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Política & Economía Nacional

La intervención a Edesur abre el debate sobre los servicios públicos en Argentina.

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La medida dispuesta por el Gobierno sobre Edesur, una de las grandes distribuidoras de Buenos Aires, pone sobre la mesa el debate acerca del rol de las empresas privadas en la prestación de servicios esenciales. Del escaso nivel de inversiones hasta las críticas al Estado por el ineficiente control: la palabra de los especialistas.

La intervención estatal a Edesur, una de las empresas de distribución de electricidad más grandes del país, llega en un momento hartazgo social por los masivos cortes de luz que azotaron al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Según los expertos, la medida no cierra la posibilidad de quitarle la concesión a la firma en caso de que los problemas persistan.

En medio de la ola de calor más extensa de la historia argentinamás de 150.000 usuarios se vieron afectados por problemas en la conexión eléctrica. Tras un extenso historial de cortes de luz, el Gobierno de Alberto Fernández dispuso que la actuación estatal sobre la empresa se extenderá por 180 días y tendrá como interventor al actual intendente del municipio bonaerense de Avellaneda, Jorge Ferraresi, uno de los distritos más afectados por los cortes.

“La intervención es un avance importante, que prueba la toma de conciencia de la gravedad del anuncio, pero es insuficiente para alcanzar una solución de la cuestión, que exigiría una definición de fondo tanto de la concesión a Edesur como a otras empresas”, advierte a Sputnik el especialista en energía y recursos naturales Marcos Rebasa, integrante del Instituto de Energía Scalabrini Ortiz.

Edesur cuenta con 2,6 millones de clientes y provee electricidad a millones de personas en el sur del AMBA, en un espacio que comprende a 12 comunas de la capital argentina y a 12 partidos de la Provincia de Buenos Aires

Nacida en 1992 tras la privatización de la firma estatal Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires, en medio de las reformas neoliberales del Gobierno de Carlos Saúl Menem (1989-1999), Edesur logró la concesión del servicio por 95 años, en un hecho inédito para las prestadoras de este tipo.

La empresa cambió de administrador tres veces, pero nunca estuvo bajo el control de capitales nacionales. Tras pasar por manos chilenas y españolas, en 2009 la compañía fue adquirida por la italiana Enel, que compró el 75% de sus acciones. Sin embargo, en 2022 la firma anunció su plan de retirarse del país y vender la compañía como parte de su proyecto de desinversión en toda la región.

A lo largo de sus 31 años de existencia, la compañía ha sido objeto de innumerables críticas por los reiterados cortes en el servicio durante el asfixiante verano porteño, acostumbrado a registrar temperaturas que rozan los 40 grados.

Al toro por las astas

“La intervención no tiene capacidad de definir las decisiones de la empresa, por eso es insuficiente”, afirma Rebasa.

La alternativa propuesta por el investigador consiste en desligar a la firma privada de la administración del servicio: “Creo que hay que quitarle la concesión a la empresa porque hoy se verifican las causales contempladas en el contrato. Se llegó al punto en el que la capacidad de multas permite la interrupción de la concesión. De todos modos, aun si no llegara a cumplir los requisitos, se podría avanzar igual: la responsabilidad del Estado de dar un buen servicio sigue existiendo”, sostiene el analista.

Para el exsubsecretario de Energía Eléctrica de la Nación Paulo Farina, también expresidente de CAMMESA, la compañía administradora del Mercado Mayorista Eléctrico, “el Gobierno resolvió intervenir para conocer el problema desde adentro“.

“No es una intervención judicial, ni es un veedor, sino que fiscaliza que se lleven a cabo las inversiones: se trata de un híbrido para auditar y validar las inversiones de la empresa”, remarca.

La gota que derramó el vaso

Si bien las falencias en el sistema de distribución han sido recurrentes durante los tórridos veranos australes, los especialistas consideran que el estío 2023 terminó por colmar la paciencia de los usuarios y el Estado decidió intervenir.

