El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha decidido suspender la subasta de contratos de extracción de petróleo y gas a compañías energéticas en el denominado Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico, un área protegida en Alaska de extraordinaria biodiversidad, con lo que corrige una de las decisiones más polémicas tomadas por la anterior Administración de Donald Trump en materia medioambiental.

“A la luz de supuestas deficiencias legales (…), incluida la insuficiencia de la revisión requerida por la Ley Nacional de Política Ambiental, el Departamento de Interior deberá, según corresponda y de conformidad con la ley, establecer una moratoria temporal de todas las actividades del Gobierno relacionadas con la implementación del Programa de Arrendamiento de Petróleo y Gas de la Llanura Costera, (…) en el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico”, señala la orden publicada el martes por el Departamento de Interior.

Se trata de un asunto que enfrenta a demócratas y republicanos desde hace cuatro décadas y que puede acabar en los tribunales.

El asunto de proteger o no al Ártico depende de la Administración que ocupe la Casa Blanca.

La Administración de Trump subastó el derecho a perforar en la llanura costera del refugio ártico, hogar de cientos de miles de caribúes y aves acuáticas migratorias, así como de los osos polares del sur del mar de Beaufort, solo dos semanas antes de la investidura del presidente Biden. 

En 2016 y, a unas semanas de terminar su mandato, el presidente Barack Obama prohibió la exploración de yacimientos petroleros en el océano Ártico, ante la amenaza de que Trump aprobara la realización de actividades energéticas en la región, como finalmente acabó por hacer.

Desde hace más de 30 años, las compañías petroleras y los dirigentes de Alaska han presionado para abrir el refugio nacional a los hidrocarburos, porque consideran que creará empleos y generará ingresos para el Estado.

La decisión anunciada ayer martes “es un paso importante” en el cumplimiento de esta promesa, afirmó la asesora nacional sobre el clima, Gina McCarthy. “El presidente Biden cree que los tesoros nacionales son parte esencial de la cultura y la economía del país y está agradecido por la rápida acción del Departamento de Interior” sobre una decisión “tomada en los últimos días de la administración anterior”, agregó.

Biden reintegró a EE UU en el Acuerdo sobre el Clima de París tras su llegada al poder.

En la pasada cumbre virtual de abril sobre el calentamiento global, el mandatario anunció el objetivo de EE UU en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero entre un 50% y un 52% en 2030 respecto a los niveles de 2005. Se trató de un giro importante en la política seguida por EE UU en los últimos años y en la recuperación del liderazgo y la confianza de la comunidad internacional socavada por la inacción de la era Trump.

Desde 2017, diversos grupos ambientalistas han luchado en los tribunales por impedir la llegada de las compañías petroleras al Ártico, advirtiendo de los riesgos que supone para el medio ambiente.

El Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico tiene una extensión de 7,7 millones de hectáreas y se ubica al noreste de Alaska, en el norte colinda con el océano Ártico y al este con la región canadiense de Yukón. Es la reserva natural de mayor extensión en Estados Unidos y la más prístina. El territorio es uno de los principales centros de reproducción de renos y osos polares.

En 1960, fue declarada como área federal protegida por el presidente Dwight D. Eisenhower y en 1980 el presidente Jimmy Carter firmó una ley para garantizar su conservación.

El nuevo Gobierno demócrata ha decidido publicar esta orden para bloquear los arrendamientos en el Ártico. En su decisión, argumenta los problemas creados en el proceso de revisión ambiental.

Según la orden, ahora se realizará “un nuevo y exhaustivo análisis de los posibles impactos ambientales del programa de petróleo y gas”. La “revisión del Programa de Arrendamiento de Petróleo y Gas de Coastal Plain (…) ha identificado múltiples deficiencias legales”, insiste la normativa, que incluyen la falta de análisis adecuado de una gama razonable de requisitos establecidos por la legislación de medio ambiente.

En la normativa dictada, se pide una moratoria temporal de todas las actividades relacionadas con esos arrendamientos para realizar “un nuevo análisis completo de los posibles impactos ambientales del programa de petróleo y gas”.