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NacionalPolítica & Economía 

La discusión por el Consejo de la Magistratura llegó a la Justicia.

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La discusión sobre quiénes serán los representantes legislativos en la nueva composición del Consejo de la Magistratura se trasladó este jueves al ámbito judicial, con presentaciones del Frente de Todos (FdT) y del PRO, en un contrapunto que tiene antecedentes en el 2017 cuando un magistrado federal dictaminó que la justicia no podía «revisar» decisiones de otro poder.

El presidente del bloque de diputados del Frente de Todos (FdT), Germán Martínez, pidió este jueves la nulidad de la designación de la diputada radical Roxana Reyes en el Consejo de la Magistratura, en una solicitud que recayó ante el Juzgado Contencioso Administrativo 11, a cargo de Martín Cormick.

Al mismo tiempo, Martínez envió una nota al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, «solicitando que se abstenga de tomarle juramento a la diputada Reyes en el Consejo de la Magistratura».

El legislador consideró «ilógico que el bloque con mayor representación parlamentaria (FdT) tenga un solo diputado» en ese órgano de selección y remoción de jueces y que Juntos por el Cambio (JxC) cuente con «dos representantes«, según fundamentó en un posteo en Twitter.

También este jueves los senadores del PRO Luis Juez y Humberto Schiavoni pidieron a la justicia tomar las «medidas pertinentes» para que ambos puedan asumir como representantes del Senado en el Consejo y se decrete la «nulidad absoluta» de las designaciones de los oficialistas Martín Doñate y Guillermo Snopek.

Además, Juez se presentó en los tribunales federales de Retiro y denunció penalmente a la vicepresidenta de la Nación y presidenta de la Cámara alta, Cristina Fernández de Kirchner, por haber nombrado a Doñate y Snopek como representantes del Consejo.

El antecedente

La puja por los lugares en el organismo tuvo un capítulo anterior años atrás y quedó clausurada en el 2017 cuando el juez contencioso administrativo federal, Enrique Lavié Pico, avaló la designación del diputado Pablo Tonelli, elegido luego de que Cambiemos impuso mayoría con la sumatoria de todos sus bloques, en lo que constituyó la interpretación de entonces de la normativa.

En aquel momento hubo varios planteos judiciales por la asunción de Tonelli, pero el juez Lavié Pico rechazó los amparos y argumentó: «Cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene establecido –con carácter de principio general– que las decisiones que se adoptan dentro de la esfera de competencia propia de otro poder no admiten revisión judicial, doctrina que resulta, en principio, aplicable al caso».

El miércoles, los presidentes de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, formalizaron la designación de la diputada Reyes y del senador Doñate como representantes por la segunda minoría de cada uno de esos cuerpos legislativos en el Consejo.

Además, fueron designados el diputado Francisco Monti (UCR) y Snopek (Unidad Ciudadana) como respectivos suplentes.

«Con el fin de evitar un desequilibrio completamente irregular entre los distintos estamentos del Consejo de la Magistratura, y agrave aún más la situación institucional, comunicamos a usted lo resuelto en ambos cuerpos en nuestro carácter de presidentes de ambas Cámaras«, fundamentaron Massa y Cristina Kirchner en una nota conjunta enviada a la Corte Suprema.

De esta forma, el oficialismo cumplió con el fallo del máximo tribunal de designar a los representantes del nuevo esquema de integrantes del Consejo de la Magistratura, mientras aspira a avanzar en el debate de una nueva ley, que ya tiene media sanción en el Senado y que propone una conformación con 17 miembros.

«Todo lo que está ocurriendo en el Consejo de la Magistratura es el resultado del descalabro jurídico que generó la Corte Suprema al habilitar una ley que estaba fenecida hace 16 años», expresó el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, en diálogo con radio AM750.

Se refirió así al fallo dictado por el máximo tribunal en diciembre pasado, cuando declaró inconstitucional la ley que regía al Consejo y estableció la vigencia de una norma anterior, que había sido derogada años atrás.

Mena opinó también que el Consejo «venía funcionando muy bien» hasta que «la Corte destruyó» su desenvolvimiento y, como ejemplo, mencionó que el cuerpo se disponía a cubrir vacantes en la Cámara Federal de Comodoro Py y que las demoras son un intento por «blindar de impunidad a Mauricio Macri» en las causas que involucran al expresidente.

