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Política & Economía 

Ley Bases: ATE pide que la Justicia que declare inconstitucional el capítulo de empleo público.

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Rodolfo Aguiar cuestionó la «discrecionalidad» de la que disponen las autoridades en el Estado como empleadores para definir la dotación óptima de personal en un organismo. «Estamos cansados de ser testigos de las cesantías en masa que se producen en la administración pública casi siempre que llega un nuevo intendente, gobernador, o presidente», criticó.

El gremialista pidió que los empleados estatales no sean utilizados «como botines de guerra por cada una de las gestiones políticas» y cargó contra la nueva normativa: «Evidentemente esta definición subjetiva es la que no se corresponde con el espíritu que tuvieron los constituyentes al declarar la garantía de estabilidad en el empleo público. Alguien como Milei que nos dijo que ama destruir el Estado va a considerar que se excede la dotación óptima hasta en la casilla de seguridad de la Casa Rosada que tiene dos empleados”.

Por ese motivo, Aguiar aseguró que “se tiene que suspender el cumplimiento de la Ley Bases en esta parte” y concluyó: “Por eso también hemos solicitado una medida cautelar, porque esta norma ya con su sola aplicación y sin ser revisada comienza a afectar de manera grave a los trabajadores. Quienes fueron declarados en disponibilidad sufren una drástica baja de salarios, se les recortan derechos y hasta pierden sus empleos”.

Asimismo, el sindicato elevó una solicitud a la Secretaría de Transformación del Estado, dependiente del ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que conduce Federico Sturzenegger, para que informe:

  • La cantidad de trabajadores que se encuentran en planta permanente en la Administración Pública Nacional (desagregado por organismo con indicación de la antigüedad, cargo, función y nivel escalafonario
  • La desvinculación de trabajadores de la planta permanente de toda la administración pública nacional y sus organismos descentralizados desde el 26/12/2023 a la fecha
  • Si existe informe sobre la “dotación óptima” de empleados públicos en cada organismo.

En la demanda, ATE alegó que se encuentra “legitimado para accionar en función de lo previsto por el art. 43 de la Constitución Nacional, que otorga legitimidad activa para accionar judicialmente a las personas y a las asociaciones en tutela de derechos subjetivos y, también, de derechos de incidencia colectiva en general”. Y solicitó suspender la aplicación de la nueva regulación.

NacionalPolítica & Economía 

Sesión en el Senado: buscarán revertir el veto de discapacidad y limitar los DNUs presidenciales

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La oposición contaría con mayoría para ambos proyectos. No se revierte un veto presidencial desde 2003.

La oposición en el Senado consensuó una nueva agenda que incomoda al Gobierno nacional y tratará este jueves desde las 11 horas dos proyectos que confrontan directamente con el Poder Ejecutivo: la reversión del veto a la emergencia en discapacidad y la reforma de la ley de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) presidenciales. Luego de que se rechacen los pliegos de los jueces de la Corte Suprema, en abril de 2025, el oficialismo no consiguió ningún triunfo parlamentario en la Cámara alta.

La emergencia en discapacidad -aprobada en julio de este año- garantizaba fondos hasta diciembre de 2027 para el pago a los prestadores de servicios (enfermeros, acompañantes y transportistas); restablecía el proceso de aprobación de pensiones y actualizaba las sumas (en junio del 2025 era de $213.286,50); y aumentaba la remuneración a los trabajadores con discapacidad que son empleadas en talleres asistidos: cobran $28.000 mensuales desde febrero del 2023.

Se prevé que la iniciativa tenga un respaldo muy superior a los dos tercios del recinto, considerando dos antecedentes recientes: la aprobación unánime (55 votos a favor y 17 ausentes, todos del oficialismo) en la votación del Senado en julio y las abultadas aprobaciones en su última sesión (58 votos para el financiamiento universitario y 60 para la emergencia pediátrica). De repetirse la tendencia, sería el primer veto rechazado desde 2003, cuando el Congreso revirtió un veto parcial sobre aranceles azucareros emitido por Eduardo Duhalde, dato que se desprende de un informe de Hecha la Ley.

/ámbito

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San JuanPolítica & Economía 

El INTA San Juan recupera su marco legal pero enfrenta retos presupuestarios

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La directora provincial Mónica Ruiz destacó el respaldo legislativo y provincial, pero alertó sobre la falta de presupuesto para lo que resta del año. Tras la anulación de decretos, el instituto espera la normalización operativa, mientras lucha por asegurar fondos para sus proyectos.

La Dirección del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en San Juan recibió con esperanza la reciente publicación en el Boletín Oficial de la restitución de normas que habían sido eliminadas mediante decretos delegados por el presidente de la Nación Javier Milei. Esta medida, confirmada por Mónica Ruiz, la directora provincial del organismo, representa un paso importante hacia la recuperación del marco normativo que rige el trabajo del INTA, aunque aún quedan desafíos pendientes para consolidar la estabilidad y el funcionamiento pleno del instituto.

Un proceso que culmina tras un largo camino

Según detalló Mónica en diálogo con Zonda Diario, la decisión ya era clara desde hace semanas atrás, cuando tanto la Cámara de Diputados como el Senado dieron de baja los decretos delegados que afectaban la normativa del INTA. «Había una postura contundente del poder legislativo y además un amparo judicial que apoyaba esta postura», explicó la directora, destacando que estos elementos fueron determinantes para que el decreto quedara sin efecto.

