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NacionalPolítica & Economía 

La querella de Cristina Kirchner destrozó a Capuchetti: «La señora jueza tiene un curro en la Ciudad de Buenos Aires».

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«De la propia designación de María Eugenia Capuchetti en el Instituto Seguridad Pública (ISSP) surge que es una instancia de apoyo a la conducción política del sistema de seguridad integral» del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, «es totalmente incompatible con la función judicial», advirtió Marcos Aldazabal, uno de los abogados de la querella de Cristina Fernández de Kirchner, en la audiencia por la segunda recusación planteada contra la jueza a cargo de la causa del intento de magnicidio. «El ISSP es un aguantadero o una caja política (…) es un instituto dedicado a la violación de la independencia de poderes«, señaló, luego de recordar que el propio ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, de quien dependía ese organismo, se consiguió una designación como profesor allí apenas se tomó licencia en el cargo tras el escándalo de los chats donde habla de fallos de su interés con un colaborador del supremo Horacio Rosatti. El otro punto crítico que expuso el letrado y que completó José Manuel Ubeira, es que Capuchetti no investigó hasta ahora la responsabilidad de la policía porteña, también bajo órbita de D’Alessandro, en el ataque a CFK, pese a que tenía desplegados gran cantidad de agentes de la zona de su casa ese día y los previos.  

Razones para recusar

El posible interés de Capuchetti en la causa que le toca investigar sobre el ataque a la vicepresidenta y la falta de imparcialidad dado que «asesora a un órgano político» del gobierno porteño fueron el eje de la exposición de la querella para pedir su apartamiento de la causa. Es la segunda vez que la recusan. La primera, los abogados señalaron un sinfín de irregularidades y demoras en la investigación. Pero el camarista Leopoldo Bruglia rechazó el planteo, que ahora está a estudio de la Cámara de Casación Penal. El mismo juez deberá decidir por el nuevo pedido. Este jueves dirigió la audiencia en la que sólo estuvieron Aldazabal y Ubeira, quienes se quejaron de las «lastimosas páginas» de respuesta a su recusación, en la que no explicó qué tareas cumple en el ISSP, ni la autorización «de superintendencia» para ejercer esa función. Sólo habló de que desempeña «actividades académicas». El propio instituto había emitido un comunicado donde decía que trabaja allí desde 2014 y que se dedica a la docencia. Su última designación, de comienzos de este mes, es como «investigadora senior». Los abogados dijeron que no tiene antecedentes para ese cargo y que el único trabajo que se le atribuye como tal es sobre erradicación de la violencia contra las mujeres. «No lo encontramos en ningún lado», dijeron. 

«La señora jueza no es investigadora, no era docente, tiene un curro en la Ciudad de Buenos Aires que le facilita 75 mil pesos por mes por no hacer nada«, estalló Ubeira en la sala de audiencias. «No importa el monto. Si se lo pagaba el Rotary Club me importa un rábano», agregó. «Pero la jueza recibe un estipendio de un organismo que tiene carácter ejecutivo y debe ser investigado. Y que genera toda la estructura previa que facilitó el atentado», remarcó Ubeira, en relación al operativo de la policía porteña montado en los alrededores de su domicilio en Juncal y Uruguay. También sostuvo que le llamaba la atención que habiendo hecho un trabajo sobre violencia contra las mujeres llevara la causa con parsimonia y omisiones, más aún teniendo en cuenta que hubo un pronunciamiento del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belem do para de la OEA que señaló «repudio y preocupación» por el intento de magnicidio contra CFK. 

