Los sitios de memoria deberán permanecer abiertos y en funcionamiento. Eso se desprende de una resolución que dictó el juez federal Ariel Lijo a partir de una presentación que hizo la legisladora porteña Victoria Montenegro ante la ola de despidos que produjo el gobierno de Javier Milei en los últimos días.

La decisión de Lijo impacta sobre los espacios de memoria que funcionan en la Ciudad de Buenos Aires en lo que fueron los campos de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), Olimpo, Club Atlético, Automotores Orletti y Virrey Cevallos. Este último sitio había quedado sin trabajadores que pudiesen abrir o cerrar sus puertas.

En la resolución, Lijo le ordena a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que arbitre los medios necesarios para garantizar una dotación de personal capacitado para que los espacios permanezcan abiertos al público. Dijo, además, que deberán continuar las tareas de mantenimiento, conservación, preservación de los edificios y limpieza diaria, que incluye techos y canaletas para evitar inundaciones que dañen los espacios.

El juez dispuso que se preserven los acervos y archivos que se fueron generando en los sitios, y que se sigan llevando adelante tareas de investigación y coordinación pedagógica. Desde hace meses, los trabajadores de los sitios vienen denunciando que esas actividades se discontinuaron a partir de los despidos.

La resolución de Lijo obedece a una presentación que hizo la semana pasada Montenegro, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y una de las nietas que restituyó su identidad gracias a la búsqueda de Abuelas de Plaza de Mayo.

En su escrito, Montenegro advertía que el secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, estaba incumpliendo con la ley de Sitios (26.691), que establece que los centros clandestinos de detención, tortura y exterminbio de la dictadura deben ser preservados no solo como prueba judicial sino también como un lugar para la transmisión de la memoria.

“Se logró un pronunciamiento de la justicia en un contexto en el que el ministro de Justicia no cesa en sus ataques contra los organismos de derechos humanos, despide trabajadores y desmantela la Secretaría de Derechos Humanos”, le dijo Montenegro a Página/12.

“Frente a tanta obscenidad del gobierno nacional, hay que celebrar que se consiguió un posicionamiento de los tribunales”, añadió.