La publicación oficial en el Boletín Oficial, que se concretó recientemente, da formalidad a esta restitución y abre el camino para que el instituto retome su funcionamiento bajo las normas vigentes previas al decreto del 8 de julio, que había generado incertidumbre y preocupación dentro del organismo.

Certidumbre pero con cautela

Si bien esta noticia representa un avance positivo, Mónica aclaró que la normalidad aún no está completamente restablecida: «Estamos en un proceso y esperamos que esta semana se logre la vuelta plena a la situación anterior.» La directora destacó que el instituto aguarda la recuperación de la autoridad nacional que le permita operar con plena normalidad.

No obstante, advirtió que el riesgo de nuevos intentos de modificar normativas de manera similar permanece latente mientras continúe el actual gobierno nacional. En ese sentido, señaló que la toma de decisiones recaerá nuevamente en el consejo directivo del INTA, que en ocasiones anteriores mostró influencia política en algunas de sus decisiones.

Desafíos presupuestarios amenazan la estabilidad

Más allá de la restitución normativa, el mayor desafío actual para el INTA San Juan radica en la falta de definición presupuestaria. La directora explicó que no cuentan aún con el presupuesto asignado para el último trimestre del año, lo que complica la planificación y continuidad de proyectos: «No tenemos definido presupuesto para lo que resta del año y, si esto no se resuelve, la situación para el próximo año también será difícil.»

Mónica destacó que, a la fecha, sólo cuentan con fondos suficientes para cubrir servicios básicos como luz, agua e internet hasta finales de septiembre, pero no para gastos operativos esenciales como combustibles o desarrollo de proyectos. Ante esta situación, el organismo ha recibido apoyo del gobierno provincial, lo que ha permitido mantener las líneas de trabajo aunque con financiamiento alternativo.

El retraso en la aprobación del presupuesto nacional, que ya lleva dos años sin definirse, mantiene al INTA en un constante estado de negociación y precariedad financiera.

Reconocimiento al respaldo legislativo y provincial

La directora del INTA no quiso dejar pasar la oportunidad para expresar su agradecimiento a los legisladores nacionales y provinciales, así como al gobierno de San Juan, por el apoyo brindado en este proceso que permitió la restitución de las normas y el respaldo en el manejo financiero.

«Han sido un pilar fundamental para poder avanzar y hoy estamos más tranquilos, aunque conscientes de que queda mucho por mejorar,» concluyó Mónica.

/DZ

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San JuanPolítica & Economía 

El gobierno compra heladeras, garrafas, colchones, membranas y ropa para familias vulnerables

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Se trata de una licitación para la adquisición de elementos de ayuda de emergencia para familias en situación de vulnerabilidad por un monto de más de 2.000 millones de pesos.

El temporal de Santa Rosa vivido el último fin de semana ocasionó que más de 5.000 familias sanjuaninas debieran ser asistidas por haberse inundado su casa y filtraciones en los techos. Con el objetivo de dar una respuesta rápida para necesidades generadas y reponer elementos que se distribuyeron tras el golpe climático, el Gobierno sanjuanino lanzó una licitación para la adquisición de elementos de ayuda en emergencia para familias vulnerables, por un monto de $2.114.987.582.

Con la necesidad encima, el Gobierno provincial procederá a la apertura de sobre el martes de la próxima semana y el costo del pliego de la licitación asciende a 800 mil pesos.

Las necesidades que se ocasionaron son diversas en las familias sanjuaninas vulnerables y por este motivo buscan adquirir una amplia variedad de artículos destinados tanto a uso doméstico como a infraestructura. Entre los electrodomésticos solicitados se encuentran 200 cocinas multigas de cuatro hornallas50 heladeras con freezer con una capacidad mínima de 280 litros, 50 termotanques multigas de 90 litros o más, 2.000 teteras eléctricas de acero inoxidable de un litro de capacidad y 1.000 estufas halógenas de tres velas con potencia de 220 KW.

En el rubro energético, el pedido contempló 50 garrafas de 10 kilos con regulador y también 50 garrafas de 15 kilos con el mismo accesorio.

La lista de mobiliario fue igualmente extensa: se requirieron 200 mesas de madera con patas de caño, de 0,90 por 1,37 metros, aptas para seis personas; 200 juegos de seis sillas cada uno, confeccionadas en caño y tapizadas en cuerina; 2.000 camas de una plaza de caño reforzado con capacidad de soporte de hasta 150 kilos; 1.000 cuchetas de una plaza de caño de dos pulgadas, de 146 centímetros de altura y con resistencia máxima de 80 kilos; y 200 camas de dos plazas de caño, de 130 centímetros de altura, con capacidad de hasta 330 kilos.

En cuanto al descanso, se detalló la necesidad de 4.000 colchones de una plaza de 80 por 190 centímetros y 20 de alto, con densidad de 22 kilogramos por metro cúbico, recubiertos en tela sábana y matelassé total, además de 200 colchones de dos plazas de 140 por 190 centímetros y la misma especificación técnica.

Finalmente, en el apartado de materiales de construcción, el pedido incluyó 2.000 rollos de membrana de 10 metros por 4 milímetros, 4.000 unidades de nylon de 200 micrones en medidas de 4 por 50, y 4.000 placas OSB de 11 milímetros para techos.

Cabe señalar que luego de la persistente lluvia del último fin de semana hubo familias que quedaron con lo puesto y otras que perdieron una gran cantidad de elementos de sus viviendas.

/DC

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