Con la misma mirada, la diputada nacional Vanesa Siley (FdT) evaluó que para la oposición «lo importante es que se siente Rosatti en el Consejo de la Magistratura» para alcanzar así «mayoría».

La presidenta del bloque de senadores de Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio, advirtió que no hay «excusa» para no tomarle juramento al senador Doñate, en tanto que su par Mariano Recalde reafirmó que «es necesaria una nueva ley» del Consejo de la Magistratura.

«No se puede regir por un decreto casi de facto de la Corte Suprema de Justicia», afirmó Recalde en alusión al fallo que declaró inconstitucional la composición del cuerpo con potestad para seleccionar y remover jueces.

Reyes y Doñate fueron elegidos como representantes del Congreso ante el Consejo, como parte de los siete nuevos integrantes del cuerpo, que así tendrá 20 miembros, en lugar de los 13 de la conformación existente hasta esta semana.

La oposición cuestiona la designación de Doñate, luego de que el oficialismo dividiera su bloque de diputados en dos y constituyera un interbloque con las bancadas Frente Nacional y Popular (21 integrantes) y Unidad Ciudadana (14).

Así, intercaló sus fuerzas entre los 18 de la UCR y los 9 del PRO, por lo que pasó a ser la «segunda minoría», fuerza a la cual le corresponde un lugar.

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Milei firmó los vetos de los proyectos que aumentan jubilaciones y la ley de emergencia en discapacidad

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Saldrán publicados en el Boletín Oficial del lunes. Ahora la oposición debería juntar dos tercios para insistir. Las normas habían sido aprobadas por el Senado a comienzos de julio.

El presidente Javier Milei firmó este sábado los vetos a las leyes votadas en el Congreso sobre aumento a jubilaciones y discapacidad.

Los vetos saldrán publicados en el Boletín Oficial del lunes. Ahora la oposición debería juntar dos tercios para insistir. No lo hará en la sesión del miércoles convocada este viernes.

Aunque las normas habían sido aprobadas por el Senado a comienzos de julio, el Poder Ejecutivo dilató la firma del rechazo con una estrategia política: evitar el pronto regreso del debate a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo teme una derrota si se logra el número necesario para rechazar el veto presidencial.

Los proyectos vetados

Los vetos alcanzan a dos normas. Una es la Ley de Movilidad Jubilatoria. Impulsada por la oposición dialoguista y el peronismo, contemplaba una fórmula que combinaba aumentos por inflación y por mejoras salariales, y establecía un piso de incremento mensual que superaba el esquema de actualizaciones por decreto utilizado actualmente por el Gobierno.

La otra es la Emergencia en discapacidad. Declaraba la emergencia en el sector por el recorte de fondos y buscaba garantizar prestaciones básicas, transporte y atención integral. Fue impulsada ante los múltiples reclamos de organizaciones del sector por la discontinuidad de pagos y servicios.

Maniobra dilatoria y negociaciones en marcha

La Casa Rosada se encuentra en plena ronda de negociaciones con gobernadores y bloques parlamentarios aliados con el objetivo de sostener el rechazo a las leyes vetadas.

El oficialismo intenta blindar sus votos mediante ofrecimientos que incluyen el reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), así como acuerdos puntuales con miras a las elecciones nacionales del 26 de octubre.

El Ejecutivo argumenta que las leyes vetadas son “fiscalmente inviables” en el marco del plan de ajuste estructural que impulsa la administración de extrema derecha, con el objetivo de alcanzar el déficit cero. En esa línea, el Presidente ya había anticipado públicamente su decisión de rechazar cualquier norma que implique un aumento del gasto público.

/P12

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Justicia interviene luego de que suspendan contratos millonarios entre una obra social y un socio de Martín Menem

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El dueño de la compañía, Sergio Andrés Aguirre, es socio del presidente de la Cámara de Diputados en otra empresa.

Nuevo cauce judicial luego de la intervención del Gobierno a la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (Osprera): se anunció la suspensión de contratos millonarios con la empresa HTECH Innovation, luego de que se detecte que pertenecía a Sergio Andrés Aguirre, socio de Martín Menem en la compañía TR Nutrition. El hecho se conoce luego de que trascendiera que una compañía de la familia Menem se adjudique de una licitación millonaria por prestar servicios de seguridad al Banco Nación.

