La secretaria de Niñez, Familia y Adolescencia, Yanina Nano Lembo, explicó que su gobierno no está aplicando la ley Lucio —que se votó en 2023 y estableció medidas de prevención y detección de la violencia contra niños, niñas y adolescentes— porque la consideró “ideologizada”. La norma fue aprobada por unanimidad, cuando Javier Milei era diputado, y después de la conmoción social por el asesinato del niño Lucio Dupuy a manos de su madre y su pareja. La funcionaria de la gestió libertaria expuso este martes en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados en el contexto de la ley de ingresos y gastos 2025, un presupuesto de ajuste.

La diputada peronista Julia Strada le preguntó por las leyes Lucio y Brisa, que subsidia a los niños cuyas madres fueron asesinadas en casos de violencia de género. Nano Lembo respondió entonces: “En relación a la ley Lucio, teníamos como objetivo desarrollar ocho módulos. Había un módulo que cuando recibimos la gestión estaba desarrollado. Lamentablemente estaba ideologizado. Por eso mismo, estamos en proceso de revisión de este capítulo y continuaremos los capítulos correspondientes. Si vamos a comprometer el dinero del Estado, lo vamos a hacer para desarrollar el contenido correcto, priorizando las infancias”. En el Ministerio de Capital Humano explicaron más tarde el argumento para suspender los cursos contra la violencia contra la niñez: “El primer capítulo del Curso 1 tiene el objetivo revisar el concepto de familia y deconstruir estereotipos patriarcales, siendo que, la situación que dio lugar al desenlace de Lucio fue la negligencia y el empecinamiento de todos los actores de Sistema de Protección que sostuvieron el derecho de la madre por sobre los derechos del niño, no interviniendo a tiempo y sosteniendo un modelo que aboga por una igualdad sesgada e ideológica”.

Nano Lembo intentó justificar el ajuste en el gasto social, más allá de que sí aumentó la Asignación Universal por Hijo (AUH). “Redoblamos nuestro compromiso con la prestación Alimentar. Cuando asumimos, cubría a niños de cero a 14 años, hoy incorporamos a adolescentes de 15, 16 y 17 años, con esta extensión logramos llegar a más de 600.000 adolescentes que no recibían esta prestación. Desde el comienzo del año, incrementamos el Programa Alimentar en un 138% y junto con la AUH estamos cubriendo casi el 100% de la canasta básica alimentaria”, destacó la secretaria.

Sin embargo, los diputados de la oposición advirtieron que, pese a todo, la pobreza subió del 41% a 53% entre 2023 y 2024.. Itai Hagman, de Unión por la Patria, la interrogó por los nuevos intermediarios de la distribución de alimentos, los que reemplazaron a los movimientos sociales, como son los casos de las iglesias evangélicas, Caritas y la Fundacion Conin.

“En vez de afrontar la situación y defender el Presupuesto 2025, Nano Lembo ofreció un relato de políticas inexistentes. Con el presupuesto de Milei, las asignaciones perderán entre un 4% y un 8,3%”, advirtió el diputado socialista Esteban Paulon. “Disfrutamos de la fantasiosa presentación de la secretaria. Más que una defensa del presupuesto 2025, un relato de políticas inexistentes y la negación de la grave situación que atraviesan las infancias”, agregó Paulon.

“Vino al Congreso Nano Lembo a defender el presupuesto de hambre y miseria para las infancias y adolescencias”, la criticó la diputada de izquierda Vanina Biasi. “La funcionaria antiderechos que reemplazó a Joaquín De La Torre después del escándalo de ñoquis de la OIE (Organización de Estados Iberoamericanos) y el robo de la comida a comedores populares. ¿Qué hizo hasta ahora en su gestión? Sigue hambreando a niños y niñas que en la friolera de un millón y medio se van a dormir sin cenar en nuestro país”, la atacó Biasi.

El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, emitió la resolución 3/2024, que instruye a las entidades del Sector Público Nacional a “intimar” a sus empleados que cumplan con las condiciones legales a iniciar los trámites de jubilación en un plazo no mayor a 30 días. De esta manera, el Gobierno avanza con la motosierra profunda. 

Esta resolución se enmarca dentro de la política del Ministerio para modernizar y racionalizar el empleo público, en línea con la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos N° 27.742, que busca reducir el tamaño del Estado y transparentar el gasto público.

De acuerdo a fuentes oficiales, “actualmente hay alrededor de 10.000 personas en edad jubilatoria de las cuales más de 6.800 corresponden a planta permanente. Es necesario asegurar la eficiencia en la gestión de los recursos humanos en el ámbito del Sector Público Nacional. Por ello, se firmó la Resolución 3/24 que obliga a todas las áreas del gobierno a, en los próximos 30 días, intimar a las personas que están en condiciones de jubilarse. Para instrumentarlo, el 10 de octubre la Secretaría de Transformación del Estado y función pública suscribió un convenio de intercambio electrónico de información con la ANSES”, comunicaron las autoridades.

“Instrúyase a los titulares de las entidades comprendidas en los incisos a) y c) del artículo 8° de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias a intimar, en un plazo no mayor a TREINTA (30) días hábiles desde la publicación de la presente resolución, al personal que reúna las condiciones establecidas en el artículo 19 de la Ley Nacional del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones N° 24.241 a iniciar los trámites administrativos a fin de ingresar al sistema previsional”, dice la resolución.

El artículo 8° de la ley 24.156 apunta, según el “inciso a y c” a los empleados de la Administración Nacional, conformada por la Administración Central, los Organismos Descentralizados y Entes Públicos.

La resolución “recomienda” la misma medida a las Empresas y Sociedades del Estado que abarca a las Empresas del Estado, las Sociedades del Estado, las Sociedades de Economía Mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado nacional tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias.

La resolución completa

Con información de agencias.

IG