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NacionalPolítica & Economía 

Juicio político a la Corte: Citarán a jueces federales y funcionarios judiciales como testigos.

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La Comisión que preside Carolina Gaillard avanzará esta semana en el proceso por mal desempeño impulsado por el presidente Alberto Fernández y una docena de gobernadores con las declaraciones de jueces y funcionarios judiciales.

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados avanzará con la primera de las audiencias en las que se recibirán testimonios de jueces y funcionarios judiciales, en un paso fundamental para la sustanciación del proceso que se lleva a cabo contra los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia, impulsado por el presidente Alberto Fernández y una docena de gobernadores.

La presidenta de la Comisión, la oficialista entrerriana Carolina Gaillard, convocó a los 31 integrantes del cuerpo para el próximo jueves 23 de febrero desde las 11, en un nuevo encuentro parlamentario desde que se inició el proceso, a fines de enero.

A la extensa lista de testimonios pedidos en la resolución aprobada el 9 de febrero se fueron agregando nuevos nombres solicitados tanto del oficialismo como de la oposición.

Durante la jornada del pasado jueves, el Frente de Todos, a través del diputado Rodolfo Tailhade, propuso que se incorporen a la lista los jueces federales Alejo Ramos Padilla y Sebastián Ramos, así como el fiscal federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques.

Todos ellos tuvieron intervención en la polémica surgida por el porcentaje de los fondos coparticipables dirigido al distrito porteño que el entonces presidente Mauricio Macri incrementó en 2016 y que años después redujo el actual jefe de Estado, una controversia que llegó a la Corte Suprema tras una presentación de Horacio Rodríguez Larreta.

Los jueces Ramos y Ramos Padilla, que recibieron denuncias sobre la presunta connivencia entre el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y la administración de la Ciudad, concurrirán a la audiencia del próximo jueves.

Los dos magistrados tuvieron en sus manos las causas sobre el cruce de chats por la aplicación Telegram que mantuvieron Silvio Robles, vocero y principal colaborador de Rosatti, y Marcelo D’Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad porteño de licencia, en las vísperas del fallo sobre coparticipación que benefició a la Capital Federal.

El oficialismo decidió avanzar con esa línea de investigación pese a que el juez Sebastián Ramos falló, en primera instancia, que los mensajes entre ambos fueron obtenidos de manera ilegal y que, por lo tanto, no deberían ser utilizados como prueba.

Mahiques, quien concurrirá el jueves 2 de marzo a la comisión, fue citado por Tailhade para que dé testimonio sobre lo sucedido en su último cumpleaños, al que habrían concurrido juntos D’Alessandro y Robles, en virtud de la filtración de videos de esa reunión social.

La comparencia de esos funcionarios judiciales debería estar asegurada a partir de lo establecido por el reglamento de la comisión, leído por Gaillard, que establece que los testigos que sean citados están obligados a comparecer y, si se negaran, pueden llegar a ser traídos por la fuerza pública; mientras que aquellos que tengan causas penales pueden negarse a declarar.

Tampoco están obligados a declarar quienes ejerzan el cargo de Presidente y Vicepresidente de la Nación. No obstante, una moción del titular del Interbloque Federal, el peronista Alejandro Rodríguez, para que se convoque a Alberto Fernández, quien impulsó el procedimiento en el Congreso, fue rechazada gracias a la mayoría que el Frente de Todos posee en la Comisión.

Aunque el foco de la reunión del próximo jueves estará puesto sobre los magistrados, también se tomará declaración a varios funcionarios judiciales que trabajan en el ámbito de la Corte Suprema.

La lista aprobada por los diputados tiene los nombres de Cristian Abritta, extitular de la Secretaría Judicial N°5, actualmente inexistente en el organigrama de la Corte Suprema; Sergio Rubén Romero, subdirector de Gestión Interna y Habilitación, dependiente de la Secretaría General de Administración; Silenio Rómulo Cárdenas Ponce Ruiz, de la Secretaría Judicial N°2 Previsional; y Alejandro Daniel Rodríguez, de la Secretaría de Juicios Originarios.

Asimismo, de la vocalía de Horacio Rosatti serán llamados Roberto Miguel Ángel Saggese y Adriana Norma Valinotti; mientras que, a propuesta de la diputada de la Coalición Cívica-ARI Paula Oliveto, se convocará a Mario Cimadevilla, exsenador y exintegrante del Consejo de la Magistratura, en el marco del pedido de juicio político que esa agrupación -integrante de Juntos por el Cambio- promueve contra el juez Ricardo Lorenzetti.

@Télam.

