La medida había sido adelantada por el vocero presidencial, Manuel Adorni. A menos de 24 horas, el Gobierno hizo oficial la derogación del asueto.

El gobierno de Javier Milei oficializó la derogación del 27 de junio como feriado para los empleados del Sector Público Nacional. La medida fue oficializada con a través de la publicación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 430/2025 en el Boletín Oficial de la fecha.

La decisión había sido adelantada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante la conferencia de prensa del pasado miércoles. «El Estado no es un espacio para otorgar beneficios especiales ni días sabáticos que no tienen justificación”, justificó el funcionario.

l Gobierno oficializó la eliminación del feriado por el día del empleado público

La medida fue publicada en el Boletín Oficial de la fecha. El decreto lleva la firma de todo el gabinete de la gestión del líder libertario, a saber; Guillermo Francos; Gerardo Werthein; Luis Andrés Caputo; Mariano Cúneo Libarona; Patricia Bullrich; Mario Iván Lugones; Sandra Pettovello y Federico Adolfo Sturzenegger.

En detalle, el decreto deroga el artículo 2° de la Ley 26.876 que establecía el 27 de junio como «día de descanso para los empleados de la administración pública nacional, en los que no se prestarán tareas, asimilándose el mismo a los feriados nacionales a todos los efectos legales».

/ámbito

El sobrecosto impositivo y regulatorio hace inviable la generación fotovoltaica para usuarios residenciales

La provincia de San Juan se enorgullece de su potencial solar, pero los usuarios residenciales todavía no pueden aprovecharlo. Según el presidente de la Cámara de Energías Renovables provincial, Cristian Rosas, la carga impositiva que recae sobre la generación distribuida anula cualquier ahorro y desalienta la inversión familiar.

«Sí, el problema que tenemos con los domésticos… en este momento la Cámara no recomienda poner paneles solares, ya que está gravado con los impuestos; se le aplica el VAT, el VAT de valor agregado de distribución«, explicó. «Ese coeficiente, multiplicado por la energía que uno consume, termina encareciendo la boleta de la luz».

El cargo impositivo –al que se suman tasa municipal, Ingresos Brutos e IVA– se traslada al usuario incluso cuando este produce parte de su propia electricidad. Para Rosas, eso provoca que los paneles «sean invisibles» a la hora de calcular el precio final:

«Ha pasado de que, si uno tiene paneles solares en la casa, es como si no los tuviese… Exactamente. Es lo mismo que tengas y que no tengas paneles solares en tu casa».

Un freno que contradice la ley de fomento
La normativa nacional 27.424 fomenta la generación distribuida renovable, pero las disposiciones tarifarias que aplica el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) van en la dirección contraria, asegura Rosas:

«Las reglamentaciones que dicta EPRE no están adecuadas a favorecer esto, van en contra de la ley de fomento… Lamentablemente, hemos ido en una dirección contraria«.

Costos extras que multiplican la inversión
A la carga tributaria se suman requisitos técnicos que encarecen la instalación. El más significativo es la obligación de comprar y colocar un medidor bidireccional de alta capacidad:

«Ese medidor cuesta entre 400 mil y 450 mil pesos y el que retiran del domicilio se reutiliza en otro lugar; no es un costo real para la distribuidora», cuestionó.
«Además, hay que acondicionar el puesto de medición; entre mano de obra y materiales, un usuario puede llegar a gastar hasta dos millones de pesos».

Las empresas avanzan, los hogares se quedan atrás
Mientras los consumidores residenciales retroceden, las pymes y grandes firmas sí encuentran financiamiento y ventajas parciales:

«Las empresas lo van adoptando… la primera línea de crédito que hay en los bancos es para energías verdes», señaló Rosas.
No obstante, aclaró que «todavía tienen algunos impuestos que les siguen cobrando, al contrario de otras provincias que han premiado con más reducciones».

Un pedido formal para destrabar el conflicto
Ante la falta de avances, la Cámara presentó un expediente al Ministerio de Infraestructura que conduce Fernando Perea, solicitando una mesa de trabajo con todos los actores:

«Hemos pedido una reunión con la gente más capacitada en energía: el Instituto de Eléctricas de la UNSJ, DECSA, Naturgy, el Director de Recursos Energéticos José María Ginestar… para que EPRE se sienta respaldado y no tome decisiones unilaterales».

