NacionalSociedad
La justicia le prohibió a la Armada destruir sus archivos

La jueza federal de San Martín Alicia Vence dictó una medida cautelar a pedido de la querella que encabeza Pablo Llonto y de la fiscalía.
La Armada no podrá mudar su Archivo General (AGA) ni “depurar” ni “triturar” la documentación, tal como lo tenía previsto. La jueza federal de San Martín Alicia Vence así lo resolvió después de que el abogado Pablo Llonto y el fiscal Miguel Blanco García Ordás advirtieran que podría ser una maniobra para poner en riesgo la prueba esencial para las causas de lesa humanidad.
El AGA está ubicado en Bolívar 1622 y tiene alrededor de 8 kilómetros lineales de documentación. Entre la información que almacena hay legajos de militares, legajos de personal civil, legajos de conscriptos, libros de navegación, partes de personal, memorias anuales, partidas de matrimonio, certificados de nacimiento y defunción, partes de viaje, historias clínicas del Hospital Naval Río Santiago y del Hospital Naval Pedro Mallo, expedientes de la justicia militar, manuales y reglamentos derogados y boletines navales.
A través de un mensaje naval reservado, la Armada dispuso el traslado del AGA a lo que se conoce como Garage Central, ubicado en la zona de Retiro. Los pormenores de la decisión son todavía una incógnita.
En una nota enviada el 9 de enero, el capitán de navío Jorge Javier Raimondo, de la Secretaría General de la Armada, informaba que ese día se iniciaría la “depuración/selección” de la documentación y que, a partir del 10 de febrero, se efectuaría el traslado del mobiliario y los archivos vigentes. El resto quedaría para ser digitalizado o triturado.

Desde Archivistas en Función Pública Argentina (AFPA) difundieron un comunicado en el que alertaban sobre la orden de eliminar documentación. “Es urgente y necesario garantizar la conservación de los documentos de valor permanente, ya sea porque contienen información única sobre la historia, la memoria institucional o porque están vinculados a graves violaciones a los derechos humanos”, advirtieron.
Hay varias jurisdicciones en las que se investiga el accionar criminal de la Armada durante los años del terrorismo de Estado: en la Ciudad de Buenos Aires, Mar del Plata, Bahía Blanca, La Plata y San Martín, particularmente.
Si bien hubo presentaciones en la mayoría de ellas, la primera en reaccionar fue la justicia de San Martín. Allí se probó que el Arsenal Naval de Zárate, inserto en la llamada Área 400, funcionó como un centro clandestino de detención durante la última dictadura.
La jueza Vence dictó una medida cautelar de prohibición de «modificar, mudar, alterar y/o introducir cambios y, así evitar cualquier manipulación que pueda alterar o destruir –ya sea total o parcialmente–dicha documentación que está vinculada a crímenes de lesa humanidad», según surge de la resolución a la que accedió Página/12.
“Considero que los documentos resguardados en el Archivo General de la Armada resultan ser de un valor histórico inconmensurable para nuestro país y, fundamentalmente, para las investigaciones que se sustancian no solo en este sumario que dirijo sino además en los múltiples procesos que a lo largo del territorio nacional tienen por objeto la averiguación de la verdad en los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado, en el período 1976-1983”, escribió Vence.
La magistrada, además, explicó que tomaba esta decisión por los derechos de las víctimas y con el propósito de honrar los compromisos internacionales asumidos por el país en materia de derechos humanos. La resolución será comunicada tanto al ministro de Defensa, Luis Petri, como al jefe del Estado Mayor de la Armada, Carlos María Allievi.
Los otros tribunales
En distintas jurisdicciones se replicaron los pedidos para que la Armada no pueda destruir documentación –algo que ya fue frenado por la decisión de la jueza Vence.
En la causa por los crímenes cometidos en el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), la jueza María Eugenia Capuchetti –que está durante el último tramo del receso de verano a cargo del Juzgado Federal 12– habilitó feria para tratar el pedido de las distintas querellas que encabezan Llonto, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), H.I.J.O.S Capital, Flavia Fernández Brozzi (Kaos) y Myriam Bregman.
