La medida dispuesta por el Gobierno sobre Edesur, una de las grandes distribuidoras de Buenos Aires, pone sobre la mesa el debate acerca del rol de las empresas privadas en la prestación de servicios esenciales. Del escaso nivel de inversiones hasta las críticas al Estado por el ineficiente control: la palabra de los especialistas.

La intervención estatal a Edesur, una de las empresas de distribución de electricidad más grandes del país, llega en un momento hartazgo social por los masivos cortes de luz que azotaron al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Según los expertos, la medida no cierra la posibilidad de quitarle la concesión a la firma en caso de que los problemas persistan.

En medio de la ola de calor más extensa de la historia argentina, más de 150.000 usuarios se vieron afectados por problemas en la conexión eléctrica. Tras un extenso historial de cortes de luz, el Gobierno de Alberto Fernández dispuso que la actuación estatal sobre la empresa se extenderá por 180 días y tendrá como interventor al actual intendente del municipio bonaerense de Avellaneda, Jorge Ferraresi, uno de los distritos más afectados por los cortes.

«La intervención es un avance importante, que prueba la toma de conciencia de la gravedad del anuncio, pero es insuficiente para alcanzar una solución de la cuestión, que exigiría una definición de fondo tanto de la concesión a Edesur como a otras empresas», advierte a Sputnik el especialista en energía y recursos naturales Marcos Rebasa, integrante del Instituto de Energía Scalabrini Ortiz.

Edesur cuenta con 2,6 millones de clientes y provee electricidad a millones de personas en el sur del AMBA, en un espacio que comprende a 12 comunas de la capital argentina y a 12 partidos de la Provincia de Buenos Aires

Nacida en 1992 tras la privatización de la firma estatal Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires, en medio de las reformas neoliberales del Gobierno de Carlos Saúl Menem (1989-1999), Edesur logró la concesión del servicio por 95 años, en un hecho inédito para las prestadoras de este tipo.

La empresa cambió de administrador tres veces, pero nunca estuvo bajo el control de capitales nacionales. Tras pasar por manos chilenas y españolas, en 2009 la compañía fue adquirida por la italiana Enel, que compró el 75% de sus acciones. Sin embargo, en 2022 la firma anunció su plan de retirarse del país y vender la compañía como parte de su proyecto de desinversión en toda la región.

A lo largo de sus 31 años de existencia, la compañía ha sido objeto de innumerables críticas por los reiterados cortes en el servicio durante el asfixiante verano porteño, acostumbrado a registrar temperaturas que rozan los 40 grados.

Al toro por las astas

«La intervención no tiene capacidad de definir las decisiones de la empresa, por eso es insuficiente», afirma Rebasa.

La alternativa propuesta por el investigador consiste en desligar a la firma privada de la administración del servicio: «Creo que hay que quitarle la concesión a la empresa porque hoy se verifican las causales contempladas en el contrato. Se llegó al punto en el que la capacidad de multas permite la interrupción de la concesión. De todos modos, aun si no llegara a cumplir los requisitos, se podría avanzar igual: la responsabilidad del Estado de dar un buen servicio sigue existiendo», sostiene el analista.

Para el exsubsecretario de Energía Eléctrica de la Nación Paulo Farina, también expresidente de CAMMESA, la compañía administradora del Mercado Mayorista Eléctrico, «el Gobierno resolvió intervenir para conocer el problema desde adentro«.

«No es una intervención judicial, ni es un veedor, sino que fiscaliza que se lleven a cabo las inversiones: se trata de un híbrido para auditar y validar las inversiones de la empresa», remarca.

La gota que derramó el vaso

Si bien las falencias en el sistema de distribución han sido recurrentes durante los tórridos veranos australes, los especialistas consideran que el estío 2023 terminó por colmar la paciencia de los usuarios y el Estado decidió intervenir.

«Algo se fue de las manos durante esta ola de calor: no es aceptable que haya cortes de tres días de duración. Es imprescindible que haya una auditoría para que la empresa aclare qué sucedió», considera Farina.

El estrés que sufrió el sistema eléctrico refleja las insuficientes inversiones llevadas a cabo por la compañía. Según el investigador «la red de distribución no está preparada para una ola de calor, cuando el techo de demanda llega al límite. Hoy no existe calidad de red, ni capacidad de transporte ni de almacenamiento».

