Sociedad Sucesos
La Noche de los Lápices: 48 años después, la justicia reconoció la violencia sexual

Había sido denunciada desde 1985, pero recién este año un tribunal la dio por acreditada.
En mayo de 1985, Pablo Díaz contó por primera vez ante un tribunal que sus compañeras de la Noche de los Lápices, como se conoce el operativo de septiembre de 1976 en el que secuestraron a estudiantes secundarios de La Plata, habían sufrido violencia por medios sexuales en los campos de concentración de la dictadura. Recién en marzo de este año, cuando se cumplen 48 años de sus desapariciones, la justicia reconoció estos crímenes.
María Clara Ciocchini llegó a La Plata en 1975, escapando de la represión en Bahía Blanca. Ella militaba desde 1973 en la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) y en 1974 había sido elegida delegada del Colegio Nacional de Bahía Blanca. Desde allí había sido una de las militantes que habían resistido la intervención de la Universidad Nacional del Sur (UNS) por parte de Remus Tetu, un hombre ligado a la Triple A.
Cuando llegó a La Plata se hizo amiga de María Claudia Falcone, que había entrado en 1974 al Bachillerato de Bellas Artes. María Claudia también era delegada y militaba en la UES. Venía de una familia con tradición peronista: su padre, Jorge Ademar Falcone, era médico y había sido intendente de La Plata.
Como la represión ya venía golpeando a Bellas Artes desde abril de 1976, María Claudia decidió dejar su casa y mudarse al departamento de su tía abuela en la calle 56 al 586. En la noche del 16 de septiembre de 1976, María Clara se había quedado con ella. Una patota las secuestró a ambas. En ese momento, María Claudia acababa de cumplir 16 años y María Clara tenía 18.
Las chicas pasaron –como el resto de las víctimas de la Noche de los Lápices– por el Destacamento de Arana. Después de unos días, los separaron: algunos fueron trasladados al Pozo de Quilmes y otros al Pozo de Banfield. Ellas, Claudio de Acha, Daniel Racero, Horacio Ungaro, Francisco “Panchito” López Muntaner y Pablo Díaz fueron llevados al Pozo de Banfield. Solo Díaz sobrevivió de ese grupo.
En el Juicio a las Juntas, Pablo Díaz relató que María Claudia le había comentado, con mucha angustia. que había sido violada y contó un episodio en el que María Clara había sido manoseada por los guardias en el Pozo de Banfield. Debieron pasar 47 años para que un tribunal hiciera lugar al pedido de la fiscalía para que esos delitos se juzgaran –y condenaran.
Seis represores fueron acusados por los delitos sexuales que sufrieron María Claudia y María Clara: Juan Miguel Wolk (jefe del Pozo de Banfield), Jorge Antonio Bergés (médico de la policía bonaerense), Jaime Lamont Smart (ministro de Gobierno bonaerense durante la dictadura), Federico Minicucci (jefe del Regimiento de Infantería Mecanizada 3 de La Tablada), Guillermo Domínguez Matheu (Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata) y el comisario Luis Horacio Castillo.
Todos ellos fueron condenados a prisión perpetua en marzo de este año en el juicio de las Brigadas –Quilmes, Banfield y Lanús-Avellaneda. En julio, los integrantes del Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata –Ricardo Basílico, Esteban Rodríguez Eggers y Walter Venditti– dieron a conocer los fundamentos de su fallo. Allí puede leerse que el Poder Judicial argentino finalmente reconoció la violencia sexual que sufrieron María Clara y María Claudia. “Falcone fue víctima de abuso deshonesto y abuso sexual con acceso carnal, en tanto que Ciocchini fue víctima de abuso deshonesto. Ambas permanecen desaparecidas”, resaltaron.
“El Ministerio Público Fiscal viene trabajando desde hace muchos años en solicitar que se incorporen y que se visibilicen las violencias por medios sexuales, que sufrieron mayoritariamente las mujeres cis y trans en el momento de estar en centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. Respecto de lo ocurrido en la Noche de los Lápices, si bien se juzgó en otras oportunidades, nunca se había incluido entre los hechos a juzgar las violencias por medios sexuales sufridas por quienes en ese momento eran niñas o mujeres muy jóvenes”, explica la auxiliar fiscal Ana Oberlin.
“Es importante destacar que la fiscalía de La Plata viene desde hace más de una década haciendo estos pedidos en la instrucción, sobre todo, para que se incluyan estas violencias. No siempre han tenido acogida favorable en los juzgados o en los tribunales, pero lo importante es que, sobre todo a partir del fallo Martel de la Corte Suprema, esto está cambiando. Una de las cosas más importantes de Martel tiene que ver con que los jueces dijeron que el reproche penal que se le hace a una conducta es relevante. No es lo mismo condenar solamente por torturas que incluir las violencias por medios sexuales, porque justamente el reproche penal tiene que ver con la mirada social que hay sobre los delitos también. Y en este caso es muy importante visibilizar todas estas violencias que durante muchos años permanecieron o invisibilizadas o fueron minorizadas por el sistema de justicia, que no tomaba justamente estos hechos como algo independiente de las torturas y como delitos particulares por los cuales también se debía sancionar a quienes participaron en el terrorismo de Estado”, remarca Oberlin.
@Página12.


