Política & Economía Nacional
La provincia de Buenos Aires va a la justicia para pedir la suspensión del megaDNU de Milei
El defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, impugnó judicialmente el decreto 70/2023 ante los tribunales federales platenses. El planteo recayó en el juzgado de Alberto Recondo.
La Provincia de Buenos Aires (PBA) presentó su propio pedido de que se declare la inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23, su consiguiente nulidad absoluta y, al mismo tiempo, que se ordene una protección cautelar, suspendiendo de inmediato los efectos del megadecreto de Javier Milei. El planteo recayó en el juez federal de La Plata Alberto Recondo, quien tendrá que decidir, tal vez antes del viernes, cuando el DNU entre en vigencia. El texto de 44 páginas está firmado por Guido Lorenzino, defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, facultado por la constitución bonaerense a ejercer la representación de los habitantes de esa provincia. “La decisión del Presidente de la Nación de modificar aproximadamente 300 leyes de contenido múltiple y heterogéneo, algo expresamente prohibido por el artículo 99 de la Constitución Nacional, nos pone ante una situación institucional grave, inédita, excepcionalísima para uno de los pilares de nuestra Constitución: la forma republicana de gobierno”
Una presentación decisiva
El escrito bonaerense tiene un peso enorme, en primer lugar, porque representa al distrito de mayor envergadura de la Argentina y al 40 por ciento de la población nacional. Es por eso, que al principio mismo del escrito se pide explícitamente ser excluido de cualquier otro proceso, porque en forma tácita se sostiene que el pueblo de la Provincia de Buenos Aires no puede estar representado, por ejemplo, por una ONG de CABA. La referencia es a la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad, que presentó el primer amparo y que recayó en el juez Esteban Furnari. Es evidente que Lorenzino respeta a esa ONG, pero afirma que el pueblo bonaerense, por dimensiones y entidad propia, no es abarcado por ninguna otra presentación.
En base a ese planteo, el pedido de inconstitucionalidad recayó en uno de los tres jueces federales de La Plata, Recondo, y será tratado por ese magistrado. Como se sabe, la falta de fecha del DNU motivó que la mayoría de los constitucionalistas dictaminaran que entra en vigencia el 29 de diciembre, ocho días después de la publicación. Habrá que ver si Recondo dicta una cautelar antes de esa fecha, es decir antes del viernes. Una medida de esa naturaleza dejaría suspendidos los efectos del DNU en todo el país, al menos hasta que el Congreso se pronuncie.
El núcleo de la inconstitucionalidad
Lorenzino sostiene que la Constitución de la PBA lo ha “envestido de la calidad suficiente para abogar por la defensa de los derechos y garantías de todos los ciudadanos que habitan el territorio provincial, defendiendo y haciendo respetar el sistema representativo, republicano y democrático de gobierno. El fin último de esta petición es la defensa de la Constitución Nacional”.
“El decreto 70/23 es manifiestamente inconstitucional –se afirma en la página 14– porque el Poder Ejecutivo usurpó atribuciones por fuera de las causas expresa y restrictivamente enumeradas por la Constitución: ‘podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia solamente cuando circunstancias excepciones hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes y no se trate de normas que regulen material penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos’. El DNU viola de modo flagrante los presupuestos y las condiciones constitucionales de emisión. La inconstitucionalidad resulta patente, evidente o manifiesta, por cuanto no exige medidas de prueba para comprobar la falta de adecuación del mismo con las reglas y principios fijados expresamente por la Constitución”.
Los puntos clave
Señala el defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires:
*El DNU es inconstitucional porque se dictó por meras razones de conveniencia y con el objetivo de eludir la participación del Congreso;
*Es inconstitucional por cuanto se dictó para atender cuestiones permanentes y no meramente coyunturales o transitorias;
*Viola la separación de poderes, así como el orden democrático en tanto suprime la función del Congreso nacional;
*Es irrazonable y arbitrario por cuanto, en un solo decreto legislativo, ha derogado y modificado leyes que corresponden a las más variadas materias;
*El decreto no demuestra ni acredita que las Cámaras del Congreso no puedan reunirse por circunstancias de fuerza mayor;
*No se justifica en cada una de las múltiples materias reguladas que exista urgencia objetiva que deba ser solucionada inmediatamente;
*La prueba inequívoca de que el Congreso está en condiciones de reunirse es que el 21 de diciembre se convocó a sesiones extraordinarias;
*Los considerandos del DNU sólo contienen un diagnóstico de la situación del país y un pronóstico de las calamidades que habría que esperar, pero nada dice de las exigencias de la Constitución para dictar un DNU, la imposibilidad de acudir al Congreso y la justificación de la necesidad y la urgencia;
*El Poder Ejecutivo así, por mandato celestial o divino, se constituye en una super-legislatura unipersonal.