Miguel Palazzani fue el primer fiscal en pedir que se dicte una medida cautelar sobre el AGA. Lo hizo ante el juzgado federal de Bahía Blanca. Su colega Laura Mazzaferri hizo lo propio ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Mar del Plata y ante el juzgado de Santiago Inchasti.
En Comodoro Py, el fiscal Alejandro Alagia también se presentó ante el TOF de feria para reclamar que se trate la cuestión durante la feria, que ya está concluyendo. «Cualquier medida que implique la alteración, la destrucción y/o el traslado de los archivos y documentos originales del Archivo General, provocaría un perjuicio de imposible reparación posterior, porque afecta la tarea de este Ministerio Público Fiscal en el desarrollo de los procesos penales en curso y atenta directamente contra el deber del Estado de garantizar el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición», advirtió Alagia.
Un freno
«Saludamos la decisión de la jueza Alicia Vence de San Martín, que es la más acertada y afortunadamente quien ha comprendido con velocidad las obligaciones del Estado argentino y del Poder Judicial de cumplir los compromisos internacionales de juzgar y sancionar a quienes han cometido los más aberrantes crímenes y ello incluye hacer todo lo que haya que hacer para la preservación de los documentos«, afirmó Llonto en diálogo con este diario.
«Veremos si el Ejecutivo cumple esta orden, porque estamos frente a un Presidente y ministros a quienes la ley, la justicia y los Derechos Humanos les importan un bledo y eso nos hace dudar del cumplimiento efectivo. Los años nos pusieron cautelosos. De todos modos, cuando una jueza o juez le hace recuperar un poco de esperanza a la humanidad, debemos saludar una decisión como la de la jueza Vence», completó.
A nivel administrativo, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) –tanto la conducción nacional de Rodolfo Aguiar como la seccional Capital de Daniel «Tano» Catalano– hizo saber su oposición a la decisión del traslado del AGA.
Victoria Montenegro, presidenta de la comisión de Derechos Humanos de la Legislatura porteña, denunció la situación ante distintas relatorías de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
En general, todos recordaron que la resolución de la Marina tiene un antecedente claro: la decisión del ministro Luis Petri de desmantelar los equipos de relevamiento y análisis (ERyA) que funcionaron en Defensa desde 2010 para contribuir con las causas de lesa humanidad.
En las últimas horas, Petri se jactó en su red social X de haber contribuido al cierre de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), el organismo del Poder Ejecutivo encargado de buscar a los niños y las niñas robados durante la dictadura. En realidad, la Conadi no se cerró; lo que sí hizo Javier Milei fue eliminar la unidad especial de investigación (UEI) y vedar el acceso a los archivos en poder del Estado.
«Fui muchos años miembro de la Conadi designado por procuradores», le respondió el fiscal Félix Crous. «La creó Carlos Menem, la preside por ley el secretario de Derechos Humanos y la integran el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa. La Conadi no fue cerrada. No sabe lo que escribe, pero ya sabemos lo que quiere», concluyó Crous.
/P12

NacionalPolítica & Economía
El Gobierno anunció que dejará de cobrar aranceles para la importación de celulares

La medida será publicada próximamente en el Boletín Oficial. La reducción arancelaria se realizará en dos partes.
El vocero presidencial Manuel Adornianunció este martes en conferencia de prensa que el Gobierno planea eliminar los aranceles de importación para teléfonos celulares inteligentes. Según precisó el también candidato a legislador porteño por La Libertad Avanza (LLA), la medida se oficializará a través de un decreto que será publicado «próximamente» en el Boletín Oficial. De todas maneras, la medida entraría en vigencia por completo recién el año que viene.
“A partir de un decreto que se va a publicar llegando al cierre de la semana, seguramente entre jueves o viernes, el Gobierno Nacional va a eliminar por completo los aranceles de importación de celulares, que hasta ahora eran del 16%, y van a pasar a ser del 0%”, anunció el funcionario.
