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NacionalPolítica & Economía 

La oposición, dividida frente a la propuesta del FdT para que los jueces paguen Ganancias.

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El artículo incluido por el oficialismo de la Cámara de Diputados para que en el proyecto de Presupuesto 2023 se contemple el pago del Impuesto a las Ganancias por parte de los integrantes del Poder Judicial divide posiciones dentro de Juntos por el Cambio (JxC) y en otros bloques opositores en torno a la postura que deberían adoptar en la sesión del martes, cuando esta iniciativa se debata en el recinto.

Desde algunos sectores opositores se animan a especular con que la inclusión del tema en el debate del Presupuesto haga peligrar la sesión prevista para las 12.30.

Pero en la bancada oficialista se muestran confiados en que la sesión se realizará y que estarán los votos necesarios para aprobar el artículo en cuestión.

La propuesta realizada por el oficialista Marcelo Casaretto en la reunión de la comisión de Presupuesto del pasado jueves -en la que se emitió el dictamen- consiste en modificar, dentro del rubro de Gastos Tributarios, la exención de los ingresos de magistrados y funcionarios de los poderes judiciales nacionales y provinciales, para recaudar unos 237.000 millones de pesos más a los recursos», según las estimaciones realizadas.

En 2017, una ley dispuso que los jueces que ingresen al Poder Judicial paguen ganancias, pero como consecuencia de las medidas cautelares que presentaron, son muy pocos los magistrados a los que se les descuenta el cobro de este impuesto de sus haberes.

El artículo incorporado al proyecto fija que «en el caso de los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación y de las provincias y del Ministerio Público de la Nación, la totalidad de los ingresos se incluirán dentro de los ingresos gravados, independientemente la fecha de su nombramiento y por todos los conceptos que integran sus remuneraciones».

Conocido el texto, desde el PRO, el referente jurídico del bloque, Pablo Tonelli, señaló en declaraciones a DiputadosTV: «Es muy justo que paguen, pero implicaría una disminución en la remuneración que iría en contra del artículo 110 de la Constitución».

«Aunque sea más lenta y a algunos le pueda parecer injusta, soy partidario de seguir con la fórmula de ahora y que paguen los nombrados desde 2017. Esto se aplicó en Estados Unidos en los años ’30 y al cabo de un tiempo todos los jueces (de ese país) llegaron a pagar el impuesto a las Ganancias. Aunque sea más lenta y a algunos le pueda parecer injusta, soy partidario de seguir con esa fórmula y no innovar», sostuvo Tonelli.

Desde la Unión Cívica Radical (UCR), en cambio, mantienen más cautela sobre el tema y mientras algunos de sus integrantes opinan que «se trata de un nuevo capítulo de la disputa del kirchnerismo con la Justicia» otros no quieren «votar en el recinto en contra de la eliminación de los privilegios del Poder Judicial».

En ese escenario, la abstención aparece por estas horas como la alternativa que prevalece en la bancada presidida por el cordobés Mario Negri.

Es una posición que difiere de la que sostienen los doce integrantes de Evolución Radical, que son partidarios de votar a favor del artículo en cuestión.

La Coalición Cívica (CC), cuarto espacio en volumen del interbloque JxC, con once miembros, ya había expresado una posición más crítica sobre el Presupuesto en general.

Esta bancada, por ahora, ni siquiera analiza por ahora el punto por punto del proyecto de Presupuesto enviado por el Ejecutivo.

Más allá de las definiciones que surjan de JxC, este fin de semana el diputado Carlos Gutiérrez, de Córdoba Federal, se refirió al tema en sus redes sociales.

«El oficialismo vuelve a cometer los mismos errores. Sin tratar en comisión, y a horas de que el proyecto vaya al recinto, el FdT quiere incluir a jueces en el Impuesto a las Ganancias. Si hay que generar cambios, deben ser por diálogo y consenso ¿Quieren o no un presupuesto?».

La pregunta final se torna importante si se toma en cuenta que surge del presidente del bloque que representa al oficialismo cordobés, y que con sus tres integrantes es la mayor fuerza del interbloque Federal, tercer espacio de la Cámara con ocho miembros.

Los otros dos socios del espacio, Identidad Bonaerense y el socialismo santafesino, aún no se expidieron sobre el tema.

Una reunión de urgencia

A las posiciones existentes entre los bloques de la Cámara, se sumó en las últimas horas una reunión de urgencia de tres de los cuatro ministros de la Corte Suprema para analizar el tema, y el rechazo de diferentes asociaciones de jueces, magistrados y empleados judiciales a través de una serie de comunicados advirtiendo, casi coincidentemente, sobre la «inconstitucionalidad» de la propuesta legislativa.

Bajo la consigna «No hay épica en esta medida», el Sistraju, sindicato que cuenta entre sus líderes con la diputada nacional Vanesa Siley, del FdT, se manifestó contrario a esta iniciativa y convocó a un paro para el próximo martes.

Por su parte, La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) también realizará el mismo día una medida de fuerza con movilización a la Corte Suprema de Justicia en la ciudad de Buenos Aires.

En tanto, la asociación civil Justicia Legítima se pronunció a favor de que el Impuesto a las Ganancias también alcance a jueces, fiscales y funcionarios judiciales, y les pidió a los integrantes de este Poder «dejar de lado toda mezquindad» para que de ese modo puedan «honrar» sus lugares de trabajo con el propósito de «transformarlos en auténtico sostén del sistema democrático, republicano, representativo y federal».

