NacionalPolítica & Economía
La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto de moratoria previsional.

La iniciativa permitirá a unas 800 mil personas acceder a la jubilación. El tratamiento había fracasado en diciembre cuando Juntos por el Cambio y otros bloques opositores se negaron a dar quórum para debatirlo.
La Cámara de Diputados aprobó la ley de moratoria previsional luego de que el oficialismo consiguiera el respaldo de algunos bloques minoritarios para que haya quórum en el último día de las sesiones extraordinarias del Congreso. El proyecto fue aprobado por 134 votos a favor y 107 en contra.
La iniciativa impulsada por senadores del Frente de Todos, junto a la titular de la ANSES, Fernanda Raverta, plantea un sistema de pagos para que personas que tienen edad suficiente pero no cumplen con los años de aportes necesarios puedan acceder a la jubilación. Se estima que beneficiará a 800 mil personas.
La sesión se inició cerca de las 11, con la presencia de 129 diputados -número exacto para el quórum reglamentario– entre los cuales 117 pertenecen al Frente de Todos (FdT), cuatro del Frente de Izquierda, la misma cantidad del Interbloque Provincias Unidas y otros cuatro del interbloque Federal (dos de Identidad Bonaerense, Graciela Camaño y Alejando ‘Topo’ Rodríguez, y dos socialistas, Mónica Fein y Enrique Estévez).
Los legisladores de Juntos por el Cambio no dieron quórum y bajaron al recinto una vez que el oficialismo logró el número necesario para iniciar el plenario.
En el inicio de la sesión se presentaron 12 cuestiones de privilegio, se hicieron tres homenajes y se trataron tres apartamientos de reglamento, y se produjo una polémica cuando se quiso desalojar de los palcos al sindicalista Carlos Ortega, que representa al Sindicato de los Trabajadores y Trabajadoras de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Secasfpi), que diseñó los carteles contra los legisladores opositores que no habían dado quórum en las sesiones de diciembre.
El debate sobre la moratoria previsional.
El proyecto, que tiene dictamen para ser tratado en el recinto desde el pasado 30 de noviembre, establece un plan de pago de deuda previsional que permitiría a unas 800.000 personas que no cuentan con aportes suficientes poder acceder a la jubilación. El debate de esta iniciativa había fracasado el 21 de diciembre último, cuando Juntos por el Cambio (JxC) y otros bloques opositores se negaron a dar quórum para debatirlo.
El debate fue abierto por el presidente de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller, quien afirmó que permitirá que «muchísima gente tenga la posibilidad de jubilarse«. En ese sentido, Heller destacó que «del total de jubilados que hay en la Argentina, 65 por ciento lo hicieron con una moratoria, y gracias a eso el 95 por ciento con edad de jubilarse está en condiciones de hacerlo».
«En la Argentina hay un gravísimo problema de informalidad laboral, con lo cual pretender decir que algunos no quisieron aportar es una barbaridad y más cuando se ve que la mayoría son mujeres que han trabajado en casas particulares y por eso no hay razón para que la sociedad no se haga cargo de esta situación», reconoció el diputado del Frente de Todos.
«Que nueve de cada diez mujeres no puedan acceder al sistema jubilatorio es un problema que debe resolver el Estado«, consideró la presidenta de la comisión de Previsión Social, Marisa Uceda (Frente de Todos) y agregó que, por ese motivo, el proyecto tiene «un espíritu solidario».
En otro plano, la legisladora del Frente de Izquierda Romina del Plá afirmó que «esta moratoria solo resuelve una parte del problema». «Vamos a seguir luchando por el derecho a la jubilación universal, por la jubilación del 82 por ciento, y por un verdadero futuro para los trabajadores y trabajadoras», sostuvo.
La iniciativa con dictamen de mayoría había sido presentada en el Senado por Anabel Fernández Sagasti (FdT-Mendoza) y con media sanción desde el 30 de junio pasado, establece que las personas en edad jubilatoria pero sin los aportes exigidos podrán regularizar períodos faltantes hasta el mes de diciembre de 2008, inclusive, con una modalidad de pago en cuotas que serán descontadas de manera directa del haber jubilatorio que se obtenga a través del programa.
Ayer, la directora ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta, destacó la importancia de que se apruebe el proyecto de moratoria previsional, una herramienta para «800 mil argentinas y argentinos que la están esperando».
En el recinto, luego de buscar boicotear el quórum para iniciar la sesión, el autor del dictamen de minoría, Alejandro Cacace (UCR), señaló que «no puede obtener lo mismo el que tiene todos los requisitos que quien no los tiene» y explicó su propuesta para que la jubilación se calcule en base a los aportes que tiene cada ciudadano.
«El problema es de equidad contributiva en un sistema que se basa en una lógica contributiva o de aporte, no puede obtener lo mismo quien tiene todos los requisitos cumplidos y los 30 años de aporte de quien no lo tiene», sostuvo.
Por su parte, el presidente del Interbloque Federal, Alejandro «Topo» Rodríguez, afirmó que «nuestro bloque va a acompañar este proyecto de ley pero advertimos a los gobiernos para que se hagan cargo de asignar derechos cuando se rompió el derecho básico: tener un trabajo remunerado con aportes jubilatorios».
Juntos por el Cambio, contra la moratoria previsional.
Minutos antes de la sesión, desde JXC ratificaron su decisión de no dar quórum y, a través de un comunicado de prensa, rechazaron «la decisión de seguir emparchando el sistema previsional en perjuicio de todos los jubilados», a la vez que consideraron que «es urgente abordar con seriedad una reforma integral del sistema previsional».
«Nuestra propuesta es avanzar en una reforma que sea auténticamente inclusiva y sostenible para que todos los mayores puedan recibir beneficios sin necesidad de excepciones o parches», señalaron en el comunicado.
Historia clínica digital.
El otro proyecto incluido por el Frente de Todos en el temario de la sesión es que plantea la unificación digital de historias clínicas de pacientes y que la misma pueda compartirse entre distintos establecimientos médicos con un sistema de software que garantiza la carga de datos y la protección de datos personales.
El proyecto de historias clínicas, que a la medianoche de este martes perdería estado parlamentario si no es aprobado por la Cámara Baja, es motorizado en Diputados por la presidenta de la comisión de Salud, la socialista Mónica Fein. Se desprende que la inclusión de ese proyecto fue parte de la mesa de negociaciones para comprometer a ese sector político en el quórum de esta sesión.
@Página12.
/Imagen principal: Leo Vaca/