El Instituto

Aldazabal explicó que el ISSP es una suerte de academia de policía, para las/los policías de la Ciudad y para los funcionarios que se ocupan de diseñar e implementar las políticas. Pero aclaró que no tiene carácter académico, como una universidad. La policía porteña, de hecho, tiene un instituto universitario específico. Las universidades son autónomas, eligen sus propias autoridades, pero el instituto de seguridad no. A sus miembros y autoridades los elige el ministro de seguridad, en este caso D’Alessandro. Recordó, como habían planteado por escrito, la paradoja de que las autoridades pertenecen al Ministerio Público Fiscal de la ciudad. El director, Gabriel Unrein, es fiscal ante la Cámara del fuero penal contravencional y de faltas; el número dos es el jefe de todos los fiscales; el director académico es Alan Nessi, que tuvo que renunciar a un concurso para fiscal «luego de que lo descubrieron copiándose en un examen». Todo esto, insistió Aldazabal, ilustra la parte de la «violación a la independencia de poderes». «Imagínese si el fiscal ante esta Cámara tuvieran un cargo de director en el Ministerio de Justicia de la Nación», le dijo a Bruglia. 

«D’Alessandro tenía una relación laboral con Capuchetti. Es quien se dedicaba a armar causas y cobrar coimas según los chats», que se deben investigar, señaló Aldazabal y recordó su participación en el viaje a Lago Escondido con jueces, el jefe fiscal, un exespía y un consultor. «El instituto está reservado a la política, de ningún modo a un juez», dijo. «Es realmente grave que Capuchetti trabaje ahí (…) no es una universidad«, agregó. «El propio comunicado del ISSP dice que ella se desempeña en el Observatorio de Políticas de Seguridad de la CABA, que orienta el diseño de políticas públicas y toma de decisiones por parte de las autoridades, proponer normas vinculadas a la seguridad». 

La policía 

La querella recordó que Capuchetti abrió un legajo especial para investigar a las fuerzas de seguridad, pero decidió poner el foco en la custodia de la Policía Federal que cuida a la vicepresidenta. Sin embargo, no profundizó en el papel de la policía porteña, fuerza que está bajo el mando de D’Alessandro, que desplegó decenas de efectivos en los días previos al intento de magnicidio alrededor de la vivienda de CFK. Reprimieron a manifestantes que iban a darle apoyo en los días en que el fiscal Diego Luciani desplegaba su alegato en el juicio de Vialidad (para pedir 12 años de cárcel), sacaron fotos desde los balcones, «no impidieron circular a personas violentas», «dejaban pasar hasta el edificio a personas cuya consigna era matar a la vicepresidenta«. «No les llamó la atención que se vendan copos de azúcar en ese lugar (…) en la causa sobre Revolución Federal surgió que sus miembros tenían buena relación con la Policía de la Ciudad«, repasó Aldazabal. Remarcó que el 27 de agosto, a días del ataque, ya estaba allí Fernando Sabag Montiel, armado, y nadie lo advirtió. Días después intentaría disparar. «Aquí puede haber delitos y omisiones», dijo el abogado. 

Las asesoras de Milman

En otra audiencia, también ante la Cámara Federal, los abogados plantearon que el contenido de los celulares de las secretarias del diputado del PRO Gerardo Milman –señalado por un testigo como quien dijo «cuando la maten voy a estar camino a la costa» — se debe analizar desde al menos un mes antes del ataque. La jueza quería usar solo los mensajes y otros elementos posteriores. Todavía no se analizó nada de los teléfonos. Ya se cumplieron cuatro meses del intento de magnicidio. 

«Donde tocamos a Milman salta pus por todos los costados. La jueza y el señor fiscal (Carlos Rívolo) están todavía muy pendientes de si el testigo que estaba en el bar era veraz o no. Y cuando rascamos la pintura, este Milman hace agua por los cuatro costados. Si ustedes quieren darle algún tipo de contexto a esta investigación, hay que ir a donde la investigación nos lleve, caiga quien caiga«, sostuvo Ubeira. 

/Página12.

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Pese a la tregua en Medio Oriente, sigue la tensión en los mercados

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El alto el fuego entre Israel e Irán dio luz verde para volver a los activos de mayor riesgo y dejar de lado las preocupaciones inmediatas sobre una crisis energética.

Aunque el alto el fuego en Medio Oriente trajo algo de calma a los mercados, las bolsas aún no terminan de recuperarse. El dólar baja, mientras el petróleo, que era una de las grandes preocupaciones en medio de la guerra, sube.