/Imagen principal: Prensa/

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La morosidad en las familias volvió a crecer en abril: en tarjetas de crédito tocó un máximo desde 2021

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El endeudamiento para consumo continúa como un fenómeno estructural en los hogares argentinos. En ese marco, la morosidad en créditos personales tocó un máximo en 20 meses y en tarjetas de créditos, un tope de tres años y medio.

El endeudamiento continúa creciendo entre las familias argentinas, a tal punto que la morosidad en los créditos personales trepó al 4,6% en abril, el nivel más alto en 20 meses, mientras que en tarjetas de crédito escaló al 3,2%, alcanzando un récord en más de tres años y medio.

Los datos se desprenden del último informe sobre entidades financieras del Banco Central (BCRA) para el cuarto mes del año, que constata que el crédito para el consumo persiste como un fenómeno estructural en los hogares y que la mora del crédito del sector privado creció «desde niveles acotados».

El ratio de irregularidad del crédito al sector privado se ubicó en 2,2% para el conjunto agregado de entidades en ese mes, 0,2 puntos porcentuales (p.p.) más que en marzo. El alza estuvo principalmente explicada justamente por el crédito destinado a las familias, donde la morosidad relativa aumentó al 3,7% (0,4 p.p. más que en marzo).

Al respecto, el director de EPyCA Consultores, Martín Kalos, señaló a Ámbito que el incremento se explica por la mayor frecuencia en que los hogares comenzaron a usar la tarjeta de crédito para «patear» gastos a partir del deterioro del poder adquisitivo de los salarios. «Hay no solo una caída profunda en los salarios reales, no recuperada aún, sino una precarización laboral mayor», expresó.

«Cuando uno mira que el salario privado registrado efectivamente recuperó niveles de hace un año y mediotiene que entender que hay menos trabajadores registrados privados y mucha de esa gente está cobrando a la vez salarios peores, o pasaron a ser no registrados o hacer cosas por cuenta propia», continuó el economista.

En ese sentido, Kalos expresó que «este deterioro de los ingresos no tiene por ahora una perspectiva de mejora» por el tope que impone el Gobierno al ritmo de actualización de las paritarias a futuro, por debajo de las expectativas de inflación, marcando un desinterés en mejorar este aspecto.

El nivel de endeudamiento en los hogares argentinos empeoró en abril.

El nivel de endeudamiento en los hogares argentinos empeoró en abril.

En diálogo con este medio, el director de Analytica Consultora, Claudio Caprarulo, explicó que el crédito desaceleró su crecimiento en los últimos meses, mientras «la carga de la deuda sobre los ingresos de las familias está cerca de los niveles récord del 2018», a diferencia de un año atrás cuando se encontraba en mínimos.

Según el experto, la clave es que hacia adelante los ingresos de las familias «frenen la caída que tuvieron en marzo y abril, tanto en lo que respecta a salarios como a jubilaciones», y que baje el costo del financiamiento, ya que «las tasas quedaron altas, producto de la desinflación», más allá de los factores que las ubicaron allí.

Por otra parte, el indicador de irregularidad de crédito a las empresas totalizó 0,9%, un nivel cercano a mínimos de 20 años. Asimismo, el informe de la autoridad monetaria señala que el nivel actual del coeficiente de mora del sistema financiero se encuentra por debajo del promedio de la regional, donde es del 2,8%, y de la media local en las últimas dos décadas, la cual es del 3,1%.

A su vez, los créditos del sector privado respaldados por garantías preferidas representaron el 16% del total, con un nivel de morosidad del 1,6%, sin variaciones significativas respecto al mes anterior ni en la comparación interanual. En contraste, los préstamos sin este tipo de respaldo presentaron un ratio de irregularidad más elevado, del 2,3%.

El ratio entre los cargos por incobrabilidad devengados y el saldo de crédito del sector privado se ubicó en 4,7%, sin cambios a nivel mensual y con una baja de 0,3 puntos porcentuales en la comparación interanual. En tanto, el nivel de previsionamiento alcanzó el 142% del financiamiento en situación irregular a abril, por encima del promedio de los últimos 20 años, que fue del 129%.

Crece la mora en los servicios financieros no bancarios

Por otra parte, desde la Cámara Argentina de Empresas de Servicios Financieros no Bancarios (Caesfi) advirtieron a Ámbito que la morosidad entre sus clientes aumentó un 5% en los últimos seis meses en comparación con el segundo semestre de 2024.

Según detallaron, este incremento refleja las crecientes dificultades que enfrentan los hogares para cumplir con sus compromisos financieros, en canales de crédito alternativos al sistema bancario tradicional.

