Sociedad Sucesos
Mariana Tellechea: “Hay un pacto de silencio en los miembros de la Policía, una amnesia colectiva para ocultar los hechos”.

Durante la última semana de mayo se realizaron nuevas audiencias del juicio sobre la desaparición forzada de Raúl Tellechea. Mariana Tellechea, hija de Raúl, denunció un «pacto de silencio» entre los imputados.
En esta última semana de mayo se realizó una doble jornada de audiencias del juicio sobre la desaparición forzada de Raúl Tellechea, que tiene como imputados a Luis Moyano, ex directivos de la Asociación Mutual de la UNSJ y funcionarios policiales.
La mayoría de los testigos citados pertenecen a la Policía de la Provincia, y fueron convocados por su participación en las comisiones permanentes, que intervinieron en la búsqueda de Tellechea.
El 29 de mayo comparecieron ante el Tribunal Roberto Daniel Lima, Oscar Ernesto Pérez y José Humberto Boca, quienes integraron la primera comisión de búsqueda. Todos dependían en aquel momento (2004) de la Brigada de Investigaciones, y conocían a los imputados Roberto Mario León, Miguel Francisco González y Alberto Vicente “Laly” Flores, por su relación laboral.
Lo llamativo de sus declaraciones, cómo ocurrió anteriormente con otras comparecencias de funcionarios policiales, es que no recordaban. En esta oportunidad, estos policías no pudieron decir quiénes estuvieron integrando la comisión o cuántas personas la conformaron, todos dijeron ser “sólo choferes” y no conocían otros aspectos de la investigación.
Esta situación fue advertida también por Mariana Tellechea (hija del desaparecido), que al término de la audiencia declaró: “Hay un pacto de silencio en los miembros de la Policía, una amnesia colectiva para ocultar los hechos».
El 30 de mayo declararon los miembros de la Policía que integraron la segunda comisión permanente de búsqueda: Ceferino Reina, Mario Bernal y Miguel Ángel Álvarez. También atestiguó Alberto Riveros, comisario de la División Bomberos. Estos aportaron información sobre escuchas y desgrabaciones de teléfonos intervenidos, así como de varios rastrillajes realizados en el perilago de Ullum y en una bodega de Caucete, y sobre los viajes realizados fuera de la provincia con el objetivo de encontrar a Raúl Tellechea, todos con resultados negativos, según los declarantes.
En esta ronda de testimonios fue notoria la insistencia del polícia Ceferino Reina, en catalogar como “broma” con el fin de cobrar recompensa, el llamado de Sebastián Cortés Páez, quien apenas se produjo la ausencia del ingeniero, se comunicó con la familia de éste y confesó el secuestro, posterior muerte y entierro de Tellechea.
Sobre el final de la última jornada del juicio, la Defensoría Oficial realizó un pedido de nulidad de una declaración que realizó el policía Oscar Ernesto Pérez en 2013, que fue aludida en estas audiencias. En aquella declaración, el oficial había manifestado que fue comisionado para investigar al imputado “Laly” Flores, porque les había llegado la información que éste hacía “aprietes” con objetivo de cobrar deudas, y, por lo tanto, también habría “apretado” a Tellechea. El abogado defensor fundamentó el pedido de nulidad en que la declaración no se encuentra suscripta por la autoridad de la fiscal que la recepcionó en aquel momento. Este pedido será resuelto en la próxima audiencia.
Por otro lado, declararon dos socias mutualistas que junto a Guillermina Cesco y Alida Rodríguez, habían denunciado a Moyano y Miguel Del Castillo por irregularidades en el manejo de los fondos de la Mutual. Ellas fueron María Eugenia Toro y Margarita Camus.
Ambas mencionaron que su denuncia apuntó a que se investigaran hechos irregulares tales como solicitar a la asamblea de socios de la Institución la aprobación de una excesiva suma de dinero en el balance contable, identificada con el título “otros gastos”, sin dar explicaciones; o del centenar de cheques sin fondos que fueron emitidos desde la institución, con la firma de Moyano y Del Castillo, que le ocasionaron gastos por multas a la Mutual. O por qué motivo se denunció a Tellechea por fraude, una vez que desapareció y no cuando supuestamente se conocieron estas acciones unos meses antes.
El juicio se reanudará el próximo 12 de junio.
@UNSJ.
/Imagen principal: Archivo/


El hecho ocurrió en calle Río Bamba, entre Güemes y Esmeralda.
Un sujeto fue aprehendido por el dueño de un quiniela y lo retuvo hasta que llegaron uniformados de la Comisaría 25ta. El hecho ocurrió en calle Río Bamba, entre Güemes y Esmeralda, en Rivadavia.
Según lo que informaron las fuentes, el muchacho identificado como Rodrigo Araya, de 23 años, ingresó a una agencia y sustrajo una bici Top Mega que había en el lugar de una clienta.
Inmediatamente, el propietario del local salió tras el joven delincuente y a los pocos metros lo redujo. Con la ayuda de otras personas, lo retuvieron hasta que llegó la policía. Quedó vinculado a un caso por delito de Hurto simple.
/DC