El pedido de cautelar
Sobre la base de todos esos fundamentos, que Lorenzino extiende a lo largo de más de 30 páginas, se le pide al juez “la suspensión de los efectos del decreto de necesidad y urgencia número 70/23” o al menos “la suspensión de sus efectos hasta tanto las Cámaras del Congreso se expidan por la aceptación o rechazo del decreto”. Este último pedido tiene que ver, justamente, porque la ley vigente entiende que un DNU pierde vigencia o si explícitamente las dos Cámaras lo rechazan; si el Congreso opta por el silencio o si una única Cámara lo avala, el decreto es válido.
El escrito menciona el peligro de demora, por cuanto los efectos son irreparables. “Sin demasiado esfuerzo se advierte que la derogación de la ley de abastecimiento, de góndolas, de alquileres, la liberalización de los servicios de salud, nuevas causales de injuria laboral, habrán de producir efectos inmediatos irreversibles”.
Si el juez Recondo admite la cautelar y suspende los efectos del DNU será un golpe demoledor a una norma que todos los juristas y académicos han considerado inconstitucional. En el mundo entero causó estupor, porque no se registran antecedentes de un gobernante, salvo en dictaduras, avance de esa manera sobre los demás poderes democráticos. Es casi seguro que si Recondo suspende el DNU, la Casa Rosada apelará la decisión del juez, con lo que los planteos llegarán a la Cámara Federal de La Plata. Y, de una manera u otra, la batalla final se dará en la Corte Suprema. Pero es decisivo que al máximo tribunal se llegue con los efectos del DNU suspendidos y no produciendo el perjuicio que ya está produciendo en la mayoría de los argentinos.
@Página12.
/Imagen principal: Archivo/
Política & Economía Nacional
Cristina Kirchner criticó el acuerdo de la UBA con el Gobierno: “¿Significa cambio de votos para la ley Bases?”
La expresidenta dejó un mensaje político a través de un video de TikTok, donde rechazó el acuerdo que deja afuera al resto de las universidades públicas.
La expresidenta Cristina Kirchner criticó el acuerdo de la Universidad de Buenos Aires (UBA) con el Gobierno de Javier Milei y apuntó al debate que se dará en los próximos días en la Cámara de Senadores: “¿Esto significa cambio de votos para la Ley Bases?”.
A través de un video de TikTok se ve a la referente de Unión por la Patria en una reunión con estudiantes, quien dejó un mensaje político en rechazo al acuerdo universitario: “La verdad que me parece una suerte de estafa a toda la gente. La movilización fue impresionante. Estoy muy enojada ¿Cómo pueden dejar afuera a 60 universidades?”.
“Tengo miedo que signifique cambios de votos en el Congreso”, agregó en relación al tratamiento del proyecto del Poder Ejecutivo en la Cámara alta.
En la misma línea, señaló que “arreglaron lo que es la plata de la dirigencia política de la UBA, porque el 80% es salario es no docentes, docentes y autoridades, es la plata que maneja la política en la universidad”.
La UBA llegó a un acuerdo con el Gobierno y suspendió la emergencia universitaria
Este miércoles, el Consejo Superior de la UBA suspendió la emergencia presupuestaria declarada el pasado 10 de abril. La decisión se adoptó a partir del refuerzo de fondos que el Gobierno nacional aprobó, tras las negociaciones con las autoridades de la Universidad que derivaron luego de la multitudinaria movilización por la educación a Plaza de Mayo y varios puntos del país.
Según comentaron desde la UBA, el presupuesto actualizado estará destinado exclusivamente al funcionamiento operativo de la institución.
En los considerandos de la resolución, el Consejo Superior manifestó que con el refuerzo asignado se ha incrementado el presupuesto para gastos de funcionamiento que oportunamente había sido prorrogado.
“Las resoluciones mencionadas implican una actualización de los gastos, sin incluir salarios y otras partidas, del 270% interanual respecto del presupuesto sancionado para la universidad en 2023 y de 300% para los hospitales universitarios y aquellas funciones de la universidad vinculadas al área asistencial”, destacaron.
Yacobitti reconoció que el acuerdo de la UBA con el Gobierno “es provocador” para el resto de las universidades
El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti, reconoció que el acuerdo financiero al que arribó con el Gobierno “es provocador” para el resto de las casas de altos estudios y aclaró que la institución porteña “no se comprometió a dejar de reclamar”.
“La UBA forma parte del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), pero cada universidad también dialoga por separado con el Gobierno”, sostuvo el exdiputado nacional.
En declaraciones radiales, el dirigente radical admitió que “es provocador aumentarle sólo a la UBA” y remarcó que la casa de altos estudios porteña “no se comprometió a dejar de reclamar, bajo ningún punto de vista”.
@Ámbito.
Política & Economía Nacional
Cuota simple: vuelven los 12 pagos con interés y suman nuevos rubros
Ante la impactante caída del consumo como consecuencia del ajuste, el Gobierno busca incentivar el consumo. Las novedades que se introducen al programa de compra en cuotas fijas y la tasa de interés que se fijó.
