El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, anunció este lunes que derogará la ley de zonificación minera que la semana pasada generó que organizaciones ambientalistas se manifestaran en la provincia y que impulsará la convocatoria a un plebiscito a nivel provincial “para escuchar a todas las voces del pueblo” en este tema.

El miércoles pasado, la Legislatura provincial aprobó la ley de zonificación minera en un marco de protestas signadas por enfrentamientos y represión que derivaron en múltiples pronunciamientos, tanto desde el ámbito político, como sindical e incluso de representantes de la Iglesia en la región.

La nueva zonificación iba a permitir el desarrollo del denominado Proyecto Navidad, un yacimiento de plata considerado de los más importantes del mundo, lo que implicaría una inversión superior a los US$ 1.000 millones, la creación de miles de puestos de trabajo y de una red de proveedores locales.

La norma había quedado registrada como “XVII N° 149” y fue promulgada a través del Decreto 1285/21, tras su sanción en la Cámara de Diputados provincial por 14 votos a favor y 11 en contra.

El proyecto fue enviado por el Poder Ejecutivo chubutense el año pasado y tenía dictamen de la Comisión de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Recursos Naturales desde marzo, aunque nunca se había tratado en la Legislatura unicameral, hasta que finalmente se aprobó el miércoles y un día antes de lo previsto en la agenda de trabajo legislativa.

La Ley buscaba promover el desarrollo productivo en la Meseta Central de Chubut, la zona más postergada de la provincia, mediante un equilibrio de tres aspectos vinculados con el desarrollo sostenible, mediante la “inversión para el desarrollo económico, promoción de la equidad social y cuidado ambiental”.

En ese sentido, la norma ahora derogada ponía énfasis en generación de empleo local y la promoción de la cadena de valor chubutense, y creaba un Observatorio de la actividad industrial minera, como órgano consultivo y social participativo, sobre aspectos sociales, ambientales y cadena de valor.

Además, creaba el Observatorio de Recursos Naturales, integrado por tres centros de investigación para la Gestión y Monitoreo Ambiental para la Minería; para el Desarrollo de la Actividad Minera y para el Desarrollo Productivo de la Meseta.

La sanción del proyecto había recibido el respaldo del gobierno nacional a través de la cartera de Desarrollo Productivo que tiene bajo su órbita a la Secretaría de Minería y del Consejo Federal de Minería (Cofemin), esta última integrada por las provincias productoras, por considerar que se trataba de un “importante paso hacia adelante” que contribuiría al “desarrollo de la industria” en la provincia y el país.

Del otro lado de la discusión, quienes se oponen a la ley, aseguran que la empresa minera Pan American Silver, propietaria del proyecto, usará un método distinto al cianuro pero no menos nocivo: el xantato.

“La decisión del gobierno y la legislatura provincial de avanzar con la megaminería no cuenta con licencia social, a lo que se suma el cuestionamiento de diversos organismos científicos y académicos”, sostuvo un documento firmado por Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), CTERA, Barrios de Pie, Jóvenes por el Clima, y personalidades como Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, Masristella Svampa y Rita Segato.