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Política & Economía Nacional

Los prestadores de salud y las prepagas dieron marcha atrás en el cobro del copago.

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Las empresas prestadoras de salud decidieron anular este martes el cobro de un copago del 9% a partir del 1 de enero a los pacientes de las prepagas, luego de una reunión realizada con funcionarios de la cartera que conduce Carla Vizzotti.

De acuerdo con un comunicado de la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS), entidad que nuclea a hospitales privados, clínicas, sanatorios, servicios de emergencia médica y geriátricos, “las autoridades nacionales ratificaron a los representantes de la FAPS la plena vigencia del incremento vigente del 9% a partir del 1 de enero de 2022 y garantizaron al sector que arbitrarán las medidas para que se cumpla con el traslado del 9% correspondiente a enero por parte de las empresas de medicina prepaga y obras sociales de dirección”.

Desde el Ministerio de Salud, por su parte, señalaron que “las autoridades sanitarias y representantes de las prestadoras privadas de la salud continuarán trabajando para encontrar una solución a los desafíos del sector y evitar un impacto en el bolsillo de los afiliados y las afiliadas“.

De esta manera continúa vigente la resolución 2125 de julio de 2021, la cual establece que “los Agentes del Seguro de Salud y las Entidades de Medicina Prepaga deberán incrementar los aranceles de las prestaciones médico-asistenciales brindadas a sus beneficiarios y usuarios por los prestadores inscriptos en el Registro Nacional de Prestadores de la Superintendencia de Servicios de Salud, en un nueve por ciento (9%) a partir del 1º de agosto de 2021, nueve por ciento (9%) a partir del 1º de septiembre de 2021, nueve por ciento (9%) a partir del 1º de octubre de 2021 y nueve por ciento (9%) a partir del 1º de enero de 2022, siempre sobre los valores vigentes al mes anterior“, precisó la cartera nacional.

Las prestadoras de salud dijeron que en la reunión realizada en el Ministerio de Salud informaron “una vez más a las autoridades nacionales la crítica situación económica de las empresas del sector prestador y la necesidad de implementar medidas de fondo que permitan sortear esta situación y construir las bases para un sistema sostenible”.

El último domingo, los prestadores habían anunciado el cobro de un copago del 9% para los usuarios de las prepagas, debido a que estas últimas les habían comunicado la imposibilidad de cumplir con el incremento del valor de sus servicios, pese al aumento de las cuotas de sus afiliados (de un 9% en enero).

El encuentro entre el Gobierno y los prestadores, inicialmente previsto para la tarde del martes, se llevó a cabo durante la mañana y duró poco más de una hora, según informaron fuentes del Ministerio de Salud.

Por parte de la cartera sanitaria, participaron de la reunión el superintendente de servicios de Salud, Daniel López; el secretario administrativo del Ministerio de Salud, Mauricio Monsalvo; la jefa de Gabinete Sonia Terragona, y el secretario de Equidad en Salud, Víctor Urbani.

En tanto, representando a los prestadores, dieron su presencia José Sánchez, presidente de la FAPS, Mario Lugones, (Fundación Sanatorio Güemes), José Luis Sánchez Rivas (Confederación Argentina de Clínicas, Sanatorios y Hospitales), José Cherro (Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales de la Republica Argentina) y Marcelo Kaufman (Cámara de Entidades de Diagnostico y Tratamiento Ambulatorio).

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, había manifestado que, con el cobro del copago, las empresas de medicina prepaga “no están cumpliendo el acuerdo y la resolución ministerial” que dispone que los aumentos en las cuotas de las prepagas se tienen que trasladar a los prestadores.

“Nosotros hicimos desde el Estado un acuerdo con las empresas de medicina prepaga donde se definió un número de aumentos en el cual, el último es ahora en enero del 9%”, manifestó Vizzotti refiriéndose al incremento del 41,14% en las cuotas de las prepagas, con una aplicación escalonada en cuatro tramos del 9% cada uno, autorizado en julio pasado.

Se firmó un acuerdo y la resolución ministerial que autoriza este ultimo aumento (del 9% en enero entrante) se define que ese aumento se debe trasladar a los prestadores”, agregó la titular de la cartera de Salud en diálogo con radio Urbana Play.

“Lo que sucede es que de esa manera no se está cumpliendo el acuerdo y la resolución ministerial y, además, a la gente le cobran el copago junto al 9% de aumento en la prepaga“, apuntó Vizzotti.

Desde las prepagas el presidente y propietario de Swiss Medical Group, Claudio Belocopitt, pidió el lunes en declaraciones radiales revisar los aumentos de pactados con el Gobierno debido a que “todos los números se corrieron” en el “segundo semestre”.

En ese sentido, Vizzotti señaló que su cartera y la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) “no desconocen las dificultades del financiamiento del sistema de salud” “propondrán una mesa para trabajar en ese sentido”.

