones que demuestran la impunidad (y la perversidad) con la que operaron durante tantos años.
El líder de la secta era Juan Percowicz, un hombre de 85 años que forma parte de la lista de detenidos y que exigía que lo llamaran ‘El Ángel’ o ‘El Maestro’. Desde principios de los años 90 fue acusado de captar a víctimas en la Escuela de Yoga de Buenos Aires. La causa, sin embargo, no prosperó. Lo mismo ocurrió con denuncias posteriores.
La suerte se le terminó el viernes. Ahora, él y gran parte de sus cómplices esperan en la cárcel los avances de la investigación que encabeza el fiscal Carlos Stornelli.
Los detalles de la causa que ya han sido filtrados a la prensa, abruman. Revelan que la secta operaba con una estructura piramidal en la que el jefe máximo era Percowicz.
Sus subordinados se encargaban del ‘coacheo’ (captación y entrenamiento); el ‘geishado VIP’ (mujeres que debían sostener relaciones sexuales con políticos, empresarios o funcionarios judiciales que le garantizaban protección a la secta); o que manejaban ‘la cura de sueño’, es decir, que les suministraban drogas para controlar la voluntad de los ‘alumnos’ en una ‘clínica’ que no tenía autorización para funcionar como tal.
Modus operandi
En la supuesta ‘escuela’ organizaban orgías en las que hacían participar a menores de edad. También los obligaban a tener relaciones sexuales con sus padres o madres. Les decían que era parte de la ‘libertad’ y parte del camino que los llevaría a todos a reencarnar.
Al igual que otras organizaciones coercitivas, la estrategia consistía en atraer a personas en condiciones de vulnerabilidad emocional. Las alejaban de sus familiares que no estuvieran de acuerdo con las ‘clases’. Hubo casos en los que lograron sumar a familias completas a la organización.
También les pedían donaciones que iban de los 200 a los 10.000 dólares. El día del cumpleaños de ‘El Maestro’, a quien debían venerar, se les exigían aportes especiales. Según el expediente, las ganancias ascendían a medio millón de dólares mensuales. Eso les permitió expandirse a Las Vegas, Chicago y Nueva York, ciudades en las que compraron propiedades para lavar el dinero, al igual que en Buenos Aires.
Además, si uno de los alumnos fallecía, la organización maniobraba legalmente para quedarse con sus bienes.
Bienes, joyas y dólares
La riqueza de la secta quedo demostrada durante los allanamientos. Percowicz, por ejemplo, fue detenido en la lujosa casa en la que vivía en un barrio privado a las afueras de Buenos Aires, y en donde se le secuestraron valiosas alhajas y autos, y miles de dólares y pesos en efectivo.
Uno de los principales denunciantes de la causa es Pablo Salum, quien logró escapar de la ‘escuela’ cuando todavía era un adolescente. Antes de fugarse, logró recolectar fotografías que demuestran las orgías, los abusos, la servidumbre, la explotación.
Sus acusaciones han desatado un escándalo por otra vía, ya que aseguró que el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel; la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; el fallecido fiscal del juicio a las Juntas Militares, Julio César Strassera; y varios miembros más de los respetados organismos de derechos humanos de Argentina, protegieron hace años a Percowicz.
Como prueba, se mostró un documento que todos ellos habrían firmado para defender al líder, al asegurar que era víctima de una campaña antisemita.
Ahora, se espera que los personajes involucrados den explicaciones.




El hecho ocurrió en calle Río Bamba, entre Güemes y Esmeralda.
Un sujeto fue aprehendido por el dueño de un quiniela y lo retuvo hasta que llegaron uniformados de la Comisaría 25ta. El hecho ocurrió en calle Río Bamba, entre Güemes y Esmeralda, en Rivadavia.
Según lo que informaron las fuentes, el muchacho identificado como Rodrigo Araya, de 23 años, ingresó a una agencia y sustrajo una bici Top Mega que había en el lugar de una clienta.
Inmediatamente, el propietario del local salió tras el joven delincuente y a los pocos metros lo redujo. Con la ayuda de otras personas, lo retuvieron hasta que llegó la policía. Quedó vinculado a un caso por delito de Hurto simple.
/DC