La obra social de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) fue intervenida por el Ejecutivo en agosto del 2024, quedando designado Marcelo Petroni en medio de las investigaciones por presunto lavado de dinero. Al detectar irregularidades, ahora el propio interventor decidió dar de baja dos contratos por servicios tecnológicos con la compañía de Aguirre, en simultáneo a la puesta en marcha de una investigación judicial y dos auditorías.

Un informe del canal C5N exhibió las primeras facturas que emitió la compañía a Osprera. correspondientes a noviembre del 2024: son las facturas iniciales de HTECH Innovation (0000001 y 0000002) y se concretaron por montos de $40.251.879 y $7.733.119. Luego se renovaron esos valores mensualmente con sumas de entre $16 millones y $20 millones hasta la actual suspensión, superando los $150 millones de facturación. Otra situación irregular es que HTECH Innovation se constituyó seis meses antes, en abril del 2024.

La causa, radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal n.º 4 de Ariel Lijo, fue impulsada por el extitular de la UATRE, José Voytenco, quien además acusa de asociación ilícita y de desvío de fondos de la obra social a otro dirigente libertario: el diputado nacional Pablo Ansaloni, también extitular del gremio de ruralistas.

La obra social OSPRERA se encuentra intervenida por el Gobierno.

La obra social OSPRERA se encuentra intervenida por el Gobierno.

Por su parte, la resolución de Petroni a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) justifica la decisión de la suspensión de contratos “por la difusión a través de distintos medios de comunicación de presuntas irregularidades en la facturación de una empresa de tecnología contratada por la obra social” corresponde “verificar la efectiva regularidad del servicio” prestado por HTECH Innovation.

Empresa de la familia Menem estará a cargo de la seguridad del Banco Nación

La empresa Tech Security SRL, de la familia Menem, fue adjudicataria de una licitación del Banco Nación por casi $4.000 millones para prestar servicios de vigilancia en edificios de la entidad estatal. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, fue socio hasta el 6 de diciembre de 2023, cuando le cedió las acciones a su hermano.

El contrato al que accedió la compañía es para brindar sus servicios en la casa central de la banca pública, ubicada en Bartolomé Mitre al 300, y en otros cuatro establecimientos: el edificio Maipú, la sede donde acuden los funcionarios y la sucursal ubicada en el Aeroparque Jorge Newbery. La información fue publicada el 4 de julio en el Boletín Oficial, donde se indica que es por un monto total de $3.933.026.507.

El contrato de Tech Security con el Banco Nación es por un período de 24 meses. Sin embargo, cuenta con la opción de dos renovaciones de 12 meses cada una, que podrían ampliar la extensión total del convenio a cuatro años, con un nuevo desembolso de dinero por parte de la entidad pública.

La compañía nació en 2005, a partir de la sanción de la Ley de Seguridad Privada en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, no fue sino hasta 2014 que la familia Menem ingresó en la empresa como socios. Semanas previas a la asunción de Javier Milei, el titular de Diputados figuraba como accionista junto a sus dos hermanos, Adrián y Fernando Menem.

/ámbito

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Cristina Kirchner cruzó a Milei por el dólar: «Le echás la culpa a la amiga de Videla, cobarde»

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La dos veces presidenta le cuestionó a Milei argumentar que la disparada del 4% del dólar en un día fue por culpa de Victoria Villarruel y el kirchnerismo.

Tras la fuerte escalada del dólar y su inminente pasaje a precios, la exmandataria Cristina Kirchner cuestionó al presidente Javier Milei y a su ministro de Economía, Luis Caputo, al recriminarles que «lo único que se les ocurre» es participar de una entrevista y «echarle la culpa a la amiga de Videla y a los kukas», en referencia a su Vice, Victoria Villarruel, y al peronismo. 

«¿Y a vos y al Toto Caputo lo único que se les ocurre es ir a un streaming a echarle la culpa a la amiga de Videla (tu vicepresidenta) y a los ‘kukas’? ¡Ves que sos un Presidente muy cobarde!», escribió Cristina Kirchner en su cuenta de X.

https://twitter.com/CFKArgentina/status/1951294195940962613

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