La condena a Ricardo Rodríguez desató varias reacciones, luego de conocerse la culpabilidad del integrante de la fuerza de seguridad. Las familias del sentenciado y del riojano Federico Orihuela tuvieron una fuerte discusión al finalizar el juicio.
Momentos de alta tensión se vivieron en los tribunales sanjuaninos tras conocerse la sentencia contra Ricardo Rodríguez, el policía que asesinó a balazos al camionero Federico Orihuela en Valle Fértil. La Justicia lo condenó a prisión perpetua por homicidio doblemente agravado por su condición de miembro de una fuerza de seguridad y por el uso de arma de fuego.
Apenas se escuchó el fallo del tribunal, la familia del camionero rompió en llanto y gritos dentro de la sala. “¡Asesino, las va a pagar!”, se escuchó desde el sector donde estaban ubicados los allegados de Orihuela, visiblemente conmocionados por el desenlace del juicio. Varios familiares debieron ser contenidos por personal judicial ante el dolor y la furia que desató la sentencia.
El crimen ocurrió en octubre de 2022, cuando Orihuela había ido a buscar leña a la zona de La Majadita. Según determinó la investigación, el uniformado le disparó por la espalda con su arma reglamentaria.
La defensa del expolicía intentó argumentar que se trató de un caso de exceso en la legítima defensa, pero los jueces rechazaron esa hipótesis por unanimidad. Con este fallo, la causa cierra con la pena máxima para Rodríguez, y una familia que, entre el dolor, pide justicia y memoria.
/TSJ

Tras ser declarado inimputable, el adolescente, que asesinó a mazazos a la jubilada Hebe Yolanda Leguiza, recibió el alta de una clínica psiquiátrica en Mendoza y reside nuevamente con sus padres en San Juan. A un año del crimen, el joven sigue en la misma situación
A un año del estremecedor crimen en Capital, en el que un menor de 15 años asesinó a mazazos a una jubilada de 71 años, fuentes del caso confirmaron, que el adolescente sigue conviviendo con sus padres en su casa de Santa Lucía y continúa con un tratamiento psiquiátrico en Mendoza, todo controlado y seguido por el equipo de psicólogos y psiquiatras de la Oficina de Medidas Alternativas (OMA) y la jueza de familia Marisa Valdéz.
El adolescente de 15 años continúa con un tratamiento ambulatorio tras ser declarado inimputable por el juez de Menores, Jorge Toro. El tratamiento actual contempla evaluaciones mensuales en un centro de salud mendocino que lo atendió, con informes periódicos sobre su evolución. Además, intervienen el gabinete técnico de Familia y el equipo psiquiátrico de la Oficina de Medidas Alternativas (OMA). También se ordenó la designación de una asistente social para acompañamiento permanente y la coordinación entre médicos de Mendoza y profesionales que ya trabajan con los padres del menor.
El abordaje se enmarca en los principios de la Ley Nacional de Salud Mental, que prioriza tratamientos fuera del ámbito hospitalario, el fortalecimiento de los lazos sociales y la intervención interdisciplinaria. Hay varias etapas durante el tratamiento: la de internación, evaluación, socialización, reinserción y educación, aunque no trascendió en qué etapa se encuentra el menor. Lo que sí aseguraron las fuentes es que el joven no está yendo a la escuela.
El menor estuvo internado en una clínica psiquiátrica en la vecina provincia durante tres meses y después recibió el alta. La internación se ordenó de forma involuntaria con base en lo establecido por la Ley de Salud Mental, debido a que en San Juan no existen instituciones especializadas para menores de edad y adultos. Sin embargo, la normativa establece un límite de 90 días para internaciones de este tipo, por lo que, cumplido ese plazo, el joven regresó a su entorno familiar y actualmente sus padres se hacen cargo de sus terapias y remedios.
La causa penal quedó archivada luego de que el juez Toro declarara la inimputabilidad del adolescente por su edad. Desde entonces, el caso pasó a Familia y quedó bajo la órbita de la jueza Marisa Valdéz, quien dispuso una serie de medidas de seguimiento, según indicaron fuentes consultadas.
La tarde del martes 7 de mayo de 2024, el menor de 15 años atacó con una maza a una jubilada de 71 años, Hebe Yolanda Leguiza, en calle 25 de Mayo entre Aberastain y Caseros. Tres golpes con extrema violencia recibió la mujer que murió al día siguiente a raíz de las graves lesiones. La fiscalía Delitos Especiales, que empezó investigando el homicidio, halló al culpable a través de las cámaras de seguridad de la zona y llegó hasta la casa del menor, en Santa Lucía. A partir de ese momento, como fiscalía era incompetente para llevar el caso, tomó la posta la Justicia de Menores.
/DH
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