No conforme con usar el lenguaje de los genocidas -al hablar de «excesos» de represores-, el candidato ultraderechista también juega a la bartola con la cantidad de víctimas que dejó el terrorismo de Estado. Pero ni los números ni la historia parecen ser lo suyo: las cifras a las que refiere no tienen parangón ni en las investigaciones de la Conadep, como tampoco en las pocas fisuras del pacto de silencio de los militares ni en los documentos que desclasificó Estados Unidos.  Un repaso sobre las investigaciones que cuantificaron el horror de la última dictadura cívico-militar.

El 24 de marzo de 1977, la dictadura militar cumplió un año desde que las Fuerzas Armadas derrocaran a Isabel Perón. Ese día, Rodolfo Walsh radiografió al terrorismo de Estado en su célebre Carta Abierta. Allí, entre otras cosas, anticipó el debate sobre el negacionismo. En su último texto denunció “quince mil desaparecidos, diez mil presos, cuatro mil muertos, decenas de miles de desterrados” como saldo del régimen de Videla, Massera y Agosti, en el que “lo que ustedes llaman aciertos son errores, los que reconocen como errores son crímenes y lo que omiten son calamidades”. El autor de Operación Masacre desapareció al día siguiente.

Walsh, en la histórica carta, también se adelantaba a la lógica de los “excesos” que los militares usarían para intentar cubrirse. Al repsar los datos de la represión, el escritor  planteaba que “estos episodios no son desbordes de algunos centuriones alucinados sino la política misma que ustedes planifican en sus estados mayores, discuten en sus reuniones de gabinete, imponen como comandantes en jefe de las 3 Armas y aprueban como miembros de la Junta de Gobierno”. 

«Exceso de la represión»

Dos meses después de la desaparición de Walsh, sus palabras premonitorias se volvieron realidad. Videla viajó en mayo de 1977 a Venezuela y, en conferencia de prensa, reconoció en Caracas que había desaparecidos. “Que en nuestro país han desaparecido personas es una tristísima realidad que objetivamente debemos reconocer. Tal vez lo difícil sea explicar el por qué y por vía de quién esas personas han desaparecido”, aseguró el dictador y dio cuatro hipótesis: el pase a la clandestinidad de la persona desaparecida, la eliminación a manos de sus propios compañeros de las “organizaciones subversivas”, el “autosecuestro” y el suicidio. “Y acepto la quinta circunstancia: exceso de la represión de las fuerzas del orden. ¿Cuál de esas cinco es de aplicación en cada caso? Casi les diría que es imposible dar respuesta a esto”.

A partir de ese momento fue cuando la dictadura usó el argumento de los “excesos”. Que volvió con toda crudeza en plena descomposición del régimen del 24 de marzo, después de la derrota militar en las Malvinas. La sociedad argentina asistió a fines de 1982 al espectáculo macabro de la aparición de fosas comunes. Mientras Reynaldo Bignone armaba el cronograma electoral, también se dedicaba a cubrir la retirada.

El 28 de abril de 1983 se difundió el Documento Final, el texto que sentó las bases para la autoamnistía. Se declaró muertos a los desaparecidos y se admitió que hubo “errores” y “excesos”, no obstante los cuales las Fuerzas Armadas habían hecho “actos de servicio”. El argumento central para justificar lo actuado fueron los decretos peronistas de 1975 que militarizaron la provincia de Tucumán en febrero de ese año y, en octubre, al resto del país. Un canto ganó las calles en la transición a la democracia: «No hubo errores, no hubo excesos, son todos asesinos los milicos del Proceso».

El debate sobre la cuestión de los supuestos excesos en una represión clandestina en la que, justamente, los excesos fueron la norma, envolvió a los propio militares. El contralmirante Horacio Mayorga, un duro de la Armada que había participado del bombardeo de Plaza de Mayo y era el máximo responsable de la base Almirante Zar al momento de la Masacre de Trelew, dijo en una entrevista que “tendríamos que haber fusilado en la cancha de River”, como forma de graficar lo que a su parecer era un simple error de procedimiento. Por el contrario, Ramón Camps decía que se había librado una guerra contra el marxismo internacional y el terrorismo.

A las pocas horas, Raúl Alfonsín, candidato presidencial de la Unión Cívica Radical, denunció la existencia de un “pacto militar-sindical” para garantizarle la retirada a los militares. El peronismo rechazó la acusación, pero poco hizo para quitarle verosimilitud. Cuando Bignone promulgó la autoamnistía en septiembre, Ítalo Luder dijo que no podía tener carácter retroactivo. En rigor, avalaba los decretos que él había firmado en octubre del 75. Rechazar la norma implicaba arrastrar al peronismo a un debate muy incómodo.

Alfonsín se paró en la vereda de enfrente y aseguró que la autoamnistía iba a ser anulada si llegaba al gobierno. Y se metió de lleno en una lógica que marcaría los años siguientes, los tres niveles de responsabilidad: los que dieron las órdenes, los que las cumplieron y los que se excedieron. Dicho al revés: el candidato radical reivindicaba la necesidad de los decretos y de la puesta en operaciones de las Fuerzas Armadas, a las que les criticaba el método para la represión.