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Javier Milei se adjudicó que «están mandando presos» a los «kirchneristas»

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En el marco del congreso libertario en Buenos Aires, el Presidente destacó la reciente resolución de la Corte Suprema contra Cristina Kirchner, y se la adjudicó.

En el marco del Congreso de La Libertad Avanza (LLA) que se llevó a cabo en la ciudad de La Plata, rumbo a las elecciones bonaerense, el presidente Javier Milei se encargó de cerrar el evento con un discurso al que no le faltaron polémicas, en especial cuando pareció reconocer que el Gobierno libertario interviene en la Justicia.

Con críticas al «kirchnerismo», y en lo que pareció ser un acto fallido, el Presidente se adjudicó estar «metiendo presos» a los dirigentes de la oposición. Declaración que surge mientras Cristina Kirchner cumple con la prisión domiciliara, tras la ratificación por parte de la Corte Suprema de la condena en la causa Vialidad.

«El experimento es el kirchnerismo y los resultados están siendo a la vista de todos. Solo han sido positivos para los políticos y sus amigos… bueno, por eso los estamos mandando presos… van a terminar presos. Que dicho sea de paso, ocurrió en este Gobierno», expresó el libertario durante su discurso leído.

Justamente, la parte en la que destacó estar «mandando presos» a los «kirchneristas» fue un comentario propio, que no fue leído.

La actividad se realizó en La Plata, y la apertura estuvo a cargo del diputado nacional José Luis Espert. A continuación, expusieron los ministros de Salud, Mario Lugones; Justicia, Mariano Cúneo Libarona; Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; Seguridad, Patricia Bullrich; y Economía, Luis Caputo.

Por su parte, el titular bonaerense del partido, Sebastián Pareja, brindó una disertación previo al discurso de cierre del jefe de Estado. También participaron la presidenta de La Libertad Avanza y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el vocero presidencial, Manuel Adorni; y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

La exposición de Milei también contó con fuertes agravios hacia el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, al que llamó «soviético» y «pelotudo».

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La Justicia dejó sin efecto el decreto del Gobierno que eliminaba el Día del Trabajador Estatal

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La noticia fue confirmada por el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, en su cuenta de X, luego de la resolución de la jueza Moira Fullana.

La Justicia dio lugar al amparo presentado por ATE y dejó sin efecto el decreto emitido por el Gobierno de Javier Milei el día miércoles que derogaba el asueto del viernes 27 de junio por el Día del Trabajador Estatal.

La resolución del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 3 firmada por la jueza Moira Fullana frenó la disposición de la administración libertaria para eliminar el día no laborable para la administración pública.

En su sentencia, la jueza Fullana expresó: «Hacer lugar a la medida cautelar peticionada y suspender provisoriamente los efectos del artículo 2° del D.N.U. 430/25 en relación con la ASOCIACION TRABAJADORES DEL ESTADO y los trabajadores representados por dicha entidad gremial hasta tanto se dicte sentencia definitiva».

Previo a la decisión de la Justicia, este jueves por la mañana, Aguiar había señalado: “Este es un decreto trucho que no vamos a cumplir. Nadie está obligado a acatar normas contrarias a la Constitución Nacional. Se les nota mucho la impotencia, nos quieren castigar porque los estatales no nos entregamos y hemos sido el sindicato que los confrontó desde el primer día”.

Asimismo, la cuenta de X de ATE Capital celebró la medida y aseguraron que «años de historia no se borran de un día para otro».

Por qué se celebra el día del Empleado Público

La jornada de descansó para trabajadores estatales comenzó en 1978, cuando la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó el Convenio 151 y la Recomendación 159 vinculada al derecho a la negociación colectiva y las relaciones de los trabajadores del Estado. Según el texto, se “pretendía llenar un vacío pidiendo a los Estados Miembros que fomentasen el pleno desarrollo y utilización de procedimientos de negociación entre las autoridades públicas competentes y las organizaciones de empleados públicos acerca de las condiciones de empleo, o de cualquiera otros métodos que permitan a los representantes de los empleados públicos participar en la determinación de dichas condiciones”.

En nuestro país, este convenio fue ratificado recién en 1987 con la sanción de la Ley 24.185, que reguló las negociaciones colectivas entre la Administración Pública y sus empleados. Posteriormente, en 2013 – impulsado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) – el Congreso determinó el 27 de junio como el Día del Trabajador del Estado a nivel nacional.

De esta manera, se estableció una jornada de descanso para todos los trabajadores de la Administración Pública Nacional.

/ámbito

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