Mientras tanto, a los argumentos que expuso el jueves en la reunión de comisión, el diputado Casaretto sumó en las últimas horas otros elementos para defender la inclusión de ese punto en el Presupuesto.

Tras poner énfasis en que «de lo recaudado por este ítem el 70 por ciento iría a becas educativas y al incentivo docente y el 30 restante a un programa específico para combatir la inseguridad en Rosario», el entrerriano recurrió a dos datos del archivo.

Sobre el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, el legislador recordó que tiene una sentencia a favor de que los jueces paguen Ganancias cuando actuó como conjuez del máximo tribunal, en 2006 en el caso «Gutiérrez Oscar contra Anses».

En cuanto a otro integrante de la Corte, Carlos Rosenkrantz, Casaretto reseñó que en su presentación en la audiencia pública del Senado para defender su pliego para sumarse al máximo tribunal, el actual magistrado expresó: «Estoy dispuesto a pagar los impuestos y voy a militar para que el Poder Judicial pague impuestos».

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Misión internacional de DDHH cuestionó la tobillera a Cristina Kirchner y exigió una condena digna

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Los expertos afirmaron que la imposición de la tobillera electrónica «podría implicar un trato cruel, inhumano o degradante y constituir una forma de tortura psicológica».

Una misión internacional de especialistas en Derechos Humanos publicó un dictamen que apuntó contra la tobillera electrónica que dispuso la Justicia a la ex presidenta Cristina Kirchner para cumplir su condena y la consideró innecesaria, inadecuada, desproporcionada y violatoria de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En tanto, exigió al Poder Judicial a «garantizar que el cumplimiento de la pena respete la dignidad, los derechos y garantías de toda persona privada de libertad«.

En un texto público, la misión integrada por personalidades del ámbito jurídico, político y académico de América Latina consideró “innecesaria, inadecuada, desproporcionada y violatoria de la Convención Americana sobre Derechos Humanos” la imposición de un dispositivo de vigilancia electrónica a la exnpresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la causa en su contra.

Irregularidades en las disposiciones de la condena de Cristina Kirchner 

El documento hizo un análisis sobre las condiciones de cumplimiento de la prisión domiciliaria de la ex presidenta y apuntó en particular sobre la decisión judicial que impone la colocación de un dispositivo de vigilancia electrónica (tobillera), no se expide sobre el fondo de la causa penal ni sobre el proceso general que derivó en la condena, «aunque el caso se encuentra bajo seguimiento atento por parte de los expertos internacionales debido a las reiteradas denuncias públicas de irregularidades, vulneraciones de garantías y afectación del debido proceso».

/Ed

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El Gobierno eliminó dos obras sociales por irregularidades

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El Ejecutivo continúa un proceso iniciado por la Superintendencia de Servicios de Salud, que ya dispuso la baja de otros prestadores.

A través de las resoluciones 1092/2025 y 1093/2025 publicadas en el Boletín Oficial este lunes y firmadas por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), el Gobierno resolvió dar de baja del Registro Nacional de Agentes del Seguro (RNAS) a dos obras sociales: la Obra Social del Personal Municipal de Avellaneda y la Obra Social del Personal del Azúcar del Ingenio San Martín.

Con estas medidas, ya suman cinco las obras sociales dadas de baja del RNAS en los últimos días. La semana pasada fue excluida la Obra Social del Personal Aduanero. Además, se iniciaron trámites de baja para la Obra Social del Personal de la Industria Botonera y la del Personal Cinematográfico de Mar del Plata.

Según la Superintendencia de Servicios de Salud, las decisiones son el resultado de una evaluación integral de la situación institucional de las diferentes entidades, realizada por personal técnico del organismo, que viene realizando auditorías en profundidad desde el inicio de la gestión.

Según las resoluciones publicadas, ambas entidades estaban declaradas en situación de crisis desde hace más de dos años. Durante ese período, la Superintendencia había formulado observaciones y solicitado que se subsanen las irregularidades detectadas. No obstante, las administraciones de las obras sociales no presentaron la documentación e información requerida, lo que motivó la baja de la inscripción en el registro nacional.

Respecto a los demás casos, las conclusiones establecieron que presentan una crítica situación institucional y prestacional. «Esto es debido a la merma en su población beneficiaria, con la consecuente reducción de aportes y contribuciones, al incremento de los costos de insumos médicos, a deudas originadas en amparos judiciales y a dificultades en la contratación de prestadores, de acuerdo a lo que alegó la entidad», señalaron.

Es importante destacar que los beneficiarios de la Obra Social tienen garantizada la continuidad de la cobertura de salud a partir de ejercer el derecho a realizar la opción de cambio a otro Agente. De no hacerlo, será la Superintendencia de Servicios quien asigne una cobertura de similares características, aclaró el Ejecutivo para todos los casos.

Esta medida se da en el marco del reordenamiento del sistema de salud que impulsan el Ministerio de Salud y la Superintendencia con el objetivo de alcanzar la sustentabilidad de los Agentes y garantizar servicios de salud de calidad a sus beneficiarios.

/ámbito

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Milei celebró estar del «lado correcto de la historia» tras el ataque de EE.UU a Irán

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El Presidente compartió el posteo del ministro de Defensa, Luis Petri, tras la escalada en el conflicto de Medio Oriente.

El presidente Javier Milei rápidamente se hizo eco del ataque de Estados Unidos a las centrales nucleares de Irán. A través de sus redes sociales, el mandatario se encargó de repostear apoyos al accionar del país norteamericano y celebró que Argentina «esté del lado correcto de la Historia».

/Ed

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