Eso condujo en gran medida a la teoría de los dos demonios y a la falsa simetría entre Fuerzas Armadas y grupos irregulares. Y, décadas más tarde, a una curiosa forma de negacionismo según la cual no se sentó en el banquillo a la guerrilla. Falso: se encausó a las cúpulas de Montoneros y el ERP en el Decreto 157 de Alfonsín. Mario Firmenich recibió 30 años de cárcel y las causas siguieron hasta los indultos otorgados por el expresidente Carlos Menem.

También se dio la forma más extrema de justificar el golpe, que llega hasta hoy en boca de grupos ultraconservadores: que la Argentina iba a ser como Cuba. Se obvia lo que está a la vista: la derrota de la guerrilla en Monte Chingolo, tres meses antes del golpe, que desarticuló la lucha armada.

La cifra en cuestión 

Para fines de la dictadura estaba en boga la expresión “guerra sucia” y se había instalado la cifra de 30 mil desaparecidos para darle dimensión al drama de una represión sin cifras oficiales por su carácter ilegal. El número es aproximado, mucho más de lo que impugnan sus críticos, gracias al trabajo titánico de organismos de derechos humanos. Se da la paradoja de que el negacionismo toma números de organismos del Estado que tuvieron que trabajar a tientas para armar un tenebroso rompecabezas sin reparar en que la masacre se dio en la clandestinidad y por tanto no hay una certeza en cuanto a cifras.

En su libro Dossier secreto, Martin Andersen detalla que apenas cinco de los cerca de 340 campos de concentración del Proceso albergaron unos 14.500 prisioneros. Y fueron los centros clandestinos de detención más feroces, con muy baja proporción de sobrevivientes respecto de los asesinados: la ESMA, el Vesubio, Campo de Mayo, el Club Atlético y La Perla.

En julio de 1978, un agente chileno de Inteligencia, Enrique Arancibia Clavel (luego condenado por el crimen del general Carlos Prats), redactó un informe a sus superiores, en el que manifestó que “se tienen computados 22.000, entre muertos y desaparecidos, desde 1975 a la fecha”. El dato lo obtuvo del Batallón 601 del Ejército. Estados Unidos desclasificó ese documento y varios medios lo destacaron en marzo de 2006, cuando se cumplieron los 30 años del golpe. 

Los 8961 casos de la Conadep son un número abierto: no se contemplaron los casos previos al golpe, el miedo todavía imperaba en 1984 como para que muchos quisieran hacer la denuncia y hubo grupos familiares exterminados por completo, sin nadie que se presentara. Javier Milei habló de 8753 víctimas, una menor al primer atisbo de hace casi cuatro décadas. La propia Comisión lo plasmó en el informe que los casos recopilados eran provisorios y que «la nómina completa de las personas desaparecidas y la suerte por ellas corrida sólo pueden ser cabalmente informadas por los autores de tales desapariciones». 

Por si esto no alcanzara, allí está el testimonio de Alejandro Agustín Lanusse en el juicio a las Juntas. Allí declaró sobre el crimen de su prima, Elena Holmberg, cuyo cuerpo apareció en el Río Luján. El último gobernante de facto de la Revolución Argentina era primo de Elena, funcionaria de Cancillería desaparecida a fines de 1978. Relató que el general Carlos Suárez Mason increpó al jefe policial de Tigre por no haber dado parte del hallazgo del cuerpo a las 48 horas de denunciada su desaparición, lo que hizo que recién se lo identificara en enero de 1979. 

Respuesta del oficial: “Tiene razón, General. Pero no se olvide que ustedes tiraron más de 8 mil cadáveres al río”.

Lanusse se podía comparar con Videla en el hecho de ser presidente de facto y comandante del Ejército al mismo tiempo, y repitió hasta el hartazgo que era imposible hacer lo que se hizo sin órdenes directas de la superioridad. La condena de 1985 estableció la existencia del plan criminal y borró las fronteras entre el cumplimiento de las órdenes y los «excesos». Esa jurisprudencia es la que se ataca al afirmar, como hizo Javier Milei en el debate presidencial, que hubo una guerra con «excesos».

En 1994, Lanusse publicó sus Confesiones de un general, que comienza de esta manera: “Los defensores de la represión tal como fue no comprenden que, al justificar el accionar de los grupos de tareas, justifican la quiebra de la cadena de mandos, el fin de la disciplina militar. Es decir, la destrucción de las Fuerzas Armadas”. Ese era el nudo de la cuestión: la represión ilegal había roto un principio básico de los militares en cualquier lugar del mundo, la verticalidad, para reemplazarlo por el carácter deliberativo de grupos de tareas que decidían quién vivía y quién moría en la Argentina de Videla. Eso permitía argumentar la tesis de los “excesos”. Pero en el medio ocurrió algo que les complicó las cosas a los comandantes: la estrategia del fiscal Strassera.

