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Política & Economía Nacional

Los organismos de Derechos Humanos repudian la vigencia de “los discursos de odio y el negacionismo”.

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Los organismos de Derechos Humanos repudiaron la instalación de “los discursos de odio y un negacionismo que busca revindicar las acciones del genocidio” planificadas por la última dictadura militar, en un documento que difundido este viernes con motivo de la conmemoración del Día de la Democracia y los Derechos Humanos, en el cual las entidades firmantes plantean su “preocupación por una deuda ilegítima e ilegal que condiciona la vida de los argentinos”.

“Este 10 de diciembre celebramos un nuevo aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos sancionada por la Organización de las Naciones Unidas en 1948 y en forma coincidente la continuidad del estado democrático en Argentina, recuperado un 10 de diciembre de 1983” comienza el texto difundido durante este viernes.

“Son 38 años de luchas por el Nunca Más a los Golpes Militares y a los crímenes atroces del Terrorismo de Estado con su secuela de desapariciones forzadas, muertes, apropiación de niños nacidos en cautiverio, la cárcel y el exilio de miles de militantes populares”, señala el documento.

Suscriben la proclama Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, Familiares y compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Liga Argentina por los derechos humanos.

También firman la declaración la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza, Movimiento Ecuménico por los derechos humanos, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, Comisión Provincial Memoria y Justicia Zona Norte, Centro de Estudios Legales y Sociales y Asociación Buena Memoria.

En los últimos meses se asiste con preocupación la instalación en la agenda política y mediática de discursos cargados de odio, caracterizados por un negacionismo que busca en lo profundo revindicar aquellas acciones del genocidio e invalidar las políticas de derechos humanos” agrega el texto. 

Ese discurso contiene mensajes de profunda discriminación contra los pueblos originarios que luchan por sus derechos, contra los jóvenes de barriadas populares, contra los colectivos de la diversidad y a través de sus voceros, amplificados por los medios de comunicación hegemónicos, alientan la peor violencia social e institucional en democracia” continúa.

Y subraya: “Hemos atravesado con fuertes luchas y resistencias, cuatro años del gobierno neoliberal que retrasó las políticas de Memoria Verdad y Justicia, recortó los derechos sociales de la población y dejó como pesada herencia un brutal endeudamiento externo con el empréstito del Fondo Monetario Internacional el cual está condicionando la vida social y económica de la Argentina actual y futura“. 

La entidades expresan, “preocupación sobre esta deuda ilegitima e ilegal y reiteramos nuestro apoyo a toda la iniciativa tendiente a superar esa dependencia y recuperar la soberanía económica y financiera necesaria para erradicar los altísimos niveles de pobreza e indigencia existentes”.

“Las deudas pendientes de la democracia se acrecientan ante la actitud obstruccionista de los bloques opositores al Gobierno Nacional. Vaya como ejemplo su negativa al tratamiento de la prórroga de la ley 26.160 por la cual se inició en el año 2006 el relevamiento de territorios ancestrales de los pueblos indígenas y la suspensión de los desalojos” señala el escrito.

“Esta demora constituye un retroceso para la recuperación de los derechos de los pueblos originarios, históricamente discriminados” agrega el documento. 

En las mismas líneas, se considera “de particular gravedad el accionar de las fuerzas de seguridad en las distintas jurisdicciones que, al margen de las normas vigentes, continúan con prácticas represivas ilegales, el gatillo fácil, las torturas en comisarías, como los asesinatos de Lucas González en Barracas, Alejandro Martínez en San Clemente, provincia de Buenos Aires, o el joven mapuche Elías Garay en El Bolsón, Rio Negro, en cuyo territorio cercado por las fuerzas de seguridad, la policía local no impidió el ataque de personeros de civil que terminaron con su vida y lastimaron gravemente a otro compañero”.

Estos hechos “no pueden ser desvinculados de los reiterados mensajes punitivos que producen candidatos y funcionarios de distintos colores políticos promoviendo la violencia estatal. El énfasis en el castigo y en el uso de la prisión como respuesta generalizada nos condujo al actual estado de catástrofe de las cárceles y comisarías”.

