NacionalSociedad
La justicia le prohibió a la Armada destruir sus archivos

La jueza federal de San Martín Alicia Vence dictó una medida cautelar a pedido de la querella que encabeza Pablo Llonto y de la fiscalía.
La Armada no podrá mudar su Archivo General (AGA) ni “depurar” ni “triturar” la documentación, tal como lo tenía previsto. La jueza federal de San Martín Alicia Vence así lo resolvió después de que el abogado Pablo Llonto y el fiscal Miguel Blanco García Ordás advirtieran que podría ser una maniobra para poner en riesgo la prueba esencial para las causas de lesa humanidad.
El AGA está ubicado en Bolívar 1622 y tiene alrededor de 8 kilómetros lineales de documentación. Entre la información que almacena hay legajos de militares, legajos de personal civil, legajos de conscriptos, libros de navegación, partes de personal, memorias anuales, partidas de matrimonio, certificados de nacimiento y defunción, partes de viaje, historias clínicas del Hospital Naval Río Santiago y del Hospital Naval Pedro Mallo, expedientes de la justicia militar, manuales y reglamentos derogados y boletines navales.
A través de un mensaje naval reservado, la Armada dispuso el traslado del AGA a lo que se conoce como Garage Central, ubicado en la zona de Retiro. Los pormenores de la decisión son todavía una incógnita.
En una nota enviada el 9 de enero, el capitán de navío Jorge Javier Raimondo, de la Secretaría General de la Armada, informaba que ese día se iniciaría la “depuración/selección” de la documentación y que, a partir del 10 de febrero, se efectuaría el traslado del mobiliario y los archivos vigentes. El resto quedaría para ser digitalizado o triturado.

Desde Archivistas en Función Pública Argentina (AFPA) difundieron un comunicado en el que alertaban sobre la orden de eliminar documentación. “Es urgente y necesario garantizar la conservación de los documentos de valor permanente, ya sea porque contienen información única sobre la historia, la memoria institucional o porque están vinculados a graves violaciones a los derechos humanos”, advirtieron.
Hay varias jurisdicciones en las que se investiga el accionar criminal de la Armada durante los años del terrorismo de Estado: en la Ciudad de Buenos Aires, Mar del Plata, Bahía Blanca, La Plata y San Martín, particularmente.
Si bien hubo presentaciones en la mayoría de ellas, la primera en reaccionar fue la justicia de San Martín. Allí se probó que el Arsenal Naval de Zárate, inserto en la llamada Área 400, funcionó como un centro clandestino de detención durante la última dictadura.
La jueza Vence dictó una medida cautelar de prohibición de «modificar, mudar, alterar y/o introducir cambios y, así evitar cualquier manipulación que pueda alterar o destruir –ya sea total o parcialmente–dicha documentación que está vinculada a crímenes de lesa humanidad», según surge de la resolución a la que accedió Página/12.
“Considero que los documentos resguardados en el Archivo General de la Armada resultan ser de un valor histórico inconmensurable para nuestro país y, fundamentalmente, para las investigaciones que se sustancian no solo en este sumario que dirijo sino además en los múltiples procesos que a lo largo del territorio nacional tienen por objeto la averiguación de la verdad en los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado, en el período 1976-1983”, escribió Vence.
La magistrada, además, explicó que tomaba esta decisión por los derechos de las víctimas y con el propósito de honrar los compromisos internacionales asumidos por el país en materia de derechos humanos. La resolución será comunicada tanto al ministro de Defensa, Luis Petri, como al jefe del Estado Mayor de la Armada, Carlos María Allievi.
Los otros tribunales
En distintas jurisdicciones se replicaron los pedidos para que la Armada no pueda destruir documentación –algo que ya fue frenado por la decisión de la jueza Vence.
En la causa por los crímenes cometidos en el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), la jueza María Eugenia Capuchetti –que está durante el último tramo del receso de verano a cargo del Juzgado Federal 12– habilitó feria para tratar el pedido de las distintas querellas que encabezan Llonto, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), H.I.J.O.S Capital, Flavia Fernández Brozzi (Kaos) y Myriam Bregman.
Miguel Palazzani fue el primer fiscal en pedir que se dicte una medida cautelar sobre el AGA. Lo hizo ante el juzgado federal de Bahía Blanca. Su colega Laura Mazzaferri hizo lo propio ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Mar del Plata y ante el juzgado de Santiago Inchasti.
En Comodoro Py, el fiscal Alejandro Alagia también se presentó ante el TOF de feria para reclamar que se trate la cuestión durante la feria, que ya está concluyendo. «Cualquier medida que implique la alteración, la destrucción y/o el traslado de los archivos y documentos originales del Archivo General, provocaría un perjuicio de imposible reparación posterior, porque afecta la tarea de este Ministerio Público Fiscal en el desarrollo de los procesos penales en curso y atenta directamente contra el deber del Estado de garantizar el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición», advirtió Alagia.
Un freno
«Saludamos la decisión de la jueza Alicia Vence de San Martín, que es la más acertada y afortunadamente quien ha comprendido con velocidad las obligaciones del Estado argentino y del Poder Judicial de cumplir los compromisos internacionales de juzgar y sancionar a quienes han cometido los más aberrantes crímenes y ello incluye hacer todo lo que haya que hacer para la preservación de los documentos«, afirmó Llonto en diálogo con este diario.
«Veremos si el Ejecutivo cumple esta orden, porque estamos frente a un Presidente y ministros a quienes la ley, la justicia y los Derechos Humanos les importan un bledo y eso nos hace dudar del cumplimiento efectivo. Los años nos pusieron cautelosos. De todos modos, cuando una jueza o juez le hace recuperar un poco de esperanza a la humanidad, debemos saludar una decisión como la de la jueza Vence», completó.
A nivel administrativo, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) –tanto la conducción nacional de Rodolfo Aguiar como la seccional Capital de Daniel «Tano» Catalano– hizo saber su oposición a la decisión del traslado del AGA.
Victoria Montenegro, presidenta de la comisión de Derechos Humanos de la Legislatura porteña, denunció la situación ante distintas relatorías de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
En general, todos recordaron que la resolución de la Marina tiene un antecedente claro: la decisión del ministro Luis Petri de desmantelar los equipos de relevamiento y análisis (ERyA) que funcionaron en Defensa desde 2010 para contribuir con las causas de lesa humanidad.
En las últimas horas, Petri se jactó en su red social X de haber contribuido al cierre de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), el organismo del Poder Ejecutivo encargado de buscar a los niños y las niñas robados durante la dictadura. En realidad, la Conadi no se cerró; lo que sí hizo Javier Milei fue eliminar la unidad especial de investigación (UEI) y vedar el acceso a los archivos en poder del Estado.
«Fui muchos años miembro de la Conadi designado por procuradores», le respondió el fiscal Félix Crous. «La creó Carlos Menem, la preside por ley el secretario de Derechos Humanos y la integran el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa. La Conadi no fue cerrada. No sabe lo que escribe, pero ya sabemos lo que quiere», concluyó Crous.
/P12