Autores mediatos

El ministerio público apeló al concepto de autor mediato, que el jurista alemán Claus Roxin había diseñado para los juicios a los nazis y así poder condenar a los altos estamentos. Según Roxin, se diseñaba un plan criminal cuyos ejecutantes eran autores inmediatos (o sea, materiales), que lo hacían instigados por aquellos que mediaban entre el delito y quienes lo ejecutaban. Para el jurista, el autor mediato tenía la misma responsabilidad que el inmediato. Eso hizo que las Juntas fueran acusadas por centenares de casos. Y la culpabilidad probada en la sentencia llevó al enjuiciamiento de los autores inmediatos. Fue el famoso punto 30 del fallo.

A partir de ahí, Alfonsín se dedicó a buscar una fórmula para la reconstitución de la cadena de mandos. Y la encontró en la ley de Obediencia Debida, que estaba en marcha desde antes del alzamiento carapintada de 1987, que simplemente apuró el trámite. A partir de la sanción de la norma, el único exceso contemplado fue el robo de bebés. Todo lo demás quedó como cumplimiento de órdenes para el cuadro de oficiales. Alfonsín siguió firme en su idea de los tres niveles aun con la condena del 85 y la llegó a esgrimir en una conferencia de prensa a comienzos de 1989.

Es interesante ver cómo, en gran medida, el conato de Aldo Rico está impulsado por los alegatos de los comandantes en 1985. Se resume así, en los términos de Massera: que hubo una guerra interna, que los comandantes la libraron y la ganaron, que ellos y solamente ellos fueron los responsables de la conducción y las órdenes, que los subordinados pudieron haber cometido excesos, pero que obraron de buena fe. 

Más grave aún: quien ganó la «guerra antisubversiva» no fueron los militares, sino la República Argentina, y ese triunfo contra la “disolución nacional” implicaría, en caso de revisar la actuación de los oficiales, “poner al país” (no a las Fuerzas Armadas) “en estado de proceso” equivalente a “haber perdido también la guerra de las armas”. O sea: el triunfo de la subversión por otros medios, porque se le quitaría “a la Argentina” (Massera reafirma que para él las Fuerzas Armadas son el país) “su única victoria de este siglo”.

La alusión velada a la derrota de Malvinas no podía sino operar como un punzón sobre el honor militar: si en el transcurso de una década hubo, desde la óptica de las Fuerzas Armadas, un conflicto a nivel interno y otro contra una potencia extranjera; y si en el primero hubo un éxito rotundo y el segundo se saldó en derrota, no quedaba otra cosa que velar por el honor militar respecto de la victoria en su guerra de centros clandestinos, secuestros, picanas y asesinatos. Eso lleva a Semana Santa y a la escalada que derivó en los indultos a los jefes de la masacre.

Presunción de culpabilidad

En el medio de todo esto se encuentra el corazón del negacionismo, que no pasa precisamente por la cuestión de la cifra (de por sí, un genocidio no se puede reducir a una cuestión numérica: es la decisión explícita de un Estado de exterminar seres humanos y ese hecho es el delito en sí desde el momento en que se pone en funcionamiento la maquinaria de los centros clandestinos), sino por la abolición del principio de presunción de inocencia. Lo que se expresó en “por algo será” o “en algo andaría”, otorgando carácter de infalibilidad a unas Fuerzas Armadas que capturaron personas y dictaron sentencia ellas mismas en la ilegalidad de los campos, al margen del sistema jurídico. Los reivindicadores de la dictadura hacen gala del negacionismo al definir como «terroristas» a los desaparecidos. 

Esa cuestión la plasmó Jorge Luis Borges en la crónica de la audiencia que presenció en el Juicio a las Juntas: Es de curiosa observación que los militares, que abolieron el código civil y prefirieron el secuestro, la tortura y la ejecución clandestina al ejercicio público de la ley, quieran acogerse ahora a los beneficios de esa antigualla y busquen buenos defensores. No menos admirable es que haya abogados que, desinteresadamente sin duda, se dediquen a resguardar de todo peligro a sus negadores de ayer.

Esto se complementa con datos de la propia Conadep sobre los objetivos principales de la represión. El principal grupo de desaparecidos («terroristas» según el dictum negacionista) lo integran obreros (30,2 por ciento), seguidos por estudiantes (21), empleados (17,9), profesionales (10,7) y docentes (5,7). Esto muestra el componente clasista del terrorismo estatal en la Argentina. La franja etaria más golpeada es la que va de los 21 a los 30 años: representa al 58,52 por ciento de las víctimas. Y si se toma ente 21 y 25 años, son el 32,62: uno de cada tres desaparecidos.

Sostener que en la Argentina hubo una guerra (tesis deslindada en 1985, y en todo caso, de haberla habido, no se aplicó la Convención de Ginebra) con excesos (eufemismo para aludir a la sistematización de secuestros, torturas, vuelos de la muerte, robo bebés) es ignorar la contundencia de los argumentos en contra de semejante idea, la jurisprudencia vigente y, peor todavía: es repetir la lógica argumental de Videla y Massera, y por tanto, la perpetuación del discurso de los verdugos. 

@Página12 // Juan Pablo Csipka.

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