Algo se fue de las manos durante esta ola de calor: no es aceptable que haya cortes de tres días de duración. Es imprescindible que haya una auditoría para que la empresa aclare qué sucedió”, considera Farina.

El estrés que sufrió el sistema eléctrico refleja las insuficientes inversiones llevadas a cabo por la compañía. Según el investigador “la red de distribución no está preparada para una ola de calor, cuando el techo de demanda llega al límite. Hoy no existe calidad de red, ni capacidad de transporte ni de almacenamiento”.

“Todo el sistema eléctrico del país está al límite de transporte y almacenamiento, y esto se replica en provincias del interior”, denuncia Farina.

En línea con las falencias identificadas por el analista, el Gobierno nacional presentó el 16 de marzo una denuncia penal contra la compañía por fraude, malversación de fondos y abandono de personas, tras solicitar que se prohibiera la salida del país de los directores de la firma, antes de que vendieran la compañía. A las acciones judiciales se suman multas por un total de 2.700 millones de pesos (13 millones de dólares), que serán descontados de las boletas que abonan los usuarios.

Las penalidades dispuestas, según los especialistas, no compensan el perjuicio generado a los usuarios. Para el consultor “el desempeño de Edesur ha sido malo. El contrato a 90 años suponía que la empresa tuviera la suficiente espalda financiera para prestar el servicio durante ese lapso para toda la demanda futura, pero esto no se ve en las inversiones desarrolladas”.

“Si bien la configuración de la red de Edesur es relativamente precaria, lo que sorprende es la extensión de las zonas de corte. Esto es lo que habrá que explicar: es obvio que la empresa debió haber realizado más inversiones”, resalta Farina.

Culpas compartidas

Pese a los legítimos reproches a la compañía concesionaria, las críticas de fondo no dejan de apuntar al papel ejecutado por el Estado en la fiscalización de la empresa para garantizar el servicio.

Para Rebasa, este es el punto central: “El Estado tiene una cuota importante de la responsabilidad. La empresa hace lo esperable en un sistema de mercado: minimiza sus costos para maximizar la ganancia, que debería ser reinvertida para mejorar la prestación de servicio. Pero es el ente público el que debe rendir cuentas ante la sociedad”.

“Hay una responsabilidad compartida en un régimen de servicio donde nadie cumple con su deber: la negligencia no es exclusiva de la empresa. Lo pague el Estado o el usuario, a las inversiones hay que llevarlas a cabo”, señala el investigador.

Farina, con base en su experiencia adquirida en la función pública, identifica que la falencia estructural del sistema reside en la formalidad de la concesión: “El contrato tiene un sistema de premios y castigos absolutamente favorable a la empresa, aunque no preste el servicio adecuadamente. Las multas por categoría de infracciones no da incentivos a invertir, porque son muy bajas: la ecuación económica indica que lo más conveniente es no invertir“.

“La perversión del contrato impide que Edesur ofrezca un servicio público del calibre del demandado en Buenos Aires. Lo acordado es imposible de cumplir”, indica Farina.

La expropiación, en un segundo plano

Expropiar la empresa concesionaria y que el Estado se haga cargo de la prestación del servicio es una de las opciones manejadas por la Casa Rosada, sede del ejecutivo argentino. Para Farina, el trasfondo de la determinación es ideológico: “La discusión sobre la expropiación es meramente política, porque el debate no plantea si se quita la concesión para revenderla, sino si es público o privado. Hay distribuidoras muy buenas en ambos casos”.

“Decir que Edesur va a ser pública, y que luego el Congreso saque una ley para privatizarla, no tiene mucho sentido. Es necesario el orden político para definir a mediano y largo plazo”, considera el consultor.

Los potenciales perjuicios que podría acarrear la expropiación son concretos y obedecen a las penalidades que podría dictaminar el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), el organismo del Banco Mundial dedicado a la resolución de conflictos entre privados y el Estado. Según Farina, “una expropiación apurada no tiene mucho sentido, porque hay que considerar las penalidades del CIADI”.