La condena a Ricardo Rodríguez desató varias reacciones, luego de conocerse la culpabilidad del integrante de la fuerza de seguridad. Las familias del sentenciado y del riojano Federico Orihuela tuvieron una fuerte discusión al finalizar el juicio.
Momentos de alta tensión se vivieron en los tribunales sanjuaninos tras conocerse la sentencia contra Ricardo Rodríguez, el policía que asesinó a balazos al camionero Federico Orihuela en Valle Fértil. La Justicia lo condenó a prisión perpetua por homicidio doblemente agravado por su condición de miembro de una fuerza de seguridad y por el uso de arma de fuego.
Apenas se escuchó el fallo del tribunal, la familia del camionero rompió en llanto y gritos dentro de la sala. “¡Asesino, las va a pagar!”, se escuchó desde el sector donde estaban ubicados los allegados de Orihuela, visiblemente conmocionados por el desenlace del juicio. Varios familiares debieron ser contenidos por personal judicial ante el dolor y la furia que desató la sentencia.
El crimen ocurrió en octubre de 2022, cuando Orihuela había ido a buscar leña a la zona de La Majadita. Según determinó la investigación, el uniformado le disparó por la espalda con su arma reglamentaria.
La defensa del expolicía intentó argumentar que se trató de un caso de exceso en la legítima defensa, pero los jueces rechazaron esa hipótesis por unanimidad. Con este fallo, la causa cierra con la pena máxima para Rodríguez, y una familia que, entre el dolor, pide justicia y memoria.
/TSJ

Tras ser declarado inimputable, el adolescente, que asesinó a mazazos a la jubilada Hebe Yolanda Leguiza, recibió el alta de una clínica psiquiátrica en Mendoza y reside nuevamente con sus padres en San Juan. A un año del crimen, el joven sigue en la misma situación
A un año del estremecedor crimen en Capital, en el que un menor de 15 años asesinó a mazazos a una jubilada de 71 años, fuentes del caso confirmaron, que el adolescente sigue conviviendo con sus padres en su casa de Santa Lucía y continúa con un tratamiento psiquiátrico en Mendoza, todo controlado y seguido por el equipo de psicólogos y psiquiatras de la Oficina de Medidas Alternativas (OMA) y la jueza de familia Marisa Valdéz.
El adolescente de 15 años continúa con un tratamiento ambulatorio tras ser declarado inimputable por el juez de Menores, Jorge Toro. El tratamiento actual contempla evaluaciones mensuales en un centro de salud mendocino que lo atendió, con informes periódicos sobre su evolución. Además, intervienen el gabinete técnico de Familia y el equipo psiquiátrico de la Oficina de Medidas Alternativas (OMA). También se ordenó la designación de una asistente social para acompañamiento permanente y la coordinación entre médicos de Mendoza y profesionales que ya trabajan con los padres del menor.
El abordaje se enmarca en los principios de la Ley Nacional de Salud Mental, que prioriza tratamientos fuera del ámbito hospitalario, el fortalecimiento de los lazos sociales y la intervención interdisciplinaria. Hay varias etapas durante el tratamiento: la de internación, evaluación, socialización, reinserción y educación, aunque no trascendió en qué etapa se encuentra el menor. Lo que sí aseguraron las fuentes es que el joven no está yendo a la escuela.
El menor estuvo internado en una clínica psiquiátrica en la vecina provincia durante tres meses y después recibió el alta. La internación se ordenó de forma involuntaria con base en lo establecido por la Ley de Salud Mental, debido a que en San Juan no existen instituciones especializadas para menores de edad y adultos. Sin embargo, la normativa establece un límite de 90 días para internaciones de este tipo, por lo que, cumplido ese plazo, el joven regresó a su entorno familiar y actualmente sus padres se hacen cargo de sus terapias y remedios.
La causa penal quedó archivada luego de que el juez Toro declarara la inimputabilidad del adolescente por su edad. Desde entonces, el caso pasó a Familia y quedó bajo la órbita de la jueza Marisa Valdéz, quien dispuso una serie de medidas de seguimiento, según indicaron fuentes consultadas.
La tarde del martes 7 de mayo de 2024, el menor de 15 años atacó con una maza a una jubilada de 71 años, Hebe Yolanda Leguiza, en calle 25 de Mayo entre Aberastain y Caseros. Tres golpes con extrema violencia recibió la mujer que murió al día siguiente a raíz de las graves lesiones. La fiscalía Delitos Especiales, que empezó investigando el homicidio, halló al culpable a través de las cámaras de seguridad de la zona y llegó hasta la casa del menor, en Santa Lucía. A partir de ese momento, como fiscalía era incompetente para llevar el caso, tomó la posta la Justicia de Menores.
/DH
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