Consideramos inaceptable la situación de los numerosos presos y presas políticas por los cuales venimos exigiendo de manera incansable su inmediata libertad”, subraya el manifiesto. 

También se reclama a los distintos poderes del Estado “la adopción de todas las medidas necesarias para poner fin a tan infame persecución”.

“Nos conmueve actualmente la detención de Facundo Molares en Chubut, por el cual realizamos numerosas gestiones a fin de traerlo de vuelta a su Patria, cuando fue detenido por las autoridades golpistas en Bolivia, y para quien solicitamos tanto su libertad como el rechazo a la extradición solicitada por el gobierno de Colombia” dice el texto.

Se agrega en las mismas líneas “La experiencia de lucha de los organismos de derechos humanos, el logro de las Políticas de Memoria Verdad y Justicia, las condenas a más de mil genocidas, todo ello se ha logrado a partir de una predica constante y una articulación permanente con el conjunto de las organizaciones de nuestro pueblo”. 

Y puntualiza que “es tiempo de recuperar la iniciativa a fin de enfrentar los embates negacionistas y neoliberales presentes, como estrategia de lucha y camino necesario para abrir paso a las grandes transformaciones políticas, económicas y sociales que soñaron nuestros 30.000 compañeros detenidos desaparecidos”.

Política & Economía Nacional

Diputados de Unión por la Patria pidieron una sesión especial para derogar el mega DNU

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Tal como había anticipado Germán Martínez, Unión por la Patria presentó formalmente el pedido de una sesión especial para tratar el DNU 70/23.

El bloque de diputados de Unión por la Patria pidió formalmente ante la Cámara baja que se lleve adelante una sesión especial para tratar el DNU Para la Reconstrucción de la Economía Argentina, tal como había anticipado este jueves el presidente del bloque, Germán Martínez.

El pedido de la bancada opositora plantea la convocatoria a una sesión especial para este martes 30 de abril, con el fin de derogar el DNU firmado por el presidente Javier Milei. El documento difundido en redes fue firmado por todos los integrantes del bloque.

El comunicado se publicó un día después de que el Gobierno obtuviese el dictamen de la ley ómnibus para debatirlo en el recinto el próximo lunes. Fue allí, luego de votar en contra, que Martínez se explayó: “Si van hacer añicos a la democracia y la economía argentina con la ley ómnibus, permítanse al menos tener una disidencia y vengan a construir el quórum y votar en contra del DNU que está haciendo pelota la vida de 45 millones de argentinos“.

El DNU fue emitido el 20 de diciembre por el jefe de Estado, y fue rechazado en el Senado en marzo pasado. No obstante, aún sigue en vigencia debido que es necesario que se rechace también en la Cámara baja, motivo por el cual UP pidió que sea tratado en una sesión especial el próximo martes.

La Comisión Bicameral trató los primeros DNU de la era Javier Milei

La Comisión Bicameral de Trámite Legislativo volvió a reunirse este jueves y comenzó a tratar los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) promulgados durante los primeros meses de gobierno del presidente Javier Milei. Además, también debatieron 67 decretos con objeto cumplido de la gestión de Alberto Fernández. Fue en simultáneo al plenario de comisiones en la Cámara de Diputados, donde se discutía los detalles finales de la Ley de Bases y el paquete fiscal.

Por el lado de Milei, por el momento sólo se trataron dos de sus decretos. Uno de ellos fue el que modificó las funciones en la Procuración del Tesoro de la Nación y sus requisitos para acceder al cargo, lo que permitió la designación de Rodolfo Barra en el organismo.

@Ámbito.

/Imagen principal: Archivo/

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Citarían a comisiones provinciales como previa al Pacto de Mayo.

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El Ejecutivo tiene en agenda la convocatoria de la comisión económica integrada por ministros provinciales, como paso previo a la firma del Pacto de Mayo. La intención es reunirlos bajo la coordinación del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, para definir los aspectos tributarios, económicos y previsionales del acuerdo que Javier Milei buscará consensuar con los gobernadores en la ciudad de Córdoba.