Pese a los riesgos que conllevaría avanzar en dicha dirección, según Rebasa el compromiso público implica garantizar la eficiente provisión de energía: “El Estado tiene la obligación de prestar el servicio público de la mejor manera posible, por lo que no puede detenerse a atender las potenciales multas del CIADI por expropiar”.

El eje central de la propuesta del especialista reside en la inevitabilidad de las sanciones: “Se cumplan o no los requisitos, el empresario va a ir al CIADI igual y tiene 95% de probabilidades de ganar. Entonces, el ‘riesgo CIADI’ no es atendible desde el punto de vista objetivo para tomar una decisión. Hagas lo que hagas, vas a perder”.

@Sputnik

/Imágen principal: ©foto Télam/

Política & Economía San Juan

Marcelo Orrego: “somos la primera provincia en reactivar el tema de viviendas”

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El gobernador señaló que se está buscando fondos para poder avanzar con las obras públicas y recordó que el Gobierno de San Juan se está haciendo cargo de fondos que antes venían de Nación.

En el contexto de la entrega de 73 viviendas del IPV en Jáchal, el gobernador Marcelo Orrego confirmó que San Juan es la primera provincia en reactivar la obra pública y destacó que el Gobierno de San Juan se está haciendo cargo de “muchos recursos que por ahí provenían de Nación y ya no están más”.

“Hoy la obra pública está parada en toda la Argentina pero en San Juan decidimos apostar a poder concluir, a terminar obras que tienen que ver en definitiva con un mejor porvenir para la gente”, comenzó expresando el mandatario provincial en rueda de prensa. Con la entrega de las llaves para empezar a habitar las casas nuevas, destacó que la obra pública “es un camino que queremos comenzar y seguir trabajando a este ritmo“. 

Además señaló que todo esto se hace con sacrificio porque los recursos que ya no vienen más de Nación. Entre los que ya no llegan está el Fondo de Conectividad e Incentivo Docente. “El mes pasado, repercutió en 1.100 millones de pesos. Lo mismo pasó también, con el subsidio a las tarifas de colectivos. Lo mismo pasó en un tiempo con el tema del programa Incluir Salud. Para poder hacer frente a todo esto, lo que necesitamos inexorablemente es tener una administración equilibrada, fiscalmente sostenible, por supuesto, y además también, sobre todas las cosas, no generar gasto improductivo”, destacó.

También recordó que los fondos nacionales para infraestructura, ya no están, lo que cambia el escenario de trabajo. “Lo que estamos haciendo es destrabar algunos temas de derechos crediticios y que la provincia tiene que inexorablemente pasar por lo que hay de Hacienda. Ejemplo, el túnel de Zonda, que es una obra financiada, en definitiva, por el Banco Interamericano de Desarrollo. Lo mismo pasa con la Ruta 40 hacia el sur. Todo es competencia nacional, pero financiadas por un organismo multilateral”, detalló.

Soy un fiel defensor de la obra pública, porque una obra pública tiene que ver con terminar una escuela, unir dos localidades para que llegue a la ambulancia, poder hacer un micro hospital o un hospital. No me voy a cansar de gestionar”, señaló subrayando que el “Estado tiene que ser un Estado eficiente que dé respuesta a los problemas de la gente”.

En este contexto, Orrego señaló que se está en una etapa de diagnóstico para poder encontrar recursos que permita hacer más viables las obras públicas. Además se verá cómo se hace desde el ámbito provincial para terminar. “Somos la primera provincia que reactivó el tema de la vivienda. No solo las provinciales, sino aquellas también que son fruto del esfuerzo que en su momento hizo Nación, pero que están en un gran avance importante. Este gobierno no dudó tampoco, porque sabemos la necesidad de muchas familias sanjuaninas”, finalizó.

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Política & Economía San Juan

Entregaron el barrio Virgen de Fátima en Jáchal

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El barrio fue entregado por el gobernador Orrego. Es el primero entregado bajo su gestión de gobierno.