NacionalPolítica & Economía
Villarruel se despachó contra Milei en las redes sociales

La vicepresidenta criticó al mandatario en su cuenta de Instagram. “Si hay equilibrio asistir a los más desprotegidos no debiera ser tan terrible. El tema es que un jubilado no puede esperar y un discapacitado menos», afirmó.
La vicepresidenta Victoria Villarruel se despegó de las derrotas del Gobierno en el Senado y afirmó que si el oficialismo quiere recortar gastos, “ahorre en viajes y en la SIDE”. Así lo expresó en una serie de respuestas desde su cuenta oficial de Instagram, el viernes por la noche.
“Si hay equilibrio, entonces, asistir a los más desprotegidos no debiera ser tan terrible. El tema es que un jubilado no puede esperar y un discapacitado menos. Que ahorre en viajes y en la SIDE y listo”, respondió Villarruel ante la consulta de un seguidor que le preguntaba las razones por las cuales se abrió el recinto el jueves pasado y si buscaba romper el equilibrio fiscal.
Villarruel sostuvo que cumplió su «función constitucional», luego de que Milei, sin nombrarla, la tildara de «traidora» en la Bolsa de Comercio. «No traiciono pero no convalido mentiras ni decisiones que perjudiquen a los argentinos», sostuvo al respecto. Afirmó que los insultos recibidos «por los jubilados y los discapacitados» le dan «la tranquilidad de estar en apoyo de los argentinos más vulnerables».
Fue más allá y expresó que «cuando el Presidente decida hablar y comportarse adultamente podré saber cuáles son sus políticas, dado que no habla».
Cuestionada en la red social, aprovecho para referirse al Te Deum del 25 de mayo, cuando Milei le negó el saludo en la Catedral. La relación entre ellos ya estaba rota desde hacía meses. «Un presidente que no puede ni saludar a la persona con la que llegó al poder. Hacele el reclamo a él que yo la educación no la pierdo nunca», respondió a un usuario que la criticó por el distanciamiento.
Cuando otro usuario le dijo que «el dueño de las ideas» es el mandatario, aprovechó para fustigar a Karina Milei y a Lilia Lemoine. «No se por qué no puso a la hermana o a la limones que a ustedes les gustan tanto», respondió con ironía. Villarruel suele ser un blanco dilecto de ataques de la diputada en X.
Otro comentario apuntó a que la vice quiere ser como la casa por sus viajes en avión. Y contestó: «En avión de línea, no un avión privado. No uso aviones del Estado, esos los usa Milei y su hermana».
Sobra la crítica de una usuaria que le dijo sentirse desilusionada con ella, manifestó que «si el pueblo argentino se decepciona porque un vice cumple con su función, no es un chupamedias ni un servil y su objetivo es la Patria y no políticos que hoy dicen una cosa y mañana otra, entonces es un problema de los que razonan así».
Y remató con un mensaje críptico, a modo de advertencia para Balcarce 50: «Yo razono con rectitud. Si fuera desleal hace rato que estoy haciendo merengue con lo que veo».
/P12
NacionalPolítica & Economía
Fuerza Patria lanzó su primer spot de cara a las elecciones en Buenos Aires