La Secretaría de Comercio e Industria extendió hasta fin de año “Cuota Simple”, el programa con el que intenta incentivar el consumo y frenar el derrumbe de las ventas minoristas dañadas principalmente por los ajustes y la desregulación de la economía impulsada por el propio gobierno nacional.
A través de la Resolución 69/2024 publicada en el Boletín Nacional, el Ministerio de Economía amplió de 9 a 12 cuotas fijas la posibilidad de hacer compras, que antes sólo se podían hacer hasta en 3 y 6 pagos.
La tasa nominal anual que se estableció para esta etapa de ampliación del programa es del 50 por ciento de interés. Es decir que quien compre un producto con tarjeta de crédito y elija abonarlo mes a mes durante un año, lo terminará pagando la mitad de su precio más cara.
La propuesta del gobierno de Javier Milei quedó lejos de aquel “Ahora 12” que permitía hacer compras con una tasa de interés del 0 por ciento, pero sigue siendo la alternativa más accesible del mercado, tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024 y esta fecha será prorrogable, según indica la resolución.
Nuevos rubros en Cuota Simple
Otro incentivo que la Secretaría de Comercio e Industria le agregó a “Cuota Simple” es la ampliación de los rubros en que se puede aplicar. Para esto dejaron afuera a algunos otros, como los artículos de librería y calzado escolar, aclaró el texto oficial firmado por el secretario Pablo Lavigne.
Hasta el momento eran 30 los rubros que alcanzaba el programa de cuotas aplicables en supermercados, hipermercados y tiendas de rubros generales. Ahora se les agregó elementos de iluminación, kits para la conexión de internet satelital y más materiales de construcción.
3, 6, 9 y 12 cuotas fijas
Todos se podrán adquirir en 3, 6, 9 y 12 cuotas fijas. Inclusive los productos que ya estaban en el listado del programa cuando fue lanzado a principios de año: electrodomésticos, calzado, indumentaria, joyería, teléfonos celulares, muebles, rodados, servicios educativos, juguetes, servicios técnicos, computadora e instrumentos musicales.
También perfumería, equipamiento médico, servicios de deportes (ginmasios), maquinarias y herramientas, eventos culturales, servicios de estética y turismo. Todos y cada uno según los topes establecidos por cada rubro o comercio.
“Cuota Simple” funciona en todo el país y tiene la intención de paliar el daño en el consumo y el derrumbe de las ventas producidas por la escalada inflacionaria, que durante lo que va del gobierno de La Libertad Avanza fue del 65 por ciento.
Política & Economía Nacional
Senado: se dilapidó la posibilidad de que el Gobierno tenga la ley Bases aprobada en mayo.
Las mayores resistencias persisten en un núcleo de diez legisladores que piden modificaciones en los beneficiarios de la ley de Blanqueo, en el impuesto a las Ganancias y en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversores (RIGI).
Ley Bases en Senado: debate en sesión del jueves
La sesión de comisión del jueves fue protagonizada por distintos actores convocados por los senadores. En una de las exposiciones, Martin Reydó, director ejecutivo de la Fundación Fundar, expresó su rechazo al RIGI porque “ya existen proyectos en mesa de entrada” por unos u$s 10.000 millones en “un escenario muy conservador de inversiones, que se van a hacer de igual forma pero que no necesitan este empuje fiscal y esta renuncia tributaria” . “En la industria se saben quiénes son y los secretarios de Minería de las provincias ya saben cuáles son los proyectos y cuáles son las empresas”, remarcó.
En contrapartida, Rodolfo Llanos, presidente de la Unión de Emprendedores de la República Argentina, subrayó que se “necesita que el país facture mucho más y que tenga muchas más empresas“. “¿Quién no puede estar de acuerdo con financiar la ciencia, el cine o tener personal en blanco? Pero para eso se necesita dinero y lamentablemente las empresas de ciencia y tecnología para hacer una inversión en la Argentina crean una empresa en los Estados Unidos y acá traen una filial, por lo que el dinero no queda en el país. Ese no es el modelo empresarial que yo quiero. Sería interesante preguntarnos qué hacemos para que vengan esas inversiones en nuestro país“, agregó.
Finalmente, el director de cine Benjamín Naishtat, galardonado en distintas ocasiones en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, reconoció que “el INCAA y las políticas del fomento audiovisual son perfectibles”, pero que sus “políticas son federales. El INCAA estipula por su ley que debe ser cogobernado por los secretarios de Cultura de todas las provincias. […] Hoy hay una situación autocrática, que es algo que nos preocupa como sector porque también es como un síntoma de época que hoy la autocracia ahora vale”.
Luego, acotó: “Soy de los que creen que en la Argentina hay riqueza, pero el problema es cómo se distribuye. Creo que podemos darnos un horizonte en donde los chicos coman y además tengamos una cultura de la cual sentirnos orgullosos“.
@Ámbito
/Fuente de imagen: Archivo Google
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