Política & Economía San Juan

Estrategias de inclusión: los operativos integrales llegaron a más de 3500 sanjuaninos

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Estas estrategias en materia de derechos permiten una mayor inserción, colaboración y satisfacción de las comunidades alejadas, demostrando que es posible ofrecer servicios efectivos en cualquier lugar. Este lunes se realizará un nuevo operativo, esta vez en Angaco.

Los Operativos Integrales son una herramienta que buscan llevar el estado provincial con sus distintos ministerios y áreas a distintas zonas de la provincia. Desde el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano es que se impulsaron los operativos en conjuntos con los demás ministerio para delinear acciones para poder brindar soluciones a las distintas comunidades sobre toda las alejadas.

Hasta la fecha atendieron a 3.500 personas que realizaron más de 2.000 trámites que abarcan a las distintas áreas de gobierno, como así también se inscribieron alrededor de 100 emprendedores el “Registro de Emprendedores” que se encontraban en zonas alejadas.

Estos enfoques multidisciplinario son trabajos coordinados y planificados que implican a diferentes actores y recursos para afrontar problemas o situaciones de manera individual, integral y segura en cada comunidad.

Dichos datos recabados se basan en una proyección cuidadosa que identifica objetivos claros, trabajos específicos y recursos necesarios. Además, contiene dispositivos de valoración para calcular el impacto y necesidades de cada comunidad para poder concertar las distintas destrezas según sea necesario.

Estas acciones poseen un enfoque significativo en la sociedad, ya que indagan en optimizar la calidad de vida de las personas de zonas apartadas y relegadas históricamente y poder fortificar los lazos entre el gobierno y la comunidad.

Es fundamental asegurar que toda la población posea acceso a sus derechos y beneficios convenientes. Esto ayuda a la equidad y al bienestar integral fortaleciendo la confianza entre el gobierno y la ciudadanía.

La cartera social viene realizando operativos en distintas zonas relegadas de la provincia, es importante destacar que se buscaron lugares de zonas alejadas donde nunca llego el estado, ya que la premisa del gobierno provincial es acercar el estado a las distintas zonas alejadas.

Es importante destacar que se vienen realizando distintos operativos en zonas alejadas con el objetivo de lograr respuestas y soluciones inmediatas para quienes lo requieran para lograr estrategias combinadas y así ayudar a superar los desafíos y garantizar que todos los ciudadanos posean acceso a servicios estatales, independientemente de su ubicación.

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Política & Economía Nacional

Diputados de la oposición insisten para debatir el DNU

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El bloque de diputados de Unión por la Patria (UP) denuncia el accionar del titular de la Cámara baja, Martín Menem.

El bloque de diputados de Unión por la Patria (UP) insiste en debatir el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 del Javier Milei y apunta contra el presidente de la Cámara, Martín Menem, por negar la sesión especial: “No tiene atribuciones para impedir que se desarrolle una sesión especial”.

A través de la cuenta oficial en X (ex Twitter), la fuerza opositora denunció el accionar de Menem: “El Presidente de @DiputadosAR no tiene atribuciones para impedir que se desarrolle una sesión especial. Le presentamos formalmente una nota a Martín Menem para que cumpla con lo estipulado en los art. 35 y 36 del reglamento”. Y agregaron: “Queremos tratar el brutal DNU 70/23”.

Más temprano, el jefe de la bancada, Germán Martínez, realizó declaraciones radiales y describió el escenario de conflicto.”El oficialismo convocó para que el día lunes comience una sesión especial para tratar la ley ómnibus y el paquete fiscal. Nosotros solicitamos para 24 horas después una sesión especial para rechazar el DNU 70/2023. ¿Qué hizo Martín Menem? Ratificó el pedido del oficialismo pero no el de la oposición“, explicó.

Además, sobre la ley Bases, la cual se debatirá la próxima semana, Martínez señaló que “el oficialismo tuvo una metodología distinta a lo que vimos en enero y febrero. En aquel momento hubo mucho debate en las comisiones y después llegaron desordenados al recinto. Ahora tienen un mayor orden interno en el tratamiento del tema.

Diputados: se cayó la sesión para tratar el DNU que impulsaba Unión por la Patria

El conflicto surgió este viernes, cuando Unión por la Patria convocó a una sesión especial en Diputados para tratar el DNU, que cuenta con el rechazo del Senado desde el 14 de marzo. Sin embargo, la presidencia de la Cámara pidió prorrogarlo a una nueva fecha debido al tratamiento de la ley Bases, que inicia el lunes.

Con la firma de 88 diputados del bloque peronista, la sesión fue convocada para el próximo martes. Sin embargo, Martín Menem revirtió la iniciativa dado que obstaculizaría el tratamiento en el recinto de las 156 páginas y 232 artículos que conforman la ley Bases. De esa manera, el tratamiento del DNU tendrá que esperar al menos una semana más para ser votada en la Cámara Baja.