En la jornada de este lunes, el gobernador Marcelo Orrego entregó las llaves de viviendas a 73 familias de Jáchal. Se trata del primer barrio del IPV de esta gestión, que se llama Virgen de Fátima y que está ubicada en avenida Presidente Perón y calle Florida. Cuatro de las viviendas están adaptadas para personas con discapacidad.

En el acto de entrega de las viviendas, Orrego dijo: “Es un día emocionante, un día donde tenemos la oportunidad de llevarles tranquilidad a muchas familias, en este caso a setenta y tres familias, al lograr que tengan su propio hogar. Es una estructura que ustedes van a llenar con amor, compartiendo tiempo con sus familias”.

Agregó además que “gobernar implica resolver los problemas que la gente no puede solucionar por sí misma. Por eso, siempre debemos trabajar juntos. Este es uno de los días más importantes porque significa que muchas familias podrán hacer realidad su sueño de tener su propio hogar. Es un logro invaluable, tener un lugar propio. Este sistema es solidario; el gobierno hace un gran esfuerzo, pero también cada beneficiario, al pagar su cuota, contribuye a hacer realidad el sueño de otras familias”.

Para concluir agregó: “La obra pública es crucial, no solo por la construcción de viviendas, sino también por otros aspectos como la atención médica, la educación y la infraestructura vial. Conozco bien este querido departamento y sé que tiene todo lo necesario para crecer, especialmente un gran capital humano. Por eso, trabajaremos juntos para mejorar aún más”.

Por su lado, Elina Peralta dijo que “este es un momento de mucha alegría. Después de cuatro años hoy se puede cumplir el sueño, gracias al gobernador que reactivó las obras de este barrio y de otros barrios más en toda la provincia. Vamos a poder llevar el sueño a todas las familias de San Juan. Pedirles que cuiden su vivienda porque es un logro que lo hacemos entre todos, es un acto muy solidario”.

Acompañaron al gobernador Orrego, el intendente de Jáchal, Matías Espejo; ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea, de Producción, Gustavo Fernánez; directora del IPV, Elina Peralta; diputada Nacional, Nancy Picón; diputados provinciales, departamentales, concejales, y demás funcionarios provinciales.

Las viviendas

Las viviendas están diseñadas de manera práctica y funcional, constando de dos dormitorios, un baño, una cocina-comedor y un lavadero exterior con mesada. Lo interesante de este proyecto es que permite transformar estas viviendas en viviendas evolutivas a bajo costo, brindando la posibilidad de expansión y crecimiento según las necesidades de los residentes.

En cuanto a los niveles de terminación, las viviendas cuentan con una estructura sismo resistente, mampostería de ladrillón macizo y una losa de hormigón armado con cielorraso de yeso. Los revoques, tanto interiores como exteriores, están finamente terminados y pintados, mientras que la cubierta del techo cuenta con aislación térmica y una membrana asfáltica de 4 mm de espesor para una mejor protección.

La instalación sanitaria incluye una cámara de inspección, y el baño está equipado con inodoro, bidet, lavatorio, accesorios y una claraboya para ventilación adecuada. La cocina cuenta con una mesada de granito natural de 2 cm de espesor, una bacha y una pileta de lavadero de acero inoxidable. Además, se provee un artefacto de cocina eléctrica de cuatro hornallas y horno, así como un termotanque solar.

Los revestimientos cerámicos se encuentran en el baño, el lavadero y la cocina. Las ventanas tienen carpintería de aluminio, mientras que las puertas cuentan con marcos metálicos pintados con antióxido y esmalte sintético. La carpintería de madera también está pintada con esmalte sintético, y todas las ventanas cuentan con mosquiteros.

La instalación eléctrica está completa, y se incluye un tanque de reserva tricapa de 850 litros. En el exterior, hay un veredín perimetral, una vereda de acceso individual y una vereda municipal. Además, se han instalado pérgolas metálicas en el acceso y en la fachada posterior, así como postes de marcado de lotes de hormigón.

En el caso de las viviendas para personas con discapacidad, el baño cuenta con artefactos, instalaciones y dimensiones especiales adaptadas, y el veredín perimetral tiene un ancho de 1,00 metro para facilitar la accesibilidad.