«Todo el sistema eléctrico del país está al límite de transporte y almacenamiento, y esto se replica en provincias del interior», denuncia Farina.

En línea con las falencias identificadas por el analista, el Gobierno nacional presentó el 16 de marzo una denuncia penal contra la compañía por fraude, malversación de fondos y abandono de personas, tras solicitar que se prohibiera la salida del país de los directores de la firma, antes de que vendieran la compañía. A las acciones judiciales se suman multas por un total de 2.700 millones de pesos (13 millones de dólares), que serán descontados de las boletas que abonan los usuarios.

Las penalidades dispuestas, según los especialistas, no compensan el perjuicio generado a los usuarios. Para el consultor «el desempeño de Edesur ha sido malo. El contrato a 90 años suponía que la empresa tuviera la suficiente espalda financiera para prestar el servicio durante ese lapso para toda la demanda futura, pero esto no se ve en las inversiones desarrolladas».

«Si bien la configuración de la red de Edesur es relativamente precaria, lo que sorprende es la extensión de las zonas de corte. Esto es lo que habrá que explicar: es obvio que la empresa debió haber realizado más inversiones», resalta Farina.

Culpas compartidas

Pese a los legítimos reproches a la compañía concesionaria, las críticas de fondo no dejan de apuntar al papel ejecutado por el Estado en la fiscalización de la empresa para garantizar el servicio.

Para Rebasa, este es el punto central: «El Estado tiene una cuota importante de la responsabilidad. La empresa hace lo esperable en un sistema de mercado: minimiza sus costos para maximizar la ganancia, que debería ser reinvertida para mejorar la prestación de servicio. Pero es el ente público el que debe rendir cuentas ante la sociedad».

«Hay una responsabilidad compartida en un régimen de servicio donde nadie cumple con su deber: la negligencia no es exclusiva de la empresa. Lo pague el Estado o el usuario, a las inversiones hay que llevarlas a cabo», señala el investigador.

Farina, con base en su experiencia adquirida en la función pública, identifica que la falencia estructural del sistema reside en la formalidad de la concesión: «El contrato tiene un sistema de premios y castigos absolutamente favorable a la empresa, aunque no preste el servicio adecuadamente. Las multas por categoría de infracciones no da incentivos a invertir, porque son muy bajas: la ecuación económica indica que lo más conveniente es no invertir«.

«La perversión del contrato impide que Edesur ofrezca un servicio público del calibre del demandado en Buenos Aires. Lo acordado es imposible de cumplir», indica Farina.

La expropiación, en un segundo plano

Expropiar la empresa concesionaria y que el Estado se haga cargo de la prestación del servicio es una de las opciones manejadas por la Casa Rosada, sede del ejecutivo argentino. Para Farina, el trasfondo de la determinación es ideológico: «La discusión sobre la expropiación es meramente política, porque el debate no plantea si se quita la concesión para revenderla, sino si es público o privado. Hay distribuidoras muy buenas en ambos casos”.

«Decir que Edesur va a ser pública, y que luego el Congreso saque una ley para privatizarla, no tiene mucho sentido. Es necesario el orden político para definir a mediano y largo plazo», considera el consultor.

Los potenciales perjuicios que podría acarrear la expropiación son concretos y obedecen a las penalidades que podría dictaminar el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), el organismo del Banco Mundial dedicado a la resolución de conflictos entre privados y el Estado. Según Farina, «una expropiación apurada no tiene mucho sentido, porque hay que considerar las penalidades del CIADI».

Pese a los riesgos que conllevaría avanzar en dicha dirección, según Rebasa el compromiso público implica garantizar la eficiente provisión de energía: «El Estado tiene la obligación de prestar el servicio público de la mejor manera posible, por lo que no puede detenerse a atender las potenciales multas del CIADI por expropiar».

El eje central de la propuesta del especialista reside en la inevitabilidad de las sanciones: «Se cumplan o no los requisitos, el empresario va a ir al CIADI igual y tiene 95% de probabilidades de ganar. Entonces, el ‘riesgo CIADI’ no es atendible desde el punto de vista objetivo para tomar una decisión. Hagas lo que hagas, vas a perder».

@Sputnik

/Imágen principal: ©foto Télam/