Según fuentes gubernamentales consultadas por TN, esta convocatoria se plantea como la mejor vía para esclarecer los detalles de las reformas que se intentarán acordar en los próximos años. “La idea es llevar a cabo esta reunión si el tiempo lo permite”, expresó un funcionario.

La citación de los ministros económicos provinciales a la sede gubernamental está estrechamente vinculada al estado parlamentario de la Ley Ómnibus y el paquete fiscal que el oficialismo buscará aprobar en la Cámara de Diputados la próxima semana.

En este sentido, la Casa Rosada tiene como objetivo discutir ambos proyectos en un plenario de comisiones del Senado durante la segunda semana de mayo, para luego llevarlos al recinto en la tercera semana. La reunión de la comisión económica se realizaría en los días previos al 25 de mayo en caso de que los proyectos sean sancionados.

Además, se está evaluando la posibilidad de sustituir uno de los diez temas propuestos por Javier Milei a los gobernadores en la apertura de sesiones ordinarias. Este cambio afectaría al punto 9, que aborda una reforma política destinada a alinear los intereses de los representantes y los representados.

La postura de la Casa Rosada es mantener el enfoque del pacto en aspectos exclusivamente económicos, descartando discusiones sobre educación y producción en esta etapa. Según un funcionario consultado por TN, “no es el momento adecuado para debatir temas educativos; esa discusión debe posponerse”.

El Gobierno enfatiza que su prioridad es alcanzar una tasa de inflación mensual de un solo dígito y promover un plan de reactivación económica en colaboración con los gobernadores. Las discusiones sobre educación y política se dejarían para etapas posteriores.

Entre las propuestas del Ejecutivo se incluyen la inviolabilidad de la propiedad privada, el equilibrio fiscal, la reducción del gasto público hasta el 25% del PBI y una reforma tributaria orientada a disminuir la presión impositiva. También se plantea la revisión del sistema de coparticipación federal de impuestos, el compromiso de las provincias en la explotación de recursos naturales, una reforma laboral y previsional que permita la opción de un sistema privado de jubilación, así como una mayor apertura al comercio internacional.

La Casa Rosada espera la presencia de la mayoría de los gobernadores en la reunión de Córdoba, a pesar de las diferencias económicas y políticas. No se descarta la participación de Axel Kicillof (Buenos Aires) si muestra interés en discutir la coparticipación.

Respecto al lugar de encuentro, se ha descartado el Centro de Convenciones de Córdoba debido a su amplitud, considerándose la Universidad Nacional de Córdoba o el Palacio de Justicia como alternativas viables.

@TN

/Fuente de imagen: TN

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Tarjetas de crédito: el Gobierno modifica parte del régimen y avanza en la desregulación.

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Por medio del decreto 361/2024 publicado este viernes en el Boletín Oficial, el Gobierno ratificó el rumbo de la desregulación de la economía argentina. En ese sentido, menciona que es necesario tomar medidas urgentes para abordar la crisis económica y social que enfrenta el país.

Propone así la reconstrucción de la economía mediante la eliminación de barreras y restricciones estatales que obstaculizan su desarrollo normal, “al mismo tiempo que se busca promover una mayor inserción en el comercio mundial”, según consigna el Decreto.

El texto oficial señala que se implementará un amplio plan de desregulación para eliminar los obstáculos introducidos por diversas leyes que interfieren en el funcionamiento libre de los mercados “debido a la intervención estatal indebida”. El texto oficial lleva la firma del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y del ministro de Economía, Luis Andrés Caputo.

Tarjetas de crédito: qué dice la norma

En particular, se menciona la modificación de la Ley de Tarjetas de Crédito para desregular y simplificar el mercado de tarjetas de crédito, adaptándolo a los cambios en las modalidades de relacionamiento y las tecnologías de digitalización.

@Ámbito

/Fuente de imagen: Ámbito

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