La Comisión Bicameral trató los primeros DNU de la era Javier Milei

Esta semana, además, la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo volvió a reunirse y comenzó a tratar los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) promulgados durante los primeros meses de gobierno del presidente Javier Milei. Además, también debatieron 67 decretos con objeto cumplido de la gestión de Alberto Fernández. Fue en simultáneo al plenario de comisiones en la Cámara de Diputados, donde se discutía los detalles finales de la Ley de Bases y el paquete fiscal.

Por el lado de Milei, por el momento sólo se trataron dos de sus decretos. Uno de ellos fue el que modificó las funciones en la Procuración del Tesoro de la Nación y sus requisitos para acceder al cargo, lo que permitió la designación de Rodolfo Barra en el organismo.

El otro decreto debatido, el 8/23 de Milei que modificó la ley de Ministerios, generó controversia y un cruce entre las diputadas kirchneristas Vanesa Siley y Ana Carolina Gaillard y el diputado radical Francisco Monti.

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Política & Economía Nacional

Advierten que la ley Bases pone en peligro al Banco Nacional de Datos Genéticos

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Un comunicado de la UCR expresa su preocupación por el futuro de la base de datos que colaboró en la construcción de Memoria, Verdad y Justicia tras la dictadura.

Este viernes, el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) se expresó a través de un documento donde “instan a los diputados y diputadas de la Nación a que garanticen la preservación del Banco Nacional de Datos Genéticos“, una herramienta clave para la detección de niños secuestrados en la dictadura. Preocupación por el impacto de ley bases.

A través de un comunicado, el partido centenario señala que “entre los organismos sujetos a potencial disolución por parte del Poder Ejecutivo Nacional se encuentra el BNDG. Así surge del dictamen de mayoría de la Ley Bases, que en su artículo 3 no explicita la situación futura del Banco, poniendo en riesgo su existencia“.

“El BNDG nació en 1987, por ley 23.511 sancionada durante el gobierno del presidente Raúl Alfonsín. Su objetivo es claro y conocido: asistir a la reconstrucción de la identidad y de lazos familiares de niños y niñas arrancados a sus familias en los años de la represión ilegal. Gracias a su trabajo, hoy tenemos muchísimos nietos que pudieron conocer su filiación”, detallan.

Finalmente, recuerdan que “estamos a tiempo de defender el BNDG en el Recinto, honrando nuestros más preciados valores. Apelamos para ello a la responsabilidad histórica de todos los legisladores nacionales. El respeto a los derechos humanos -los de ayer, los de hoy y los de mañana- debe ser un compromiso de todas las fuerzas democráticas”.

Qué es el Banco Nacional de Datos Genéticos

El Banco Nacional de Datos Genéticos es el archivo público y sistemático de material genético y muestras biológicas de familiares de personas secuestradas y desaparecidas durante la dictadura militar argentina.

Sirve para poder identificar vínculos biológicos entre personas que sospechan ser hijos de desaparecidos durante el Terrorismo de Estado y sus familias de origen. Su análisis consiste en el estudio de las secuencias de nucleótidos (unidades que constituyen el ADN) que se encuentran en los cromosomas humanos.

En cuanto a la fiabilidad de sus resultados, las probabilidades de paternidad, hermandad o abuelidad son lo suficientemente altas como para confirmar o descartar prácticamente un vínculo genético.

La genética al servicio de la sociedad: cómo surgió el Índice de Abuelidad

Todavía en dictadura, la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo emprendió la búsqueda de nietos y nietas que habían sido apropiados. Sin embargo, necesitaban encontrar una manera de probar a ciencia cierta el parentesco con sus familiares.

En ese momento, todavía no había pruebas que permitieran analizar el ADN para determinar parentescos y era todavía más difícil cuando, en gran parte de los casos, ambos padres estaban desaparecidos.

Ante este problema, recurrieron a un grupo de investigadores liderados por Mary Claire King en Estados Unidos, y junto al genetista argentino Víctor Penchaszadeh, lograron desarrollar el “Índice de Abuelidad”.

A partir de un trabajo estadístico y matemático, este índice permitió establecer, con el material genético, vínculos entre abuelos y abuelas y nietos y nietas con un 99,99% de eficiencia. Por el alto grado de confiabilidad que aseguraba el análisis, la Justicia lo aceptó como prueba fehaciente.

La recuperación de Paula Eva Logares en 1984 fue el primer caso en el que la Justicia utilizó como prueba de filiación los análisis genéticos.

Tres años más tarde, el Congreso de la Nación impulsó la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos, un archivo público y sistemático de material genético y muestras biológicas de familiares de personas secuestradas y desaparecidas durante la dictadura.

Desde entonces, el Banco colaboró en el esclarecimiento de crímenes de lesa humanidad vinculados con el terrorismo de Estado, y ayudó en la búsqueda e identificación de personas nacidas en cautiverio.

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