El alto el fuego entre Israel e Irán dio luz verde para volver a los activos de mayor riesgo y dejar de lado las preocupaciones inmediatas sobre una crisis energética.

Las europeas bajan, mientras los inversores consideraron el alto el fuego entre Israel e Irán como una señal de relajación de las tensiones. El índice paneuropeo STOXX 600 avanzaba un 0,2%, hasta 542,12 puntos. Los grandes índices del Viejo Continente muestran retrocesos superiores al 1%.

El alto el fuego mediado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entre Irán e Israel parecía mantenerse el miércoles, un día después de que ambos países señalaran que su guerra aérea había terminado, al menos por ahora. El enviado de Trump a Medio Oriente dijo el martes por la noche que las conversaciones entre Estados Unidos e Irán eran «prometedoras» y que Washington tenía esperanzas de alcanzar un acuerdo de paz a largo plazo.

Los valores automovilísticos europeos lideraban las ganancias sectoriales con una subida del 1,2%, mientras que los valores de defensa subían un 0,9%. En el lado opuesto, las acciones de medios de comunicación descendían un 0,6%. Stellantis subía un 3,4% después de que la correduría Jefferies elevara la calificación del fabricante de automóviles de «mantener» a «comprar».

Los precios del petróleo avanzaban el miércoles, encontrando un respiro tras desplomarse en las dos sesiones anteriores. Los futuros del crudo Brent subían 85 centavos, o un 1,3%, a u$s67,99 el barril, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) ganaba 87 centavos, o un 1,4%, a u$s65,24. El Brent se situó el martes en su nivel más bajo desde el 10 de junio y el WTI desde el 5 de junio, ambos antes de que Israel lanzara un ataque sorpresa contra instalaciones militares y nucleares iraníes el 13 de junio.

Los precios habían subido a máximos de cinco meses después de que Estados Unidos atacara las instalaciones nucleares iraníes el fin de semana.

«Los precios mundiales de la energía se están moderando tras el alto el fuego entre Israel e Irán. La hipótesis básica de nuestros estrategas petroleros sigue anclada en los fundamentales, que indican una oferta mundial de petróleo suficiente», señalaron los analistas de J.P. Morgan en una nota a clientes.

Más adelante, la atención se centrará en la cumbre de la OTAN, en la que el gasto en defensa será uno de los temas principales.

Los inversores también estarán pendientes de la del presidente de la Reserva Federal estadounidense, Jerome Powell, ante el Senado el miércoles.

En tanto, las bolsas asiáticas subieron. El índice japonés Nikkei aumentó un 0,3% y el índice de referencia de la bolsa australiana subió un 0,1%, mientras que el índice de Taiwán ganó un 0,9%. El Hang Seng de Hong Kong creció un 0,8% y los valores de primera fila de China continental sumaban un 0,5%. El índice MSCI de valores mundiales se mantenía estable tras alcanzar un máximo histórico el día anterior.

El dólar se debilitaba y se situaba cerca de mínimos de casi cuatro años frente al euro, y los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a dos años caían a mínimos de un mes y medio, mientras la bajada de los precios del petróleo reducía el riesgo de un repunte de la inflación para los bonos.

La inestable tregua se ha mantenido hasta ahora, aunque Israel dice que responderá con contundencia a los ataques con misiles iraníes que ocurrieron después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara el fin de las hostilidades.

«A pesar de que el alto el fuego entre Israel e Irán parece algo frágil, los mercados lo están ignorando», dijo Kyle Rodda, analista de mercados financieros de Capital.com. «Siendo realistas, a los mercados no les importa si continúa un conflicto limitado entre los dos países, compuesto principalmente de ataques aéreos», dijo. «Lo que realmente importa es la posibilidad de una guerra más amplia, con una mayor intervención estadounidense y un bloqueo iraní del estrecho de Ormuz. Y por ahora, los riesgos de que eso ocurra parecen bajos».