@PrensaGob.

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Política & Economía Nacional

El poder adquisitivo de los argentinos no se recuperará en 2024.

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El salto inflacionario desde diciembre y el ajuste que lleva adelante el gobierno deprimió a los ingresos de la población a niveles que no se observaban en más de dos décadas en la Argentina. Y pese a que los precios muestran un descenso, no se lograría compensar la pérdida del poder adquisitivo del 2024.

El consumo se estima que se derrumbará un 10% este año mientras que el salario real -en el sector privado formal- caería en promedio 7%. Consultoras aseguran que recién en 2025 podría recuperarse tanto el ingreso disponible como la adquisición de bienes y servicios, según pronósticos optimistas.

La caída de ventas en los supermercados se estima podría promediar 11%, en 2024 mientras que en restaurantes será del 7,5% en este año. Sólo en marzo, la caída en los súper llegó al 19%, mientras que los restaurantes registraron una pérdida del 6,7%.

Ante este contexto, los consumidores optan por los comercios de cercanía (no hacen compras tan grandes) y elijen segundas o terceras marcas, además de estar atentos y aprovechar las promociones y descuentos.

En el caso de los electrodomésticos, quedaron muy relegados en la lista de compras. Se prevé una caída del 25% para 2024 debido a que la predisposición de compra sigue en caída en los primeros tres meses del año, y en marzo, registra una caída del 66.2% el nivel más bajo desde la pandemia.

El ingreso disponible de la población podría reducirse más del doble, producto del fuerte reacomodamiento de los precios relativos de las tarifas de gas, luz, agua, transporte público y combustibles, que se vienen ajustando muy por encima de la inflación impactando con fuerza en los bolsillos.

La inflación interanual a marzo fue del 290% pero los precios de muchos bienes o servicios claves para la vida cotidiana superaron con creces esta magnitud: electricidad y gas, aumentaron el 300%; pan y cereales, 352%; combustible y lubricantes, 364%; medicamentos, 379%; transporte público, 385%; entre otros.

Otros que también tuvieron subas importantes, pero no al nivel del IPC fueron las prepagas, con un 289% (aunque la Justicia dispuso devolver lo cobrado por encima de la inflación), restaurantes y hoteles, 266%, educación, 227%; prendas de vestir y calzado, y alquiler de viviendas, 149%. Y todavía muchos deben seguir ajustándose para recomponer los atrasos pasados.

Según estimó la consultora Abeceb, el año próximo las ventas en supermercados podrían crecer un 2,5%, la actividad en restaurantes mostraría un resultado positivo que alcanzaría al 4,5% y la venta de electrodomésticos crecería el 12,3%.

Pese a la caída registrada desde diciembre, marzo mostró leves signos de una insipiente recuperación. De acuerdo al índice Ripte, elaborado por la secretaría de Trabajo y que mide la variación de los ingresos “estables” de la economía, el tercer mes del año mostró una variación de 14%, contra una inflación que fue de 11% en ese mismo mes.

En diciembre ese índice salarial había dado como resultado una pérdida muy pronunciada: 8,3% de mejora nominal en los ingresos contra un 25,5% de inflación. En enero los salarios avanzaron 14,7% contra 20,6% de IPC; y en febrero los números fueron de 11,5% y 13,2%, respectivamente.

Si bien el índice Ripte es una de las maneras que tiene el Estado de medir la variación salarial, algunos economistas consideran que, en contextos de volatilidad marcada de precios como los últimos meses, puede ser un indicador poco representativo. E incluso la propia Secretaría de Trabajo se encarga de aclarar al afirmar que este indicador “no refleja necesariamente la evolución de los salarios del empleo registrado privado”.

Asimismo, las propias consultoras aclaran que la actualización de tarifas que se comenzó a aplicar en las últimas semanas tendrá un nuevo impacto en los ingresos, por lo que recién la recuperación podría llegar el año próximo.

@DiariodeCuyo

/Fuente de imagen: Diario de Cuyo

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