La alianza es conformada por Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa. Los comicios bonaerenses tendrán lugar el próximo 7 de septiembre.
Tras acordar la unidad y confirmar la alianza el pasado miércoles 9 julio, Fuerza Patria presentó su primer spot de campaña de cara a las elecciones legislativas bonaerenses que tendrán lugar el próximo 7 de septiembre. «Es la fuerza de los trabajadores que madrugan cada día y enfrentan la crueldad del ajuste, pero siguen adelante», reza una voz en off en el video de más de un minuto.
En detalle, la alianza está conformada por el gobernador bonaerense Axel Kicillof, el titular del PJ provincial, Máximo Kirchner, y el jefe del Frente Renovador, Sergio Massa, que tras meses diálogos y enfrentamientos lograron acordar un frente común.
Fuerza Patria apunta a las elecciones legislativas
Lograr los acuerdos necesarios para presentar un frente único no fue tarea fácil para el peronismo en territorio bonaerense, que tuvo un semestre revulsivo, con el debate por el desdoblamiento de las elecciones y la condena de la expresidenta de la nación, Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, el pasado miércoles, el frente emitió un comunicado que confirmó el primer paso de las negociaciones: «Se firmó el frente y se acordó que todas las listas, tanto las de concejales de los 135 municipios, como las de legisladores provinciales por las ocho secciones, como la de diputados nacionales tendrán un único esquema de apoderados, uno por sector».
En este escenario, y a dos meses de los comicios legislativos, la nueva propuesta electoral lanzó su primer spot de campaña. El mismo fue publicado por Massa, con un lema que reza: «Unidad, fuerza y coraje para construir una alternativa».
/ámbito
NacionalPolítica & Economía
Senado: aprueba proyectos sobre la distribución de los ATN y combustibles

Una sesión muy intensa se vivió en el Congreso. Aprobaron varios proyectos y Milei anunció que los vetará.
El Senado aprobó los proyectos que proponen la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del impuesto a los combustibles por 56 votos afirmativos y uno negativo, dos iniciativas que fueron impulsadas por los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño.
Fue con el apoyo de senadores de todos los bloques con excepción de Luis Juez (PRO) y La Libertad Avanza (LLA), que dejó el recinto horas antes y a la mitad de la discusión por los proyectos jubilatorios, que salieron aprobados con dos tercios de los presentes y que el presidente Javier Milei advirtió que vetará.
La embestida de los mandatarios provinciales se activó después de una reunión en el CFI en la que participaron representantes del Gobierno, entre ellos, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
Ante la inflexibilidad oficialista de considerar las propuestas presentadas, decidieron avanzar con ambos por ley en la Cámara alta.
El proyecto que propone reformar la distribución del impuesto a los combustibles aspira repartir ese tributo de la siguiente manera: un 14,29% para el Tesoro Nacional, un 52,02% para las provincias y un 28,69% para el Sistema Único de Seguridad Social.
De acuerdo a esa iniciativa, los fondos de las provincias se repartirán un 25% entre las jurisdicciones y el 75% de la acuerdo a los índices de coparticipación. Además, elimina los fondos fiduciarios de Infraestructura de Transporte , del Sistema Vial Integrado; Compensador del Transporte; Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior y Nacional de la Vivienda.
/LPSJ
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