En medio de la carrera electoral legislativa de la Ciudad de Buenos Aires, el titular de la lista de La Libertad Avanza explicó que la medida se instrumentará en dos etapas: la primera parte entrará en vigencia de inmediato con la publicación del decreto, y se reducirá el arancel vigente del 16% al 8%; la segunda etapa se implementará el 15 de enero de 2026, fecha a partir de la cual el arancel pasará a 0% de manera definitiva.
«Adicionalmente, se van a bajar los impuestos internos que pagan los celulares, televisores y aires acondicionados importados, del 19 al 9,5%; y para los producidos en Tierra del Fuego, del 9,5% al 0%», indicó el vocero.
Para justificar esta medida, Adorni dibujó los precios actuales de ciertos bienes y los comparó con países de la región y del mundo. «Un celular de alta gama cuesta en Argentina 2.566 dólares; en Madrid, 1290 dólares; en Santiago de Chile, 1.147 dóalres; en Londres, 1143 dólares; y en Nueva York, 1.011 dólares. Mientras tanto, una computadora cuesta en Argentina 1.931 dólares, cuando cruzando la Cordillera cuesta la misma computadora 966 dólares», indicó.
«Con el total de esta baja impositiva se estima que los precios de los productos electrónicos importados van a bajar alrededor de un 30% como mínimo, lo que va a equiparar a la Argentina con el resto de los países vecinos», aseveró. Planteó además que ese mismo escenario ocurriría con «los productos provenientes de Tierra del Fuego».
«Esto además de bajar fuertemente los precios de los productos electrónicos, va a reducir el contrabando y el robo de celulares. Esto ya sucedió con el robo de autos y neumáticos, gracias a la reducción de impuestos y de la desregulación de autopartes», prometió.
/P12
NacionalPolítica & Economía
El Gobierno le respondió a Mauricio Macri por la guerra con Javier Milei: «Está exaltado y nervioso»

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, arremetió contra el expresidente, aunque aseguró que no descarta negociar con el PRO en la provincia de Buenos Aires.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, cuestionó la actitud del expresidente Mauricio Macri de cara a las elecciones legislativas porteñas y lo acusó de estar «un poco exaltado» y «nervioso», aunque no descartó negociar con el PRO en la provincia de Buenos Aires.
En una entrevista radial, el funcionario asegueró: «Es un enfrentamiento en el contexto de una campaña electoral, donde el presidente Macri tal vez un poco exaltado y nervioso por el riesgo de poner en juego lo que ha sido su reducto político permanente, desde hace muchos años, y debe parecer que lo pierde».
En ese sentido, Francos se refirió a Ficha Limpia, uno de los principales focos de enfrentamiento entre el Gobierno y el PRO: «No sé por qué se pone tan nervioso, ha perdido un poco la compostura en sus cuestionamientos. Finalmente, han hecho campaña como hemos planteado alrededor del tema de Ficha Limpia si salía y ahora que no salió».
«No creo que merezca más comentarios que esto. Tanto él como la diputada (Silvia) Lospennato han montado una campaña alrededor de este tema«, aseveró, al tiempo que expresó: «Echarle la culpa al presidente Milei del tratamiento de Ficha Limpia es absurdo y no tiene sentido. El Presidente no tuvo nada que ver».
/ámbito
NacionalPolítica & Economía
Guerra judicial que involucra a la principal cooperativa de vinos de Argentina: otra denuncia por falsificación de balance y fraude

Es la tercera presentación consecutiva contra directivos de FECOVITA por los balances de los años 2021, 2022 y 2023. Además, hay una causa por estafa de más de 30 millones de dólares.
Los directivos de FECOVITA Rubén Panella (presidente), Marcelo Federici (secretario), Gustavo Arangüena (tesorero) y los síndicos Eugenio Portera, Roberto Vázquez e Hilda W. de Vaieretti, fueron denunciados nuevamente ante la Justicia Penal de Mendoza por presunta falsificación reiterada de balances contables y maniobras destinadas a ocultar deudas millonarias. El denunciante es Juan José Retamero, titular de la compañía española Iberte, con la que los argentinos se asociaron para comercializar vinos en el Viejo Continente, bajo la figura de la firma Evisa. Además, entre estas partes hay un reclamo por más de 30 millones de dólares por una presunta estafa.