NacionalPolítica & Economía
El bárbaro posteo de Gordo Dan contra Luis Juez y su hija discapacitada

Tras la sanción del Senado que dejó en pie la Emergencia en Discapacidad, el bárbaro posteo contra el senador del PRO, su familia y su hija discapacitada fue lanzado por Daniel Parisini, conocido como «Gordo Dan» en las redes.
Hasta Guillermo Francos tuvo que salir a repudiarlo: «Lo repudio totalmente, me parece fuera de lugar, repudiable, no puede aceptarse de ninguna manera ni la grosería, ni la forma que se expresa, ni el fondo de la cuestión», sostuvo el jefe de Gabinete tras una consulta periodística, y aseguró que no había podido hablar con Javier Milei sobre el tema porque el Presidente estaba de viaje en Estados Unidos.
Tras las declaraciones del funcionario el referente de Las Fuerzas del Cielo borró su tuit. Pero insistió, con sorna: «Ahí va con más respeto. Luis Juez utiliza la situación de su hija para hacer política barata y justificar la quiebra del estado argentino con el consiguiente empobrecimiento del estado argentino. “Luis Juez le acabó adentro a una mujer que no era su esposa y tuvo una hija. No se hizo cargo de la nena hasta que la justicia lo obligó. Y ahora la usa para hacer política poniéndole palos en la rueda al plan para sacar de la miseria a los argentinos del presidente Milei”.
El repudio, como es lógico, siguió creciendo.
/P12
NacionalPolítica & Economía
El Gobierno de Milei analiza judicializar la Ley de Emergencia en Discapacidad

Tras el rechazo del veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad por parte del Congreso, el Gobierno de Javier Milei analiza recurrir a la Justicia para frenar su aplicación.
Luego de que el Senado rechazara el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, la Casa Rosada evalúa recurrir a la Justicia para frenar la aplicación de la norma. La medida, que fue impulsada por legisladores de la oposición y recibió amplio respaldo en ambas cámaras, podría abrir un nuevo frente judicial y político para el Gobierno nacional.
Según publicó el diario Clarín, los equipos técnicos de la Secretaría Legal y Técnica y del Ministerio de Justicia ya trabajan en los fundamentos legales para una eventual presentación ante la Justicia, aunque en el propio gabinete de Javier Milei hay dudas sobre la conveniencia de avanzar con esta estrategia, en un contexto adverso para el oficialismo en el Congreso.
“Si aún se diera la circunstancia de que el veto se cae, lo vamos a judicializar”, advirtió el presidente Javier Milei durante un acto en la Bolsa de Comercio. La declaración no hizo más que confirmar lo que ya se discutía en el círculo más cercano del mandatario desde el mismo momento en que el Senado convirtió el proyecto en ley.
El Ejecutivo considera que la ley podría ser inconstitucional o violatoria de ciertas competencias del Poder Ejecutivo, por lo que evalúa judicializar su implementación antes de que entre en vigencia formal.