Rosas advierte que eliminar los sobrecargos podría impactar positivamente en toda la economía provincial:

«La quita puede ser tan fuerte que ayude a reducir la tarifa eléctrica, volver más competitivas a las industrias locales y evitar que ingresen productos más baratos de otras provincias que sí gozan de energía verde».

El balance por ahora: «No conviene»
El diagnóstico es tajante. A pesar del potencial solar de San Juan y de los beneficios ambientales, la ecuación económica para un hogar promedio sigue sin cerrar:

«A un usuario común no le conviene poner paneles solares… No puede vender energía ni declarar la planta porque le caen todos los impuestos como si no tuviese paneles«.

Hasta que la provincia no adapte su marco impositivo y regulatorio, la promesa de un techo solar para cada casa sanjuanina permanecerá como un proyecto a la espera de condiciones favorables.

/DZ

Con este aporte se busca garantizar el servicio del transporte público de pasajeros. Los empresarios ahora piden que el Gobierno aumente el boleto para ellos abonar el incremento de sueldo al que se comprometieron. Cuánto dinero se transfiere y abona en subsidios.

En medio de la disputa que enfrentan los choferes de colectivos nucleados en la UTA y las empresas de colectivos representadas por la ATAP, por un monto salarial que debía abonarse el 17 de junio, pero hasta entonces no se pagó, los empresarios salieron a presionar al gobierno para que suba el pasaje y así ellos abonar lo acordado con los trabajadores. Mientras siguen las conversaciones entre el Estado y la ATAP, el Gobierno ya otorga un desembolso millonario a las empresas para que presten el servicio. Cómo son los subsidios y cuánto pone la provincia para sostener el boleto de colectivos al costo actual.

Los colectiveros reclaman un desembolso que debía registrarse a mediados de este mes, sin embargo, esa deuda ocasionó el nuevo conflicto que obligó a la Subsecretaría de Trabajo a dictar la conciliación obligatoria. Allí, el titular de ATAP, Ricardo Salvá, dejó en claro, que la única salida para poder pagar esto era que el Gobierno autorice un incremento en el boleto. 

Con la idea puesta sobre la mesa, el Estado provincial deberá sentarse con los equipos técnicos a estudiar la situación de costos para el aumento y sostener el servicio de transporte público de pasajeros. ¿Pero cuánto desembolsa el gobierno por mes para garantizar el servicio?

El gobierno tiene tres tipos de subsidios para el transporte, uno que corresponde a la oferta y dos que lo hacen a la demanda.

Subsidio a las empresas: A comienzo de cada mes, el Gobierno provincial realiza un desembolso a las empresas de colectivo de $3.200.000.000 (tres mil doscientos millones de pesos), lo que se traduce en unos US$2.800.000 (dólares) por mes, de acuerdo al valor de la divisa norteamericana en estos tiempos.

Subsidio al trasbordo: dentro de los beneficios que se hacen a los usuarios del transporte se encuentran los trasbordos, que consiste en un boleto gratuito cuando la persona debe hacer uso de dos o más colectivos para llegar a destino. En este caso, el Gobierno aporta en promedio unos $827.000.000 (ochocientos veintisiete millones de pesos), que significan unos US$700.000 (dólares) mensuales.

Boleto escolar gratuito: el otro subsidio a la demanda el Gobierno lo realiza con el boleto escolar gratuito, que no solo tiene impacto en los estudiantes, sino también en el sector docente. En este segmento, el Estado desembolsa unos $600.000.000 (seiscientos millones de pesos) de manera mensual en promedio, lo que en la conversión son unos US$400.000 (dólares) cada mes.

La sumatoria de todos los subsidios que el gobierno provincial realiza para garantizar el servicio del transporte, que viene herido luego que el gobierno nacional de Javier Milei eliminara todas las ayudas que había hacia las provincias (excepto CABA) en materia de transporte, alcanzan, pues una suma millonaria que promedia los $4.627.000.000 (cuatro mil seiscientos veintisiete millones de pesos), lo que significan casi US$4.000.000 (cuatro millones de dólares) mensuales.

Ahora, en medio de la discusión entre los colectiveros y la ATAP, el Gobierno deberá reunirse con los empresarios del transporte y ponerle un nuevo precio al boleto de colectivos que hoy tiene un valor de $750 la primera sección.

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