/ámbito

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Misión internacional de DDHH cuestionó la tobillera a Cristina Kirchner y exigió una condena digna

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Los expertos afirmaron que la imposición de la tobillera electrónica «podría implicar un trato cruel, inhumano o degradante y constituir una forma de tortura psicológica».

Una misión internacional de especialistas en Derechos Humanos publicó un dictamen que apuntó contra la tobillera electrónica que dispuso la Justicia a la ex presidenta Cristina Kirchner para cumplir su condena y la consideró innecesaria, inadecuada, desproporcionada y violatoria de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En tanto, exigió al Poder Judicial a «garantizar que el cumplimiento de la pena respete la dignidad, los derechos y garantías de toda persona privada de libertad«.

En un texto público, la misión integrada por personalidades del ámbito jurídico, político y académico de América Latina consideró “innecesaria, inadecuada, desproporcionada y violatoria de la Convención Americana sobre Derechos Humanos” la imposición de un dispositivo de vigilancia electrónica a la exnpresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la causa en su contra.

Irregularidades en las disposiciones de la condena de Cristina Kirchner 

El documento hizo un análisis sobre las condiciones de cumplimiento de la prisión domiciliaria de la ex presidenta y apuntó en particular sobre la decisión judicial que impone la colocación de un dispositivo de vigilancia electrónica (tobillera), no se expide sobre el fondo de la causa penal ni sobre el proceso general que derivó en la condena, «aunque el caso se encuentra bajo seguimiento atento por parte de los expertos internacionales debido a las reiteradas denuncias públicas de irregularidades, vulneraciones de garantías y afectación del debido proceso».

/Ed

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El Gobierno eliminó dos obras sociales por irregularidades

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El Ejecutivo continúa un proceso iniciado por la Superintendencia de Servicios de Salud, que ya dispuso la baja de otros prestadores.

A través de las resoluciones 1092/2025 y 1093/2025 publicadas en el Boletín Oficial este lunes y firmadas por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), el Gobierno resolvió dar de baja del Registro Nacional de Agentes del Seguro (RNAS) a dos obras sociales: la Obra Social del Personal Municipal de Avellaneda y la Obra Social del Personal del Azúcar del Ingenio San Martín.

Con estas medidas, ya suman cinco las obras sociales dadas de baja del RNAS en los últimos días. La semana pasada fue excluida la Obra Social del Personal Aduanero. Además, se iniciaron trámites de baja para la Obra Social del Personal de la Industria Botonera y la del Personal Cinematográfico de Mar del Plata.

Según la Superintendencia de Servicios de Salud, las decisiones son el resultado de una evaluación integral de la situación institucional de las diferentes entidades, realizada por personal técnico del organismo, que viene realizando auditorías en profundidad desde el inicio de la gestión.

Según las resoluciones publicadas, ambas entidades estaban declaradas en situación de crisis desde hace más de dos años. Durante ese período, la Superintendencia había formulado observaciones y solicitado que se subsanen las irregularidades detectadas. No obstante, las administraciones de las obras sociales no presentaron la documentación e información requerida, lo que motivó la baja de la inscripción en el registro nacional.

Respecto a los demás casos, las conclusiones establecieron que presentan una crítica situación institucional y prestacional. «Esto es debido a la merma en su población beneficiaria, con la consecuente reducción de aportes y contribuciones, al incremento de los costos de insumos médicos, a deudas originadas en amparos judiciales y a dificultades en la contratación de prestadores, de acuerdo a lo que alegó la entidad», señalaron.

Es importante destacar que los beneficiarios de la Obra Social tienen garantizada la continuidad de la cobertura de salud a partir de ejercer el derecho a realizar la opción de cambio a otro Agente. De no hacerlo, será la Superintendencia de Servicios quien asigne una cobertura de similares características, aclaró el Ejecutivo para todos los casos.

Esta medida se da en el marco del reordenamiento del sistema de salud que impulsan el Ministerio de Salud y la Superintendencia con el objetivo de alcanzar la sustentabilidad de los Agentes y garantizar servicios de salud de calidad a sus beneficiarios.

/ámbito

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