Una nueva derrota en el Congreso
El rechazo al veto presidencial se produjo este jueves en el Senado, sumando así la vigésima derrota legislativa consecutiva del oficialismo en apenas 40 días. La sesión también dejó otras señales de tensión entre el Gobierno y el Congreso, especialmente por el avance del proyecto de modificación de la ley que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), que obtuvo media sanción.
Desde la Casa Rosada temen que esta modificación limite el margen de maniobra de Milei en la segunda mitad de su mandato, cuando planea intensificar el uso de herramientas ejecutivas para impulsar sus reformas sin necesidad del aval legislativo.
Qué implica la Ley de Emergencia en Discapacidad
La norma en cuestión declara la emergencia en materia de discapacidad y busca garantizar el acceso a prestaciones, servicios y cobertura de tratamientos para personas con discapacidad en todo el país. Fue aprobada con el respaldo de una amplia mayoría parlamentaria y vetada por Milei, quien argumentó motivos fiscales para frenar su aplicación.
Tras el rechazo del veto, la ley quedó firme. Sin embargo, su aplicación podría verse suspendida si prospera una eventual judicialización por parte del Ejecutivo.
/LPSJ
NacionalPolítica & Economía
Nuevo triunfo opositor en el Senado: aprobaron una reforma que limita los DNUs del Presidente

Con 56 votos a favor y 8 en contra, avanzaron con un cambio de la ley de decretos. Representa el 20° triunfo consecutivo de la oposición en la Cámara alta.
Desde el PRO hasta el kirchnerismo, pasando por radicales y provincialistas: nuevamente una amplia mayoría acompañó un proyecto opositor, que impone condicionalidades a los decretos de necesidad y urgencia (DNU) emitidos por el Poder Ejecutivo. El Senado tuvo otra jornada de confrontación contra el Gobierno, tras revertir el veto a la emergencia en discapacidad.
La iniciativa fue aprobada por 56 votos a favor y 8 en contra (dos abstenciones, seis ausentes), pero aún resta la media sanción de Diputados para que la propuesta se convierta en ley. En esa Cámara se acumulan una serie de proyectos para crear comisiones investigadoras (por fentanilo y ANDIS) y quedó pendiente el tratamiento del proyecto -con media sanción del Senado- para modificar el sistema para distribuir el impuesto a los combustibles. En ambos casos, no está clara la mayoría con la que cuenta la oposición.
Luego de esta jornada, se cumplen 20 triunfos consecutivos en las posturas opositoras, incluyendo el rechazo a los candidatos oficialistas para la Corte Suprema, el traspié de Ficha Limpia, el aumento jubilatorio, la distribución de ATN, la aprobación de emergencias por discapacidad y salud pediátrica, la ley de financiamiento universitario y el rechazo a cinco decretos. La particularidad en esta ocasión es que la iniciativa no tiene costo fiscal. ¿Será vetado de igual manera? ¿Bajo qué argumento?
El proyecto reforma la Ley 26.122, que reglamenta los decretos de necesidad y urgencia (DNU) que emite el Poder Ejecutivo. Si se aprueba, ambas cámaras del Congreso cuenten con un plazo de 90 días para ratificar los decretos y no para revocarlos, como es hasta ahora, para lo que además solo se requiere la mayoría en una de las cámaras. De esta forma, se promueve que el Poder Legislativo tome una postura activa al respecto de los decretos y no termine convalidándolos por omisión.
Además, buscan delimitar los criterios de necesidad y urgencia y circunscribir cada DNU a un área técnica en particular, evitando megadecretos como el 70/2023, que modificó en simultáneo el régimen de alquileres, las regalías de las tarjetas de crédito, la decisión de obras sociales, una reforma laboral, una alteración de las sociedades anónimas deportivas y la transformación de la ley de tierras.
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