El hecho ocurrió en calle Río Bamba, entre Güemes y Esmeralda.
Un sujeto fue aprehendido por el dueño de un quiniela y lo retuvo hasta que llegaron uniformados de la Comisaría 25ta. El hecho ocurrió en calle Río Bamba, entre Güemes y Esmeralda, en Rivadavia.
Según lo que informaron las fuentes, el muchacho identificado como Rodrigo Araya, de 23 años, ingresó a una agencia y sustrajo una bici Top Mega que había en el lugar de una clienta.
Inmediatamente, el propietario del local salió tras el joven delincuente y a los pocos metros lo redujo. Con la ayuda de otras personas, lo retuvieron hasta que llegó la policía. Quedó vinculado a un caso por delito de Hurto simple.
/DC

La condena a Ricardo Rodríguez desató varias reacciones, luego de conocerse la culpabilidad del integrante de la fuerza de seguridad. Las familias del sentenciado y del riojano Federico Orihuela tuvieron una fuerte discusión al finalizar el juicio.
Momentos de alta tensión se vivieron en los tribunales sanjuaninos tras conocerse la sentencia contra Ricardo Rodríguez, el policía que asesinó a balazos al camionero Federico Orihuela en Valle Fértil. La Justicia lo condenó a prisión perpetua por homicidio doblemente agravado por su condición de miembro de una fuerza de seguridad y por el uso de arma de fuego.
Apenas se escuchó el fallo del tribunal, la familia del camionero rompió en llanto y gritos dentro de la sala. “¡Asesino, las va a pagar!”, se escuchó desde el sector donde estaban ubicados los allegados de Orihuela, visiblemente conmocionados por el desenlace del juicio. Varios familiares debieron ser contenidos por personal judicial ante el dolor y la furia que desató la sentencia.
El crimen ocurrió en octubre de 2022, cuando Orihuela había ido a buscar leña a la zona de La Majadita. Según determinó la investigación, el uniformado le disparó por la espalda con su arma reglamentaria.
La defensa del expolicía intentó argumentar que se trató de un caso de exceso en la legítima defensa, pero los jueces rechazaron esa hipótesis por unanimidad. Con este fallo, la causa cierra con la pena máxima para Rodríguez, y una familia que, entre el dolor, pide justicia y memoria.
/TSJ

Tras ser declarado inimputable, el adolescente, que asesinó a mazazos a la jubilada Hebe Yolanda Leguiza, recibió el alta de una clínica psiquiátrica en Mendoza y reside nuevamente con sus padres en San Juan. A un año del crimen, el joven sigue en la misma situación
A un año del estremecedor crimen en Capital, en el que un menor de 15 años asesinó a mazazos a una jubilada de 71 años, fuentes del caso confirmaron, que el adolescente sigue conviviendo con sus padres en su casa de Santa Lucía y continúa con un tratamiento psiquiátrico en Mendoza, todo controlado y seguido por el equipo de psicólogos y psiquiatras de la Oficina de Medidas Alternativas (OMA) y la jueza de familia Marisa Valdéz.
El adolescente de 15 años continúa con un tratamiento ambulatorio tras ser declarado inimputable por el juez de Menores, Jorge Toro. El tratamiento actual contempla evaluaciones mensuales en un centro de salud mendocino que lo atendió, con informes periódicos sobre su evolución. Además, intervienen el gabinete técnico de Familia y el equipo psiquiátrico de la Oficina de Medidas Alternativas (OMA). También se ordenó la designación de una asistente social para acompañamiento permanente y la coordinación entre médicos de Mendoza y profesionales que ya trabajan con los padres del menor.
El abordaje se enmarca en los principios de la Ley Nacional de Salud Mental, que prioriza tratamientos fuera del ámbito hospitalario, el fortalecimiento de los lazos sociales y la intervención interdisciplinaria. Hay varias etapas durante el tratamiento: la de internación, evaluación, socialización, reinserción y educación, aunque no trascendió en qué etapa se encuentra el menor. Lo que sí aseguraron las fuentes es que el joven no está yendo a la escuela.
El menor estuvo internado en una clínica psiquiátrica en la vecina provincia durante tres meses y después recibió el alta. La internación se ordenó de forma involuntaria con base en lo establecido por la Ley de Salud Mental, debido a que en San Juan no existen instituciones especializadas para menores de edad y adultos. Sin embargo, la normativa establece un límite de 90 días para internaciones de este tipo, por lo que, cumplido ese plazo, el joven regresó a su entorno familiar y actualmente sus padres se hacen cargo de sus terapias y remedios.
La causa penal quedó archivada luego de que el juez Toro declarara la inimputabilidad del adolescente por su edad. Desde entonces, el caso pasó a Familia y quedó bajo la órbita de la jueza Marisa Valdéz, quien dispuso una serie de medidas de seguimiento, según indicaron fuentes consultadas.
La tarde del martes 7 de mayo de 2024, el menor de 15 años atacó con una maza a una jubilada de 71 años, Hebe Yolanda Leguiza, en calle 25 de Mayo entre Aberastain y Caseros. Tres golpes con extrema violencia recibió la mujer que murió al día siguiente a raíz de las graves lesiones. La fiscalía Delitos Especiales, que empezó investigando el homicidio, halló al culpable a través de las cámaras de seguridad de la zona y llegó hasta la casa del menor, en Santa Lucía. A partir de ese momento, como fiscalía era incompetente para llevar el caso, tomó la posta la Justicia de Menores.
/DH
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