Según información proporcionada por una de las partes en conflicto, esta es la tercera denuncia consecutiva de IBERTE y EVISA contra los mismos directivos, quienes ya están imputados en dos causas previas por hechos similares relacionados con los balances correspondientes a los ejercicios 2021, 2022 y 2023.
Los denunciantes aseguran que se habría ocultado o tergiversado información relevante, especialmente la existencia de un acuerdo firmado en octubre de 2022 mediante el cual FECOVITA reconocía una deuda con EVISA por más de 3.500 millones de pesos y una obligación adicional de compra de acciones de Iberte por casi 27 millones de dólares.
Los empresarios dicen que FECOVITA utilizó maniobras contables para disimular sus pasivos. En 2021, por ejemplo, se revaluó un inmueble en más de 6.300 millones de pesos como «resultado operativo», pese a tratarse de un simple ajuste técnico. En 2022, se habría omitido informar el acuerdo clave de finalización de relaciones con EVISA e Iberte. Y en 2023, se eliminó directamente la deuda reconocida, alegando un cumplimiento parcial del acuerdo con cheques que, según pruebas aportadas, correspondían a acuerdos anteriores.
“La novedad en el balance 2024, radica en una nueva justificación falsa: esta vez se argumenta que la deuda fue saldada parcialmente con entrega de mosto y tres cheques, pero documentación y declaraciones oficiales indican que esos pagos también pertenecen a compromisos previos al acuerdo de octubre de 2022. Un informe técnico independiente firmado por el contador José Escandell ratifica esta versión y tilda el argumento contable de ´engaño total´”, asegura el abogado Carlos Aguinaga, representante legal de IBERTE y EVISA.
Además de la supuesta manipulación de estados contables, la denuncia advierte que FECOVITA ha utilizado estos balances para acceder a financiamiento bancario, en especial a partir de abril de 2024 tras la aprobación del balance 2023. “En la práctica, esto habría permitido a la federación presentar un panorama económico más sólido de lo real, incrementando su endeudamiento con garantías hipotecarias que afectan el patrimonio de las 29 cooperativas integrantes y, por ende, a miles de productores vitivinícolas”, explica Aguinaga.
Detalle de las supuestas irregularidades detectadas en el balance 2024
– Alteraciones deliberadas y fraudulentas en la información contable, específicamente en relación con el conflicto con Exportadora Vitivinícola S.A. (EVISA) e IBERTE.
– Violación flagrante del marco legal cooperativo, al superar el 25% de operaciones con terceros establecido por la Ley 20.337.
– Desvío patrimonial y administración fraudulenta, evidenciado por una disminución del 35% del Activo Total en un solo ejercicio y una restructuración de pasivos que compromete la sostenibilidad de la Federación.
En el caso de la presunta estafa, la pesquisa de la Justicia mendocina se centra en determinar si los acusados realizaron un desvío a cuentas propias de más de 3100 millones de pesos en capital que fueron invertidos por la empresa española, en sociedad con Fecovita, bajo la figura de la sociedad Evisa. Las denuncias comenzaron en 2022 por parte de Iberte ante el incumplimiento de los contratos y la falta de incorporación de la bodega Resero como aporte de capital, entre otras irregularidades. Los señalados, en este caso son Rubén Panella, Jorge Irañeta (ex tesorero), Juan Rodriguez (actual gerente general) y Eduardo Sancho (ex presidente).
Quebranto operativo: 12 millones de dólares
Además de las irregularidades referidas, los estados contables de FECOVITA correspondientes al 2024 aprobados el miércoles 30 de abril, muestran que el resultado del ejercicio de ese año tuvo un resultado operativo con déficit de aproximadamente 12 millones de dólares, un porcentaje del cual deberá ser reintegrado como aportes por parte de las 29 cooperativas que integran la Federación y sus miles de pequeños productores.
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